Habrá condenas pero no justicia. Es la frase con la cual el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) describe la resolución en el caso por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016. En aquel año Berta se desempeñaba como coordinadora general del Copinh, organización que ha detenido la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque.