En las tierras del norte del Petén, Guatemala, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales entre ellas The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, Rainforest Alliance y World Wildlife Fund junto a sus socios locales y el soporte financiero de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representan los pilares promotores de la mercantilización de la naturaleza.
La existencia de abundantes afluentes de agua para el riego de extensas tierras fértiles, junto a la explotación de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud y la expoliación de las tierras indígenas y campesinas por parte de las corporaciones, representan los pilares sobre los que se cierne la brutal expansión de la industria palmera que afecta toda forma de vida en la Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala, región de mayor conflicto agrario de este país, frontera con México.
Además de que la industria de la palma aceitera ha expandido su presencia en las tierras del norte de Guatemala mediante estrategias de dudosa legalidad, los análisis de los flujos económicos que se relacionan con las empresas dominantes y sus capitales arrojan evidencias de un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas en lo que concierne a inyectar al mercado, el dinero “sucio” resultado de sus actividades.
