Keving Hernán Sánchez es un indígena zoque de San Miguel Chimalapas que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura. Pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo.

Keving es oriundo de Los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594 mil hectáreas: 460 mil de ellas en Santa María Chimalapa y 134 mil en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Datos del registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señalan que Los Chimalapas en la actualidad, “es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos, (germoplasma) de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales”. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cicadáceas Ceratozamia spp y palma Chamaedora spp.

Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso, los que están en riesgo de desaparecer como: las aves loro farinosa, faisán real, momoto carenado, águila solitaria, cigüeña de cabeza pelada , entre otras.

Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios ni han sido consultadas al respecto.

Un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas. Entre ellas, ácido sulfúrico, cianuro y otras. "Varias minas han reportado más de un derrame y todos son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina", señala el informe, titulado "Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México: un análisis de ecología política".

La minera que puso en alerta a Keving y que encendió las alarmas en Los Chimalapas, donde él vive, es la minera canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. Esta empresa, a través de su filial, la Minera Zalamera S.A de C.V., tiene el título de concesión número 225472 en el lote denominado “Jackita” que en 2020 comenzó los trámites para que le aprobaran una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le permite la perforación de pozos para extraer muestras, con motivo de exploración.

Keving y otros jóvenes se enteraron en 2020 de la existencia de este proyecto minero y, tras la sorpresa por el hallazgo incidental de esta información, porque ninguna autoridad de Gobierno les había informado al respecto, crearon el colectivo de investigación independiente denominado Matza (que en idioma zoque significa primera estrella de la mañana). “Fue así que investigamos de qué empresa se trataba, cuál era su dimensión y que los minerales que iban a explotar eran oro y plata”, afirma el indígena zoque.

Matza se encargó de informar a las comunidades de la región sobre la minera y lograron diversas movilizaciones de los pueblos en 2020, a través de las cuales hicieron ver al gobierno que no querían minería en sus tierras. “Porque de Los Chimalapas se desprenden diversos afluentes, de los cuales vivimos y vive la mayoría de comunidades de las partes bajas. Todo esto sería devastado y contaminado”, afirma Keving.

Al preguntarle al joven indígena cuál es el estatus de la concesión minera de la que se enteró, respondió que: “la Secretaría de Economía informó que no hay concesiones en Los Chimalapas y no había porqué preocuparse”.

Efectivamente, el director general de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, declaró en septiembre del 2020 que no existen concesiones dentro de esta región y que solo están “en trámite”, y también agregó que, con la dinámica que tiene el actual gobierno de no emitir más concesiones durante este mandato, “pues obviamente no se va a dar la concesión”, puntualizó el funcionario en el Palacio Nacional, durante su participación en una conferencia sobre programas para la reactivación económica.

“Entonces, hay que hablar con los compañeros zoques y decirles que no se preocupen, que no existe ahí ninguna concesión. Ninguna de las empresas tiene ningún derecho a sacar, explorar o cualquier cosa que tenga que ver con minería en esas comunidades”, agregó el funcionario de gobierno.

Sin embargo, para este reportaje se revisaron las bases de datos cartográficos de las concesiones mineras vigentes en 2022, que se le solicitaron a la Secretaría de Economía y se identificó que, en el área de Los Chimalapas, existen dos concesiones mineras vigentes conectadas en una misma área y que ambas suman más de 6 mil 500 hectáreas.

Las dos concesiones pertenecen a Minera Zalamera. Una de ellas está en el lote Reducción del mar del cobre, con título de concesión 246936, de casi 5 mil hectáreas, la cual fue expedida mientras los pueblos de Los Chimalapas se manifestaban el mismo mes de septiembre del 2020. La mitad de la concesión está en San Miguel Chimalapa y la otra mitad abarca el municipio de Santo Domingo Zanatepec.

La segunda concesión también abarca los dos municipios y está en el lote llamado Jackita. Tiene el título 225472, mide mil 500 hectáreas y es de la misma empresa.

Para corroborar dicha información se solicitó una entrevista con Eduardo Enrique Flores Magón y López, pero la respuesta de su secretaria, Gloria Carmona fue: “dijo que él no podía atender la llamada”. Y aunque el área de prensa, a cargo de Jesús Morales Martínez, quedó de responder la entrevista, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta alguna.

