A espaldas de las comunidades, por tercera vez intentan imponer proyecto carretero en Oaxaca

^{por Nnaxy Ruiz}

Durante casi 15 años, distintos gobiernos han intentado imponer un proyecto carretero en el sur de los Valles de Oaxaca, encontrando fuerte resistencia de las comunidades de la región. Hoy, entre opacidad y falta de información, el proyecto resurge en el contexto del Programa de Reordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Comunidades agrarias de la región que se verían afectadas por el proyecto se preparan, por tercera vez, para impedir su imposición.

El proyecto carretero que hoy se presenta como Corredor Vial Binnizá o Corredor Zapoteco fue concebido originalmente en el año 2009 por el gobierno del estado de Oaxaca, durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, entonces fue llamado Libramiento Sur y consistía en una carretera de poco más de 70 kilómetros que rodearía la ciudad de Oaxaca por el sur, para conectar la autopista Cuacnolapan-Oaxaca con las carreteras que llevan a la costa oaxaqueña y el Istmo de Tehuantepec. El trazo original del proyecto iniciaba en Guadalupe Etla, y terminaba en Teotitlán del Valle, atravesando poco más de diez municipios de los Valles Centrales.

En su momento, voces críticas al proyecto denunciaron que el fin de la obra era facilitar la expansión minera en los Valles Centrales de Oaxaca, que había tomado fuerza a partir de 2006. Las comunidades de la región también advirtieron en su momento que el proyecto carretero afectaría una gran cantidad de tierras de cultivo, y aunado a las preocupaciones por el impacto ambiental que provocaría la obra, conformaron en 2010, el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio de los Valles Centrales de Oaxaca, proceso organizativo que meses más tarde logró detener el avance del proyecto. 

Diez años después, en 2020, en el contexto de la pandemia por covid-19, el gobierno estatal, ahora encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, revivió el proyecto presentando avances en los permisos ambientales para la realización de la obra. Entre ellos, hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental ya aprobada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En este segundo proyecto, el trazo de la carretera fue modificado, ahora iniciando en Soledad Etla y culminando en San Jerónimo Tlacochahuaya, y pasando por 18 ejidos y comunidades agrarias, en un total de 67.5 kilómetros. De igual manera, la construcción se dividió en dos etapas, la primera del inicio hasta encontrarse con la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, y la segunda desde este entronque hasta el inicio de la carretera Oaxaca-Tehuantepec. La carretera tendría seis entronques, y se compone de cuatro carriles, requiriendo 60 metros de derecho de vía.

Para esta nueva versión del proyecto, de acuerdo a la MIA, la inversión necesaria total rebasaba los 950 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) un presupuesto de 400 millones de pesos para la primera etapa de construcción. 

En el documento Análisis crítico del proyecto de Libramiento Sur de Oaxaca, de 2021, investigadoras del Instituto de Ecología de la UNAM afirman que la MIA del Libramiento Sur fue realizada sin consulta pública ambiental y sin consulta previa a las comunidades originarias afectadas, y concluyen que el documento fue realizado con numerosas omisiones, errores en el procedimiento, y en general de forma no apegada a las normas correspondientes para este tipo de evaluación. Entre otras cosas, la MIA del Libramiento Sur afirma que no existe una cantidad de población indígena relevante para ser considerada a lo largo del trazo del proyecto carretero.

En el informe las expertas determinaron que el libramiento atenta contra el entorno ecológico de la región, al perturbar el paisaje de vegetación secundaria y tierras de cultivo de la región, siendo estas últimas fundamentales para la polinización, el control de plagas y la disponibilidad de agua y suelo de buena calidad. 

El informe también determinó que el proyecto pone en riesgo las formas de subsistencia de las comunidades de la región, al atravesar al menos 240 hectáreas de tierras agrícolas, y modificando y obstaculizando escurrimientos de agua fundamentales para el abastecimiento de tierras de agricultura de riego, así como modificando “la red de caminos rurales necesarios para el trabajo agrícola y la comercialización local de sus productos”.

Advierten las autoras del informe que la construcción de una carretera con estas características en la región también implica consecuencias negativas para la propiedad social de la tierra como el crecimiento de la urbanización, el acaparamiento de tierras, la lotificación y la especulación. 

