Foto: Renata Bessi
En México 80% de las aguas residuales urbanas y 85% de las aguas industriales son vertidas sin tratamiento hacia los ríos. El resultado es que alrededor de 75% de los ríos de México están contaminados por sustancias químicas. Los datos son del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria (CRIM) de la UNAM. “Realmente tenemos una catástrofe hidrológica en el país”, sostuvo Raúl García Barrios, investigador del CRIM.
Con el Tratado de Libre Comercio para América de Norte, implementado en 1994, se detonó un avance de la penetración de las industrias transnacionales al territorio mexicano y se establecieron regulaciones y normas que han sido laxas con las emisiones y descargas de contaminantes en el país, evalúa Omar Aguilar, biólogo y profesor en el departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. “De hecho muchas de estas empresas no cumplen los estándares de sus países de origen y es aquí donde encuentran las condiciones para mantener sus tasas de producción e incrementarlas”, dijo el biólogo.
De acuerdo con Barrios, 60% de los casos que llegan al Tribunal Latinoamericano del Agua son de México. En 2012, por una demanda presentada en 2007 por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en México, el Tribunal condenó el Estado mexicano. Fueron denunciados 300 casos. “Se decidió reconocer el creciente deterioro del derecho humano al agua y la insuficiencia de los mecanismos jurídicos y políticos para detenerlo. Se condenó el estado mexicano por la violación de tratados internacionales y ordenamiento jurídico interno que garantizan el derecho el agua. Además, se alertó por los niveles de conflictividad social que generan estas violaciones”, recuerda el investigador.
Todo el deterioro de los ríos lo han realizado con el permiso y la omisión del gobierno federal y de las autoridades estatales y municipales. “Desde la Constitución hasta las leyes especiales, hay una estructura de leyes muy desarrollada en el país pero violentada sistemáticamente. Hay una falla sistémica del estado mexicano, hay un problema de responsabilidad pública. Estamos llenos de leyes que no se aplican porque para empezar no hay reglamentos para aplicarlas en muchos casos”, criticó Barrios.
Minería: una de las principales amenazas
La incidencia de las compañías con capital extranjero en la economía mexicana comenzó a tener mayor relevancia en la década de los noventa, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, corrobora el Movimiento Mesoamericano contra el modelo Extractivo Minero (M4) con Aguilar. “Este hecho fue muy importante en el futuro de la industria minera”, sostuvo el movimiento en el informe Regulación de la minería: comparativa entre los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La cantidad de oro obtenido entre 2000 y 2010 duplica el total extraído en los tres siglos de dominación española. Una situación similar sucede con la plata; en el mismo periodo de diez años se ha extraído más de la mitad del total de la plata que se obtuvo en los trescientos años que abarcó la época colonial.
En 2012 México ya se encontraba posicionado como el séptimo productor mundial de oro y líder en plata. A este respecto, la presencia de compañías con capital extranjero juega un papel muy importante. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en diciembre de 2012 tenían inversión extranjera directa en el país 285 empresas mineras, operando 853 proyectos, de las cuales el 72% tenían sus oficinas centrales en Canadá y el 16% en Estados Unidos.
Al mismo tiempo en que hay una agudización de la presencia extranjera en el territorio mexicano, “hay un descontrol total en el manejo y transporte de substancias químicas en el país”, advierte Águilar. Y los crímenes ambientales se quedan impunes. “La contaminación y los accidentes ambientales están ocurriendo y no hay una clara respuesta del Estado para revertir el daño, a pesar de que tenemos una ley de responsabilidad ambiental”.
El ejemplo más emblemático es el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico por el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014, el más grande de la historia de México. Cerca de 22 mil personas fueran afectadas, en siete ciudades, pero el Estado y la empresa reconocen solamente 300 personas afectas.
En la versión oficial, el derrame fue provocado por una válvula que se rompió en una de las represas de desechos. Pero una investigación de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), demuestra que la empresa operaba con más de 55 irregularidades. Los pobladores de la región se dieron cuenta inmediatamente del derrame, pero la empresa confirmó oficialmente y empezó a tomar medidas de monitoreo dos días después del ocurrido.
“La empresa se comprometió en hacer estudios en las demás personas de la región en los próximos 20 años, para monitorear los niveles de metales pesados en sus cuerpos, pero hasta hoy no se inició este proceso”,
AFIRMA FRANCISCA GARCÍA, LA VOCERA DEL COMITÉ DE LAS CUENCAS DEL RÍO SONORA, FORMADO POR PERSONAS AFECTADAS DE LOS SIETE MUNICIPIOS.
“Prometieron la reubicación de 36 pozos, reubicaron algunos, prometieron 36 plantas potabilizadoras, inauguraron 5 fijas, pero ninguna está funcionando. La mayoría de la población no tiene recursos para comprar agua embotellada”, continua ella. “Hubo alteración en el medio ambiente, en la flora, cambió alimentación de la población. Nunca hicieron estudio de las tierras, los alimentos producidos allí no tenemos certeza si están o no contaminados”.
La empresa también prometió una clínica de salud, “pero decidieron no hacerla porque la empresa y las autoridades concluyeron que ya no hay más afectados en la salud”, dijo.
La empresa creó un fideicomiso para reparar los daños, “pero fue cerrado en febrero de 2017, sin que la población fuera avisada y sin hacer los reparos de los daños que causaron; estamos viendo por ejemplo el aumento de casos de diversas enfermedades, principalmente del corazón, y nada está siendo hecho”.
Las mineras tienen la garantía de la impunidad
Grupo México es una de las empresas más grandes del mundo, opera en 20 países. Es la empresa minera más grande de México. Es la empresa de transporte y logística más grande de México. Es la procesadora más importante de la plataforma de petróleo de Pemex. Es la cuarta empresa minera más grande de los Estados Unidos. Posee 110 subsidiaria en 28 países. En la industria eólica de Oaxaca, el Grupo México es dueño de varias de los parques eólicos. Es uno de los dueños más importantes de las hidroeléctricas en Puebla. Y dueño de la mayor parte de las concesiones mineras del país. “Creo que me entienden la idea”, dijo Benjamin Cokelet, fundador de Poder, al tratar de describir el poder económico del Grupo México.
“Hasta la fecha han pagado una multa equivalente a 0,00016% de sus ingresos de 2014 y nada más. Crearon un fideicomiso de más de 110 millones de dólares de los cuales solo fundaron 55 millones al fideicomiso. Una parte fue deducido de impuestos y el restante volvió a contratar a sus propias empresas para proveer de servicios a las personas afectadas. Lucraron con el derrame, no les fue mal”, dijo Cokelet.
El fundador de Poder evalúa que la impunidad es una cuestión estructural de México. “En un país donde 46 hombres y 2 mujeres conformados en el Consejo Mexicano de Negocios controlan o influyen sobre 40% del PIB, esta difícil que una de esas empresas y sus dueños sean considerados culpables por violaciones de Derechos Humanos, mismo que sea el peor derrame de la historia del país”, sostuvo Cokelet.
La ‘normalización’ del crimen ambiental
Águilar externa preocupación respecto a los efectos de una posible ‘normalización’ de los crímenes ambientales para las nuevas generaciones. “Lo que está ocurriendo es que las nuevas generaciones están creciendo en estos espacios afectados y estas situaciones tienden a se normalizar. Y eso va restringiendo la capacidad de movilización de la sociedad para revertir los efectos de los impactos ambientales”, añadió el biólogo.
Los expertos participaron del debate Industrias Extractivas y Derechos Humanos: Retos y Perspectivas, realizado 7 de mayo, en la Ciudad de México, por la organización Poder.
