Comuneras y comuneros de Santa María Mixtequilla, quienes se organizan desde que se anunció la instalación en sus tierras de uno de los mayores polos de desarrollo enmarcados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), reiteran las denuncias sobre desinformación, manipulación y división de su comunidad para imponer las obras de dicho megaproyecto.
Así lo demuestran testimonios recolectados por una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, integrada por personas de 23 organizaciones, periodistas y académicos, quienes visitaron la región del Istmo durante los últimos días de julio.
Resaltan que el complejo industrial, previsto para operar en Santa María Mixtequilla, es el más grande de los 10 polos anunciados para la primera fase del CIIT, ocupará 502 hectáreas. Ante ello, la resistencia civil pacífica de la región denunció que será en agosto de este año cuando se realizarán las licitaciones para las obras del polo, cuestión que preocupa a la comunidad pues aún no cuentan con información sobre los impactos que ocasionará en las tierras indígenas.
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Debido a las irregularidades, desde hace cuatro meses, comuneros y comuneras ocupan la oficina de Bienes Comunales para reclamar por la falta de información, la realización de consultas a modo y la división de la población ante el megaproyecto.
“En realidad el polo de desarrollo fue aceptado por 263 personas aproximadamente que eso nada tiene que ver con una consulta indígena, de ahí en fuera jamás se volvió hacer en ninguna otra sección, ni colonia para dar información (…) la poca información que tenemos complica la situación porque no tenemos un panorama de como asimilar este impacto que nos traerá este polo de desarrollo, no tenemos ni siquiera un plan de desarrollo, ni de protección civil de lo que pueda suceder en la comunidad”, denunciaron las y los comuneros.
Por su parte, integrantes de la misión de observación señalaron acciones de intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes se han presentado en las asambleas comunitarias sin contar con el permiso para ello. Los habitantes de Santa María Mixtequilla también denunciaron expropiación de tierras a diversos campesinos y la compra de hectáreas por casi 20 pesos el metro, “a veces ni para un kilo de tortillas”, reclamaron acerca del monto.
Comunidades afectadas
Además de visitar a las comunidades afectadas por el polo de Santa María Mixtequilla, en la zona norte del Istmo, organizadas en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, la misión de observación también realizó encuentros con comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en la comunidad de Puente Madera.
Durante conferencia de prensa, realizada en Juchitán al final de la documentación, la misión enfatizó su preocupación ante las agresiones registradas contra las comunidades afectadas por el CIIT. Acorde a las denuncias recopiladas, durante 2023 se registra un aumento en la violencia contra defensores del territorio. Resalta que, durante las labores de la misión, ésta fue testigo de incidentes de seguridad, tales como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.
Los perpetradores de estas agresiones son integrantes de la Marina y la Guardia Nacional, así como elementos del ejército, policía estatal, secretaría de comunicaciones, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Estos funcionarios han participado en distintos actos de criminalización, detenciones arbitrarias y desalojos violentos contra las personas que participan en el campamento de Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
“De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico”, resaltaron los integrantes de la misión que también responsabilizaron a grupos armados y caciques locales.
A ello, se añaden las agresiones contra la comunidad binnizá de Puente Madera, la cual ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 18 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo”, ubicado en el municipio de San Blas Atempa.
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La misión de observación alertó también por los ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 2023, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.
Cabe destacar que, de acuerdo al informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión contra defensores en el periodo entre 2019 y 2022.
De acuerdo a la documentación, existen 21 casos de intimidación hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; se registraron 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; tres homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; dos casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.
