Una reforma estructural en el sector del gas natural en México, allá por el año de 1995, abrió por primera vez las puertas a la transnacional estadounidense Sempra Energy, una de las primeras empresas en invertir en el transporte de gas. Dos décadas después, Sempra se posicionó como la segunda empresa más importante del sector en el país. Su principal trampolín fue otra reforma energética, implementada desde el año 2013, lo que permitió que hoy, su subsidiaria IEnova, tenga inversiones de 8769 millones de dólares.

Cinco años después de esa reforma implementada por Enrique Peña Nieto, los activos de IEnova crecieron a tal grado que a finales de 2018 contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas de los Estados Unidos.

A pesar de que varios de los gasoductos de Sempra se detuvieron por problemas sociales ante el supuesto peligro por su construcción, la empresa no ha presentado pérdidas: han cobrado por sus servicios aún sin brindarlos apegados a cláusulas llamadas de “fuerza mayor y caso fortuito” establecidas en los contratos, que le ocasionaron al Estado Mexicano una deuda multimillonaria.

A principios de este año 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había calificado como “contratos ventajosos” y “leoninos” los acuerdos establecidos con las empresas y los gobiernos anteriores, por lo que pidió una renegociación voluntaria.

Un clima templado que ronda los 35 °C dibuja los contrastes de la primavera en el desierto de Sonora, al norte de México. Aquí habita la Tribu Yaqui, conformada por ocho pueblos indígenas. IEnova celebró en el año 2012 un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción y operación del sistema de transporte llamado Gasoducto Sonora que atraviesa el territorio Yaqui.

La empresa IEnova anunciaba que este proyecto ya estaba en operación desde hace dos años y figuraba entre los 17 gasoductos de la empresa que se supone que ya están brindando el servicio de transporte de gas, según consta en su informe financiero de 2018. Pero en el recorrido que se hizo para esta investigación, a unos 300 metros de la comunidad de Loma de Bacum, se pudo constatar que este gasoducto está inconcluso y que nunca ha brindado el servicio.

La indígena Loreta Vázquez Molina nos guía entre la vegetación de este desierto hasta llegar a una excavación donde se puede apreciar que una fracción del ducto está a la intemperie. Los dos extremos, que comienzan a oxidarse, solo están separados por escasos metros. A los lados del tubo hay brechas de terracería donde se observan las señales de color amarillo con placas de lámina de metal, algunas ya derribadas y otras más perforadas con balas de fuego, placas que fueron testigos del conflicto que ocasionó el gasoducto en esta comunidad.

La construcción de este gasoducto inició en el año 2013 y tenía proyectado brindar el servicio desde el año 2014. Pero pasaron por alto informar a los pueblos de la Tribu Yaqui, como está previsto en la normativa y, el pueblo opuso resistencia al no querer firmar una consulta que se implementó a última hora y con el impedimento de dejar que ingrese la maquinaria a su territorio. Pero también tomaron medidas por la vía legal, las autoridades tradicionales acudieron a la justicia de Sonora, que finalmente les dio la razón y suspendió la obra en junio de 2017.

El 30 de junio del año 2017, el Juzgado 7º de la ciudad de Álvaro Obregón, Sonora, ordenó a la empresa detener la obra, pero no lo hizo, lo que empujó a la comunidad de Loma de Bacum a desmantelar una fracción de ducto. La empresa IEnova en ningún momento mencionó que desacató la orden judicial y por el contrario informó a sus inversionistas que, la suspensión había sido –dijeron- por actos de “sabotaje”. Es que el contrato firmado en el año 2012 con la paraestatal CFE estipula que, tanto el “sabotaje, como los fenómenos de la naturaleza, embargos comerciales y disturbios civiles, entre otros motivos, serían considerados como ‘eventos fortuitos o de fuerza mayor’, por lo que la CFE estará obligada a pagar por el uso de gasoductos que no funcionan. Esto le ha asegurado el pago continuo a IEnova, hasta el año 2019, desembolsos que le ocasionaron al Estado una deuda millonaria.

La investigación de Avispa Midia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, preguntó a la CFE cuánto se le había pagado a Ienova y a otras empresas por estos gasoductos que no están en funcionamiento, pero el organismo argumentó que esa información era confidencial.