Por todas estas razones, las expertas determinaron en su momento que el proyecto del Libramiento Sur no era pertinente ni sustentable. En 2021, las comunidades afectadas tuvieron que organizarse para resistir al proyecto, que de nuevo detuvo su avance temporalmente.

La primavera oaxaqueña revive el proyecto

La construcción del Libramiento Sur ha estado presente desde el inicio de la administración actual del gobierno del estado de Oaxaca, que inició al final de 2022. El proyecto es mencionado en el Plan de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2022-2028, donde uno de los lineamientos estratégicos establece “activar el intercambio comercial y el desplazamiento eficiente de mercancías, a través de la construcción, ampliación, modernización y mantenimiento del Corredor Oaxaca-Puebla-Ciudad Hidalgo, con la construcción del Libramiento Sur de Oaxaca, la conclusión de la autopista Mitla-Tehuantepec y la modernización de la Carretera Federal MEX 190 en el tramo La Ventosa-San Pedro Tapanatepec”.

De igual manera, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Oaxaca, publicado en 2024, contempla al Libramiento Sur dentro de la cartera de proyectos a realizar y estima una inversión de cinco mil millones de pesos para su realización en el mismo formato que el proyecto anterior, conjuntando presupuesto federal y estatal. 

El proyecto fue presentado de nuevo a finales de 2024 rebautizado con el nombre de Corredor Vial Zapoteca, como uno de los Proyectos Estratégicos dentro del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Existe poca información oficial disponible sobre las características del proyecto actual, por lo que aún no se sabe con claridad si se mantendrá el trazo exacto de la carretera, contenido en la MIA publicada en 2019.

Sin embargo, aunque el proyecto cambió de nombre en la narrativa oficial, aparece con las mismas claves de identificación, que el proyecto de 2021, en los documentos oficiales de Fonadin y de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca (Sinfra). De igual manera, en las declaraciones públicas, en 2024, del entonces titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra, menciona los mismos puntos de origen y término del trazo original, así como el largo de la carretera, es decir, 67.5 kilómetros. 

De acuerdo a la ficha de la obra en la plataforma del Fonadin, el 3 de agosto de 2023 se formalizó un Convenio de Subrogación de Derechos y Obligaciones, mediante el cual el gobierno del estado de Oaxaca dejó de ser promotor del proyecto y este pasó a ser promovido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del gobierno federal.

Expropiación sin pedir permiso

La Auditoría de Desempeño 2023, de la Auditoria Superior de la Federación (AFS), realizada a SICT en relación a liberación del derecho de vía para infraestructura carretera, menciona al Libramiento Sur como uno de los proyectos carreteros para los que la secretaria realizó gestiones para la obtención del derecho de vía mediante expropiación “sin que para estos se acreditaran solicitudes al INPI [Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas] para determinar la existencia o inexistencia de comunidades indígenas”.

De acuerdo a la auditoría, desde 2023 esta dependencia realizó el trámite ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para emitir un dictamen valuatorio para obtener el derecho de vía correspondiente para el proyecto carretero en cuestión a través de expropiación, sin considerar a los pueblos originarios poseedores de los territorios afectados por el proyecto.

La Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca incluyó en su listado de proyectos de inversión pública de ejercicios anteriores incorporados en 2026, dos proyectos que incluyen trabajos de gestión y asesoría legal y técnica para la liberación de derecho de vía del proyecto carretero, con recursos autorizados del gobierno federal de tres millones y medio, y cerca de medio millón de pesos, respectivamente.

Otro indicio del avance de la obra es que el gobierno ha iniciado las negociaciones sobre el derecho de vía con algunos actores de la región, de nuevo de forma poco clara. En una asamblea realizada el pasado 8 de julio entre autoridades de nueve núcleos agrarios que se encuentran en el paso del proyecto carretero, representantes agrarios denunciaron que en los meses pasados han llegado a las comunidades funcionarios de la Delegación de Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes operan como promotores del proyecto carretero, buscando entablar diálogo con autoridades municipales y pobladores.

En la asamblea, autoridades de los ejidos y comunidades denunciaron también que estos representantes del gobierno del estado han tenido acercamientos por diversas vías con presidentes municipales buscando obtener su respaldo a través de beneficios políticos o personales, a espaldas de las autoridades agrarias de estos territorios originarios.

