por Julieta del Árbol / Fotos por CDH Frayba
En un mercado que lleva cuatro décadas en pie, en Ocosingo, una ciudad en Chiapas, distinguida por la cercanía a la Selva Lacandona, personas del pueblo tzeltal-maya defienden su derecho al comercio, actividad que llevan ejerciendo por generaciones. Desde hace por lo menos dos años intensificaron la lucha contra el despojo y diferentes formas de violencia en su espacio de trabajo.
Las y los comerciantes, cuyas identidades serán resguardadas por cuestiones de seguridad, cuentan a Avispa Mídia que ya se habían acomodado vendiendo en la calle hasta que en 1985 el ayuntamiento de Ocosingo les entregó el edificio del Mercado Público Tradicional Dr. Belisario Domínguez, estableciendo aproximadamente 74 locales. Son locatarios, entre ellos, indígenas provenientes de distintas partes de Ocosingo que, por décadas, han vendido desde velas, alimentos y vestimenta hasta zapatos, chácharas y especias.
Durante años ese oficio heredado transcurrió sin mayor sobresalto, hasta que en 2008 un intento de despojo, disfrazado de “proyecto de revitalización” del espacio, hecho por el ayuntamiento de Ocosingo, pretendía expropiar el mercado para cobrar "derecho de piso".
Esto obligó a las y los locatarios a organizarse de otra forma. Nació así la Coalición de Locatarios del Mercado Tradicional Dr. Belisario Domínguez, A.C., en dónde se votó por un representante que, en ese momento se consideraba buena opción, el señor Miguel Ángel Domínguez Vázquez. Ese año, la coalición logró ganar un juicio de prescripción positiva, proceso que los hizo copropietarios de sus locales. Por un momento pareció que el mercado por fin era suyo y podrían comerciar con tranquilidad.
Con los años, empezaron las disputas entre un grupo de 39 locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena "Samir Flores Soberanes" Zona 10 Patria Nueva y miembros del consejo administrativo del mercado, el que se formó en 2008. Una de ellas fue que los locatarios pedían cuentas claras, pues sabían que las ganancias que dejaban los baños públicos eran considerables y veían que el mantenimiento, la limpieza o los servicios que ese dinero debía sostener eran precarios, y así cada vez que exigían transparencia les respondían con represalias.
En 2013 hubo un intento de tregua durante una asamblea, donde incluso se levantó un acta con compromisos que los propios administradores propusieron y prometieron cumplir, acuerdos que incluían que el gasto de los juicios que todavía estaban en curso para poner en regla las escrituras de copropietarios se pagaría con las ganancias de los baños, que las escrituras se tramitarían sin cobro por firma, y que las intimidaciones hacia los locatarios cesarían, tanto en esa administración como en las futuras. El acta quedó firmada y notariada pero nada de eso se ha respetado.
Las represiones empeoraron y en 2024 los locatarios inconformes se agruparon como colectivo independiente integrado al CNI. Para entonces ya llevaban años en un limbo legal, pues aunque eran reconocidos como copropietarios desde 2008, no tenían las escrituras firmadas por los directivos, una omisión que utilizaron para presionar a las y los comerciantes indígenas. Por esos documentos que ya les correspondían, ahora les exigían hasta 150 mil pesos por local.
La segunda mitad del 2025 fue crítico para las y los locatarios. Las presiones y el acoso de la mesa directiva perjudicaron directamente a una mujer tzeltal. A Sara Toledo Sánchez la despojaron de su local y, no siendo suficiente, le soldaron las cerraduras para que no pudiera volver a abrirlo. Sara es madre de seis hijos, uno de ellos enfermo de cáncer y, desde entonces, lleva casi un año sin poder trabajar.
El 13 de noviembre de 2025, ese hostigamiento llegó al punto en el que un grupo de personas, entre ellos menores de edad, quedó retenido dentro de las instalaciones del mercado desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Relatan a Avispa Mídia que, todo ese tiempo, no tuvieron acceso a sanitarios ni alimentos, provocando que varios empezaran a marearse y estuvieran cerca de desmayarse. El hecho quedó registrado ante la Fiscalía Indígena, y tiene un registro de atención abierto. Pero hasta hoy no hay investigación ni expediente en curso.
Diez días después, el 23 de noviembre, la mesa directiva levantó dos bardas de dos metros de altura por seis de largo sobre los pasillos del mercado, impidiendo que cuatro comerciantes pudieran entrar a sus locales, orillándoles a vender en los pasillos, hecho que también les hizo víctimas de represalias por ocupar áreas comunes del mercado. La denuncia pública hecha por las y los afectados a través del comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena señala que, para retirar las bardas, piden 300 mil pesos por local, con el mismo argumento de siempre: que, sin escrituras, los copropietarios no tienen cómo exigir sus derechos.
Después, el 24 de noviembre, un grupo de personas arremetió contra el local de dos integrantes del colectivo y destruyó tres cámaras de seguridad. No existe una investigación sobre el caso, sostienen los comerciantes para Avispa Mídia, aunque existan las imágenes de las cámaras que delatan los responsables, denuncian.
Semanas más tarde, el 16 de diciembre, uno de los comerciantes afectados fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas por el delito de despojo, con el tesorero de la propia Coalición de Locatarios - que se mantiene hasta en día de hoy en la mesa directiva del mercado - como supuesta víctima.
Dentro de todas las represalias que han enfrentado los 39 comerciantes tzeltales, hay otras más silenciosas, como el caso de personas que se atrasaron con el pago de luz y les cortaron el servicio, para reactivar su electricidad la CFE pidió la firma de la mesa directiva, quienes les negaron la firma. Estas acciones no sólo han afectado a las y los copropietarios de los comercios, también llegan a las personas que emplean, que a su vez mantienen a sus familias.
De acuerdo con el relato de las y los comerciantes a Avispa Mídia, detrás de todo esto hay un motivo camuflado, el despojar a quienes ya llevan décadas ahí para poder cobrarles a nuevos locatarios cuotas y pagos de entrada que a ellos ya no les corresponden. Además, sostuvieron los comerciantes, que en las mesas directivas hay familiares de servidores públicos del ayuntamiento de Ocosingo, un conflicto de interés que ha influido en que los ataques queden impunes.
Mientras tanto, el hostigamiento se ha vuelto parte de lo cotidiano, con fotografías y videos tomados sin su consentimiento y otros comerciantes ajenos al conflicto convencidos de sumarse en contra de ellos. A meses del secuestro, y con las bardas todavía en pie, los locatarios siguen pidiendo lo mismo que pedían desde 2008: cuentas claras y escrituras en mano. Pese a las denuncias presentadas por las y los comerciantes a la Fiscalía Indígena no se ha abierto expediente y los reclamos siguen sin ser atendidos por las autoridades correspondientes.
