Foto de portada: Isabel Ortega
En días pasados, después de realizar una movilización en el centro de la ciudad, colectivos de personas buscadoras denunciaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado de Oaxaca por omisiones ilegales e injustas que vulneran los derechos humanos de las personas desaparecidas y no localizadas en el estado y sus familias.
A través de un comunicado, en voz de Marta Pablo, madre buscadora integrante de Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C., colectivos y organizaciones de derechos humanos reclamaron que desde hace más de un año esperan la aprobación de Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas, documento que fue entregado directamente a la titular de la Comisión, Michel Julián López, el 25 de diciembre de 2024.
Este Programa, contenido en la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca (2019), fue desarrollado por el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, organismo integrado por representantes de los colectivos y personas con experiencia en la defensa de derechos humanos, y “tiene como objetivo primordial fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la eficacia en la localización de personas desaparecidas y asegurar que los procedimientos forenses y de investigación se desarrollen de acuerdo con los protocolos y métodos científicos que faciliten la localización de las personas desaparecidas y no localizadas”, afirman los colectivos en su comunicado.
En este sentido, este protocolo representa para las familias una herramienta fundamental frente a una serie de omisiones y torpezas que han denunciado constantemente, como la falta de coordinación interinstitucional y el deficiente acceso a la información que enfrentan las familias que buscan a sus familiares desaparecidos. Es por esta razón que las familias y colectivos afirman que el retraso en la implementación de este programa representa una grave violación a los derechos de las personas desaparecidas en el estado, así como a ellas en su calidad de víctimas indirectas.
Las organizaciones firmantes también declararon que han buscado, sin éxito, reunirse con el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, quien de acuerdo a la Ley en Materia de Desaparición de Personas es el presidente del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo que en la movilización también exigieron que se celebre de manera inmediata una reunión con las autoridades de este organismo.
Por último, las familias buscadoras reafirmaron su labor como impulsoras de cambios legislativos e institucionales encaminados a la localización de sus familiares y seres queridos: “No nos rendimos en la búsqueda, porque nuestro amor nos lleva a caminar caminos difíciles, alzar la voz, porque lo único que queremos es encontrar a nuestros seres queridos, y de esta manera luchamos y exigimos para que se cumpla de manera eficaz las leyes que nos ayuden a localizar a nuestros desaparecidos y desaparecidas”, afirmaron los colectivos.
Por su parte, en días pasados, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda dirigió una carta al gobernador del Estado de Oaxaca, así como al Congreso Estatal, donde manifestó que el retraso en la implementación del Programa Estatal de Búsqueda “puede constituir una forma de incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con el deber de garantizar el derecho a la búsqueda efectiva, el derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a participar en las políticas públicas que les afectan”.
En este sentido, el Consejo Nacional Ciudadano solicitó la publicación inmediata del Programa Estatal de Búsqueda, así como su implementación efectiva a partir de la participación de las familias de víctimas en todos los procesos.
A manera de respuesta a los cuestionamientos de los colectivos de familiares, la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Oaxaca respondió el pasado 13 de marzo, a través de un comunicado en sus redes sociales que “el Programa Estatal de Búsqueda se encuentra en proceso de construcción y fortalecimiento institucional”.
La indignación de los colectivos por el retraso en los procedimientos institucionales relacionados con la búsqueda de personas en el Estado surgen de una serie de dilaciones que han tenido que denunciar desde que se aprobara la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca en octubre de 2019, tras años de lucha de familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos. A partir de ese momento, cada paso en la implementación de los protocolos y mecanismos indicados por la Ley ha implicado la lucha y la exigencia de las familias buscadoras.
La Comisión Estatal de Búsqueda fue inaugurada formalmente en junio de 2021, siendo Oaxaca el último estado del país en contar con este órgano. De igual manera, la elección por parte del Congreso del Estado del Consejo Estatal Ciudadano sucedió hasta febrero 2024, y por último, la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados fue aprobada apenas el pasado 3 de marzo. Por último, al día de hoy, a más de seis años de que fuera aprobada la Ley, además del Programa Estatal de Búsqueda, está pendiente la publicación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