El colectivo Matza conoce la importancia que han cobrado sus territorios, porque por su riqueza natural contribuyen a limitar el aumento de la temperatura global. En cambio, “los proyectos mineros atentan contra la vida misma que no se limita a Los Chimalapas, sino que va más allá, porque conecta con el resto de Oaxaca y hasta Centroamérica, por lo que en este contexto de crisis climática, no podemos continuar ni permitir más depredación”, agrega Keving.

El integrante de Matza destaca que “la minera canadiense persiste; se han visto funcionarios en otras comunidades, a donde están llevando falsas promesas de salud, empleo y un discurso retórico engañoso. Incluso algunas personas que desconocen los impactos de la minería les creen y esto genera un rompimiento del tejido comunitario”, refiriéndose a las relaciones cotidianas que les permiten ser una comunidad que piensa y actúa colectivamente.

Viviana Herrera, coordinadora del Programa para América Latina de la organización no gubernamental (ONG) MiningWatch, con sede en Otawa, Canadá, indica que “las empresas incentivan la división de las comunidades para obtener respaldo de una parte y así se presentan ante sus inversionistas, como si nada pasara”.

Por ello, agrega Viviana, los impactos son “sociales, pero también ambientales y comienzan desde que corre el rumor de que existe una concesión, hasta el proceso de exploración y explotación”.

Viviana relata que MiningWatch ha dado seguimiento a los efectos negativos de las empresas mineras canadienses en Latinoamérica, por lo que puede asegurar que “las acciones de las empresas mineras se repiten en la región. Las empresas no informan, evaden cualquier responsabilidad de contaminación ambiental y muchas veces, al terminar la explotación, sólo abandonan la mina”.

De 422 concesiones mineras que la Secretaría de Economía tiene registradas para Oaxaca, 297 presentan alguna actividad hasta el año 2022, desde la mera especulación financiera en la bolsa de valores hasta la exploración o explotación de algún mineral. Las concesiones, que en conjunto suman casi medio millón de hectáreas, tienen una vigencia de 50 años con posibilidad de renovación de otros 50 años.

Erika Carbajal Morales al igual que Keving es indígena, pero del pueblo chontal. Ella ha tenido que enfrentarse a la misma empresa canadiense desde la vía legal, pues es abogada. Parte de los pueblos chontales habitan la cordillera de la sierra sur y, según la investigación llamada Oaxaca, el estado con mayor diversidad biológica y cultural de México, y sus productos rurales, gran parte de la riqueza en biodiversidad de Oaxaca se encuentra en esta región. “Los municipios ubicados en las sierras norte y sur de la entidad concentran la mayor riqueza y diversidad tanto biológica como cultural”, remarca el documento elaborado por Nación Multicultural, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pesar de lo anterior, la Minera Zalamera tiene en su poder la concesión número 238447, que abarca más de cinco mil hectáreas del territorio chontal, y el objetivo de la empresa es sustraer oro, plata, cobre, zinc y plomo, poniendo en riesgo directamente a siete comunidades chontales, advierte Erika.

La abogada, quien forma parte de la ONG Tequio Jurídico, rememora muy bien el año 2014, porque según cuenta, fue cuando se enteró de que existía una concesión minera en el territorio chontal. Ante la situación, esta ONG y las autoridades agrarias indígenas chontales iniciaron un proceso organizativo regional para investigar qué implicaba este proyecto. “De ahí derivó un sentido de preocupación al pensar que íbamos a desaparecer como pueblos, por los impactos al tejido comunitario y a sus ecosistemas”, cuenta Erika.

Dieciséis comunidades indígenas chontales iniciaron un proceso organizativo y de resistencia hasta conformar la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, “como una forma de defensa regional”, afirma la abogada.

Los pueblos chontales, al igual que el resto de pueblos indígenas en Oaxaca, mantienen la mayor parte de sus territorios como “bienes comunes” dice Erika y, por tanto, la propiedad privada casi no existe. Su máxima autoridad es la asamblea y en ella consensúan los principales acuerdos a los que se tienen que sujetar, “así que sus diversas formas de ejercer su autonomía y autodeterminación tienen que ser reconocidas legalmente en el país”, agrega Erika.

Por eso, se creó una estrategia legal que facilitó a los jóvenes de las comunidades, herramientas jurídicas basadas en el derecho a la libre determinación y autonomía, para que actualizaran sus estatutos comunales, sobre los cuales rigen sus formas de gobierno. De esta manera, dice Erika, “se estableció la prohibición de proyectos mineros en la región Chontal, y se logró que esta decisión fuera reconocida por el Registro Agrario Nacional (RAN)”.

