Palma de aceite y la transfiguración del norte de Guatemala

El enclave palmero

Hasta donde alcanza la vista el escenario se repite, inacabable. La densidad de la vegetación pretende engañar la mirada: lo que se observa no es un bosque sino un desierto, de un monótono verde que se extiende escoltado por kilómetros de asfalto. En las orillas, destellos de vida se vislumbran como rostros fatigados bajo la sombra de las palmas: trabajadores que recogen el fruto, pequeñas nueces codiciadas por industrias como la alimenticia, la farmacéutica, las de cosméticos y limpieza y particularmente con aquella que promueve la sustitución del uso de hidrocarburos por agrocombustibles.

Estamos en el municipio de Sayaxché al sur del departamento del Petén, apenas una porción de las tierras al norte de Guatemala que, junto a la región delimitada por la Franja Transversal del Norte (FTN), son consideradas estratégicas para la agricultura, pero no para la gente sino para los monocultivos de palma aceitera.

El despojo que ocurre contra las tierras campesinas en Guatemala representa una de las geografías que sostienen el sistema agroalimentario industrial, sector responsable de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global. En Guatemala, el sistema de agronegocios se erige en una estructura agraria caracterizada por la desigualdad y la alta concentración de tierras en pocas manos, en contraste con una gran cantidad de población campesina cuya sobrevivencia depende de la cada vez mas escasa disponibilidad de tierras.

Las tierras del norte de Guatemala, que hace más de cuatro décadas constituyeron una válvula de escape a donde enviar a los campesinos que reclamaban tierras, se poblaron con comunidades desplazadas por el crecimiento de la agroindustria en la región sur del país centroamericano durante el siglo XX.

“Durante los 60s y 70s, para no tocar la estructura agraria en el sur del país, el Estado propició programas de colonización. Primero al Petén y luego a toda la FTN; procesos que quedan inconclusos pues no entregan los títulos sobre la tierra. La gente se moviliza, toma posesión, construye sus comunidades y se pone a trabajar las tierras”, rememora Laura Hurtado, directora de Action Aid Guatemala, organización que ha realizado numerosos reportes sobre el impacto de la industria de la palma en la región.

Es en la misma época, paralela al desarrollo del conflicto armado interno, que la región se catalogaba como geoestratégica mediante los “Decretos de Guerra”, emitidos por el gobierno del general Carlos Arana, como proyectos de colonización para las tierras hasta entonces deshabitadas. Dichos planes comenzaron a materializarse con la creación del municipio de Ixcán, Quiché en 1985 y con los primeros asentamientos en el sur del Petén.

Hoy ese territorio representa una réplica de la estructura agraria de la cual los campesinos del sur huían: grandes latifundios y plantaciones de monocultivos para la exportación dominados por sectores oligárquicos de vieja data, lo que ha propiciado un nuevo ciclo de desplazamiento forzado para comunidades enteras.

Este modelo de agricultura, financiado por instituciones trasnacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), forma parte de los proyectos de desarrollo económicos implementados en África, Asia y Latinomérica para cubrir la demanda de agrocombustibles para Estados Unidos y Europa.

Modelo que sólo puede augurar un futuro desolador causado por la expansión de los desiertos verdes.

Legalización del despojo: la tierra como factor principal

Es en la capital guatemalteca donde el equipo de este reportaje entrevistó a Laura Hurtado, para quien la irrupción del conflicto armado interno entre 1960 y 1996 representa un periodo en el que los conflictos agrarios no fueron resueltos, “así una gran tarea después de firmar los acuerdos de paz es regularizar todo lo que se había entregado y adjudicado, pero que no había sido titulado”.

 

Conflicto Armado Interno

Como antecedente directo del conflicto se menciona el golpe de Estado apoyado por EUA contra el gobierno de Jacobo Árbenz quien fue derrocado en 1954. Dicho evento revirtió un incipiente proceso de Reforma Agraria y consolidó una estructura militar-gubernamental caracterizado por el uso de la violencia, represión y eliminación de cualquier oposición.

El conflicto armado interno en Guatemala se desarrolló durante 36 años. Inició en 1960 después del intento, por parte de jóvenes militares, de derrocar al presidente Miguel Ydígoras Fuentes y concluyó en 1996 con la firma de los tratados de paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno.

Al principio se integró un grupo de jóvenes rebeldes en 1962, creando el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Durante los primeros años los núcleos guerrilleros operaron en el oriente del país en los departamentos de Zacapa, Izabal y Chiquimula. Sin embargo para la década de los 70s y con la diversificación ideológica en los grupos guerrilleros, operaron en los departamentos del Quiché, Huehuetenango, Petén e inclusive en la capital del país.

Ningún sector fue más afectado por la violencia durante los años de conflicto que la población campesina. La guerra dejó un saldo de 200,000 muertos, 45 mil desaparecidos y más de 100,000 desplazados. Entre el 90 y 94 por ciento de las masacres registradas fueron cometidas por el Estado de Guatemala

A finales de los 80s, durante el gobierno de Vinicio Cerezo comenzaron las conversaciones entre la URNG y el Gobierno de Guatemala para negociar un cese al fuego. El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y convenios, y con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas se firmaron los Acuerdos de Paz.

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Con la instauración de la democracia neoliberal inaugurada tras la firma de la paz, se creó el Fondo para las Tierras (Fontierras), ente encargado de regularizar los títulos de propiedad; “pero la corrupción gubernamental y la intromisión del Banco Mundial (BM) y la cooperación internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Unión Europea concretaron un esquema vulnerable a la presión del mercado de tierras”. Una de las claves, agrega Laura, fue la desaparición de la administración comunal de la tierra frente a la titulación individual promovida por el Registro de Información Catastral (RIC) y ejecutada bajo los lineamientos del BM.

Para 2002 el 1.5% de fincas en todo Guatemala concentraban el 62.5% de la tierra cultivable y fue, a partir de ese mismo año, cuando aquellas familias que habían legalizado la tenencia de su tierra en el Petén comenzaron a ceder a las presiones del mercado de tierras y a venderlas.

Incluso Laura comenta sobre una tímida y temprana participación de parte del BID quien financió propuestas de proyectos productivos en la región. El proyecto Proselva, ejecutado entre 1999 y 2001 con un presupuesto de más de 1 millón de dólares, contemplaba el impulso a la regularización de la tierra para un total de 4,500 familias ubicadas en las Áreas Protegidas del sur del Petén. Como parte del plan se contempló también programas de manejo sostenible para las zonas de amortiguamiento de dichas áreas.

Sin embargo una vez que comienza la acelerada compra de tierras en 2002, el BID abandonó esos planes y redirigió sus inversiones hacia proyectos de integración económica, además del cambio de la matriz energética de Centroamérica, donde los agrocombustibles adquirieron una importancia particular mientras incrementaban los precios del petróleo durante la primer década del nuevo milenio.

Ante ello el Estado guatemalteco y las instituciones financieras internacionales alinearon sus políticas y recursos para beneficio de las empresas de los agronegocios. Laura apunta a un caso concreto donde se ejemplifica la manera en que se asentaron las bases para el acaparamiento actual: La finca de San Román.

“Dicho territorio fungió como reserva militar durante el conflicto armado interno pero una vez firmada la paz, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (Condeg) demandó la repartición de esas tierras. Fue una lucha enorme la cual consiguió recuperar 2 mil caballerías (aproximadamente 250 hectáreas), que estaban bajo la administración del Ministerio de la Defensa, para titularla a favor de 34 comunidades. Sin embargo, el financiamiento provino del BM quien exigió realizar la titulación individual. Tras la entrega de los documentos llegaron los coyotes, como se conoce a los agentes de las empresas cuyo papel es comprar tierras para la expansión del monocultivo palmero”.

Pese a las dificultades para trabajar las tierras legalizadas, muchas familias reasentadas se negaron a comercializar sus parcelas. “Tenemos documentado ventas forzadas donde medió la violencia, el engaño y las amenazas; estrategias que han continuado a lo largo de los últimos 12 años”, denuncia Laura quien refiere cómo en muchos casos las empresas realizaron compras envolventes entorno a las personas que no querían vender, para así bloquear todos sus accesos, dejándolos sin agua ni otros recursos del bosque, orillándolas a rematar su terreno a las empresas.

Alinearse al nuevo concierto mundial

 

 

 

 

Con el avance en el despojo territorial de regiones abundantes en bienes comunes tras los acuerdos de paz en 1996, Guatemala cumple una de las condiciones para alinearse al concierto mundial de la globalización neoliberal al “consolidar un modelo de acumulación basado en tres ejes: monocultivos, industrias extractivas y megaproyectos de integración regional e infraestructura eléctrica”, de acuerdo al análisis de investigadores de la revista de análisis político y económico “El Observador”.

Según Gustavo Illescas, colaborador de dicha publicación y del Centro de Medios Independientes de Guatemala, el proceso actual tiene sus orígenes en la arquitectura jurídica gestada a finales de los años 80s, la cual detonó el escenario actual desde los años 2000 con la reconversión productiva del agro que sustituyó el algodón por la palma aceitera.

“La oligarquía guatemalteca tiene inversiones en República Dominicana y Estados Unidos y mueve su dinero a la bolsa de valores de Tokio. Guatemala es la economía más fuerte de Centroamérica y también la más desigual de la región. Cuando la oligarquía logra hacer una alianza con las trasnacionales obtiene ventajas al aperturarse al mercado global. En ese tránsito empiezan a caer las leyes de inversión extranjera directa, minería, tratados de libre comercio, lo que produce una oligarquía que ya no le importa tanto concesionar el territorio; una oligarquía corporativa que ya no está apelando a un discurso nacionalista, como lo hacen quienes no lograron trasnacionalizarse y sí dependen de cuidar la finca que se llama Guatemala”, subraya Gustavo al referirse a las dinámicas de los capitales guatemaltecos en las tierras destinadas para la agroindustria.

Lo que existe es una relación entre los capitales financieros locales surgidos de la estructura agraria guatemalteca: el café del siglo XIX, los productos de exportación de la época colonial que le dan vida a esas familias y a esos capitales. “Es el café y luego el banano, lo que va a generar el capital agroindustrial y luego el capital financiero. Las mismas familias son las que tienen controlado todo esto. Los cinco grupos que están concentrados en el Petén son los principales terratenientes en el país, los que tienen la mayor concentración de tierras en la costa sur, los que tienen la mayor producción de banano de productores independientes que tienen contrato con las trasnacionales: la chiquita, del monte, y que también tienen ingenios azucareros en esta zona de la costa sur, donde está concentrada ingenios de producción de banano y también de frutas de exportación, sobre todo de piña con contratos con las trasnacionales”, explica Luis Solano, autor de una vasta bibliografía sobre el Petén y también colaborador de “El Observador”.

Nuevo negocio, viejos conocidos

El crecimiento de las plantaciones en Guatemala llevó a los inversionistas palmeros a ampliar su industria desde la costa sur hacia el norte del país y en este nuevo reacomodo, los viejos actores no demoraron en sacar provecho. Empresas de familias terratenientes como los Campollo Codina, Torrebiarte Lantzendorffer o Bosch Gutiérrez fueron transformándose en corporaciones que pasaron del control de monopolios agrarios hacia una diversificación de sus inversiones, consolidando su capital financiero. De la agroindustria colonial hacia la producción energética con agrocombustibles e hidroeléctricas, las fábricas cementeras y de automóviles, además de bancos, donde destaca la alianza con capitales trasnacionales en su producto estelar: el aceite de palma.

Actualmente existen seis familias que controlan el mercado de la palma en el norte de Guatemala, entre ellos los Molina Espinoza del grupo Hame que comenzaron a preparar el terreno en el sur del Petén desde los años 90s a través del Grupo Olmeca y la infame Reforestadora de Palmas del Petén (Repsa) responsable por el ecocidio en el río La Pasión de mediados de 2015; o los Bolaños Valle de Agroamérica y Maegli Müeller de Naturaceites que sustituyeron sus plantaciones bananeras por la palma

NAISA pertenece a la familia Köng, quienes producen la marca de aceite Ideal y que fueron grandes productores de algodón. Hoy se encuentran entre los principales productores de aceite comestible y de industria alimenticia. Otro aceite que producen es la marca Patrona, en conflicto con el aceite de cocina del mismo nombre producido en México, y que se consume en las zonas fronterizas con México donde entra por contrabando y que es mucho más barato.

Mientras Unipalma tiene como principales socios a Óscar Molina Martínez, hijo del terrateniente Milton Enrique Molina Espinoza (Fundación MEME), y su primo Santiago Molina Morán, quien era hasta hace poco presidente del CACIF y presidente de la Cámara del Agro.

Molina Morán también tiene la empresa palmera Palmas del Mundo Maya, que tiene plantaciones entre Sayaxché y los municipios de Dolores y Poptún. Todas ellas tienen nexos con la empresa Inversiones Angelinas, de la cual Molina Morán es fundador.

En el caso de Tikindustrias, pertenece a la familia Weissenberg, estando entre sus fundadores Rudy José Weissenberg Campollo, presidente del ingenio azucarero El Pilar, y emparentado con los azucareros Campollo Codina, del ingenio azucarero Madre Tierra. Sus plantaciones se encuentran en El Arenal, en las cercanías del sitio arqueológico Aguacateca, en Sayaxché.

Finalmente, se encuentra la empresa Palmas del Ixcán, en La Soledad, en las cercanías del Reserva Biológica San Román, al sur occidente del municipio. Palmas del Ixcán es una empresa recién adquirida por Luma Holdings, un grupo corporativo presidido por el banquero Luis Miguel Aguirre Fernández, quien ha presidido el Banco Reformador (En junio 2013,  se acuerda la compra venta de las acciones de Grupo Financiero Reformador con BAC | CREDOMATIC que forma parte de Grupo AVAL de Colombia).

Palmas del Ixcán tiene una planta procesadora y sus principales plantaciones en la Finca Chiriviscal, en la Franja Transversal del Norte, dentro del municipio de Chisec, Alta Verapaz. Ha habido denuncias en su contra por parte de comunitarios quienes indican contaminación parecida a la que ocurre en Sayaxché, en el rió el Jute que pasa por dicha finca.

La franja, del proyecto militar a los agro negocios

La región que atraviesa la carretera de la FTN, utilizada para introducir megaproyectos como los monocultivos, es una tierra marcada en su historia por continuos desplazamientos. De indígenas q’eqchíes que huyeron, primero, de las expropiaciones cafetaleras por colonos alemanes en el vecino departamento de Alta Verapaz durante los últimos años del siglo XIX y, después, a causa de los militares en su búsqueda por petróleo en la década de los 70s del siglo XX. Al mismo tiempo, como ya se ha mencionado, vino el plan colonizador del Petén. Cientos de familias de todo el país respondieron a la iniciativa del Estado guatemalteco para trabajar las tierras que se disponía a repartir mediante la Empresa de Fomento y Desarrollo para el Petén (FYDEP).

