Es irrisorio pensar que en siglo XXI, después del genocidio más grande del mundo provocado por la colonización europea en las Américas, se sigue tratando a los pueblos originarios como si fueran invasores, como si hubieran llegado de otro lugar. Más de 200 pueblos indígenas en este país sudamericano han sostenido una lucha férrea para que el Estado les respete sus territorios ancestrales por medio de un único recurso jurídico que les queda, la demarcación de territorios indígenas. Aunque este recurso limitado exige, que se compruebe mediante estudios antropológicos y sociológicos que estos pueblos han habitado tradicionalmente estas tierras para poder demárcarles.
En mayo del año 2015 los habitantes de la Aldea Juaraguá, pertenecientes al municipio de Sao Paulo y Osasco, festejaban con jubilo la determinación del Ministro del Estado por haber reconocido sus tierras como de uso tradicional. En el Articulo 1º de la declaración No. 581 se determinaba la posesión permanente del grupo indígena Guaraní en Jaraguá, con una superficie aproximada de 532 hectáreas y un perímetro aproximadamente de 20 km. Dos años después, el 21 de agosto de este año 2017, el Ministro de Justicia, Torcuato Jardín, alegando que fue un “error administrativo”, revocaba la demarcación de este territorio indígena.
Los más de 700 Guaranís que habitan esta área inmediatamente hicieron un llamado a la solidaridad de los demás pueblos indígenas de Brasil y de las personas que se han solidarizado con su lucha. Tras acampar frente al Ministerio de Justicia en Brasilia, e irrumpir en la oficina de la presidencia de la República, en Sao Paulo, el Ministro de justicia los recibió para dialogar. Aunque no hay nada que negociar, la exigencia de los indígenas es que se revoque la determinación de justicia 683/2017, publicada el día 21 de agosto de 2017 en el Diario de la Federación, en la que el ministro anula la demarcación de este territorio ancestral.
Con un tono déspota e intransigente, el Ministerio de Justicia responde a la comisión Guaraní que la ley esta clara y su determinación tiene fundamentos claros. “Este es un parque estatal y no se pueden invadir tierras del Estado o del municipio”.
En las faldas del parque Jaraguá se puede apreciar el avance de la industria inmobiliaria, y es casi lógico, las tierras se pretenden para insértarlas a este sector. La misma suerte pueden correr los demás pueblos indígenas de este país que ya se les reconoció sus tierras, sobre todo donde hay proyectos extractivistas, monocultivo, ganadería y el sector turístico-inmobiliario, ya que efectivamente la constitución de Brasil sólo considera dos modalidades de posesión de la tierra, las tierras públicas y las tierras privadas. En este país sudamericano no hay posesión colectiva de la tierra, en todo caso, “los indígenas son solo usuarios de su tierra, pero estas pertenecen a la Unión (al Estado)”.
“Ustedes pueden ser procesados en cualquier momento ante la justicia para que devuelvan las tierras. Es necesario poseer una seguridad jurídica y ustedes no tienen esa seguridad jurídica de la tierra de Jaraguá (…). La tierra es de ustedes, pero hoy jurídicamente es del Estado. He enfrentado presiones inmensas de fracciones del parlamento que no están de su lado”,
ARREMETIÓ EL MINISTRO.
Karai Popyguá, vocero y profesor indígena Guaraní, sabiendo que no es especialista en derecho agrario, le responde al ministro, “desde antes de la constitución de este Estado nosotros ya estábamos aquí y usted se presenta con eso de que, un parque es más antiguo que nuestra existencia (…) usted nos ha quitado el derecho de continuar por la vía legal”.
"Vamos a luchar con nuestra vida, Ministro. Porque en vez de anular la demarcación, debería mandar un tractor allí (en la aldea), cavar un agujero y enterrarnos, pero nosotros no vamos a salir de nuestras tierras", señaló con rabia el vocero indígena de la aldea Jaragua, diciendo que no tienen miedo por son, “guerreros”.
Después de la reunión, los indígenas continuaron con la ocupación en Sao Paulo y el campamento en Brasilia y afirman que las movilizaciones siguen hasta que se derogue la ordenanza 683/17 y se retome la demarcación de la tierra indígena Jaraguá. Mientras tanto, piden a la solidaridad internacional que volteen a ver al Estado Brasileño, y a sus encargados de impartir justicia, como parte de los genocidas contra los pueblos originarios de este país.
