En portada: La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca clausuró el banco Don Eustaquio durante 2023. Pese a ello, continuaron los trabajos de explotación e, incluso, se presentaron dos proyectos para la ampliación del área de extracción en el sitio sagrado.
Comunidades Binnizá, del Istmo de Tehuantepec, denuncian actividades encubiertas de minería a cielo abierto por parte de la cementera Cruz Azul en el Cerro La Llovizna. Este sitio sagrado y con alta presencia de biodiversidad registra una serie de proyectos extractivos que, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico y bajo autorizaciones para el aprovechamiento de materiales pétreos, explotan hematita para la fabricación de cemento sin cumplir con los permisos correspondientes. Ésta es la segunda entrega sobre la operación irregular del banco Don Eustaquio, puedes consultar la primera parte aquí.
El Cerro La Llovizna, ubicado entre los territorios de Unión Hidalgo y la agencia de La Ventosa, municipio de Juchitán, forma parte de un conjunto de sitios sagrados de las comunidades Binnizá en el Istmo de Tehuantepec. Se ubica al norte de la isla Monapostiac, cerca de una vieja ruta comercial hacia Centroamérica donde se erigió un antiguo adoratorio y está alineado con otro cerro cuyo nombre en lengua zapoteca hace referencia a su sacralidad.
El sitio representa un reducto de selva baja caducifolia, ecosistema cuya distribución nacional, acorde a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha disminuido alrededor de un 50 por ciento derivada de su apertura para realizar actividades humanas. Sus escurrimientos forman parte de la cuenca del Estero Verde que desembocan en la Laguna Superior y alberga especies vegetales protegidas por normas ambientales como el Guayacán, contiene zonas inundables conocidas como La Ciénega e incluso áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
No obstante, este sitio sagrado también contiene hematita, un mineral compuesto de óxido de hierro utilizado, entre otras cosas, para la fabricación de cemento. Desde 2016, una serie de autorizaciones ambientales a nivel federal y estatal han permitido al empresario Leonardo Triay Cisneros operar, en el Cerro La Llovizna, el proyecto extractivo conocido como el banco Don Eustaquio.
Planteado como un banco de materiales pétreos, el proyecto ha solicitado las autorizaciones ambientales en Oaxaca para la extracción de hematita, a pesar de que el mineral es de competencia federal, pues acorde a la Secretaría de Economía, éste deriva de yacimientos de hierro, por lo cual requiere una concesión minera para su extracción.
No obstante, acorde a defensores Binnizá de Unión Hidalgo, en la práctica se ha realizado la explotación de este mineral violando los trámites obtenidos y encubriendo actividades irregulares que catalogan como de minería a cielo abierto.
En un posicionamiento colectivo, difundido el pasado 6 de octubre, defensores y colectivos del Istmo de Tehuantepec aseveran que la composición del suelo en el sitio contrasta con la narrativa de explotación de materiales pétreos. En el documento, cuestionan las irregularidades, al resaltar que, con información de la Carta Geológico Minera Salina Cruz-Juchitán, Oaxaca, se establece que la composición del Cerro La Llovizna es de 41% hierro, 10% sílice, 5% manganeso y 4% de óxido de aluminio.

Datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía reiteran la importancia minera del sitio al señalar la existencia en el lugar del título minero 218811. Ubicada en el Cerro La Llovizna y denominada “El Eustaquio I”, la concesión fue otorgada a la Cooperativa Cruz Azul en enero del 2003 como título de exploración minera sobre una superficie de 36 hectáreas con vigencia por 50 años.
Acorde a la tarjeta del Registro Público de Minería, la Cooperativa Cruz Azul, S.C.L. es la concesionaria original con el 100 por ciento de participación. Sin embargo, en el mismo documento, el campo correspondiente al concesionario actual permanece vacío. Por otra parte, en una base de datos entregada por la Secretaría de Economía solicitada a través de transparencia durante 2026, figura como vigente la concesión de “El Eustaquio I” sin detallar el nombre del concesionario y sólo muestra que las sustancias de interés para este título son minerales como el oro, plata y plomo.