IEnova no es la única que goza de este beneficio: 17 gasoductos distribuidos en todo México han recibido el pago por causas de “fuerza mayor”, informó la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación. Cinco de ellos pertenecen a Sempra Energy, de los cuales aún queda inconcluso el de Guymas-el oro y, el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, que ha finalizado pero no brinda el servicio . A esto se suman otro ductos de otras empresas que han concluido la fase de construcción pero no reciben el gas que deberían transportar, proveniente de otros gasoductos que están inconclusos. Esto le ha generado una deuda a CFE de 16.000 millones de dólares, de acuerdo con su informe financiero del año 2018. Aunque estos pagos no están fuera de la ley, porque son acuerdos estipulados en los contratos.

Las subsidiarias de la transnacional estadounidense han sido las más beneficiadas por estas cláusulas, ya que los cinco gasoductos de su propiedad que han recibido estos pagos, son estratégicos y los de mayor capacidad. Ante la creciente deuda, el pasado mes de julio, la CFE acudió a tribunales internacionales en Londres y París para demandar la revisión y renegociación de los contratos de siete gasoductos, entre ellos el que involucra a IEnova en Sonora.

En consonancia con lo expresado por el presidente López Obrador, el Estado reclamaba ante cortes internacionales la nulidad de las cláusulas que le permitieron ganar millones a Sempra al considerar que son contrarias a las políticas públicas y el interés social. El mandatario mexicano informó este 27 de agosto que se había llegado a un acuerdo con tres empresas dueñas de cuatros gasoductos inconclusos, entre ellas IEnova. Los nuevos acuerdos amplían los plazos de arrendamiento y establecen un pago fijo por la renta de los gasoductos privados.

A su vez, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que estos acuerdos se establecieron con la condición de que las empresas devolverían al Estado los montos pagados por ‘causas de fuerza mayor’. “A cambio de más plazo en el contrato o de hacer una mezcla de otras condiciones", dijo en conferencia de prensa.

Según estos acuerdos la devolución de los montos pagados por ‘causas de fuerza mayor’ sólo serán con los cuatro contratos que se han negociado, es decir, dos de los cinco gasoductos en los que Ienova tiene inversiones. Del resto de los gasoducto no se menciona ninguna modificación..

El presidente de México afirmó que la Secretaría de Gobernación trabaja ahora para destrabar conflictos con pueblos originarios y así liberar los ductos, pero también aseveró que “frenar estos proyectos afectaría principalmente al país y no a los empresarios”.

Pero los contratos van mucho más allá, ya que la CFE ha invertido grandes sumas de dinero para la construcción de estos gasoductos, en los contratos se estipula que pasan a ser propiedad de las empresas privadas. También obligan a la paraestatal el pago del 100 por ciento de la capacidad de transportación de gas, aunque solo se utilice una porción de esta capacidad. Y obliga a comprar y vender el gas a otros privados.

Tania Ortiz Mena López Negrete fue una pieza clave para Sempra Energy en estos años de crecimiento económico en México. Mientras que ella formó parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como consejera (período 2015-2018), al mismo tiempo, se mantuvo como ejecutiva de Sempra, entre 2014 y 2018. Es decir, ocupó los dos roles de manera simultánea.

De amplia carrera en el mundo energético y proveniente de una histórica familia ligada a la política mexicana, Tania fue clave para el crecimiento de Sempra. Ella asumió su cargo en IEnova cuando la subsidiaria sufría pérdidas millonarias por la caída en los precios de la electricidad y del gas natural. Pero de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Tania cabildeó como representante legal de las subsidiarias de Ienova, el ajuste de esos precios, lo que ayudó a casi duplicar los ingresos de la empresa, que subieron de U$613 millones en 2015 a U$1368 millones en 2018, de acuerdo con la revisión histórica de sus estados financieros anuales.

