En portada: Manifestantes en Minneapolis exigen detener las redadas migratorias en el estado de Minnesota, donde una mujer activista fue asesinada por un agente federal.
Desde el inicio del año, el estado de Minnesota, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, es escenario de una cruenta batalla entre agentes federales migratorios y manifestantes, en un contexto de militarización creciente.
En respuesta al aumento de redadas violentas contra comunidades migrantes en ciudades como Minneapolis y Saint Paul, y tras el asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pobladores organizados, sindicatos y grupos religiosos llamaron a realizar una huelga general el próximo viernes 23 de enero.
La convocatoria insta a no trabajar, no comprar y no asistir a la escuela como una forma de resistencia colectiva frente a lo que califican como una ocupación federal y una escalada de la violencia estatal. La acción es impulsada por una coalición de sindicatos, organizaciones comunitarias y religiosas quienes denuncian que, en las últimas semanas, más de 2,400 personas han sido detenidas en Minnesota en el marco de los operativos ejecutados por el ICE.
“Se está librando un ataque sin precedentes y absolutamente indignante contra la gente de Minnesota. Nunca había visto algo así en mi vida”, afirmó Kieran Knutson, presidente del sindicato Communications Workers of America(CWA). “Esto es una escandalosa aceleración y escalada de la violencia contra la clase trabajadora”, denunció Knutson, quien lidera la representación de trabajadores de corporaciones trasnacionales que respaldan el llamado a la huelga general.
A la convocatoria se sumaron 90 organizaciones laborales y de trabajadores de la educación, grandes y pequeñas. Chelsie Glaubitz Gabiou, presidenta de la Federación Regional del Trabajo de Minneapolis advirtió que el impacto de las redadas migratorias atraviesa todos los ámbitos de la vida cotidiana. “La gente trabajadora, nuestras escuelas y nuestras comunidades están bajo ataque. Miembros sindicalizados están siendo detenidos cuando van o regresan del trabajo, familias están siendo destrozadas. Hay madres y padres obligados a quedarse en casa, estudiantes que no asisten a la escuela por miedo a perder la vida, mientras los empresarios guardan silencio”, sostuvo.

Para Knutson, la huelga surge de la necesidad de encontrar una forma efectiva de frenar la ofensiva anti migratoria. “Lo que generó esta acción es preguntarnos qué podemos hacer de manera significativa para detener esto. El gobierno del estado de Minnesota no ha ofrecido ninguna vía para frenar estos ataques, esta violencia”, señaló. Los organizadores anunciaron formalmente la jornada de protesta en una conferencia de prensa realizada el martes pasado (13) frente al edificio del gobierno del condado de Hennepin, en Minneapolis. Además del boicot económico, el viernes se realizará una marcha y un mitin en el centro de la ciudad a las 2 de la tarde, hora local.
La plataforma ICE Out Now MN articula cuatro demandas centrales: la salida inmediata de agentes federales del ICE de Minnesota; que el agente que asesinó a Renee Good, Jonathan Ross, enfrente responsabilidades legales por el crimen; que no se destinen más fondos federales a ICE y que la agencia migratoria sea investigada por violaciones a los derechos humanos y constitucionales. Además, exigen que empresas privadas y gubernamentales rompan relaciones económicas con el ICE para detener el uso de sus intalaciones como bases operativas de los agentes migratorios.
Militarización y amenazas frente a “insurrección”
La convocatoria a la huelga general ocurre en un contexto de creciente militarización, en la cual, el gobierno de Donald Trump ha enviado cerca de 3,000 agentes del ICE a Minnesota, en lo que describe como su “mayor operación de cumplimiento migratorio” en su historia.
Además, el Departamento de Defensa, a través de funcionarios del Pentágono confirmaron el alistamiento de aproximadamente 1,500 soldados del 11.º Regimiento Aerotransportado del Ejército, con base en Alaska y entrenado para operar en climas extremos, ante un posible despliegue militar en la ciudad de Minneapolis.