Actualmente la franja atraviesa 362 kilómetros desde el departamento de Izabal en el Atlántico y pasa por Alta y Baja Verapaz, Quiché y Petén hasta Huehuetenango, en la frontera con México

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Tras el golpe militar de 1954 y con la violencia esparcida tras décadas de conflicto armado interno, se multiplicaron y diversificaron los pueblos que arribaron a causa de los desplazamientos forzados. Durante la guerra de contrainsurgencia, el municipio de Sayaxché era uno de los disputados campos de batalla por lo que la tierra que se repartió ahí fue seleccionada por parte del régimen militar a través del FYDEP. Por ello, los primeros en recibir las tierras fueron finqueros que convertirían al Petén en uno de los mayores productores de madera en Latinoamérica durante los años 70s, al tiempo que consolidaban sus fincas ganaderas.

Una vez que en la década de los 80s iniciaron las primeras construcciones de los tramos carreteros de la FTN, desde Cobán en Alta Verapaz hacia Flores en Petén, se reanudó la migración q’eqchí, la cual respondía al plan militar para desplazar las comunidades campesinas fuera de la región donde las guerrillas operaban. Y junto a la carretera y pese a la guerra, se introdujo la empresa Basic Resources, absorbida en 2001 por la francesa Perenco, para extraer petróleo en los pozos de Rubelsanto y Chinajá y transportarlo hacia el Atlántico a través de kilómetros de oleoductos resguardados por el sector militar, cuyos altos mandos castrenses en complicidad con empresarios agrícolas, protagonizaron el mayor acaparamiento de tierras en la región.

El objetivo económico-militar era reorganizar los polos urbanos para dar paso a los planes de desarrollo orientados para la guerra y la contrainsurgencia que tuvieron su peor expresión en las operaciones de tierra arrasada de la década de los 80s. El terrorismo de Estado exterminó a comunidades enteras mediante estas acciones militares, dando pie a desplazamientos que impactaron de manera predominante a los campesinos, subyugados bajo el ejército en la conformación de grupos paramilitares denominados Patrullas de Autodefensa Civil, o “reubicados” en las aldeas modelo con la pretensión de aislar a los grupos guerrilleros de la población campesina.

“La Franja de los Generales”, como fue conocida en su origen la FTN, ha diversificado sus intereses con el paso de los años pues durante los años de guerra interna se frenaron la mayoría de los proyectos, aunque reaparecieron con mayor fuerza desde la firma de la paz en 1996. Desde entonces proliferan los proyectos carreteros, planes para la integración regional eléctrica, reformas a los marcos jurídicos para favorecer las operaciones de las empresas y la posterior entrega de licencias para aumentar la extracción minera y petrolera, plantaciones de monocultivos para agrocombustibles y la generación de energía hidroeléctrica a lo largo de toda la franja.

“Es donde la mayoría de megaproyectos están concentrándose y donde la mayoría de conflictos interoligárquicos están en la disputa territorial, pareciera que es una tierra de nadie, donde muchos actores están en esa movilidad”, comparte Gustavo su análisis. La FTN es parte de un proyecto mucho más ambicioso que enlaza con otros: El corredor conocido como Norte que atraviesa Petén, y el Corredor Tecnológico que atraviesa el oriente de Guatemala y que unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.

Expansión territorial

La lógica de expansión territorial se ha expresado en dos vertientes: la primera protagonizada por el Estado guatemalteco mediante la creación de municipios geoestratégicos como Chisec, Cobán, Fray Bartolomé y Chahal, en Alta Vera Paz; Ixcán en Quiché y Sayaxché, en Petén, con la intención de crear un corredor para movilizar mercancías, legales e ilegales, resguardado por sus fuerzas de seguridad que desde 2008 cuentan con un plan de seguridad en alianza con el ejército de los Estados Unidos bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

De acuerdo a Gustavo, la región delimitada por la carretera de la FTN se crea como extensión territorial para la acumulación de capital. “No sólo sirve para llevar las mercancías de oeste a este, sino para generar clústers (grupos) productivos de manufactura, de explotación; así bajas los costos de transporte y aumentas la ganancia de manera dramática”.

Dicha dinámica respone a los planes para imponer dinámicas territoriales a los pueblos indígenas que han habitado dichas tierras bajo sus propias formas de organización comunitaria. “En la lógica del poder lo que se ha hecho es tratar de crear nuevos municipios para que tengan su propia autoridad municipal, su propio presupuesto y su propio plan de desarrollo. Es una triple ruptura porque vos tenés por ejemplo: El municipio de Ixcán creado en los 80s, deslindado de la región Ixil y con migración de otros pueblos, donde se pierde la dinámica de organización comunitaria; el modelo político y económico ya no va a responder de lo que se decida en la región Ixil de Nebaj, Chajul o Cotzal. A lo largo de la franja opera esa lógica, ¡Sólo falta que se cree un solo municipio que se llame FTN! porque ya crearon Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas, Ixcán; pretenden crear en San Mateo Ixtatán otro municipio que responda a esas lógicas: de que lo nuevo tiene que ser superior a lo viejo y que entonces en lo nuevo ya no podemos repetir las prácticas ni organizativas, ni productivas ancestrales. Esa es la idea de crear nuevos municipios”, destaca el comunicador independiente.

De entre los objetivos de dicha política destaca la concentración de población, presupuesto y delimitación de proyectos extractivos, los cuales según Gustavo adquieren facilidades para el otorgamiento de licencias y conseciones que atraviesan varios municipios. “Existe la creación de mancomunidades, asociaciones legales con estatutos que unen a cinco, seis, siete municipalidades para que en vez de que el empresario tenga que negociar con las siete, negocie sólo con la mancomunidad y ya esa distribuya la orden a los siete municipios”, denuncia el investigador y comunicador guatemalteco.

La segunda lógica es direccionada por las empresas privadas junto a instituciones financieras mundiales y ONGs las cuales legitiman el acaparamiento de las tierras que el proceso de pacificación puso a disposición del mercado de la palma aceitera; una de sus metas en la actualidad es reforzar el discurso “positivo” (generación de empleos, responsabilidad social, etc) de los monocultivos para continuar con su expansión.

“Junto al proceso de titulación, Fontierras impone figuras jurídicas para el tema agrario. Impone la cooperativa, la empresa campesina asociativa; modalidades que no son la forma tradicional de como la gente administraba estas tierras. El interés de acaparar la tierra en Sayaxché vino de las empresas palmeras. Lo mismo observamos de la FTN”, subraya Laura sobre los análisis de su organización, los cuales arrojaron que entre los años 2002 y 2005 las áreas para la regularización de tierras cubrían exactamente las mismas zonas aptas para la siembra de palma.

El hambre llama a la puerta

“El monocultivo de palma se vuelve un factor en el hambre y el empobrecimiento de la región; es evidente porque documentamos la pérdida de áreas para producción de alimentos, el impacto sobre los recursos naturales y sobre la integración y vida de las comunidades”, concluye Laura mientras posa sus manos en los mapas resultados de los estudios y testimonios con trabajadores y campesinos que le han permitido conocer de primera mano los estragos la industria palmera.

La actividad palmera en el norte de Guatemala ha tenido durante la última década una expansión de 8,700 hectáreas anuales estableciéndose en áreas que fueron empleadas tradicionalmente para el cultivo de granos básicos, lo cual agudiza el problema de la seguridad alimentaria.