Las reglas de operación de la CRE son claras al estipular que deben “evitar hacer uso de sus funciones como Consejeros para beneficio personal o de agentes externos” a este órgano, el cual tiene por objeto analizar los criterios de regulación energética expedidos por la Comisión. A pesar de esto Tania Ortíz, mientras hacía parte del Consejo que vigilaba el ejercicio de estas atribuciones, gestionó ante la CRE los ajustes de los precios anuales de gas que beneficiaron a los gasoductos de Sempra Energy en México. Por ejemplo, en diciembre de 2015, la CRE aprobó la actualización de nuevas tarifas al Gasoducto de Aguaprieta, empresa de IEnova, a través de la cual firmó el contrato del Gasoducto Sonora.

Esta práctica, denominada por la Secretaría de la Función Pública como conflicto de intereses, pasó por alto tanto para el Gobierno de Peña Nieto como para la nueva gestión de López Obrador. Este último, incluso, contrató a la prima de Tania Ortiz, Josefa González Blanco Ortiz Mena, como ministra de Medio Ambiente de México, quien fue exhibida por diversas fracciones parlamentarias por cometer conflicto de interés.

Sin embargo, en público, el presidente López Obrador ha denunciado acciones como el de Sempra Energy y Tania Ortíz: “¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un ex funcionario, en este caso del sector energético, donde opera la empresa?, eso es totalmente inmoral”, dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina el 11 de febrero de este año 2019 y, también dijo que se implementaría una ley para que los funcionarios aguarden un tiempo antes de laborar para una empresa privada del mismo ramo.

El conflicto de interés no es un delito en México, pero podría ser catalogado como un acto de corrupción. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública de este país, “un conflicto de interés surge cuando una persona puede tener la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales. Es decir, un conflicto de interés tiene el potencial de volverse un acto de corrupción”.

La CRE atiende asuntos de petróleo, gas natural, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticas. Pero también es regulador del gas natural, tanto en precio como para nuevas instalaciones, operación, mantenimiento y seguridad privada en todas las actividades excepto en la producción. También colabora con otras unidades administrativas para la expedición de los modelos de contratos, así como con las bases de las licitaciones.

Una de las diversas gestiones y acciones en las que participó Tania Ortíz fue su participación en la licitación para construir el gasoducto de San Isidro-Samayuca. Ella firmó la adjudicación del contrato el 20 de julio de 2015 como representante legal justo tres meses después de haber asumido su cargo en la CRE. Asimismo, en febrero de 2016, gestionó ante la Agencia de Medio Ambiente una autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del gasoducto Rosarito, otro proyecto controvertido de Sempra. Los permisos también fueron aprobados por la CRE.

Mientras trabajaba al mismo tiempo para IEnova y la CRE, Tania Ortíz presidió la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), órgano que reúne a más de 80 empresas, nacionales y extranjeras, que desarrollan actividades del sector gas natural. En una conferencia que dio en julio de 2016 como parte de la AMGN, dijo que “debido a una sobreoferta de gas natural a bajos costos de Estados Unidos a raíz de la producción de gas shale, México le apostó a construir esta red de gasoductos. Todos esos excedentes de producción de gas que estamos viendo en EEUU, que son los que están presionando los precios tan bajos, todo ese gas lo estamos trayendo a México”, expresó.

Quizás por todos estos motivos, el FBI en 2011 abrió una investigación por sobornos provenientes de Sempra para funcionarios mexicanos para autorizar la instalación del gasoducto Costa Azul en Ensenada Baja California. En esta investigación salieron a relucir como voceros de la empresa, Tania Ortiz Mena y Carlos Ruiz Sacristán, dos de los funcionarios que usaron la puerta giratoria.

La reforma energética de Peña Nieto fue el momento clave para que Sempra Energy pudiera mover sus piezas en sectores estratégicos. Sus activos se cuadruplicaron desde 2012 hasta la actualidad: empezó con U$2500 millones y en 2018 registró U$ 8769 millones, de acuerdo con sus reportes financieros anuales.

Junto con BlackRock y Trafigura, las adquisiciones después de la reforma energética posicionaron a Sempra Energy como una de las empresas privadas de energía más grandes de México.

