2022: año más violento para la prensa en México desde 2007

En el informe anual Voces contra la Indiferencia de Artículo 19, la organización registró 696 ataques contra la prensa en México en el año 2022, convirtiéndos en el año más violento para la labor periodística desde que la organización inició el registro de agresiones, en 2007.

Fueron registrados 12 periodistas asesinatos lo que también sella el año más letal para la prensa junto con 2017. “México se posiciona como el país más letal para ejercer el periodismo en el continente, incluso con cifras similares a las de países en guerra”, sostuvo la organización.

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Artículo 19 expuso, durante presentación del informe en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, que las agresiones contra periodistas alcanzan una frecuencia de una cada 13 horas, donde la mayoría son cometidas por autoridades. De los casos documentados, 296 (42.53%) fueron perpetrados directamente por actores del Estado, es decir, cuatro de cada diez.

En el panorama nacional, las cinco entidades federativas con más casos de ataques contra la prensa en 2022 fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en ese orden.

El informe revela que, a lo largo del gobierno de López Obrador, los ataques contra la prensa han constado, mayoritariamente, de amenazas, intimidación y acoso. En 2022, al igual que en los últimos tres años, las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación fueron: intimidaciones y hostigamientos, con 181 casos.

Registró que, en 2022, en al menos 176 ocasiones el Ejecutivo vertió comentarios estigmatizantes a medios de comunicación, periodistas e, incluso, organizaciones de la sociedad civil. De estos 176 hechos, 44 se configuraron como ataques contra la prensa, de los cuales 33 fueron cometidos directamente por el titular del Ejecutivo federal.

De forma paralela a la estrategia de ataque verbal por parte del gobierno federal, el reporte también insiste en que la concentración de recursos y la discrecionalidad en los criterios de asignación de publicidad oficial da pie a la manipulación de las líneas editoriales de los medios en México.

Datos del informe refieren que el año pasado tan solo diez empresas de comunicación recibieron el 54.8% del total del gasto en publicidad oficial, donde cerca del 30.6% se entregó a La Jornada, Televisa y TV Azteca.

En 2022, el Congreso desacató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atender las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y optó por reglamentar de manera deficiente la publicidad oficial y dar continuidad a la hiperconcentración del gasto en comunicación social.

Militarización y espionaje

El informe también da cuenta de las preocupaciones sobre la militarización del país y la opacidad que ronda a las fuerzas armadas, particularmente en torno a acciones de espionaje como herramienta de intimidación y amenaza en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido reveladas en meses pasados por grupos ‘hacktivistas’.

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También se señala que el hackeo a SEDENA ha sido utilizado como pretexto para reactivar discusiones al interior del Legislativo e impulsar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión.

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Asimismo, refiere que las instituciones civiles de seguridad y justicia tuvieron un presupuesto 271% menor al del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, militarizada en 2023.

Sin respuesta

Conforme a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde 2010, año de su creación, hasta diciembre de 2022, de un total de 1,592 indagatorias por crímenes contra periodistas, se han obtenido únicamente 32 sentencias, contando las cuatro logradas el año pasado.

Durante 2022, la mayor parte de las designaciones de titulares de diversos organismos públicos quedó pendiente. El año cerró con 23 procesos inconclusos. De cara a este año existe un acumulado de 16 procesos pendientes, incluidos los del Instituto Nacional Electoral (INE) o los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

En este mismo sentido, Artículo 19 señala la utilización facciosa de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH ha demostrado, según Artículo 19, una preocupante parcialidad y falta de autonomía durante el sexenio actual.

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