En la primera década del siglo XXI, Guatemala pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios, a un país dependiente de la importación de maíz amarillo, arroz, trigo y soya de los Estados Unidos, sujeta cada vez más a las condiciones de los precios internacionales de los alimentos y dependiente de la disponibilidad de los mismos a nivel internacional.

“Los ganadores de la crisis alimentaria son también los actores y promotores de los agrocombustibles: trasnacionales como Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus que monopolizan el comercio global de cereales y empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, BASF y Dow que acaparan y mercantilizan semillas y agrotóxicos. Estos mercados constituyen la propuesta de solución de corporaciones para los problemas que las mismas trasnacionales han generado. El neoliberalismo ha permitido que los alimentos pasen a ser una mercancía más expuesta a la especulación y al juego del mercado”, denuncia del compilado “El gran robo del clima”, un informe de GRAIN (organización que monitorea las transferencias de tierras para usos agrícolas) sobre la responsabilidad de la agro industria en agudizar la crisis climática y social actual.

De los principales obstáculos para cubrir las necesidades alimentarias de las familias se denuncia la restricción al derecho de paso de campesinos para laborar sus parcelas, lo que les imposibilita también la obtención de leña y agua, bienes vitales para el sustento diario. Muchos de los campesinos e indígenas que fueron forzados a vender sus tierras debido a las limitaciones para su movilidad ahora arrendan parcelas para el cultivo de maíz y frijol para autoconsumo.

Sin embargo, incluso cuando las comunidades consiguen cosechar su producción agrícola, se ven limitados en el traslado de los alimentos debido a los bloqueos en los caminos, vigilados por guardias armadas en las instalaciones de las empresas palmeras. En la realidad la mayoría de las comunidades que han vendido sus tierras dependen completamente del paupérrimo salario de las empresas palmeras para comprar la totalidad de sus alimentos.

En promedio, 50% de los niños de Guatemala viven con desnutrición y la población de la zona norte ha padecido hambrunas en años recientes debido al desarrollo de plantaciones para la producción de materia prima para agrocombustibles.

“Lo único que existió en Sayaxché en algún momento fue el programa de fertilizantes que se repartieron hacia algunos grupos campesinos y esa es la seguridad alimentaria para ellos”, reclama Manuel Mendoza, integrante del Condeg, al referirse al programa de ProRural que en 2008 inició cultivos de palma en 3 mil manzanas en los municipios de Chisec e Ixcán y que se enmarca en el Programa de Maíz de Guatemala para la seguridad alimentaria en el fomento de la producción de maíz, arroz, frijol y palma.

Empresas como Unilever (Reino Unido-Paises Bajos), Procter & Gamble (Estados Unidos), Kenkel (Estados Unidos), Cognis (Alemania) y Cargill (Estados Unidos) son quienes dominan el mercado global de la palma. Mientras los problemas de hambre se agudizaban para la mayor parte de la población mundial, estas corporaciones registraban ganancias récord de hasta 400% más.

“En 2016, no conocemos programas de apoyo a las comunidades. Al menos para los que aún tienen parcelas para producir, los que ya no tienen, no hay nada. No solo no encuentran empleo, sino no encuentran donde sembrar su maíz, lo que hacen es arrendar una parte de alguna parcela para sembrar sin apoyo. Hay una ausencia total del Estado en el tema de la producción agrícola y de seguridad alimentaria”, comparte Manuel quien además destaca la incapacidad de los funcionarios guatemaltecos para inspeccionar a la industria palmera pues se les niega la entrada a los supervisores gubernamentales hasta que las empresas dan luz verde para permitir la revisión de sus instalaciones.

Expansión de los negocios

Expansión de los negocios

En un inicio, el proyecto de la palma se concentró en desplazar todos los aceites que se consumían en la industria alimenticia de Guatemala, pues es el mas barato y productivo de todas las fuentes vegetables. El aceite de palma es utilizado para centenares de productos, desde chocolates y pasta dental; detergentes y agrocombustibles. En años recientes el crecimiento en la demanda de aceite de palma mantiene una tasa de crecimiento de 5% anual. Debido a ello, Guatemala utiliza semillas provenientes de Costa Rica y Colombia, pues son variedades modificadas que incrementan su rendimiento por hectárea.

Influencia colombiana

Colombia tiene una gran influencia en los grupos de poder político y económico guatemaltecos desde épocas de la colonia española pues las élites centroamericanas y colombianas están bien entrelazadas a través de redes familiares establecidas en toda la región lo que, según el análisis de Luis Solano, “demuestra vínculos históricos y coyunturales actuales en los cuales los capitales se complementan, coinciden, se reproducen y dependen unos de otros” perpetuando lo que él considera el problema estructural más importante de Guatemala: la injusta distribución de la tierra.

Otro de los factores para impulsar los monocultivos de palma aceitera es el Programa Mesoamericano de Biocombustibles, un componente del Plan Puebla Panamá (PPP) impulsado por el BID que desde junio de 2008 se le conoce como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica, mediante el cual la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria fomentó la producción de agrocombustibles en Guatemala, El Salvador y Honduras a base de piñón, higuerilla y palma aceitera, respectivamente, con un plan que arrancó en los últimos meses de 2008 y el cual pretendía producir en cada una hasta 10 mil litros de agrocombustibles por día.

Al mismo tiempo, el programa prometió a los productores de palma de Guatemala que serían beneficiados con la construcción en México de la Planta Productora de Biocombustible de Puerto Chiapas, inaugurada en 2010 con el objetivo de producir 25 mil litros de agrodiésel para utilizarlo en el transporte público chiapaneco. No obstante, la planta no pudo sostener la producción a falta de piñón y fue abandonada a mediados de 2011. Por su parte, actualmente el Salvador importa palma de Guatemala para producir biodiesel.

 

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La creciente producción de la palma aceitera aprovechó la tendencia a la alza de casi una década en el precio internacional, el cual sólo con la crisis financiera de 2008 mermó sus ganancias. Ese período de expansión coincide con las nuevas inversiones en Sayaxché, Izabal y la FTN. De aquellas inversiones, el caso de Palmas del Ixcán representa el intento para hacer la transición en el uso mayoritario del aceite como insumo en la industria alimentaria hacia los agrocombustibles.

Desde 2007 Palmas del Ixcán se constituyó como subsidiaria de la estadounidense Green Earth Fuels (GEF), una de las mayores productoras de agrocombustibles en EU formado con capitales de fondos de inversión provenientes de The Carlyle Group, Riverstone Holdings y el banco Goldman Sachs.

Sus plantaciones se extienden por Rubelsanto y Playitas, Alta Verapaz, en las cercanías del río Chixoy, hacia las tierras de Ixcán, situadas entre los ríos Chixoy y Xalbal, y hacia la comunidad de La Soledad, municipio de Sayaxché, Petén, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román, fronteriza con México. También han expandido los monocultivos alrededor del Parque Nacional Laguna Lachúa (PNLL), en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.

Se ha informado por pobladores de las cercanías del PNLL, que unas diez comunidades han vendido a precios muy bajos sus tierras localizadas entre las comunidades de Salacuim hasta San Benito. Incluso, militares que adquirieron tierras en el área en las décadas de 1970 y 1980 han vendido a los coyotes de la compañía palmera. Dichas tierras se encuentran sin títulos de propiedad lo cual coloca en vulnerabilidad a familias completas que la habitan y viven de sus cultivos.