“El punto es que, lo que hay ahí son minerales, no es piedra”, recalca el defensor Binnizá Edgar Martín para cuestionar por qué las empresas no han solicitado a la Secretaria de Economía los trámites necesarios para poder operar. Además, también coloca la denuncia sobre la vinculación comercial de la hematita extraída en el Cerro La Llovizna con la Cooperativa Cruz Azul, S.C.L., una de las principales productoras de cemento en México y quien opera, desde 1941, una planta industrial en Lagunas, municipio de El Barrio de la Soledad, en el Istmo de Tehuantepec.
Según el plan de desarrollo de dicho municipio, para los años 2022-2024, la planta de Cruz Azul constituyó el principal motor de su actividad manufacturera e industrial. Para resaltar su importancia local, en mayo de 2024, el Gobierno de Oaxaca reportó una producción diaria en dicha planta por aproximadamente 10 mil toneladas de cemento, cuyos productos se distribuyen a todo México.
El vínculo comercial también se estipula en la modificación y revalidación de la autorización estatal otorgada en octubre del 2022 por la Semaedeso, (Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, entonces autoridad ambiental de Oaxaca), en la cual Leonardo Triay Cisneros se identifica como proveedor del material extraído en el banco Don Eustaquio para la Cooperativa Cruz Azul.
Esta conexión comercial también fue reiterada por el propio Triay Cisneros en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada en diciembre del 2024. En la evaluación ambiental, el empresario señaló que contaba con un contrato para comercializar la hematita con la cementera y que los 180 mil metros cúbicos solicitados para su extracción serían transportados a su planta en Lagunas para servir como materia prima en la fabricación de cemento.
“En caso de no efectuar este proyecto, se estaría restringiendo el acceso a un banco que cuenta con las autorizaciones correspondientes y que pueda proporcionar insumos para la fabricación de cemento”, argumentó el empresario en su estudio ambiental. El mismo documento enfatiza que existe un aumento de la demanda de materiales en la región debido a la implementación de megaproyectos federales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Edgar Martín también denuncia la relación entre el titular del banco, el empresario Leonardo Triay Cisneros y Cruz Azul. Su señalamiento se sustenta en la existencia de órdenes de compra por miles de toneladas de hematita extraídas del Cerro La Llovizna entre 2022 y 2023, a pesar de que Cisneros había agotado la extracción del volumen autorizado. La denuncia se basa en documentos obtenidos por el defensor en el transcurso de la investigación penal que interpuso ante la Fiscalía General de la República en 2022 contra el empresario -derivado del uso de explosivos sin autorización ambiental-, en las que se verifica la relación comercial de Cruz Azul con la explotación en la Llovizna.
Según el activista Martín, la presión para suministrar una cantidad enorme de hematita a la cementera fue lo que llevó a Triay Cisneros a utilizar métodos prohibidos como el uso de explosivos y superar la extracción autorizada por las autoridades ambientales. “Lo que diseñaron es un esquema de despojo, pero de una mina a cielo abierto, disfrazada de banco pétreo”, sostiene el defensor.
Según el posicionamiento de los defensores y colectivos del Istmo, sólo en el primer semestre de 2022, la Cooperativa Cruz Azul Lagunas generó órdenes de compra por 10,500 toneladas de hematita, mismas que surtió Leonardo Triay Cisneros desde el banco en cuestión. Esta cantidad se suma a que, el 22 de mayo de 2023, Cementos Cruz Azul S.A. emitió una orden de compra por 100 mil toneladas de hematita, cuyo suministro también proviene del banco Don Eustaquio. “Esta orden constata que el volumen del material previsto para su extracción superaba hasta tres veces el volumen autorizado. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente no actúo en consecuencia para impedir la extracción”, reiteran los activistas sobre las omisiones de las autoridades de Oaxaca.