“El Departamento de Guerra siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si así se le requiere”, escribió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en respuesta a consultas de la prensa, utilizando el nombre que la administración Trump prefiere para referirse al Departamento de Defensa.
Paralelamente, Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, una norma federal que le permitiría desplegar fuerzas militares para reprimir las protestas antimigratorias. La amenaza del presidente es que, si las autoridades estatales no frenan las interferencias de los manifestantes contra las redadas de los agentes del ICE, hará uso de dicha ley. Aunado a lo anterior, funcionarios del Pentágono alertaron que efectivos de la Guardia Nacional, proventientes del estado de Texas, se alistan para un eventual despliegue en apoyo a las fuerzas militares.
Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha cuestionado esta escalada. En una entrevista reciente calificó un posible despliegue militar como “ridículo” y advirtió que solo agravaría las tensiones. “No necesitamos más agentes federales para mantener a la gente a salvo. Estamos a salvo”, dijo a medios locales.

Las tensiones aumentaron tras la visita a Minneapolis del director del FBI, Kash Patel, y del fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche. En una declaración extraordinaria, Blanche acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde Frey de “terrorismo”, y anunció que el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal contra ambos por presuntamente interferir con la aplicación de las leyes migratorias federales.
Trump envió una oleada de agentes federales a las ciudades de Minneapolis y la vecina Saint Paul a principios de este mes, como parte de una serie de intervenciones en todo Estados Unidos, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland (Oregón), todas ellas en estados donde los resultados electorales de las últimas tres votaciones no le favorecieron.
Trump calificó los despliegues como necesarios para proteger la propiedad y el personal federal de los manifestantes. Pero recientemente anunció que retiraría la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, donde los despliegues se han enfrentado a dificultades y retos legales.
Violencia del ICE y respuestas comunitarias
Desde el gobierno federal, la estrategia implementada ha estado enmarcada por la confontación. Por ejemplo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró que el llamado a la huelga y boicot que buscan paralizar la economía de Minnesota se realiza para luchar por “narcotraficantes y terroristas inmigrantes”. En el discurso, mantiene la versión oficial de que el asesinato de Renee Good ocurrió debido a que la activista “usó su vehículo como arma” contra un agente del ICE, argumento que ha sido rechazado por testigos y autoridades locales.
El mismo portavoz sostuvo, sin aportar pruebas, que agentes federales han enfrentado un aumento drástico de agresiones. No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado que, bajo la administración Trump, miles de personas detenidas por agentes del ICE no cuentan con antecedentes penales y que incluso ciudadanos estadounidenses han sido arrestados ilegalmente.
Frente a los abusos de las fuerzas de seguridad, la respuesta social ha sido amplia y sostenida. Entre los días 10 y 11 de enero, tras cuatro días de movilizaciones constantes en Minneapolis después del asesinato de Good, se registraron cerca de mil protestas en ciudades como Los Ángeles, Seattle, Detroit, Chicago, Houston, Austin, Washington D.C., Portland, Pensilvania y Nueva York.
Con mayor fuerza tras la ofensiva antiinmigrante, sectores de la población han recurrido a diversas formas de resistencia, desde la desobediencia civil hasta patrullajes comunitarios para alertar sobre la presencia del ICE. En ciudades como Nueva York se han multiplicado los talleres de capacitación para responder a redadas. En Detroit, cientos de personas se reunieron tras la muerte de Good para discutir los siguientes pasos y articular luchas contra la política migratoria y la agresión imperialista norteamericana en el contexto del ataque militar contra Venezuela.
En Los Ángeles, sindicatos lograron frenar redadas el año pasado; docentes en distintas ciudades organizan equipos de protección para estudiantes migrantes. Minneapolis vuelve a ser un escenario en disputa con el llamado a una huelga general este 23 de enero, exigiendo justicia para Renee Good y la salida inmediata de ICE de sus comunidades