De acuerdo con los planes de Palmas del Ixcán, sus plantaciones abarcarán 25 mil hectáreas. Para 2015 sus cultivos ya cubrían 7 mil 500 hectáreas, incluyendo 4 mil 700 hectáreas de 120 productores asociados que firmaron un contrato de 25 años para vender el fruto a la empresa. Una sola hectárea de aceite de palma podría producir 6,000 litros de biodiésel crudo. En comparación, la soya y el maíz por lo general, solamente 446 y 172 litros por hectárea, respectivamente.

Para 2010, Palmas del Ixcán había obtenido préstamos de bancos guatemaltecos como el Agromercantil, G&T Continental y el Industrial, actualmente controlado por Luis Miguel Aguirre Fernández quien fuera dueño del banco Reformador, comprado en 2013 por el Banco de América Central, parte del grupo AVAL de Colombia.

El Banco G&T Continental y sus aseguradoras fueron denunciados como parte de la red de empresas que financió la estructura criminal del Partido Patriota, a cambio de favores políticos. Tras 13 días prófugo, su presidente Flavio Montenegro Castillo se entregó al poder judicial para ser investigado por el caso de corrupción en las aduanas de Guatemala por el cual el ex presidente Otto Pérez Molina se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2015.

“Los principales bancos guatemaltecos financian estos agronegocios son el capital fundamental de las familias tradicionales, como por ejemplo el Banco Industrial que es el segundo banco más grande de Centroamérica; no hay préstamos directos para el desarrollo de los agronegocios pero sí hay apoyo en infraestructura. Hay también capital privado extranjero financiero, europeo y estadounidense e incluso existe incidencia del departamento de agricultura de Estados Unidos porque ellos están promoviendo los agrocombustibles pues han hecho propuestas para la promoción, desarrollo y el uso del etanol”, refiere Solano quien destaca la falta de regulación jurídica nacional en materia de agrocombustibles.

No obstante los planes de infraestructura realizados desde hace más de una década por el PM y las adecuaciones legales modificadas en la región con el Reglamento Técnico Centroamericano de Regulación de Biocombustibles, la inexistencia de una normatividad local ha impedido hasta el momento el desarrollo de un mercado de agrocombustibles en Guatemala que desplace el autoconsumo de las empresas palmeras hacia el total del parque vehicular del país.

En 2016 comunidades de Ixcán denunciaron ante la delegación de derechos humanos de la ONU por despojo y contaminación de tierras y violaciones a los derechos laborales por parte de Palmas del Ixcán. Hasta la fecha el Estado de Guatemala ha permanecido omiso ante las denuncias internacionales.

Pese los daños en la salud de las comunidades, el Estado guatemalteco incentiva y subsidia a la industria del aceite de palma. Como materia prima gratuita obtienen el agua, la cual contaminan y no pagan para reparar los daños. Los costos ambientales los cargan otros.

“Al igual que las hidroeléctricas, los capitales invertidos se recuperan en corto plazo porque los precios internacionales son bastante buenos y generan tasas de retorno muy altos del capital”, remarca Solano al desmenuzar la estructura aliada al Estado que permite la reproducción y expansión de las inversiones en aceite de palma en el norte de Guatemala.

También, debido a que su producción está enmarcada en el decreto 29-89, conocido como Ley de Maquilas, reciben incentivos fiscales como el no pago del impuesto sobre la renta, ni derechos arancelarios, ni el impuesto al valor agregado sobre insumos importados y en muchos casos ni siquiera pagan el Impuesto Único Sobre Inmuebles. Es decir, se busca reducir el pago de impuestos al mínimo, con lo cual las inversiones encuentran un caldo de cultivo adecuado para su crecimiento exponencial.

La insaciable reconversión energética

Según un mapa de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles de 2016,  Guatemala ocupa el quinto lugar en la producción de palma, detrás de Colombia, Ecuador, Brasil y Honduras y pese a que su aceite es utilizado en múltiples industrias, la alimenticia constituye su principal nicho de mercado en nuestro continente. Al mismo tiempo, de la cada vez mayor producción de aceite en Guatemala, el 85% del producto es exportado a otros países. Tres son las formas en que es enviado al exterior: aceite de palma crudo, aceite de almendra de palma en bruto y estearina de palma.

En Guatemala la estrategia de las empresas fue controlar primero el mercado interno para después concentrarse en el exterior donde México solía ser el principal consumidor. Sin embargo, desde 2014 la tendencia cambió siendo Europa (Holanda y Alemania) los mayores compradores desde ese año sin que eso signifique que los aceites se procesen o consumen solo en esos dos países.

El 33% del total producido en Guatemala es enviado a Holanda donde el mayor puerto de Europa, localizado en Rotterdam, importa anualmente 7 millones de toneladas de palma, predominantemente del mercado asiático (Malasia e Indonesia). El mismo puerto realiza transacciones físicas y financieras desde este clúster del agronegocio donde concentra la mayor entrada de aceites vegetales (soya, colza, girasol y coco) del mundo y la infraestructura para redirigirlo a otras regiones para ser procesado en la industria alimenticia o en el demandante mercado europeo de los agrocombustibles

Además, Rotterdam alberga desde 2011 refinerías de corporaciones trasnacionales como Cargill, Wilmar, Sime Darby y IOI Loders Croklaan. Incluso la petrolera finlandesa Neste Oil posse instalaciones en dicho puerto para procesar 1 millón de toneladas anuales de agrodiésel de palma, convirtiendose en el mayor proveedor para Europa.

En Europa la imposición de cuotas de agrocombustibles incrementó la demanda de aceite de palma como materia prima para el agrodiésel. Estimaciones indican que para cubrir ese mercado se necesita la producción de 17 millones 500 mil hectáreas (equivalentes a más de la mitad del territorio de Italia) de nuevas plantaciones en otros continentes. Con ello las políticas climáticas de la Unión Europea consolidan el acaparamiento de tierras en África, Asia y América.

El aceite de palma se ha consolidado como una importante fuente de combustible para Europa pues de 2006 a 2012 tuvo un incremento en su uso para la producción de agrocombustibles en un 365%, monto equivalente al 20% del total de materia prima que la región utiliza para fabricar biodiesel.

Pese a que las plantaciones experimentales de palma aceitera comenzaron en los años 50s del siglo pasado en Honduras y Costa Rica, es sólo a partir del inicio del siglo XXI que despunta la expansión de este monocultivo en la región.

Según el artículo “Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica” del World Rainforest Movement, en dicha región las extensiones de palma aceitera registradas oficialmente hasta 2016 superan las 370,000 hectáreas, mismas que producen el 51% de la demanda de aceite vegetal a nivel mundial.

De acuerdo a un reporte de Central America Data, entre enero y septiembre del 2016, los países centroamericanos exportaron 37% más que en el mismo periodo de 2015, lo que suma 712,000 toneladas. En todo el continente americano, los aumentos más pronunciados se presentaron en Colombia y Guatemala. Las grasas y aceites derivados del fruto de la palma constituyen el sexto producto de exportación y generan casi $400 millones de dólares anuales.

Y pese a que en Guatemala aún no se ha desarrollado la industria para transformar el aceite de palma en agrocombustibles, debido principalmente a los bajos precios del petróleo y las grandes ganancias de la exportación del aceite crudo, las palmeras cuentan con una mayor capacidad de refinación con lo que consiguen utilizar agrocombustibles para autoabastecer su infraestructura y transportes, estrategia que utilizan para recibir los beneficios de leyes para incentivar la producción de “energía renovable” que les otorgan mayores exenciones fiscales e incluso de la devolución de los impuestos derivados de sus exportaciones.