El abogado Armando de la Cruz, también de Tequio Jurídico, asegura que “una vez que estos acuerdos son registrados en el RAN pueden ser utilizados como prueba y para la defensa de las comunidades. Y al ser una decisión tomada en su ejercicio de la autonomía y libre determinación, es un recurso al que pueden recurrir las demás comunidades”.

Los chontales también actualizaron sus padrones de comuneros -registro oficial del RAN de campesinos con derecho a la tierra comunal-, incluyendo la participación de las mujeres, algo que no sucedía anteriormente. Estas estrategias sirvieron para exigir ante los tribunales la suspensión de la concesión minera de la empresa Minera Zalamera en la región chontal.

Estos recursos fueron utilizados para interponer un amparo donde se demandó a 21 autoridades federales ante el juzgado 4º de distrito de Oaxaca, entre ellos, al presidente de la República, hasta el registrador de minería, por la emisión de la ley minera que no contempla derechos indígenas como la consulta. También se les demandó por haber emitido esta concesión minera, “sin haber informado ni consultado a las comunidades”, detalla el abogado Armando.

En febrero del año 2020, el juez 4º de distrito de Oaxaca concedió el amparo para todo el pueblo chontal, cuenta Erika, pero “el juez defendió la constitucionalidad y la legalidad de la ley minera, alegando que no violentaba los derechos humanos. Pero basándonos en hechos, esta ha sido demandada por varios pueblos en el país”, añade .

La disputa jurídica duró más de cinco años, siendo esta una escuela para las y los abogados que participaron en el caso. Y mientras se debatía la ley minera, “la minera desistió de la concesión de forma estratégica para evitar que el tema se tratará en la Corte [Suprema Corte de Justicia de la Nación] y se pudiera aplicar a otros casos, porque la empresa cuenta con más concesiones en territorio indígena, por tanto, ahí finalizó la acción legal”, dice Erika.

Ella también recuerda que las estrategias implementadas fueron cruciales para lograr que la minera desistiera de la concesión, sin embargo, la minera y las instancias de gobierno, principalmente la Secretaría de Economía litigaban con todos los recursos posibles para derribar la lucha jurídica de estos pueblos y a favor de la minera.

Se alegaron al menos cinco derechos fundamentales ante los tribunales. “1) El derecho al territorio; 2) el derecho a la autonomía; 3) el derecho a la autodeterminación; 4) el derecho agrario que tiene que ver con el sistema colectivo social de la tenencia de la tierra, porque todas son comunidades agrarias; 5) el derecho a la consulta e integridad territorial que está sustentado en el convenio 169 de la OIT”, puntualiza el abogado Armando.

Revisando las bases de datos de las concesiones vigentes se identificó que esta empresa de capital canadiense cuenta con 15 concesiones vigentes y en ninguna ha consultado ni informado a las comunidades originarias de las actividades que pretende realizar. De ellas, 11 están en el estado de Oaxaca, en territorio indígena; dos en Guerrero; una en Puebla y una más en Morelos que, en total, suman 46 mil 952 hectáreas.

Minera Zalamera no cuenta con un sitio web o un canal para establecer comunicación con ellos en México. Por tanto, se direccionó una entrevista con su matriz, Minaurum Gold Inc, y hasta el cierre de este reportaje no han contestado.

“Tanto en el caso de Los Chimalapas como en el de la región indígena Chontal fue notoria la falta de información previa y la consulta a los pueblos originarios, como lo marca el Convenio 169 de la OIT, bajo el argumento de que la Ley de Minería no establece un proceso de consulta”, relata la abogada Erika.

Incluso, asevera el abogado Armando, en el proceso jurídico contra la Minera Zalamera, las instancias de gobierno litigaron a favor de esta y argumentaron que “no estaban obligados a consultar, porque no estaba estipulado en la ley”.

Sin embargo, debido a que México es signatario del citado Convenio 169 de la OIT, este derecho puede ser exigido por las comunidades, aunque “es una obligación del Estado consultarlos y si eso no se hace, efectivamente, las concesiones son ilegales, porque no se está aplicando la legislación internacional, que está por encima de la constitución mexicana en términos de la protección del territorio de los pueblos indígenas”, afirma Armando.

El abogado indígena mixteco Francisco López Bárcenas también sostiene que las concesiones emitidas en territorios indígenas son un precedente de la ilegalidad por falta de consulta e información previa. Ejemplo de ello afirma, “todos los juicios que se han presentado contra este tipo de concesiones se han ganado, eso significa que los pueblos tienen la razón”, en el sentido de exigencia de sus derechos como pueblos argumenta el abogado.

