Transgénicos, agrotóxicos y deforestación. Resistencia a la expansión del agronegocio
El 26 de enero de este año, colectivos y activistas contra los transgénicos en Santa Cruz, hicieron presencia para expresar su rechazo al seminario organizado por el Ministerio de Gobierno, partidarios del Movimiento Al Socialismo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre otros. Dicha conferencia denominada “Implementación de cultivos transgénicos o genéticamente modificados, como alternativa de mejoramiento a la producción”, estaba destinada, a decir de los colectivos, a hacer propaganda a favor de las semillas transgénicas, confundiendo biotecnología con transgénicos, y a deslegitimar la lucha que por años han realizado como sociedad civil ante la amenaza de los agrotóxicos, los transgénicos y la deforestación, que son parte fundante del modelo del agronegocio en Bolivia.
Las alianzas del gobierno y el sector agroempresarial
El que instancias del estado y el MAS realicen un evento junto a las representaciones empresariales para mostrar los supuestos beneficios de los transgénicos como mejoramiento de la producción, tiene una historia más larga que remite a varios hechos políticos.
El 2008, se registraron los momentos de máximo enfrentamiento de sectores del empresariado más poderoso del país articulados políticamente en el Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE), con el gobierno del Movimiento Al Socialismo. Sin embargo, poco después de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado el 2009, el MAS comenzó a establecer acercamientos y luego pactos con dichos sectores. Hablamos de hechos como la incorporación a filas oficialistas de ex furibundos opositores al gobierno, otrora pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque de la oposición; de acercamientos políticos del MAS con fracciones del muy tradicional partido de derecha Movimiento Nacionalista Revolucionario, (MNR); o la presentación de candidatxs masistas para las elecciones subnacionales, pertenecientes a élites departamentales o que habían militado en partidos de derecha.
En el fondo están los acuerdos que poco después el gobierno comenzó a consolidar con la CAO, la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), etc., destinados a satisfacer las principales demandas de estos entes, relacionadas a la legalización de áreas deforestadas, ampliación del plazo de control de la Función Económica Social (FES), transgénicos y libre exportación de sus productos. Paradójicamente, normativas como la Ley de la Madre Tierra de 2012, son contradictorias con otras leyes como la 337 (2013), calificada como la ley del “perdonazo forestal”.
La denominada “Agenda Patriótica 2025”, en términos de política agraria, anuncia como un pilar económico la ampliación de la frontera agrícola a través de la incorporación de 10 millones de hectáreas a la producción agrícola y ganadera, en un plazo de 10 años.
El 2015, en la criticada Cumbre Sembrando Bolivia del 2015, quedó de forma aún más evidente que, a pesar de lo que establece la NCPE aprobada el 2009, la política agraria favorecería a las agroempresas y no así a los pequeños productores y productores agroecológicos, sin embargo, esa ocasión, el tema de los transgénicos había “quedado en el limbo”.
En febrero de 2016, los acuerdos obtenidos en la Cumbre, se materializaron en tres leyes, (la 739, la 740 y la 741), donde el agronegocio se favoreció con la ampliación del plazo del control de la Función Social Económica (FES), de cada 2 a cada 5 años, así como se benefició por la ampliación del “perdonazo” por desmontes ilegales que hubiesen podido realizar.
Ya el 19 de diciembre de 2017, el gobierno nacional firmó un acuerdo con las principales organizaciones agroempresariales del país, el cual abarca las principales demandas de este sector. Las tres mesas de negociación concluyeron en compromisos que favorecen ampliamente a los empresarios privados y que resultan adversos a sectores indígenas y a la seguridad alimentaria del país.
La Fundación Tierra, en un análisis del acuerdo, señala la evidente connivencia entre la agroempresa, por ende las transnacionales vinculadas con ésta, y el gobierno. Encuentra puntos importantes y que revisten gravedad: la aprobación de la libre exportación de productos como la soya, carne de res, derivados del alcohol, etc., una medida de corte neoliberal; se legalizarían las quemas ilegales de bosque realizadas en los últimos ocho años; se determina establecer una nueva delimitación de la Reserva Forestal de Guarayos, sobrepuesta al territorio indígena del pueblo Gwarayu, lo que significa legalizar asentamientos e inversiones ilegales afectando casi la totalidad de la reserva; el punto cinco de la mesa 2, permite la apertura a transgénicos de la soya hacia otros tres productos más: maíz, caña de azúcar y algodón.