Con estos datos, los defensores sostienen que las actividades realizadas desde 2021 superaron por mucho el volumen autorizado y, por ello, cuestionan que la autoridad ambiental oaxaqueña modificara y revalidara el permiso durante 2022, permitiendo la extracción ilegal del mineral. Los inconformes de Unión Hidalgo sostienen que, a pesar de que establecieron desde entonces comunicación con la Semabieso (Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad ) ésta no emprendió ninguna acción al respecto para detener la explotación del sitio sagrado.
Por su parte, la Secretaría de Economía confirmó, en mayo del 2026, en respuesta a un recurso de revisión de transparencia, que la hematita es un mineral derivado de yacimientos de hierro, por lo cual requiere una concesión minera para su extracción. A la fecha de esa respuesta, no existía ninguna solicitud de parte del proyecto Don Eustaquio en la dependencia.
La propia Semarnat incorporó esa cuestión en la autorización condicionada otorgada a Leonardo Triay Cisneros el 25 de agosto del 2025 para la expansión del proyecto. En su condicionante número 15, la dependencia exigió que, antes de iniciar la extracción de hematita, el promovente debía consultar a la Secretaría de Economía para determinar si el material se encontraba sujeto a las disposiciones de la Ley Minera. Por esta razón, si la actividad quedara comprendida en ese régimen, debería obtenerse previamente la autorización federal correspondiente.
Sin embargo, en respuestas de transparencia entregadas en 2026, la representación de Semarnat en Oaxaca informó que no localizó en sus archivos la solicitud, trámite, aviso o gestión para determinar el régimen minero. La autoridad ambiental también constató que no contaba con documentos que acreditaran el cumplimiento por parte del empresario de los términos establecidos en la autorización condicionada.
A estos antecedentes se suma otra solicitud de extracción, presentada por Grupo Constructor del Sureste OSBRE sobre una superficie que había formado parte de autorizaciones anteriores del banco.



Es en este contexto que, el pasado 6 de octubre, defensores Binnizá de Unión Hidalgo y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec solicitaron a Karime Unda Harp, titular de la Semabieso, negar la autorización del nuevo proyecto de extracción en el Cerro La Llovizna debido al daño ambiental acumulado producto de la operación del banco de materiales Don Eustaquio.
Con base en las detonaciones documentadas, el agotamiento del volumen original y sus denuncias sobre la falta de restauración, los habitantes Binnizá señalan a la Semabieso como responsable de una serie de omisiones que “han permitido la continuidad de la extracción y, con ello, la acumulación de daños ambientales en el Cerro La Llovizna”, razones por las que exigen la denegación de la evaluación del proyecto bajo el expediente 2S.2/DRA/DIMyRAM/028/2024, presentado por la empresa Grupo Constructor del Sureste OSBRE, S.A. de C.V.
La solicitud presentada por OSBRE pretende extraer 160 mil metros cúbicos de roca con sílice y calcita mediante el uso de explosivos en el sitio sagrado. Esta solicitud se añadiría a la autorización condicionada que obtuvo Triay Cisneros por parte de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en agosto de 2025, para la más reciente expansión del proyecto que pretende extraer 180 mil metros cúbicos de hematita adicionales en el mismo cerro.
Distintos proyectos en un mismo cerro
Una revisión de expedientes ambientales y coordenadas geográficas realizadas por el equipo de Avispa Mídia documenta que las solicitudes más recientes para extraer materiales en el sitio comprenden terrenos que ya habían formado parte de las autorizaciones previas del banco Don Eustaquio.
Pese a su importancia para el pueblo Binnizá, la primera autorización federal para preparar el proyecto de extracción en el Cerro de La Llovizna fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 26 de septiembre del 2016, a favor del empresario Leonardo Triay Cisneros. El permiso concedió el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) sobre 3.54 hectáreas, de las cuales tres correspondían al banco de materiales y el resto a un camino de acceso. La resolución autorizó remover vegetación forestal, entre las que se encuentran especies protegidas por normas ambientales, pero señaló que el aprovechamiento del material pétreo requería autorización de las autoridades ambientales de Oaxaca.
En septiembre del 2020, Triay obtuvo otro cambio de uso de suelo sobre 1.6553 hectáreas ubicadas en un polígono al norte del área tramitada en 2016. Las coordenadas de esta superficie corresponden al espacio donde la autoridad ambiental estatal autorizó la extracción, durante 2021, de 39,874.86 metros cúbicos de materiales pétreos.