Son miles los productos derivados de petróleo y en la palma va a ser igual. Eso lo hace un negocio enorme, hay un mercado mundial inmenso. Guatemala sigue ampliando la extensión territorial y la producción pues es el país con mayor rendimiento del mundo por hectárea: 7 toneladas. Ningún otro país tiene ese alto rendimiento, y eso es lo que da rentabilidad al agronegocio.

“Y aunque se requiere mayor producción de aceite de palma para entrar ya al mercado, es más fácil que sea el etanol que en el futuro sea usado como agrocombustible porque si hay mayor capacidad de producción de etanol que se está exportando a Europa y allá se procesa y se convierte en combustible. En Guatemala los ingenios azucareros ya pueden producir etanol combustible pero debido a disputas entre poderes se necesita una negociación muy fuerte para ponerse de acuerdo cómo usarlo y en qué combinación. Existe un proyecto interinstitucional que incluye a la Organización de Estados Americanos, al Ministerio de Energía y Minas, las palmeras y el congreso para elaborar una ley que le dé cabida a los agrocombustibles para su uso en el parque vehicular nacional”, recalca Solano.

Agua, vital y gratuita

 

“Usamos químicos y no nos dan protección; no dan lentes ni cascos y nos afecta la vista porque usamos el veneno para trabajar”

Además de la tierra, el agua es otro pilar para la expansión de la industria de la palma. Las áreas donde se concentra el acaparamiento de tierras coinciden estrechamente con los sistemas de ríos y lagos más grandes del continente americano y en la mayoría de estas áreas el riego es obligatorio para la producción comercial.

Las extensas plantaciones palmeras están focalizadas donde existen las mejores fuentes: ríos caudalosos y la totalidad de sus cuencas hidrográficas con la mayor cantidad de lluvia a lo largo y ancho de la FTN; desde el Estor hasta el Petén. Agua gratuita, fuente clave de la cual la industria saca hasta la última gota de lucro, ocasionando con sus prácticas un deterioro en el medio ambiente al contaminar los arroyos y ríos de los que cientos de comunidades dependen para su subsistencia.

Las empresas arrasan con las aguas mediante la construcción de lo que llaman quineles; canales que cumplen dos funciones: desviar el agua del río para regar las plantaciones y depositar de vuelta al río todas las aguas acumuladas con agroquímicos para evitar pantanos y acumulación en la tierra.

“Por las zanjas, los quineles de la palma, el río y los arroyos se están secando; a la hora que llega el verano ya no hay agua suficiente para la comunidad”, denuncia Ernesto, trabajador de Industrias Chiquibul en el departamento de Alta Verapaz, quien además denuncia que las altas cantidades de químicos que utilizan para fumigar la palma está contaminado las aguas.

“Usamos químicos y no nos dan protección; no dan lentes ni cascos y nos afecta la vista porque usamos el veneno para trabajar”, denuncia Ernesto.

“Nosotros trabajamos con químicos y el veneno nos molesta la espalda. Algunos días lo reportamos, otros no; a veces el cuerpo necesita hasta cinco días para recuperarse, pero solo nos dan dos días y sin paga, así que muchas veces solo nos lavamos con jabón y con eso nos cuidamos”, añade Javier quien también trabaja fumigando las plantaciones de Industrias Chiquibul en el municipio de Raxruhá.

La realidad de las comunidades que habitan junto a las plantaciones de palma dista de beneficiarse por su presencia. “Hay una parte ya contaminada por la industria en el río Candelaria. Es un sitio turístico y ya no hay visitantes por lo mismo. Ante nuestra preocupación juntamos ocho comunidades para exigir al alcalde de Raxruhá a tomar cartas en ese asunto. Ya encontramos peces muertos en el río pero al final no tenemos un dato real sobre la causa de su muerte”, cuenta uno de los maestros de la comunidad sobre las afectaciones en los bosques y ríos del departamento de Alta Verapaz.

“Ya hay muchas enfermedades; hay desnutrición, diarreas y antes no era así. Yo creo que son por la contaminación de los ríos porque no solo es el río La Pasión que está contaminado, todos los arroyos están contaminados porque han hecho quineles en todas las fincas”, describe Hermelindo, promotor local del Condeg, sobre los canales de hasta tres metros de ancho que dispersan pesticidas como el glifosato, químico usado comúnmente en el cultivo de la palma.

“En la empresa Naisa hay dos extractoras; una está en la mera orilla del río La Pasión. Ahí hay un tubo que sale de la fábrica y directamente está cayendo en el río. Tal vez no se mira un color como el que pasó en 2015 pero siempre está cayendo suciedad porque no se mira clara el agua”, cuenta Hermelindo sobre la devastación que ha atestiguado, pues años después del ecocidio en el río La Pasión, la empresa Repsa continúa impune mientras los daños permanecen.

“Toneladas de pescado se murieron y no sólo el río, hay un arroyo que pasa con nosotros y ahí lavamos, ahí bañamos. Nos afecto a tres comunidades. Llevamos un año de no haber probado pescado, ya no hay. Cuando yo fui a ver a una comunidad que se llama Flor de la Selva que vive en la mera orilla del río La Pasión, había señoras llorando de ver esos pescados muertos porque la preocupación es que con eso vivimos. Ahora no hay pescado, hay una tristeza ahí, toda la gente siempre se recuerda eso que se han visto afectados bastante de ese contaminación”, lamenta Hermelindo, también integrante del Condeg.

 

Ecocidio 

El 11 de junio de 2015, una estela de muerte invadió el río La Pasión. A través de 147 kilómetros, las huellas del ecocidio aún lastiman la vida de más de 30 mil personas en 16 comunidades. Dos años después aún no hay justicia.

Sin reparo ni para el ambiente, ni para las comunidades, el afluente que en su camino trasladó contaminantes hasta México al desembocar en el río Usumacinta, sufrió la descarga de Malathión. El químico usado por Repsa en sus plantaciones ocasionó con ello la peor contaminación del río en su historia: el exterminio de miles de peces, la proliferación de enfermedades y la crisis económica y social de las comunidades pesqueras que hasta entonces no dependían del trabajo en las plantaciones palmeras.

El 17 de septiembre de 2015, un juez ordenó la suspensión de las operaciones de Repsa por seis meses, tiempo en el cual procedería una investigación contra la compañía señalada como responsable del ecocidio. Un día después, miles de trabajadores de la empresa bloquearon las calles pues la medida, les hicieron creer, les impediría obtener el salario para la subsistencia de sus familias en todo el municipio.

Durante la acción trabajadores detuvieron y amenazaron de muerte a Manuel Mendoza, Lorenzo Pérez y Hermelindo Asig, miembros del Condeg, una de las organizaciones que denunciaron el crimen de Repsa.

“La empresa Repsa facilitó el transporte, alimentación y seguridad propia. Más de 30 personas con el logo de la empresa de seguridad y gentes armados de la misma empresa que nosotros conocemos de las mesas de negociaciones. Todos llegaron ahí a hablar con nosotros -¡Ustedes son quienes dividen a las comunidades y por eso los trabajadores están enojados con ustedes! Nos gritaron y nos retuvieron. A mediodia escuchamos a través de la radio comunitaria que asesinaron enfrente de un juzgado de Sayaxché al compañero Rigoberto Lima Choc, uno de los denunciantes de la contaminación.

Ahí se complico y nos dijeron a nosotros también que nos iban a quemar ahí. Vimos los tres galones de gasolina ahí y los lazos. Nos preguntaron si les íbamos a dar trabajo a las 7 mil gentes que protestaban. Sólo nos soltaron después que anunciaron que la empresa podría negociar la no suspensión”, relata Lorenzo, campesino integrante del Condeg.

