La Fuerza de Tarea Conjunta Águila (FTC), presentada oficialmente este 27 de marzo para combatir al crimen organizado en Panamá, junto al Sistema Nacional de Protección Civil del país, con el uso de extrema violencia desalojaron a centenas de familias de sus viviendas, el pasado viernes 12 de mayo, en un barrio llamado Cerro Galera, en el distrito de Arraiján, considerado un asentamiento ilegal por parte de las autoridades. Durante el operativo, las fuerzas represoras provocaron la muerte de una persona, Demetria Montengero de Asprilla, que fue aplastada durante la demolición de una de las viviendas.
La Fuerza de Tarea Conjunta Águila, recibió entrenamiento del Comando Sur de los Estados Unidos y fue creada para combatir al crimen organizado. Son 300 elementos del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio de Protección Institucional y el Servicio Nacional de Migración quienes conforman este grupo de élite.
“La unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila esta siendo utilizada para realizar desalojos y viabilizar megaproyectos, además de reprimir manifestantes”, asegura el Colectivo de Mujeres Diana Morán, quienes forman parte del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Dicho colectivo también exige el cese inmediato de los desalojos forzosos y una pronta solución al problema habitacional que reclama el Movimiento Comunal Nacional (MOCONA).
Asprilla pertenecía a la coordinadora Victoriano Lorenzo, una organización que reúne familias pobres del país para luchar por viviendas dignas, desde hace mas de 20 años. Cómo una de las estrategias de lucha, las familias realizan ocupaciones de tierras en el Este y Oeste de Panamá. “Las personas de Cerro Galera tenían viviendo más de 12 años ahí. Pero es una zona que el gobierno quiere recuperar para la ampliación del complejo Panamá Pacifico”, Señaló el abogado Pablo Martínez, asesor de la Coordinadora Victoriano Lorenzo.
El complejo inmobiliario Panamá Pacifico era una base de EE.UU., hasta 1999, llamada Howard. La Ley 41 de 2004 la convirtió en una Zona Económica Especial, que abarca por lo menos 1400 hectáreas, incluye espacios para oficinas, bodegas, centros comerciales, un parque industrial y de negocios, farmacias y hospitales, parques y más de 22 mil viviendas. Este proyecto solo ha avanzado el 15% y ya concentra a más de 300 empresas multinacionales. Un complejo financiado por el Banco Mundial (BM) a través de la Corporación Financiera Internacional. El desarrollo del proyecto se adjudicó a London & Regional Panamá (LRP), en abril del 2007, mediante una licitación pública internacional. “Otra áreas ocupadas por familia que no tienen dinero para comprar sus casas o pagar renta también van a ser despojadas”, agrega Martínez.
Las familias sostienen que no quieren que se regalen estas tierras, pero sí que el Estado expropie estas tierras y que se las venda a un precio que sea accesible. “Al gobierno no le interesa porque no generan ganancias como las empresas transnacionales”, dijo Martínez.
Mientras tanto, las autoridades han mostrados sus condolencias en las redes sociales ante la muerte de la señora, pero la gente de la comunidad lo toma como una burla. Por otra parte, los medios locales de información argumentan que la señora no vivía en el predio y que ella decidió entrar a su vivienda cuando llevaba más del 70% de la demolición. Pero los vecinos de esta comunidad sostienen que, “ella siempre ha vivido en este lugar. Aquí todos nos conocemos. Esto fue un asesinato y sus condolencias es una estupidez”.
Por otra parte el Colectivo de Mujeres Diana Morán denunciaron que, “el caso de la señora Asprina no es la primera víctima de estos desalojos violentos. A inicios de abril Adelaida García falleció como consecuencia de otro desalojo en Nueva Visión, Pedregal. (…) la Policía Nacional y otros elementos que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta Águila, hoy se esta ensañando contra la gente más pobre que reclama tierra y una vivienda adecuada”.