Una tercera autorización federal, otorgada también a Triay Cisneros el 10 de noviembre de 2021, ocupa una superficie de 1.3653 hectáreas, con lo que se extendió el área del proyecto hacia el norte y compartió dos vértices con el polígono autorizado en 2020.
Sin contar el camino de acceso, las distintas superficies alcanzan aproximadamente 6.03 hectáreas, autorizadas en distintos momentos para las etapas del banco a cargo de un mismo empresario. La revisión cartográfica demuestra una secuencia de polígonos contiguos que avanzan hacia el norte y noreste del cerro sagrado.

Después de que, en octubre de 2023, la autoridad ambiental de Oaxaca dejó sin efectos la autorización estatal de extracción y su revalidación, que defensores Binnizá señalan como ilegal, otro promovente solicitó aprovechar parte del mismo cerro. En septiembre de 2024, la empresa Grupo Constructor del Sureste OSBRE, S.A. de C.V. presentó ante la Semabieso una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto denominado “Extracción de material rocoso La Ventosa”, sobre una superficie de aproximadamente 1.65 hectáreas.
En contraste con la extracción mecánica autorizada en el permiso original del banco Don Eustaquio, su estudio ambiental contempla el uso de perforaciones de hasta diez metros de profundidad para colocar cargas explosivas. Destaca que, el polígono presentado por OSBRE coincide en aproximadamente 99 por ciento con la superficie tramitada por Triay Cisneros en septiembre del 2020.
El nuevo proyecto propone explotar el mismo terreno donde se había autorizado la extracción de materiales pétreos, pero bajo otro promovente, con un volumen significativamente mayor, una caracterización diferente del material y un método de extracción, por medio de explosivos.
Pese a la aparente diferencia, acorde a los expedientes de estos proyectos existe una relación entre las personas involucradas en ambas etapas del banco de materiales. José Alberto Ríos Valdivieso, quien en abril de 2022 firmó como uno de los testigos designados por Leonardo Triay Cisneros durante una voladura con explosivos supervisada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), aparece en la MIA presentada por OSBRE en 2024 como apoderado legal y usufrutuario del nuevo proyecto.
Adicionalmente, tres meses después de la presentación del proyecto por parte de OSBRE, Triay Cisneros ingresó ante la Semarnat una nueva MIA para el banco Don Eustaquio. La solicitud, de diciembre del 2024, propuso extraer más de cuatro veces la cantidad autorizada en 2020, al considerar la extracción de 180 mil metros cúbicos de hematita durante seis años en una supeficie de 12,950.79 metros cuadrados.
Dicho polígono está contenido dentro del área autorizada en noviembre del 2021 a Triay Cisneros. El propio empresario explica en la MIA, elaborada por Servicios Ambientales Orión, que utilizará métodos mecánicos como excavadora con martillo hidráulico y camiones de volteo sin utilizar explosivos. Semarnat autorizó condicionadamente este proyecto el 25 de agosto de 2025.
La existencia de distintos proyectos superpuestos es denunciada por los defensores Binnizá para solicitar que, en torno a la evaluación ambiental de OSBRE, la Semabieso examine las afectaciones de las actividades extractivas previas y, con ello, rechace la solicitud al considerar el incumplimiento para implementar las medidas de restauración a las que se había comprometido Triay Cisneros en el Cerro La Llovizna.
Obligaciones ambientales incumplidas
En diciembre del 2020 se autorizó la extracción de material pétreo sin explosivos, sin embargo, en abril de 2022, Leonardo Triay Cisneros utilizó detonaciones violando el permiso ambiental. En febrero del 2023, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) clausuró el banco Don Eustaquio e informó que el expediente continuaría abierto únicamente para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales pendientes.

Sin embargo, inspecciones de los defensores Binnizá documentaron la continuación de la extracción en el sitio. Para octubre del 2023, tras las denuncias y huelga de hambre del defensor Edgar Martin, la Semabieso notificó la extinción del permiso y la revalidación, denunciada como ilegal por los defensores.
