Chiapas: Denuncian intimidación y despojo en construcción de la carretera San Cristóbal–Palenque

Integrantes de las comunidades organizadas denunciaron amenazas, invasión de parcelas, persecución y hostigamiento por parte de actores políticos, policías y trabajadores de los gobiernos municipal, estatal y federal, debido a su oposición a la construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, en Chiapas. Además, visibilizaron las afectaciones registradas tras un año de obras.

Los pobladores sostienen que sus derechos han sido vulnerados desde la consulta que califican como “simulada”, realizada sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin la participación de los pueblos hablantes de tzeltal y chol.

“Nos han dicho que no podemos resistir, tenemos que acceder, porque si no vienen los pakales (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal) y dicen que nos van a llevar al Amate (CERSS 14, Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados). Uno se siente vulnerable porque en cualquier momento lo puede ordenar el gobierno y llevarnos”, denunciaron en entrevista con Avispa Mídia integrantes de comunidades organizadas de Chilón, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva debido a las amenazas que enfrentan.

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los rectores de las universidades públicas y autónomas de Chiapas, el gobierno estatal inició el 8 de junio de 2025 la construcción del primer tramo, de Palenque a Ocosingo, de la denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, un proyecto carretero de alrededor de 170 kilómetros que atravesará los municipios de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Ocosingo y Chilón.

Desde entonces, “entran a las parcelas sin consentimiento de los dueños, que tampoco tenían conocimiento de la obra; entonces nos reunimos y acordamos colocar el letrero de rechazo de la supercarretera por lo mismo que se violaron nuestros derechos porque no hubo consulta previa e informada. La MIA se publicó después de que iniciaron las obras, pero la mayoría no sabe leer”, señalaron los denunciantes.

El 29 de mayo de 2026, al menos 17 comunidades de Chilón participaron en la colocación de letreros. Días después, comenzaron las amenazas e intimidaciones directas contra ejidatarios y defensores, presuntamente perpetradas por policías municipales y estatales.

Los letreros se colocaron el 29 de mayo en 17 comunidades de Chilón

Además, autoridades del gobierno municipal han citado, uno por uno, a los propietarios de las parcelas para presionarlos a firmar documentos que autoricen el paso de la carretera por sus tierras o para condicionarlos mediante programas sociales como “Sembrando Vida”.

A las amenazas denunciadas por las comunidades se sumó un nuevo episodio. Hace unos días, los pobladores detectaron un intento de derribar los letreros colocados en la zona. Aunque desconocen quiénes fueron los responsables, señalaron que de manera simultánea circularon en redes sociales videos generados con inteligencia artificial en los que los letreros aparecen en llamas.

“Es una forma de intimidar nuestra manifestación, pero es pacífica y tenemos derecho a la libre expresión de acuerdo al artículo 6 de la Constitución”, insistieron.

En un comunicado, la caravana de documentación del proyecto carretero San Cristóbal de Las Casas-Palenque también denunció estos hechos, así como el acoso que enfrentan las comunidades en resistencia debido a los sobrevuelos de drones, incluso durante la realización de sus asambleas.

La caravana de documentación, conformada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Indígenas, el Colectivo Brigada Común, el Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), denunció la falta de pago por las parcelas donde ya se realiza la obra y acusó que, en algunos casos, las autoridades han ofrecido “como burla” 9 pesos por metro cuadrado a los ejidatarios.

Las organizaciones visibilizaron que los ingenieros invaden las parcelas para hacer estudios de suelo y mediciones topográficas sin consentimiento de las comunidades. “Se introducen a escondidas a sus parcelas para extraer recursos y tomar muestras del territorio”, se lee en su informe.

Integrantes de las comunidades organizadas, contactados por Avispa Mídia, señalaron que de un día para otro las parcelas aparecen marcadas en distintos puntos. Las señales consisten en postes, piedras o troncos de árbol pintados de un color específico.

A partir de estas marcas han identificado por dónde se dirige el segundo trazo del proyecto. Sin embargo, expresaron preocupación debido a que incluso la estructura de una vivienda ya fue señalada.

En los pueblos con mayor resistencia, donde las comunidades restringen el acceso a personas ajenas, se han percatado de que la medición del segundo tramo se realiza mediante drones que sobrevuelan la zona al anochecer.

La caravana de documentación llamó a escuchar a quienes advierten sobre la devastación ambiental que implica la construcción de la carretera y la destrucción de la cultura, “como ya se ha podido atestiguar en el primer tramo cercano a Palenque”.

En este sentido, integrantes de las comunidades organizadas señalaron que, en reuniones con pobladores del ejido Juan Manuel, municipio de Palenque, han reportado afectaciones en el abasto de agua tras los trabajos de construcción de la carretera.

En Palenque ya denuncian escasez de agua

También afirmaron que el ruido de las máquinas ha provocado el desplazamiento de venados fuera de su hábitat, hacia otras vías donde se han registrado accidentes automovilísticos debido a la presencia de esta y otras especies.

“Ya tumbaron cerros, destruyeron árboles, y en la cabecera municipal ya hay desabasto; y no solo eso, la gran contaminación que está dejando la maquinaria. Nos quieren despojar de las tierras por las que nuestros abuelos lucharon. Sabemos que en una supercarretera no van a andar nuestras carcachas, esa carretera está diseñada para la explotación”, insistieron los comuneros.

El 28 de febrero de 2026, desde la obra del primer tramo en Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez afirmó que el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de las comunidades mediante la conectividad vial, así como fortalecer el comercio, el traslado de personas enfermas, la educación y el turismo responsable. También destacó una “inversión bastante considerable” por parte del gobierno federal.

Los integrantes de las comunidades organizadas cuestionaron, “si la carretera es para el bienestar del pueblo y si el gobierno está preocupado por la salud, ¿por qué ese dineral no lo ocupa para construir un hospital de alta especialidad? ¿Por qué no rehabilitan o mejoran la carrera que ya existe, si ya están conectados?”, precisaron.

Comunidades señalan que el ruido de las máquinas desestabilizan el hábitat de muchas especies

En la actualidad, cuando los pobladores requieren atención médica de especialidad, deben trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa o la Ciudad de México, debido a que los hospitales de la cabecera municipal carecen de medicamentos y servicios de laboratorio.

Sin respuestas

La caravana de documentación recordó que, desde hace más de una década, las comunidades han resistido frente a los proyectos que amenazan sus territorios. En marzo de 2025, 13 municipios mayas que integran Modevite presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas para la construcción de la vía Palenque-San Cristóbal.

También han dirigido documentos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora no hay respuestas.

Señalan que los trabajos comenzaron hace un año sin la publicación de la MIA

El delegado de gobierno de la región pidió una mesa de diálogo con las comunidades forzosamente en Yajalón, pero las comunidades organizadas argumentaron que se debe realizar la reunión en los ejidos donde están las afectaciones. “Nos quieren hacer firmar papeles que después usan en nuestra contra”, afirmaron.

La caravana de documentación, en un documento firmado por más de 140 organizaciones, personas defensoras, colectivos, académicos y sociedad civil que rechazan de forma total la supercarretera, responsabilizó a las autoridades de cualquier daño a la integridad física y psicológica de las personas de las comunidades y defensoras que se oponen a la carretera San Cristóbal-Palenque.

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