Fotos Por Cristian Leyva
La comunidad ejidal de Carrizalillo, establecida en el estado de Guerrero, al sur de México, resiste ante una fuerte campaña de agresiones provenientes de la empresa minera Equinox Gold, dueña del complejo minero Los Filos. Este escenario de violencia se ha agudizado en los últimos meses ya que el vencimiento del convenio de ocupación temporal de las tierras de los ejidatarios finaliza el próximo 31 de marzo.
De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, la empresa ha empleado diversas estrategias para que la comunidad renueve el contrato que ha permitido la extracción de 607 mil 259 onzas de oro solo entre los años 2021 y 2024, con un valor aproximado de 1,765 dólares por onza.
En un boletín de prensa lanzado este 16 de marzo, los ejidatarios de Carrizalillo denuncian que la canadiense “Equinox incrementa su campaña de agresiones sistemáticas en contra de nosotros”, señalando a uno de los actores, al ingeniero Hugo Vergara, a quien acusan de fabricar un conflicto entre la comunidad de Carrizalillo, La Mezcala y Xixhilapa.
Entre las represalias de la empresa a los ejidatarios está el despido del 90% de los trabajadores locales, mujeres y hombres de Carrizarillo. “Representa un acto de agresión y presión contra nuestra comunidad”, sostienen los inconformes.
Incluso, la comunidad de Carrizalillo advierte que la campaña se ha expandido hacia la difamación a través de las redes sociales de la empresa.
A ello se suma que la empresa ha actuado de forma acelerada para remover sus materiales, insumos y equipo del lugar de operaciones, provocando la violación de sus propios protocolos de seguridad. “Asimismo, han contratado personal de forma precipitada que no cumple con la capacitación adecuada, poniendo en riesgo al resto de los trabajadores. Tal como sucedió el 12 de marzo, con la volcadura de una grúa en la cual el operador, al ser liberado antes de concluir con su capacitación, recibió una asignación precipitada que terminó en una cirugía de su pierna”, detallan los ejidatarios de Carrizalillo.
Los ejidatarios de Carrizalillo sostienen que el 100% de las tierras de cultivo y 95% de las tierras de uso común de la comunidad están ocupadas por la mina Los Filos desde 2007.
Amenazas
Desde febrero de 2025, más de una docena de líderes comunitarios, familiares y asesores han recibido amenazas de muerte. Estas intimidaciones, enviadas a través de medios electrónicos y paquetes de mensajería, han sido atribuidas por los ejidatarios a operadores de Equinox Gold, específicamente al gerente de responsabilidad social de Los Filos, Hugo Vergara.
El 1 de marzo, altos funcionarios de la empresa, incluidos el gerente general André Souza de Amorín y el vicepresidente senior Armando Fausto Ortega, llegaron a Carrizalillo sin previo aviso para presionar a la comunidad a firmar el acuerdo. Sin embargo, su intento de convencer a los habitantes con promesas de "progreso" fue rechazado por la mayoría.
El futuro incierto
Con el vencimiento del convenio el 31 de marzo, el futuro de la mina Los Filos y de la comunidad de Carrizalillo pende de un hilo. Si no se llega a un acuerdo, Equinox Gold perderá el derecho a operar en las tierras del ejido, lo que podría significar el cierre de la mina. Sin embargo, los ejidatarios advierten que, en caso de cierre, la empresa deberá cumplir con los convenios de remediación ambiental y compensar los daños causados.
Mientras tanto, casi 100 organizaciones y coaliciones de Canadá, México y otros 12 países, incluyendo la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Empresarial y 66 redes mexicanas, enviaron una carta a Equinox Gold, expresando su profunda preocupación por la escalada de tensiones, amenazas de violencia y persecución legal contra la comunidad de Carrizalillo.
La carta, dirigida al presidente y CEO de Equinox Gold, Greg Smith, con copia a autoridades canadienses y mexicanas, respalda las demandas de Carrizalillo para un proceso de dialogo independiente y respetuoso, denunciando la injerencia de funcionarios de Guerrero en tácticas de presión que vulneran los derechos de la comunidad. Además, exige que, en caso de cierre de la mina, se establezcan diálogos con la comunidad para definir planes de cierre que prioricen sus necesidades.