Como parte de las obligaciones ambientales pendientes se incluían acciones de protección de la vegetación establecidas en las autorizaciones federales de cambio de uso de suelo. Las medidas de protección de la flora habían sido establecidas desde la autorización condicionada en 2021. El programa de rescate y reubicación, referido en el oficio SEMARNAT-AR-2044-2021, identificó 575 ejemplares pertenecientes a 10 especies vegetales que debían ser atendidos antes del desmonte. Entre ellas incluyó al Guayacán (Guaiacum coulteri) clasificado como especie amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como cardones, espadines, tasajillos, tillandsias y otras especies arbóreas y arbustivas.
El programa estableció una meta de supervivencia de entre 80 y 90 por ciento, una superficie de reubicación declarada de 1.5 hectáreas, monitoreos mensuales durante el primer año, informes semestrales y mantenimiento durante cuatro años. Las bitácoras debían registrar la ubicación, la especie, el estado sanitario, las plantas vivas y muertas, las reposiciones y el porcentaje de supervivencia.
Pero el cruce de la base de datos cartográficos que realizó el equipo de Avispa Mídia de la superficie destinada a reubicar la flora con los polígonos extractivos anteriores, muestra otra coincidencia territorial. 80.55 por ciento del área propuesta para reubicación se superpone con el polígono de extracción autorizado en 2020, mientras que otro 17.85 por ciento coincide con el banco autorizado en 2016. El programa establecía que las plantas rescatadas en esta área serían utilizadas para reforestar áreas aledañas, estabilizar el suelo y reducir la erosión hídrica y eólica.
En respuesta a solicitudes de información presentadas por Avispa Mídia, Semarnat entregó el programa de 2021, pero no proporcionó ningún documento que permitieran conocer el número de ejemplares efectivamente reubicados, su tasa de supervivencia ni el grado de cumplimiento por parte del empresario.
Aunado a ello, denuncias de los defensores Binnizá, quienes realizan recorridos de inspección en el sitio, aluden la falta de restauración del cerro. Acorde a Edgar Martín, habitantes de Unión Hidalgo han cuestionado a las autoridades ambientales oaxaqueñas debido a que no han visto ni un solo árbol plantado. “No hemos visto nada de respeto a las condicionantes, sino lo contrario. Por eso estamos diciendo que es incompatible la restauración de un cerro con daño acumulado y una nueva autorización con uso importante de explosivos”, comparte el defensor.
En coincidencia a las denuncias comunitarias, por medio de imágenes satelitales de 2026, revisadas para este reportaje, se puede observar que parte de la superficie propuesta para la reubicación de especies permanece sin recuperación visible de cobertura vegetal.




Las obligaciones ambientales también se contemplan en el más reciente proyecto promovido por Leonardo Triay Cisneros. La autorización federal condicionada emitida en agosto de 2025 exige también presentar un programa de reforestación con especies nativas sobre una superficie mínima de 2.59 hectáreas, independiente de las actividades de rescate y reubicación de ejemplares.
En respuestas de transparencia, para abril del 2026, la representación de Semarnat en Oaxaca informó que el promovente no había cumplido ningún témino ni condicionante del resolutivo de 2025. En otras comunicaciones señaló que tampoco había recibidio el programa de reforestación requerido. Durante los recursos de revisión promovidos por este reportaje, la dependencia reiteró que no contaba con programas, reportes ni evaluaciones posteriores a la autorización porque el titular no había atendido los requisitos establecidos antes del inicio de las obras.
A dos metros de un área de conservación
Al norte del polígono autorizado más recientemente del banco Don Eustaquio se extiende el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “Zona de Uso Común 1 y 2”, certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2017 por un periodo de 30 años.