La resistencia frente al modelo del agronegocio en Santa Cruz
En un contexto difícil, como sede de las principales organizaciones de la agroindustria, y como departamento donde se ha concentrado la utilización de las semillas transgénicas en la producción de soya, colectivos urbanos y pueblos indígenas se han opuesto a la introducción de transgénicos en la producción de maíz y otros productos, así como a la política de ampliación de la frontera agrícola impulsada desde el estado, en desmedro de áreas protegidas y territorios indígenas.
Alejandra Crespo, de la Coordinadora Por el Medio Ambiente (CODAPMA), luego de tres años de hacer un seguimiento y movilizarse como colectivo frente a las políticas estatales que favorecen la expansión del agronegocio, la introducción de semillas transgénicas, el crecimiento exponencial de la importación de agrotóxicos y la deforestación en Santa Cruz, señala:
A.C. El actor que se beneficia en este caso son las empresas transnacionales que proveen los agrotóxicos que acá en Santa Cruz principalmente, que es donde se maneja el agronegocio. En las carreteras uno puede ver sus vallas de todas estas transnacionales como BAYER, SYNGENTA, entonces son empresas que están justamente buscando el monopolio del uso de los agrotóxicos a nivel mundial y de las semillas también y cada vez ellos se están apoderando de los insumos y de las semillas, y obviamente a lo que apuntan es justamente a obtener el monopolio de estos recursos que son tan importantes, principalmente la semilla para definir qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y a qué precio se produce.
Organizaciones civiles que también son parte de la Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos, en mayo de 2017, realizaron la denuncia sobre la existencia de plantaciones de maíz transgénico ilegal, realizada en la colonia menonita Pinondi, en la zona de Charagua[14], la cual fue confirmada por autoridades:
A.C.: El año pasado hicimos la denuncia de que ya habría maíz transgénico produciéndose de manera ilegal, tampoco recibimos respuesta, nos dimos la molestia de ir a la zona del Chaco, una colonia menonita, y verificar con un kit genético justamente la denuncia que hicimos, y evidentemente describimos que ahí había maíz transgénico resistente al glifosato, hicimos la denuncia, presentamos todo un estudio técnico y demás ante el SENASAG, ante e INIAF porque son las autoridades competentes que deberían regular esto, la respuesta que nos dieron, de que irían a verificar y si en caso de que fuese cierto quemarían esos campos, pero nunca supimos nada al respecto, no nos dieron mayor información.
Las Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos, (COPNAG), por su lado, se han pronunciado ante la decisión de realizar una nueva delimitación en la Reserva Forestal Guarayos, que a su vez es territorio indígena, declarándose esta organización en emergencia al no haber sido consultados y exigiendo el desalojo de asentamientos ilegales, sanciones a los desmontes ilegales y rechazando de manera total el convenio entre agroempresarios y el gobierno.
A.C.: Nosotros en el marco de la plataforma nacional sacamos un pronunciamiento también los del Comité Científico de Biotecnología, plataforma agroecológica muchas plataformas que se manifestaron repudiando la situación de alianza del agronegocio con el gobierno, que son los que definen lo que se produce en Bolivia para apoyar transnacionales en desmedro de la salud y economía de los bolivianos. Es escandaloso ese seminario y por eso decidimos ir a protestar.
Mientras lxs activistas que expresaron su rechazo al evento organizado por personeros de gobierno, del IBCE y del agroempresariado, fueron agredidos a la salida por grupos de choque, se esperan los próximos pasos que el acuerdo Gobierno- empresarios han definido para dentro de unos meses, es decir, la propuesta sobre transgénicos que deberá ser presentada por el sector privado en marzo de este año y lo que sucederá en la Reserva Forestal Guarayos. Lo que implica ver que las autoridades solo están negociando con los agroempresarios y no así con la población.
El comunicado de la COPNAG señala en su parte final:
“Hacemos recuerdo al Gobierno Nacional que Nuestro territorio no fue regalo de ningún Gobierno, sino más bien es producto de movilizaciones, luchas, sacrificios de vidas humanas, por mantener reproducir y conservar nuestro sistema de vida en un territorio ocupado y defendido ancestralmente, por tanto de no ser escuchada nuestro petitorio seguiremos defendiéndolo si es posible con nuestras vidas como lo hicieron nuestros antepasados y tomaremos todas las medidas que sean necesarias en defensa de nuestro territorio”.
Fuente: chaskiclandestino
