Esta es la cuarta entrega de Desaparecer en la frontera sur de México, un trabajo de Avispa Mídia que da cuenta de la violencia que viven las comunidades y ciudades de la frontera de Chiapas con Guatemala, que forman parte de las rutas de trasiego en pugna por dos cárteles del crimen organizado.
En la primera parte, investigadoras y organizaciones explican cómo el crimen organizado se instaló en la geografía chiapaneca, en territorios que hoy se disputan con violencia desmesurada contra la población. En la segunda y tercera parte, las víctimas de desaparición y las comunidades narran el horror que viven por esta guerra, minimizada por el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador.
Los testimonios ahora nos llevan a la historia de Cassandra Isabel Arias Torres que fue desaparecida por un grupo armado el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, ubicado en la zona Centro de Chiapas.
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A partir de 2021, varios municipios de Chiapas comenzaron a percibir el incremento de la violencia e inseguridad, como ya fue reportado en esta serie. Además de las regiones limítrofes con Guatemala, en el centro de la entidad también incrementó la violencia.
El 17 de diciembre de 2022, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años de edad, estaba muy emocionada por la boda de su madre, Isabel Torres, tanto que le regaló el vestido y le ayudó con los preparativos del festejo que iniciaba a las 14h en el salón Tierra Bonita, ubicado en la cabecera municipal de Berriozábal.
Durante la celebración, Cassandra se encontraba en una mesa al fondo del salón con otros familiares y su novio, mientras Isabel, su madre, atendía a los invitados junto a su ahora esposo. Cuando comenzó a oscurecer, pidieron al encargado del recinto encender las luces pero nunca respondió al llamado, entonces decidieron continuar la fiesta sólo con las lámparas de interior.
Alrededor de las 20h un grupo armado irrumpió en el lugar. Descendieron de tres camionetas blancas y dijeron ser de la Fiscalía General del Estado (FGE), portaban chalecos con las insignias oficiales, estaban encapuchados y vestidos de negro de pies a cabeza.
Al ingresar al salón de fiestas, dijeron: “¡Todos abajo!’, los invitados y yo nos metimos debajo de la mesa y escuché que mi hija (Cassandra) gritaba desesperada para saber dónde estaba su hijo”, relató Isabel.
Con agresividad, los encapuchados arrebataron los teléfonos móviles y carteras a varios de los asistentes. En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Cassandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizó el festejo.
En cuanto el grupo armado se retiró, Isabel y su esposo fueron tras ellos en otro vehículo pero no pudieron alcanzarlos. Otro de los familiares se dirigió a la comandancia municipal, pero los policías estaban “escondidos” y dijeron que no podían hacer nada, que no era de su competencia.
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Casi dos horas más tarde y después de varias llamadas al 911, al lugar de los hechos llegaron algunos elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y algunos municipales. Cuando algunos de los asistentes daban detalles de lo sucedido a las autoridades se escucharon disparos afuera del salón.
“Les dije que fueran a ver, qué tal que ahí tenían a mi hija y se quedaron viendo entre ellos (policías y militares), pero nadie se movió. Al terminar de dar la declaración le preguntaron a mi esposo si íbamos a meter la denuncia, respondimos que sí y el policía nos preguntó si estábamos seguros de que ‘podríamos’ contra esa gente”, dijo Isabel.
De acuerdo a la familia de Cassandra, los uniformados se limitaron a grabar en video las declaraciones que dieron y “nunca nos dijeron para qué”.
Al siguiente día (18 de diciembre), el músico y el tío de Cassandra fueron liberados al oriente de Tuxtla Gutiérrez, municipio a 23 kilómetros de distancia de Berriozábal. Los encapuchados les advirtieron no acudir a las autoridades de lo contrario Cassandra sería asesinada.
Cuando Isabel recibió el mensaje entró en pánico, por lo que decidió no acudir a la autoridad e iniciar una búsqueda por su cuenta. Entre las primeras acciones, difundió en redes sociales la imagen de Cassandra; pero los días pasaron y no hubo noticias del paradero.
Información oculta
El alcalde de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, abanderado por Morena, se encargó de negar ante medios de comunicación la desaparición forzada de Cassandra y minimizó el hecho al decir que sólo se trató de una riña.
Pero el 10 de enero de 2023, con mucho temor y desesperación, Isabel acudió por primera vez a la Fiscalía en Tuxtla Gutiérrez para hacer la denuncia. Le sorprendió que el Ministerio Público tenía conocimiento del caso de Cassandra mucho antes de la declaración.
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Por meses, la única declaración que obró en la carpeta de investigación fue la de Isabel, pero después de varias protestas en las que exigió justicia, se integraron las declaraciones de su esposo, su padre y su hermano, quien fue privado de libertad junto con Cassandra.
De acuerdo con Isabel, falta el informe completo y actualizado de la geolocalización de los teléfonos móviles que se llevaron los encapuchados. Según datos de la FGE, algunos de los celulares siguen activos y han cambiado el chip en repetidas ocasiones.
A pesar de la evidencia, la Fiscalía se niega a realizar la búsqueda bajo el argumento de que las ubicaciones que se muestran son aproximadas. Ante esta incapacidad declarada por la propia Fiscalía, Isabel solicitó la renovación de la geolocalización y la intervención de expertos en tecnología.
“Cuando se actualice la geolocalización pediré que se haga la búsqueda en vida, porque tampoco quieren buscarla”. Isabel pidió, incluso, las imágenes del Centro de Atención y Vigilancia Permanente (CAVIP) que funciona con 47 cámaras colocadas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, donde desaparecieron a Cassandra.
Para que la investigación avance también se pidió la declaración del secretario de Seguridad Pública municipal, Germán Alegría Santos y de cuatro policías municipales que acudieron al salón de fiestas con las fuerzas federales; pero tampoco hay respuesta.
Las madres que resisten
En marzo de este año, Isabel acudió a las afueras de la Séptima Región Militar en Tuxtla Gutiérrez para interceptar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que visitó la entidad e instruyó a la Fiscalía investigar el caso. Pero los días pasaron y la justicia tampoco llegó.
Dos meses después, Isabel tuvo conocimiento de las acciones de protesta del colectivo de Madres en Resistencia, integrado en su mayoría por familias de víctimas de feminicidio, quienes no dudaron en brindar acompañamiento a Isabel Torres cuando lo solicitó.
Para finales del mismo mes, las madres se plantaron por más de una semana a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir hablar directamente con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández.
El plantón fue levantado por un compromiso hecho por el propio mandatario estatal que ordenó revisar minuciosamente los casos, pero al final no se concretó ninguna acción. El nulo acceso a la justicia llevó a Isabel a encabezar otra campaña de búsqueda a pie, con marchas y mítines en la Fiscalía y Palacio de Gobierno.
De esas acciones logró dos búsquedas en campo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, aunque para las Madres en Resistencia sólo sirvió para evidenciar las carencias e incapacidad de la autoridad que no tiene herramientas, planeación, comunicación y ni protocolos específicos de seguridad.
“La primera búsqueda fue en el mismo perímetro donde está un lugar llamado la Piedrona (en Berriozábal), la segunda fue en un terreno que está frente al primer perímetro. En la primera búsqueda no llegamos a ningún acuerdo, las autoridades trabajaron sin pedirnos opinión ni nos informaron cómo sería la búsqueda ni nada; llegan a echar relajo y a platicar”, explicó Isabel.
En la primera investigación en campo, un integrante de la propia Comisión de Búsqueda alertó sobre la presencia de una camioneta azul con cuatro hombres sospechosos a bordo. El vehículo pasó por la carretera, regresó y se detuvo frente a ellas, “únicamente descartaron que fueran personas de la Fiscalía pero no dieron seguimiento a pesar de que esa camioneta estaba vigilándonos”.
Hasta el último día
Con ayuda de las abogadas feministas de Colectiva Cereza, Isabel consiguió que desde principios de septiembre, la Fiscalía ofrezca una recompensa de 500 mil pesos por información anónima sobre el paradero de Cassandra Isabel Arias Torres.
El pasado 12 de octubre, Isabel y las Madres en Resistencia cerraron la avenida principal de la capital de Chiapas para protestar por la ausencia de Cassandra en su cumpleaños número 19, “es el primero que ella no está, con nosotros, con su hijo”, un pequeño de 4 años que desde hace 10 meses se pregunta por su mamá.
“Pido a las personas que se llevaron a mi hija que si está con vida que me la regresen y si no está con vida que me digan dónde está para tener un lugar para llorarle y llevarle flores, porque no tengo paz en mi corazón de no saber dónde está. La sigo esperando con los brazos abiertos. Hija te amo, te sigo buscando y hasta el último día de mi vida te buscaré”.
Por ahora el activismo de Isabel la lleva a realizar labores que le corresponde a la Fiscalía, pues cada vez son más las familias de víctimas de desaparición forzada que buscan su acompañamiento para exigir justicia.
Reclaman a las autoridades que actúen, investiguen, sancionen a servidores públicos implicados en las desapariciones o con vínculos con el crimen organizado. De acuerdo a Colectiva Cereza, al menos cinco casos de los cuales acompaña fueron levantados por elementos de la policía de investigación de la FGE y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y las pruebas ya fueron entregadas a Rutilio Escandón Cadenas.
