Fotos por Regina López
Mientras el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arregla maletas para dejar a atrás el poder y también un “fiestón con bailongo”, como él lo llamó, miles de voces hicieron eco en las calles de ciudad de México este jueves (26), para señalar enfáticamente que “fue el ejército”, refiriéndose a la desaparición de los 43 normalistas, de quienes no se sabe de su paradero desde hace 10 años atrás. Mientras tanto, AMLO se empecinó en defender tajantemente a las fuerzas armadas.
Son 10 largos años sin saber de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Una década de distancia que las madres y padres cargan en su andar en la búsqueda de sus hijos desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Han señalado que conforme avanzaban las pesquisas independientes, desde el gobierno mexicano, se obstaculizó la justicia y se optó por proteger a los militares, último reducto que ha impedido revelar información clave en su poder para dar con los responsables y conocer los detalles de lo ocurrido en Iguala aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
Es así que este jueves (26), bajo la constante lluvia, la seguridad del Estado Mayor Presidencial desplegó una valla de metal alrededor de donde preside sus últimos días de gobierno López Obrador. Ese fue el mensaje con el que cierra el capítulo de Ayotzinapa. Aunque las voces de esta masiva movilización retumbaron en los muros de palacio nacional, un eco se replicó exigiendo “presentación con vida de los 43 estudiantes”.
A pesar de los obstáculos colocados para impedir su ingreso al zócalo, miles de personas acuerparon a las madres y padres de los normalistas, quienes marcharon por las calles de la Ciudad de México recordando que, “quien dio la orden (de la desaparición) fue el expresidente Enrique Peña Nieto y, es a él y al ejército a quien esta encubriendo el presidente”, dijo uno de los estudiantes presente en esta protesta.
Sobre el templete en la plaza principal de la ciudad, las palabras de Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, también remarcaron la responsabilidad del ex presidente Peña Nieto, en cuya administración fabricaron la verdad histórica para encubrir el crimen de Estado pero, sobre todo, recordó su promesa de “justicia” de AMLO, la cual ha traicionado.
“Prefirió darle la razón al ejército, dando la espalda al caso a Ayotzinapa y traicionando su palabra”, sentenció Legideño. Por su parte, Mario César González, padre de César Manuel González, cuestionó la razón por la cual AMLO no cumplió con su compromiso y le recordó que, aquel “que encubre o entorpece las investigaciones también es cómplice de las desapariciones forzadas”.
Investigaciones, estancadas
Días antes, el martes (24), durante su conferencia matutina, el presidente dio conocer una carta dirigida a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos en la cual aseveró que “no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”. La respuesta, en voz de Mario González, padre de César Manuel González Hernández fue contundente:
“Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue él que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos. Que fue el ejército, usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición, porque no solo traicionó usted a estos 43 padres de familia sino a todo un pueblo mexicano sediento de justicia y de saber la verdad”.
El miércoles (25), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) difundió el tercer informe en torno al caso. El documento, con más de un centenar de páginas, destaca la continuación de las labores de búsqueda en distintos sitios de Guerrero, lo que ha permitido dar continuidad al análisis de restos óseos para la identificación genética. No obstante, señala que, de 132 perfiles genéticos analizados, ninguno resultó positivo con los perfiles de los estudiantes desaparecidos.
Resalta que los lugares donde se han intensificado las labores de búsqueda corresponden a sitios indicados por un miembro del crimen organizado, quien funge como testigo protegido y quien ha condicionado la entrega de más información a cambio de recibir amnistía y de evitar la extradición a los EEUU de un criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Acorde al presidente, la negativa de otorgar mayores datos por parte del criminal es lo que ha estancado las investigaciones. En contraste, para Vidulfo Rosales, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de los familiares de los normalistas desaparecidos, el contenido del último informe de la Covaj no revela información relevante pues no indica cuáles son los avances en las pesquisas, ni especifica cuáles son las líneas de investigación que se seguirán por parte del organismo del ejecutivo.
“Lo que vamos a encontrar es cómo culpa a otras organizaciones, cómo culpa a entes externos del fracaso que el propio gobierno tuvo en la investigación”, reclamó el abogado durante el mitin en el zócalo en referencia al contenido del informe y la mas reciente misiva del presidente.
Para Rosales, el estancamiento de las investigaciones surgió cuando se encontraron pistas en el año 2022, con el involucramiento del ejército mexicano. Fue en febrero de ese año cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló, mediante su tercer informe, que elementos del ejército -contrario a los dichos de AMLO que aluden a su omisión- tuvieron un rol activo en la desaparición forzada.
Los militares monitorearon las actividades de los estudiantes e interceptaron sus comunicaciones durante los hechos que llevaron a su desaparición forzada. Además, se comprobó la visita de elementos del 27 Batallón de infantería en Iguala a la comandandancia de Iguala, donde un grupo de 17 estudiantes había sido trasladado por policías municipales durante las primeras horas del 27 de septiembre del 2014.
Aquella línea de investigación fue seguida por el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo quien para agosto del 2022 preparó 83 órdenes de aprehensión, dentro de las cuales se encontraban 20 militares: el general Rafael Hernández Nieto, el coronel José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, y 17 soldados que patrullaron las calles de Iguala durante los hechos.
Sin embargo, lo que vino después, acorde a Rosales, fue el desmantelamiento de la Covaj y de la UEILCA, con la renuncia de Trejo y la cancelación, en septiembre del 2022, de las órdenes de aprehensión de 16 militares. “Ahí el gobierno ya no quiso continuar con la investigación. Ahí el gobierno dio la espalda a las madres y padres de familia”, recordó el abogado de los familiares durante el mitin en el marco de los 10 años de la desaparición de los 43 normalistas.
“Por ello, compañeros, está claro y de manifiesto que fue el gobierno quien dio un paso hacia atrás, que fue el gobierno quien ya no quiso que la investigación continuara. La investigación se vino en picada y hoy en día estamos en la total impunidad. Hoy en día el gobierno ha decidido ya no continuar en la investigación”, sostuvó el abogado Rosales desde el zócalo de la capital mexicana.
Movimientos sociales refrendan su solidaridad
Tras una serie de protestas, que comenzaron desde el 18 de septiembre en el estado de Guerrero, y en las que familiares de los 43, estudiantes normalistas, y organizaciones sociales se manifestaron frente a dependencias de gobierno, la mañana del jueves (26) una comisión de familiares se reunió con movimientos sociales en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante una sala repleta, el pase de lista con los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos fue el preámbulo con el que, Isidoro Vicario, otro de los abogados de los familiares, dio inició a su participación mediante la cual insistió en la postura de las madres y padres de los normalistas desaparecidos que exigen investigar al ejército mexicano.
Vicario hizo énfasis en que la participación de los militares se dio antes, durante y después de la noche del 26 de septiembre del 2014, pues incluso existen reportes de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde se asegura que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, era un militar en activo y cuyo rol, como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) consistía en realizar reportes de inteligencia que entregaba a mandos del ejército del 50 Batallón de Infantería con sede en Chilpancingo, Guerrero.
Por ello, el abogado recalcó la exigencia de los familiares para que el ejército entregue los 800 folios, documentos elaborados por Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que opera en Iguala -y cuya existencia ha sido negada por la Sedena a pesar de las pruebas presentadas por el GIEI- pues en ellos podrían encontrarse las claves para conocer el paradero de los normalistas.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que los militares se han negado a abrir sus archivos para dar continuidad a la investigación y seguir las pistas que indican la presencia de los militares en lugares como el Hotel Cristina, la Barandilla de Iguala y en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esa ciudad, donde los estudiantes fueron agredidos con armas de fuego.
“Duele y es indignante ver un país que nada más de dientes para afuera dice que es democrático. Que es humanista. Tenemos mucho coraje que nosotros como madres y padres de familia a casi 10 años no sepamos dónde están nuestros hijos y que es una burla, porque él (presidente) firmó un decreto presidencial donde dijo que iba a esclarecer el caso de Ayotzinapa”, señaló Tlatempa ante estudiantes y miembros de organizaciones sociales que refrendaron su solidaridad ahora en el cumplimiento de una década de impunidad, y hasta que la verdad salga a la luz.
Por último, reclamó que, en vez de investigar al ejército, éste se vio fortalecido durante el sexenio de AMLO con la creación de la Guardia Nacional y con su postura para proteger a las fuerzas armadas ante las acusaciones de su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
“Hoy, después de 10 años, ese grito de rabia y justicia permanece. El caso Ayotzinapa, muestra que el poder del ejército es transexenal y es capaz de doblegar al actual presidente aún con todo el apoyo que tiene entre la población. Ayotzinapa es la prueba de que para alcanzar la justicia en este país, lo que se requiere son cambios estructurales que afecten a los poderes fácticos que siguen impunes”, señalaron los estudiantes, en voz de una de las organizadoras del encuentro, quien enfatizó el apoyo de más de 300 organzaciones que se adherieron a un pronunciamiento por verdad y justicia en el caso.
Mientras tanto, durante su conferencia del viernes (27), el mandatario mexicano omitió declaración alguna sobre la gran movilización, pero si detalló que en su “fiestón con bailogo”, habrá una variedad de platillos de distintas regiones del país; como tamales, cochinita pibil, y tlayudas, acompañados de música en vivo de una banda oaxaqueña. “Ya es hora de decir que vamos a despedirnos, así que prepárense para el fiestón”, concluyó el mandatario.
