En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau
La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.
En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.
Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.
En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.
A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.
Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.
Ecuador en estado de emergencia
De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.
En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).
En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).
La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.
A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.
El precio del oro y la seguridad nacional
La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.
Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.
La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.
En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.
En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.
El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.
En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.