El Gasoducto Sonora es emblemático para la transnacional estadounidense Sempra Energy, porque era el proyecto con la que abría su nueva etapa de inversiones en México en 2013. Pero es, también, el proyecto con el que cierra con el pie izquierdo este año: fue demandado en las cortes internacionales para revisión de su millonario contrato gasífero y, además, tendrán que enfrentarse a una fuerte resistencia de los pueblos Yaqui para retomar las obras, donde la empresa ya ha sido denunciada por la violación de los derechos humanos.

La comunidad de Loma de Bacúm tiene en la memoria las fechas que les han marcado la vida y no la olvidan. El contrato se formalizó el 1º de noviembre del año 2012 y las obras de construcción comenzaron en el año 2013. Pero la empresa pasó por alto la información previa de impacto ambiental (para determinar los posibles riesgos) y la falta de una consulta indígena hacia los ocho pueblos que componen la Tribu Yaqui, ambas exigencias figuran en el contrato firmado con el Estado.

Los Yaquis de este pueblo presumen que el gasoducto, que se encuentra a pocos metros de la comunidad, es un riesgo para ellos por los posibles accidentes que pudieran ocurrir. Es un conflicto que está latente aquí para cada uno de los habitantes. Las placas de IEnova y los tubos decomisados por la autoridad tradicional, que se encuentran arrumbados en la comunidad, más que un símbolo de desarrollo, como les han prometido, para ellos es la imagen “de una tragedia para toda la Tribu”, dice Martín Valencia Cruz, secretario de Loma de Bacúm.

La justicia de Sonora le dio la razón al pueblo de Loma de Bacúm: suspendió la obra en junio de 2017 y ordenó el retiro de los tubos del territorio indígena. Pero la empresa IEnova (subsidiaria de Sempra) desacató la orden y continuó con la obra. Entonces, los Yaquis de Loma de Bacúm detuvieron la construcción con sus propias manos. La empresa, junto con representantes de la CFE, los acusó de ser un “grupo criminal” que llevó a cabo actos de “vandalismo”, de acuerdo con su comunicado emitido en agosto de este mismo año.

En la misma época, René Juárez Cisneros, subdirector de la Secretaría de Gobernación de Enrique Peña Nieto, le dijo a las autoridades de Loma de Bácum: “Por las buenas, ustedes reciben todos los beneficios que pidan y, por las malas, mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.

A partir de ese momento las condiciones en la comunidad de Loma de Bácum cambiaron muy rápidamente. Un grupo de choque fue creado dentro de la misma comunidad, según los indígenas, pagados por la misma empresa y con respaldado de los cuerpos de seguridad pública estatal y federal. El objetivo de este grupo armado era irrumpir internamente para reemplazar a la autoridad tradicional, que estaba en contra de la construcción del gasoducto, e intentar imponer otro grupo de personas que pudieran dar continuidad al proyecto.

Fue el 21 de octubre de 2016 cuando “un grupo armado irrumpió en la comunidad que buscaba imponer a otra autoridad tradicional para continuar con el gasoducto”, denuncia el secretario de Loma de Bacum, Martin Valencia. Esta acción dejó como saldo tres muertos, dos heridos y 12 vehículos incendiados en el cual se transportaban este grupo de choque.

Dos meses más tarde , el 13 de diciembre, fue secuestrada por un grupo armado la abogada María Anabela Carlón Flores, indígena Yaqui de la comunidad de Loma de Bácum, junto a su pareja Isabel Lugo Molina. “Fue la Policía Estatal Investigadora del gobierno de Sonora”, asegura la activista, quien hizo la denuncia ante el Ministerio Público (MP).

La violencia ejercida contra la comunidad Yaqui apareció meses después en el informe anual de 2017 de la empresa IEnova, que argumentó que las operaciones del gasoducto se habían interrumpido por “causas de fuerza mayor”. Por consecuencia, la compañía había “iniciado una serie de acciones con las autoridades gubernamentales relevantes, con el objeto de restablecer las operaciones”, afirma el documento.

Pero el proyecto finalmente quedó inconcluso. De acuerdo con la abogada Miriam Grunstein Dickter, especialista técnica y jurídica en materia energética, el retraso en la construcción del gasoducto en este caso se debe a un mal manejo de la “tenencia de la tierra tanto del Gobierno como de la empresa. Porque los dos se confiaron de que no era necesaria la consulta indígena (Previa Libre e Informada). El Gobierno no hizo bien las cosas al no realizar la consulta pública en su debido momento y la empresa debió de ser más diligente”, argumenta la abogada.