En mayo de 2025, durante la evaluación del proyecto promovido por Triay Cisneros, la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de Conanp describió el lugar como un remanente de selva baja caducifolia y destacó las funciones del sitio para la captura de carbono y agua, la conservación de suelos, la regulación de los ciclos minerales y el mantenimiento de hábitats de especies silvestres endémicas. En particular, señaló que la ladera norte del cerro presenta abundancia de bromelias y plantas epífitas por la influencia de La Ciénega, cuyos cuerpos de agua favorecen condiciones de humedad que intervienen en la formación de la vegetación.
La cercanía de las nuevas superficies de extracción con el área protegida fue uno de los aspectos evaluados por la Conanp. Mediante la revisión cartográfica de los expedientes ambientales y los datos oficiales de áreas de conservación, el equipo de este reportaje encontró una diferencia entre las superficies tramitadas por Triay Cisneros en 2021 y 2025.
El polígono autorizado para cambio de uso de suelo en 2021 presenta una superposición aproximada de 382.48 metros cuadrados con el ADVC. En contraste, la superficie delimitada en 2025 fue reducida hasta quedar fuera de la superficie de conservación, aunque a una distancia mínima de apenas 1.99 metros respecto de sus límites. Destaca que, en la MIA presentada por Triay Cisneros, el empresario redujo el área autorizada en 2021 por una cantidad de 702.21 metros cuadrados con respecto de las 1.3653 hectáreas aprobadas aquel año.
En su opinión técnica del 2 de mayo de 2025, la Conanp recomendó mantener una franja de diez metros sin cambio de uso de suelo entre el proyecto y el ADVC. Aunado a ello, propuso prohibir explosivos y sustancias químicas, prevenir la erosión y evitar el arrastre de sedimentos hacia la ladera norte y La Ciénega.
Por su parte, la autorización condicionada de Semarnat, el 25 de agosto de 2025, estableció una medida más exigente, al condicionar la ubicación del proyecto con una franja de 20 metros sin cambio de uso de suelo entre los límites del área natural protegida y la superficie propuesta para la extracción de hematita.

La revisión cartográfica identifica una diferencia relevante entre los límites del proyecto y la distancia establecida como condicionante. La superficie del proyecto autorizado a Triay Cisneros se encuentra delimitada, no a 20 metros, sino a solo dos metros del ADVC.
Restauración en disputa
Las denuncias sobre la extracción irregular en La Llovizna comenzaron años antes de los posicionamientos recientes. En octubre del 2018, habitantes de la agencia La Ventosa presentaron el caso ante el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca. En su informe denunciaron falta de información sobre las actividades extractivas, presencia de maquinaria sin permiso de la comunidad y posibles afectaciones a las fuentes de agua, la vegetación y las comunidades Binnizá.
El documento recogió testimonios sobre la oposición de campesinos a trabajos de exploración desde enero del 2017, así como denuncias de presiones, ofrecimientos económicos y amenazas contra los habitantes que cuestionaron el proyecto. “Varios defensores han sido amenazados de muerte y tienen temor por sufrir alguna agresión directa”, advertía la denuncia.
Las acciones comunitarias contra la minería continuaron los años siguientes. Después de las detonaciones con explosivos, en abril del 2022, el defensor Edgar Martín presentó una denuncia ante la Propaeo (Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca), quien clausuró el banco en febrero del 2023. A finales del 2025, Martín promovió un juicio de amparo contra omisiones atribuidas a la autoridad ambiental para implementar mecanismos de reparación, restauración y garantías de no repetición por los daños atribuidos a la operación del banco Don Eustaquio.
Según el defensor Binnizá, durante una reunión efectuada a finales de septiembre del 2026 con representantes de autoridades ambientales federales y estatales, éstas informaron a los habitantes de Unión Hidalgo que la evaluación del proyecto de OSBRE se encontraba en una etapa avanzada. En ese contexto, junto a organizaciones y colectivos de la región, los defensores exigieron a la Semabieso que negara la autorización ambiental.
En entrevista para este reportaje, el defensor sostuvo que la evaluación del proyecto debe considerar las condiciones ambientales del cerro con independencia de quién presente la solicitud. También insistió en la necesidad de cumplir con las medidas de restauración pendientes antes de abrir la puerta a otros proyectos extractivos en el sitio sagrado.