En noviembre de 2015 Repsa reanudó labores y fue hasta junio de 2016 que sus principales clientes, Cargill y Wilmar, le demandaron ajustar sus prácticas corporativas acorde a sus certificaciones de sostenibilidad y producción responsable.

Pese a que Cargill había anunciado la posible eliminación de sus contratos con Repsa si el caso no era resuelto para diciembre de 2016, el corporativo agroindustrial norteamericano suspendió sus relaciones comerciales hasta noviembre de 2017, argumentando el fracaso de la empresa guatemalteca para cumplir con sus políticas de palma sustentable.

En la zona afectada por la contaminación se encuentran las plantaciones de Naisa y Unipalma próximas a las comunidades de Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva y el Colorado donde el suministro de agua quedó restringida por el alto nivel de contaminación.

En Champerico, representantes de la comunidad negociaron con Repsa para solicitar agua. La empresa aceptó proveer del líquido vital a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito en un documento firmado el 15 de junio de 2015. Sin embargo vecinos del municipio de Sayaxché exigieron anular ese y otros acuerdos mediante Cocodes.

Los químicos usados para el cultivo de la palma en Centroamérica son fertilizantes: potasio, nitrógeno y fósforo; herbicidas: gramoxón, fusilade, galant y karmex; fungicidas: dithane y benlate; e insecticidas: randall y mirex-malation.

El químico Malathión es utilizado desde el inicio de las plantaciones para controlar las plagas. La exposición continua a este químico interfiere con el funcionamiento normal del cerebro y la exposición a niveles muy altos en el aire, el agua o los alimentos por un período breve causa dificultad para respirar, opresión del pecho, vómitos, calambres, diarrea, visión borrosa, sudor excesivo, mareo, pérdida del conocimiento y la muerte.

Acorde con versiones de comunidades, dos años antes el río San Román también fue contaminado con una descarga de Malathión, pero debido a que sólo trabajadores de Repsa tienen acceso al lugar no se divulgó el suceso.

En el momento del ecocidio, Repsa carecía de Estudio de Impacto Ambiental, falta que amerita una sanción de casi 14 mil dólares y la clausura de la industria. Según información de su sitio web, es sólo en 2017 que la empresa preparó seis estudios (uno por cada zona de plantación) para su evaluación y aprobación por las instituciones guatemaltecas a más tardar inicios de 2018.

En mayo de 2016, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que impedía el cese precautorio de Repsa. Al mismo tiempo la Sala de apelaciones del Petén otorgó tres amparos más con lo cual obstaculizó de nuevo el cierre temporal y precautorio de la empresa para su fiscalización.

Los monitoreos técnicos realizados hasta el momento por las entidades estatales especializadas, solamente han girado en torno a los daños causados por el ecocidio. Sin embargo, no han tenido la capacidad de identificar las condiciones de la planta de procesamiento para dilucidar responsabilidades. La población se encuentra en una situación de salud y emergencia nutricional, con una clara carencia de profesionales especializados para atenderlos. Los reclamos de las comunidades afectadas no han sido atendidos por el Estado de Guatemala, el cual se limitó a declarar un estado de emergencia y dotar de algunos insumos alimentarios durante la emergencia, filtros y pozos mecánicos a algunas comunidades.

Pese al atroz antecedente, la omisión de las autoridades ambientales aún permiten la comisión de crímenes ambientales como el ocurrido en marzo de 2017. En un comunicado el Condeg responsabiliza a la empresa palmera Industria Chiquibul (con plantaciones de palma aceitera en Alta Verapaz y Sayaxché) de la contaminación del río San Román en Petén, cuya fuente de polución provendría de Chisec en Alta Verapaz.

Irresponsabilidad empresarial

Repsa fue la primer empresa de aceite de palma en posicionarse en el Petén a finales del siglo de pasado, aprovechándose de la entrada consolidada por la carretera que comunica la FTN con la cabecera municipal de Sayaxché y que conduce hacia las fronteras con México y Belice. Tuvo su origen en un proyecto comunitario impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual las comunidades no pudieron sostener, lo que fue aprovechado, según comunitarios de la zona, por la empresa Olmeca y Repsa para comenzar a adquirir grandes extensiones de tierras, llevando a la desaparición de comunidades enteras.

Repsa es hoy la mayor en volumen de operaciones y mantiene ventajas dentro del municipio pues cuenta con acceso a las cuencas de los ríos Salinas, Santa Amelia, San Juan y La Pasión, consolidando con ello la actividad económica más importante del municipio tras desplazar los cultivos campesinos y la ganadería.

El que Repsa se haya instalado en Sayaxché no es producto del azar. Su cercanía con México, uno de los principales importadores de aceite de palma de Guatemala, y la conexión con la carretera financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica para consolidar el flujo de mercancías por la FTN, le permite a la empresa trasladar grandes depósitos de aceite de palma para exportación vía terrestre y a través de las rutas marítimas desde el puerto de Santo Tomás de Castilla, ubicado en el municipio de Puerto Barrios.

El grupo HAME, conglomerado propietario de Repsa, debe su nombre a las siglas de su fundador: Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado, junto a su hermano ya fallecido, Milton Enrique Molina Espinoza, los mayores terratenientes de Guatemala, otrora productores de algodón y banano.

Una de sus marcas más famosas es el aceite Olmeca, la cual a través de Repsa expandió sus plantaciones desde su zona tradicional en la costa sur de los departamentos de Suchitepéquez, Quetzaltenango y San Marcos hacia el norte del país.

Se estima que grupo Hame posee más de 35 mil hectáreas de plantaciones con palma. Al mismo tiempo la empresa calcula que existen más de 600 mil hectáreas de tierras en la región aptas para la expansión del monocultivo. Por otra parte, estudios del Ministerio de Agricultura mencionan que sólo el 15% de la tierra óptima para el cultivo de la palma se encontraba en producción para 2010.

Repsa es parte de un conglomerado de cinco empresas palmeras que conforman el grupo Palmas de Sayaxché, grupo que aglutina a las palmeras que poseen plantaciones en un tercio del municipio. Repsa comercializa el aceite de la palma que produce con trasnacionales como la asiática Wilmar International y la estadounidense Cargill. Además, la producción del aceite guatemalteco es revendido por Cargill al gigante malasio IOI para abastecer a sus mercados europeos.

En marzo de 2016 IOI fue suspendido de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), iniciativa corporativa para certificar la “sostenibilidad” en la cadena de producción de la industria del aceite de palma con la cual se busca limpiar la imagen de las empresas responsables de la producción de una quinta parte de la palma a nivel mundial.

La razón de la suspensión fue la alta tasa de deforestación provocada en Indonesia, lo que provocó que trasnacionales como Kellogg’s y la misma Cargill abandonaran el conglomerado de IOI. Meses después IOI prometió cambios en sus prácticas, lo que le permitió su reintegración a la RSPO. Debido al control de las empresas palmeras en la iniciativa RSPO, el proceso de certificación les permite violar sus estatutos, hacer pequeños ajustes y continuar con la promoción de un producto “ecológico”.

La RSPO fue conformada en 2004 por la ONG conservacionista World Wildlife Fund (WWF) y varias de las compañías más grandes del mundo en los rubros de alimentación y dueñas de plantaciones como Unilever. Para las empresas, la RSPO es un medio para proteger su reputación pese a sus prácticas de explotación de trabajadores, los procesos de deforestación y los conflictos de tierra debido a la expansión del consumo de aceite altamente rentable.