Primero, el Gobierno y la empresa omitieron informar a estos pueblos sobre posibles accidentes o daños ambientales. Pero finalmente después intentaron realizar la consulta. Las comunidades fueron divididas en dos bloques durante las negociaciones y les anunciaron a las autoridades que recibirían, por cada pueblo, 7 millones de pesos por el concepto de arrendamiento de sus tierras y por el derecho de vía por donde atraviesa el ducto por un periodo de 30 años.

“Hicimos los cálculos del dinero ofrecido y era un peso por año por cada hectárea de nuestro territorio. Los contratos dicen que con este pago ya no podemos molestar a la empresa, incluso pueden vender el gasoducto, porque les pertenece”, expresa con mucha rabia la abogada Anabela Carlón.

También la empresa habría repartido, aseguran los Yaquis, pequeñas sumas de dinero de forma individual a las personas de los pueblos de la tribu para obtener su respaldo, pero no todas aceptaron. “Los montos eran de 500 y 1000 pesos, todo para que la gente hablara a favor del gasoducto”, agrega Carlón. En total, los pueblos recibirían 60 millones de pesos, según consta en la minuta del acta de “acuerdos derivados de la consulta”, fechado el 26 de noviembre de 2015.

Además de firmar este documento las autoridades Yaquis, algunas de las cuales no saben leer, también tuvieron que firmar con IEnova (Sempra Energy) un contrato de “Servidumbre Voluntaria, Continua y Aparente de Paso”. Según este documento, en base a los resultados de la consulta, las partes acordaron que: “La Tribu en este acto constituye y otorga de manera exclusiva, a favor de la empresa Gasoducto de Aguaprieta (filial de Ienova), un gravamen real de servidumbre voluntaria de paso, continua y aparente, sobre una fracción ubicada dentro del territorio Yaqui que comprende una superficie total de 1,826,634.072 m2. (...) y concede la procesión, el uso y el disfrute de la misma”.

Pero Loma de Bácum fue el único de los ocho pueblos que no quiso firmar. Y eso era un problema para la empresa porque para que estos documentos tuvieran validez tenían que firmar los ocho pueblos que componen la Tribu Yaqui. Entonces, los técnicos y asesores de la empresa y de la Secretaría de Energía decidieron eliminar el apartado del título “Tribu Yaqui” en la minuta del año 2014 para “no generar polémica en el tema”, según establecen las relatorías para la realización de la consulta. De acuerdo con las autoridades de Loma de Bácum la empresa les quiso ofrecer el doble del dinero, pero también lo rechazaron.

Pero el freno del gasoducto de Sonora no le impidió a Sempra cobrar millones por parte del Estado, al alegar que se trata de un “sabotaje”. Este conflicto llegó hasta los tribunales internacionales, donde Sempra ha sido emplazada para renegociar el contrato. Una de las exigencias del Gobierno mexicano es que reembolse U$842 millones por los pagos que ha recibido por la fracción del Gasoducto Sonora, Guaymas-El Oro, como cargos fijos y causas de Fuerza Mayor, aprobado por la CRE. Pero además tendrá que retomar la construcción del ducto, labor que no va a estar fácil, pues los Yaquis de Loma de Bacúm están dispuestos a todo por defender su territorio.

El pueblo de Loma de Bacúm se ha enterado que la empresa y el gobierno actual tienen la intención de retomar el proyecto y se han activado las alertas al máximo. Realizan recorridos a lo largo del ducto y están atentos a cualquier tipo de persona extraña que ingresa a la comunidad. Hasta hacen vigilancia aérea con un dron.

Todo puede suceder en los próximos días para que la empresa retome el proyecto. Los habitantes de la zona todavía recuerdan que el proceso ya dejó desde 2012 tres muertos y un preso político, Fidencio Aldama Pérez, quien espera una amnistía por parte del gobierno para ser liberado. “Estamos organizados y dispuestos a defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias. Si aquí corre sangre, el responsable será Sempra Energy y el Gobierno”, advierte el secretario de esta comunidad.