Aunque la ley mexicana considera el subsuelo -donde se efectúa la explotación minera- de una forma y, a la superficie -donde habitan los pueblos originarios- de otra, el abogado Francisco explica que no se puede tratar de esta manera, sobre todo, cuando se refiere al derecho indígena. Él pone como ejemplo el flujo del agua, la cual es considerada parte del territorio de los pueblos. “El agua permea todas las actividades de los pueblos y, no importa que su flujo sea subterráneo o se dé en la superficie, cuando se afectan estos flujos, se atenta contra la existencia de los pueblos y sus ecosistemas”, afirma.

Francisco, quien también ha sido jurista, arremete contra la Ley Minera mexicana asegurando que es servil para las empresas, “porque exonera a las mineras del pago de impuestos y ofrece libre circulación en el margen de sus concesiones y fuera de ellas, de tal modo que, la ley minera actual parece más un pliego petitorio del sector minero hecha ley”.

Técnicamente se supone que las empresas mineras deben pagar impuestos federales, aunque en realidad esto se complica por la falta de transparencia en cuanto a sus actividades. Las tasas de impuestos y los volúmenes de extracción no es información pública, ya que es considerado por la ley “con carácter confidencial”. Por ello, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, denunció en el Congreso de la Unión el pasado mes de septiembre 2022 que, “es necesaria la publicación de los estados económicos de las empresas mineras, en aras de promover la rendición de cuentas hacia el Estado, la sociedad y las comunidades en las cuales operan”.

Mientras que el gobierno se vanagloria de los frutos económicos de este sector minero-metalúrgico al incentivarlos, sosteniendo en sus cifras que contribuye con el 2.05 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB). Hasta 2022, según la información solicitada a la Secretaría de Economía, hay más de 24 mil 126 concesiones vigentes en todo el territorio mexicano que juntas abarcan la exorbitante dimensión de 16 millones 690 mil hectáreas.

El Artículo 6º de la Ley Minera, establece que esta actividad es preferente, porque no paga impuestos ni estatales, ni municipales. Eso, según el abogado Francisco, implica que no les pueden cobrar por caminos, por agua potable y otros servicios. Además, “no hay fiscalización ambiental”, esto significa, añade, “que los indígenas y el medio ambiente son inferiores a la ley minera. Aquí es donde reside la ilegalidad en relación a los convenios internacionales en materia de derechos indígenas”.

La abogada Erika reflexiona que la biodiversidad en Oaxaca no es casualidad, según ella, tiene que ver con la “posesión colectiva de la tierra en manos de diversos pueblos indígenas que se rigen por sus usos y costumbres”, además, “por el respeto que la mayoría de estos pueblos tiene hacia la naturaleza”.

También enfatiza Erika que en México existen tres tipos de propiedad de la tierra: 1) la propiedad pública, perteneciente al Estado; 2) la propiedad social donde confluyen las tierras comunales y ejidales; 3) la propiedad privada.

De acuerdo con el RAN, casi el 80 por ciento del territorio oaxaqueño es de propiedad social. A la par, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha certificado 176 zonas bajo el Programa de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación en Oaxaca. En total son 453 áreas en todo el territorio mexicano.

Pareciera ser que estas áreas podrían estar a salvo, no obstante, de acuerdo con el cruce de de datos que se hizo de las concesiones mineras vigentes en Oaxaca y la información cartográfica de las áreas protegidas voluntariamente, así como las áreas federales y zonas prioritarias para la conservación en esta entidad, se pudo comprobar que existen concesiones dentro de estas zonas, las cuales, en total, suman más de 70 mil hectáreas de bosque.

En las Áreas Naturales Protegidas delimitadas de ámbito federal, como El Boquerón de Tonalá hay una concesión vigente con título número 237082. La misma suerte corre la Reserva de la Biosfera Tehuacán - Cuicatlán, un área distribuida entre el estado de Oaxaca y Puebla, en la que se localizan ocho concesiones vigentes del lado de Puebla y una del lado de Oaxaca.

Peor aún, existen concesiones vigentes dentro de lo que la CONANP considera como “Regiones Prioritarias para su conservación”, como el caso de la región Pacífico Tropical que lleva por nombre Río Verde-Laguna de Chacahua donde se encuentran al menos seis concesiones que juntas abarcan una superficie de casi 50 mil hectáreas. Y en la cuenca media y alta del río Coatzacoalcos hay vigentes tres concesiones más.

