Fotos por Victor Ibarra / IMDEC
En días pasados, tras una reunión entre autoridades estatales, la comunidad de Azqueltán, en Jalisco, de nuevo sufrió el intento de despojo de uno de los predios que integran su territorio. Este hecho se suma a una serie de agravios sucedidos desde semanas atrás que ponen en riesgo a esta comunidad indígena.
San Lorenzo de Azqueltán, en Jalisco, es una comunidad Wixárika y Tepehuana que desde hace diez años lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y contra el despojo que pretenden realizar pequeños propietarios y ejidatarios de la zona. En los años que llevan defendiendo su territorio, han sufrido una serie de agresiones escaladas que han llegado a arrebatarle la vida a personas de la comunidad. En los últimos días, el despojo y el hostigamiento se han hecho presentes de nuevo en el territorio.
A través de un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, el pasado 26 de junio la comunidad denunció que recientemente se ha vivido un clima de máxima tensión, así como una serie de amenazas en su contra que han ido escalando.
En primer lugar, la comunidad denuncia que desde los primeros días de junio, un policía municipal de Villa Guerrero de nombre Efraín Reyes, presuntamente por orden de ejidatarios, colocó una puerta obstruyendo el paso del camino que conduce a un pozo de agua conocido como El Tacuache, el cual representa la única fuente de agua para consumo humano de la comunidad de Azqueltán. Los comuneros señalan que esta acción arbitraria vulnera sus derechos humanos y les despoja de un bien común que forma parte de sus tierras comunales.
De acuerdo a Quetzal Prado, abogada de la comunidad, el pozo El Tacuache se encuentra a escasos diez metros del río Bolaños, por lo que la acción de bloquear el acceso a él, además de ser un despojo para la comunidad, representa una violación a la Ley Nacional de Aguas.
Por otro lado, en días pasados se llevo a cabo una reunión donde participaron autoridades del estado de Jalisco, así como representantes de la comunidad de Azqueltán y ejidatarios opositores a la comunidad, con el objetivo de establecer acuerdos para evitar confrontaciones en el territorio en disputa. Sin embargo, en su comunicado la comunidad señala que al día siguiente de esta reunión, un grupo de personas, encabezadas por Fabián Reyes Márquez, acudieron a un predio comunal llamado La Peña Blanca, el cual históricamente ha pertenecido la comunidad de Azqueltán, para intentar tomar posesión de él.
En el predio se encontraban trabajando comuneros Wixaritari y Tepehuanos de la comunidad, a quienes el grupo invasor amenazó con llevarlos a la cárcel, bajo el argumento de que al tomar posesión del predio, estaban siguiendo indicaciones de la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Jalisco. De esta manera, las personas agresoras amenazaron a los comuneros con que llamarían a la policía para que los “levantaran”. Días más tarde este mismo grupo de personas volvió a ingresar al predio, donde retiró los postes y el alambrado colocado por comuneros de Azqueltán, y se llevó dichos materiales.
En su comunicado, la comunidad de Azqueltán responsabilizó al gobierno de Jalisco por su falta de compromiso para detener y prevenir la violencia que continuamente amenaza a la comunidad; así como denunció a las instituciones gubernamentales por promover la confrontación y permitir la impunidad.
Es importante recordar que la violencia contra los comuneros de Azqueltán cobró la vida de su representante agrario, Marcos Aguilar Rojas, en noviembre del año pasado, asesinato cometido, de acuerdo al último comunicado de la comunidad, por el mismo grupo que hoy intenta apoderarse del predio La Peña Blanca. Así mismo, otros comuneros han sido violentados en el pasado, quedando con secuelas de por vida, como señalan los hallazgos de la Misión Civil de Observación convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) realizada en mayo pasado.
Para Quetzal Prado, abogada de la comunidad, existe el riesgo latente de que las agresiones hacia la comunidad sigan escalando ante la inacción de las autoridades de Jalisco: “Lo que nos preocupa es que vaya a ir escalando nuevamente y que se sigan incrementando esas situaciones de provocación o de despojo, por lo que resulta necesario que las acciones del gobierno sean tendientes a castigar este actuar ilegal por parte de las personas del ejido”, señaló la abogada, en entrevista con Avispa Mídia.
Ante las nuevas agresiones, la comunidad exige el cese de todo intento de despojo, así como que el gobierno de Jalisco tome acciones inmediatas para frenar una posible escalada de violencia en su territorio. De igual manera, los comuneros demandan de que se retire inmediatamente la puerta que bloquea el acceso al pozo El Tacuache, así como respeto absoluto a su territorio comunal. Por último, en el comunicado, la comunidad exige justicia por asesinato del comunero Marcos Aguilar Rojas, y la reparación integral de los daños realizados en la última agresión.
El 26 de junio pasado, comuneros de Azqueltán recuperaron la posesión del predio invadido, donde continúan trabajando por acuerdo de su asamblea. En este contexto, la comunidad llama a las redes que les han acompañado, así como a la sociedad civil, a permanecer pendientes de los sucesos de los próximos días y a alzar la voz frente a los intentos de despojo de su territorio.