En este sentido denunciaron que el actuar de las autoridades ha empezado a producir conflictos en las comunidades y cabildos que atravesaría el proyecto carretero en cuestión y que, además, hasta la fecha no se ha presentado a las comunidades la información técnica, económica y ambiental del proyecto.

El 22 de junio pasado, el presidente municipal de Zimatlán de Álvarez, Javier Barroso Sánchez publicó en sus redes sociales un video, reproducido por medios de comunicación locales, donde invitaba a pobladores de este municipio a participar en una consulta ciudadana el domingo siguiente, 5 de julio, con el objetivo de decidir la aceptación o rechazo del municipio al proyecto Corredor Vial Binnizá.

Ante esta convocatoria, en los siguientes días el Comisariado Ejidal de Zimatlán expresó, a través de un comunicado, su inconformidad con la realización de esta consulta, y denunció que no se ha considerado a las autoridades agrarias del ejido en el diálogo con el gobierno, y que no se les ha proporcionado información sobre el proyecto, el trazo de la carretera y los terrenos que afectaría.

Comunicados similares, rechazando el proyecto y denunciando el actuar irregular del gobierno estatal,  han sido publicados por autoridades agrarias de la región, entre ellas, Santa Ana Zegache, Santa Catarina Quiaine y Santa María Zaachila. 

Abrir camino al Capital

Como en el pasado, la administración actual del gobierno del estado de Oaxaca insiste en presentar el proyecto como una solución para disminuir la carga vehicular en la capital del Estado, así como una manera de promover la actividad turística. Sin embargo, desde los orígenes de este proyecto carretero, comunidades y organizaciones opositoras a él han llamado la atención sobre su relación con otros proyectos de despojo en los territorios de los pueblos de Oaxaca.

En el documento Análisis crítico del proyecto de Libramiento Sur de Oaxaca, realizado en 2021 por investigadoras del Instituto de Ecología de la UNAM, se afirma que este proyecto carretero responde a la actividad de la extracción minera en la zonas que busca conectar, siendo parte de un proyecto regional para el que se requiere infraestructura para transportar materias primas y mercancías. 

En este sentido, el Corredor Vial Zapoteca conectaría, por ejemplo, a la Minera Cuzcatlán, ubicada en San José del Progreso, con las principales autopistas que atraviesan el estado de Oaxaca, conectándola de forma más directa tanto con la Ciudad de México como con el Corredor Interocéanico y los proyectos que lo componen. Además, y aunque el mapa minero ha cambiado en los últimos años, aun existe un gran número de concesiones mineras vigentes tanto en el Valle de Ocotlán como en el Valle de Tlacolula, regiones que atravesaría el proyecto carretero. 

“El libramiento es, en realidad, parte de un proyecto regional extractivista mucho más amplio que requiere transportar y sacar del país de manera eficiente productos específicos (de las minas y de los parques industriales). La extracción y comercialización de minerales requieren de su movilización eficiente hacia puntos históricamente estratégicos de comercio y salida de mercancías, como es el corredor transístmico, al cual se conectaría el libramiento”, advirtió desde 2021 el Análisis crítico del proyecto de Libramiento Sur de Oaxaca. 

Comunidades se preparan para resistir

Como señalaron en el acta de la asamblea realizada el pasado 8 de julio, las comunidades reunidas en el Frente de Ejidos y Comunidades Agrarias en Defensa del Territorio contra el Corredor Vial Zapoteco expresaron su rechazo al proyecto carretero y exigieron la participación de las comunidades indígenas y núcleos agrarios de la región en el diseño, planeación y evaluación del proyecto, así como la realización de la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho como condición mínima para entablar diálogo con el gobierno estatal. 

Las comunidades reunidas también rechazaron la injerencia del gobierno estatal dentro de sus comunidades a través del acercamiento a presidentes municipales como un intento de fragmentar la organización social y agraria en sus territorios. En ese mismo sentido rechazaron a la Delegación de Paz Social del Gobierno del Estado como interlocutor en esta problemática, y responsabilizaron a las autoridades municipales y estatales promotoras del proyecto de cualquier agresión a los integrantes de los Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales que han manifestado su rechazo al mismo. Por último, el Frente de Ejidos y Comunidades se declaró en asamblea permanente.