La abogada Erika remarca que el desconocimiento es la norma y es algo que impide a los pueblos disputar sus derechos ante los tribunales. Ellos ignoran la existencia de estas concesiones (en esas áreas), el tipo de mineral que se va a explotar, la dimensión de los impactos o el nombre de las empresas”.

El Estado mexicano promueve, por una parte, la conservación de bosques en comunidades indígenas, con programas que los incentivan a que donen o cedan voluntariamente parte de sus territorios para convertirlas en áreas protegidas. Por otra, les oculta información de concesiones mineras que ha emitido en estas áreas. Incluso, el Reglamento de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Protegidas, (Artículo 81, 87, 94), establece que en estas zonas sólo se podrán realizar aprovechamientos de recursos que beneficien a los pobladores que ahí habiten y que no afecten significativamente el equilibrio hidrológico del área o ecosistemas de relevancia.

Contrario a ello, esta ley no prohíbe del todo la actividad minera, permite la exploración o explotación, siempre y cuando cumpla con las autorizaciones de la CONANP y con la Manifestación de Impacto Ambiental del lugar que van a explotar.

Todo este embrollo juridico lo desconocen los pueblos. La propia Ley Minera en la fracción IX del artículo 7 es tajante al señalar que, exclusivamente “es atribución de la Secretaría de Economía solicitar y recibir, con carácter confidencial, información -de las empresas mineras- sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas”.

El abogado Francisco señala: “lo que pagan las empresas por una concesión es irrisorio; es entre cinco pesos (0.26 centavos de dólar) hasta 114 pesos (5.86 USD) semestralmente por hectárea. México es el único país de Latinoamérica que entrega concesiones por hectárea al mismo precio sin importar el tipo de mineral a explotar, puede ser oro, litio o arena”, además, no hay una fiscalización por parte del gobierno para saber las cantidades que extrae cada empresa, así que se benefician del 100% extraído.

Andrés López Obrador, el actual presidente de México, desde que asumió el poder, dijo que no emitirían nuevas concesiones. Incluso, en la respuesta a la solicitud de información que se realizó a la Secretaría de Economía, reafirma esta postura.

Sin embargo, en el cruce de las bases de datos que se realizó para este reportaje se pudo identificar que, entre los años 2019 y 2021, se han emitido al menos 163 nuevas concesiones en el país, para empresas que ya cuentan con otras concesiones, sumando una dimensión de 399 mil 912 hectáreas. De ellas, 13 están en Oaxaca. Nueve de ellas fueron emitidas para la empresa Don David Gold México S.A de C.V. filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC), una de las empresas que ya tiene en su poder, solo en Oaxaca, más de 50 mil hectáreas.

Don David Gold es una de dos empresas que actualmente explotan oro y plata en Oaxaca. En la investigación llamada Oaxaca: Minería podría agudizar sequía en pleno pico de pandemia, se documentó que tiene dos proyectos en explotación: El Águila y Alta Gracia, las cuales están en función desde 2010 y 2017, respectivamente y, que por día extraen conjuntamente casi dos millones de kilos de mineral, equivalente a unos 40 mil sacos de cemento.

La investigación reportó que la empresa no tiene un registro público donde informe la cantidad de agua que usa diariamente. No obstante, revisando información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta empresa tiene una licencia para extraer hasta 150 mil metros cúbicos (150 millones de litros) de agua por año del río Grande-Tehuantepec, a través de la concesión 05OAX137811/22FSDA16.

En un informe que realizó Fundación Heinrich Boll, llamada Concesiones de agua para las mineras, destaca que la Secretaría de Economía no informa públicamente sobre los minerales que extraen las empresas y mucho menos informa sobre los recursos hídricos consumidos en los procesos de exploración, extracción y beneficio de minerales.

Al preguntarle a la abogada Erika si tenía conocimiento de las nuevas concesiones, ella se queda perpleja, “el nuevo gobierno dijo que no emitiría nuevas concesiones. Los pueblos indígenas tenemos que prepararnos aún más para la defensa del territorio”, concluye.

Mientras tanto, Keving, el indígena zoque, se muestra con mayor incertidumbre porque en su comunidad siguen sin tener mayor información sobre las dos concesiones que se han emitido en Los Chimalapas. “Es necesario buscar más información y continuar con la organización, porque vamos a defender Los Chimalapas. Tenemos que acercarnos a otros pueblos hermanos para la defensa del territorio, sino lo hacemos, pereceremos”, concluye.