Para 2016 existían 3 mil miembros de RSPO entre empresas de aceite de palma, instituciones financieras y ONGs que legitiman la producción de casi una quinta parte de la producción global. Actualmente existe la tendencia de productores de palma aceitera en latinoamérica de buscar su certificación para con ello garantizar el acceso a los mercados internacionales. Con el incremento de casi 10 veces de tierra dedicada a la palma entre 2000 y 2012, Guatemala se convirtió en el quinto mayor productor de la región y el municipio de Sayaxché, uno de los más pobres del país, vio transformar grandes extensiones de bosques, pastizales y parcelas familiares en monocultivos de palma.

La mayor empresa, Repsa, está implicada en el acaparamiento de tierras, trabajo forzado y violaciones a los derechos humanos de las comunidades del norte de Guatemala. Repsa promueve la producción de aceite de palma como una industria con licencia social adquirida a través de campañas mediáticas y de una mayor inversión en relaciones públicas. Dicho esfuerzo es compartido por las autoridades locales, militares y el resto de empresas palmeras que operan en la región.

“Son las dos formas de como las empresas controlan a la gente: por la vía de responsabilidad social empresarial, o por la amenaza e intimidación. En caso de los trabajadores mediante despidos; caso de los líderes, paso con el tema de la contaminación; ha habido amenaza y persecución contra líderes comunitarios y periodistas” denuncia Manuel sobre la gestión del conflicto por parte de Repsa.

“También han entrado a las escuelas, regalan semillas y enseñan a sembrar la palma” alerta Laura sobre el plan corporativo para borrar la memoria de las nuevas generaciones y normalizar la existencia de plantaciones de palma en regiones otrora boscosas.

“La falta de alternativas también rompe la acción colectiva de las comunidades y la capacidad de solidaridad. Tenemos también un juicio que lo lleva el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) que fue orientado hacia detener las operaciones de Repsa en tanto se hacían las investigaciones; esto no significaba que los trabajadores no ganaran, la empresa estaba obligada a mantenerlos y darles sus salarios aunque no trabajaran, pero el manejo de información hace que la gente no apoye las mismas causas y estamos todos siendo más afectados” lamenta Laura sobre el control de la empresa sobre las acciones de los trabajadores.

La creación de estándares internacionales genera una nueva industria de la acreditación para limpiar la imagen del acaparamiento de tierras por el de la inversión responsable, el cual busca garantizar la aceptación social de un modelo agro industrial que beneficia a las élites. La certificación crea y difunde la ilusión de responsabilidad que conviene a los inversionistas, ONG’s y grupos políticos, los cuales en su conjunto gestionan mecanismos de relaciones públicas que para 2014 alcanzaba un valor de 10 billónes de dólares, el equivalente al PIB de China.

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario. Grandes fondos de capital provenientes de bancos como Goldman Sachs, personajes poderosos como George Soros, ex funcionarios públicos, fundaciones como la de la Universidad Harvard, fondos de pensión de los trabajadores de países como Estados Unidos y Canadá, encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis, y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

Debido a la ocupación de tierras y espacios comunitarios por las empresas de palma, las comunidades han visto reducidas las atenciones gubernamentales para la cobertura de servicios básicos debido a que las autoridades locales prefieren dejar las responsabilidades para las empresas. Por su parte las empresas asumen algunos “apoyos voluntarios” para generar la aceptación pública de las comunidades.

“¿Responsabilidad Social? Eso no vino voluntariamente de la empresa” responde Hermelindo cuando se le cuestiona sobre los logotipos de las empresas en las construcciones escolares y de salud.

“En el año de 2013 hubo un movimiento de todos los trabajadores para luchar que se cumpla el salario mínimo. Aparte de eso se pidió que esas empresas deberían apoyar a la educación en las comunidades, con la construcción de escuelas. No fue voluntariamente, fue un proceso, un lucha para que se hiciera algo para las comunidades” relata Hermelindo sobre la presión popular que obligó a las empresas para cubrir los servicios básicos que el Estado ha negado.

“En 2014, el alcalde de Sayaxché, Rodrigo Pot pensó en hacer un documento llamado pacto de gobernabilidad y ese documento se firmó en la casa de cultura en la capital donde lo firmó el presidente de la república Otto Pérez Molina. Firmó el alcalde Rodrigo, firmó el gobernador departamental de Petén y firmaron de cada representante de las empresas que mencione. Ese pacto de gobernabilidad está para que cumplan con la ayuda en educación,en salud, en pago de salario mínimo para dar trabajo a las comunidades locales, pero no fue voluntariamente, fue un proceso, una lucha a través de trabajadores, representantes de COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo) , alcaldes auxiliares, todos los líderes comunitarios se unieron en un esfuerzo para luchar” continúa Hermelindo quien detalla que como respuesta a las demandas, las empresas se dividieron para proveer de algunos servicios únicamente a las comunidades cercanas a sus plantaciones.

A nivel global, gobiernos de países industrializados mantienen una campaña para facilitar las inversiones “responsables” en la agro industria. Lo han hecho a través de ejercer presión en legislaciones nacionales para aprobar las “directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” además de otras políticas como la guía sobre derechos sobre la tierra de la RSPO sobre “biocombustibles sustentables”.

Guatemala es el único país que ha incorporado las directrices voluntarias a su marco nacional de políticas sobre tierra, específicamente en el concepto de Desarrollo Rural Integral, una iniciativa que omite la exigencia de una reforma agraria en un país con el 60% de la tierra agrícola destinada a plantaciones para la exportación, manteniendo con ello el sistema de mercado existente que ha acelerado la concentración de tierra para los monocultivos. Con este tipo de modificaciones legales, los gobiernos de los estado-nación se ajustan a las necesidades de los agronegocios para continuar el despojo de tierra de comunidades campesinas e indígenas, limpiando su imagen y obteniendo impunidad por sus crímenes pues sólo se enfocan en hacer aparentar sus inversiones menos agresivas.

De esta manera “los derechos humanos quedan subordinados a las normas comerciales; se incluye el consentimiento libre, previo e informado pero sujeto a reservas y sin posibilidad de veto; se le asigna un papel regulatorio debilitado a los Estados lo cual no permite equilibrar los intereses de los grupos de poder; los derechos de los agricultores son equiparados con los intereses de las agro industrias y la agroecología aparece sólo asociada a términos como “intensificación sustentable”, concepto que favorece a las corporaciones para el desarrollo de programas “sociales y en protección del medio ambiente”, según conclusiones del artículo Los Exxons de la agricultura publicado por GRAIN.

Pese a todas las adecuaciones para mantener la reputación de las empresas palmeras, en Guatemala, solo dos empresas, Naturaceites y Agroamérica, han obtenido el sello RSPO.

Las Naciones Unidas también promueven esta tendencia a través del denominado Pacto Mundial, un acuerdo voluntario para que las empresas respeten “los principios universales de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción”.

Sin embargo el hecho de cumplir con estándares internacionales fomenta la instalación del simulacro de la “sostenibilidad” en toda empresa sin importar sus efectos devastadores a la vida de las comunidades y la naturaleza. Minería verde, energía limpia y aceite responsable se relacionan con el cumplimiento de parámetros ambientales que permiten la operación de corporaciones, con la consecuente erradicación de la agricultura campesina y los modos de vida indígenas donde el respeto por toda forma de vida yace en el centro de la misma.

1a Parte de 3 de la investigación:

Economía de muerte: Palma de aceite y la trasfiguración del norte de Guatemala

Una investigación independiente del proyecto Ecolonialismo⇒

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Aldo Santiago

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