En portada: Preocupa a las familias las represalias por denunciar las anomalías.
Por Montserrat Flores
Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, familias de reclusos, ex reclusos y activistas denunciaron actos de corrupción, extorsión, cuotas, tortura y prácticas de enganche para el consumo de drogas al interior del Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 3 de Tapachula.
El pasado 11 de septiembre, la presidenta arribó a Tuxtla Gutiérrez como parte de su gira regional, a propósito del segundo informe de gobierno. A su paso por distintos puntos de la capital, representantes de diversos sectores intentaron acercarse para hacer solicitudes, protestar y señalar las omisiones de las autoridades estatales.
A 371 kilómetros de distancia, en el municipio de Tapachula, frontera con Guatemala, de manera simultánea, un grupo de personas acompañadas por el abogado y defensor Luis García Villagrán se manifestaron en la entrada del penal número 3 para solicitar la intervención de Claudia Sehinbaum y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
“A nuestros compañeros adentro los están torturando”, expresó García Villagrán, en voz de las familias que a su vez pidieron que no se les condicione el acceso al penal, denunciaron cobros por pasar alimentos y productos de higiene personal, cuotas por espacios de convivencia, venta de uniformes, violencia sexual, extorsión y tortura.
En medio de estas denuncias públicas sobre el manejo del CERSS 3, la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas ha priorizado eventos protocolarios como la medalla al “Mérito Penitenciario 2026” otorgada a Zeín Jerónimo Gil, subsecretario de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, el pasado mes de julio.
Luego, el 1 de agosto anunciaron a Francisco Javier San Martín Flores como el nuevo director del penal 3 en sustitución de Francisco Javier España, después de las denuncias por las anomalías en la institución.
Solo unos días después, el 21 de agosto, medios de comunicación locales dieron a conocer el deceso del ex militar, Francisco Zamora al interior del citado centro penitenciario. Aunque ninguna autoridad confirmó la muerte o investigación en proceso, García Villagrán dijo que la familia del recluso confirmó el hecho.
“No ha cambiado nada, no hay modificación, adentro todo sigue igual y las cuotas siguen”, dijo García Villagrán, así también sigue la preocupación de las familias denunciantes por las represalias que podrían tomar contra los internos.
“Deshumanizar”
El abogado considera que una parte importante de internos son chivos expiatorios, personas inocentes, entre ellas migrantes y solicitantes de refugio. Señala que son cada vez más desde la incursión de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), a finales de 2024. “La confianza en la SSP y la Fiscalía de Chiapas es nula. Las acciones de los Pakales han incrementado detenciones y juicios injustos. Le conocen como el kit Pakal: detención, arma, drogas, Ministerio Público a modo y un juez dilator”, lamentó Luis García Vilagrán en entrevista a Avispa Mídia.
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En una queja dirigida este año a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), dan a conocer el caso de Darien Placeres, originario de Cuba, con reconocimiento de refugiado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), detenido en un operativo encabezado por la Fiscalía de Chiapas, la FRIP (Pakales) y la SSP.
“(...) Detenido sin mediar orden emanada por autoridad competente, y sin que éste estuviera cometiendo delito alguno; fue sometido con lujo de violencia, despojado de sus pertenencias y llevado a las instalaciones y separos de la FGE donde no fue asistido por un abogado de su confianza. Actualmente se encuentra recluido en el CERSS 3 de Tapachula, delicado de salud mental, sin abogado de confianza y sin que se le informe de qué delito se le acusa”, señala la queja, firmada por el Centro de Dignificación Humana, en representación a la familia de Placeres.
Tras la detención, a los internos nuevos les exigen una cuota de ingreso, cobro por el espacio para dormir, para pasar cualquier artículo, y otros tipos de extorsiones que pueden superar los 100 mil pesos y que van acompañadas de actos de violencia y represión que las familias pidieron sean investigados.
En otro escrito dirigido a la CEDH, fechado en julio de 2026, se lee: “esta compleja y perfectamente estructurada red de complicidad funciona igual en todos los centros de readaptación estatal. Ese dinero de corrupción, debe investigarse hasta donde llega en la pirámide de mando del sistema penitenciario chiapaneco”.
“(...) Sentenciados y procesados; quienes tienen miedo, terror, pues están padeciendo tortura física, mental y psicológica; y es muy importante la labor de esta comisión Estatal de Derechos Humanos”, reza el texto respaldado por el Centro de Dignificación Humana, el cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia.
Luis García Villagrán recordó que en agosto del año pasado fue detenido por su labor en la defensa de los derechos humanos, y trasladado al CERSS 3. Durante una semana atestiguó tratos inhumanos y el cobro de cuotas.
Además de todo lo mencionado tampoco les permiten hacer ejercicio y las actividades recreativas están bajo control. “El artículo 18 de la Constitución habla de adaptación o reinserción real. Esperamos que Omar García Harfuch voltee sus ojos a lo que está ocurriendo en Chiapas. No hay reinserción social, son simulaciones”, lamentó Luis García Villagrán que, en la actualidad, es respaldado por organizaciones a nivel nacional e internacional por las amenazas, encarcelamiento e intimidaciones derivadas que ha padecido por su labor en los derechos humanos en la frontera sur de México.
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“Si le suma que los trabajadores, los oficiales, la guardia interna y externa es la peor pagada. Es de los rubros del gobierno del Estado más abandonados, entonces para pasar, incluso una camiseta, se paga”, insistió García Villagrán.
Fábrica de culpas
Las organizaciones de los derechos humanos consultadas para este trabajo periodístico también denunciaron intimidaciones y amenazas por la defensa de los derechos humanos de internos, internas y sus familias en otras regiones del Estado, por lo que prefieren mantener el anonimato.
En el caso del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, localizado en la zona Altos, se suprimió la visita de defensores de derechos humanos y asesores jurídicos desde el 2025, lo que contribuye a la violación de derechos humanos de las mujeres y hombres privados de libertad. El aislamiento viola la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a reinserción social y visitas.
Al no contar con redes de apoyo y ante la restricción de visitas, no existe información para conocer las condiciones de los internos del penal número 5.
“La suspensión general y prolongada de la visita familiar o general en los Centros de Prevención y Reinserción Social (CERSS) en México viola de forma directa diversos marcos jurídicos nacionales e internacionales, ya que la comunicación con el exterior es un derecho fundamental y un eje rector para la readaptación”, recordó una asociación consultada.
En diciembre de 2024, cuando asumió el cargo como subsecretario de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zeín Jerónimo Gil, ya había sido notificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las recomendaciones a la SSP derivadas del informe de Supervisión 09/2023 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre centros de reinserción social con población que se auto adscribe como indígena en los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán.
Las visitas de la CNDH contemplaron el CERSS 10 y 16 de Comitán y Ocosingo, respectivamente, en las que reportaron condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, alimentos insuficientes; mientras que personas de pueblos originarios no pueden acceder a servicios de interpretación y traducción en su lengua y variante lingüística.
Desde entonces la CNDH dio cuenta que la comunicación entre reclusos y defensores está obstaculizada, “especialmente en el caso de las personas indígenas no hablantes del español y/o que no cuentan con un defensor con los conocimientos necesarios en relación con su lengua y cultura”, señala el informe.
En tanto, los defensores consultados cuestionaron: ¿Qué quieren esconder?, ¿qué hacen con las personas privadas de libertad?, ¿las tienen sometidas?, ¿obligadas a hacer qué?, ¿viven violencias? “Son preguntas necesarias”, coincidieron.
La Constitución mexicana y la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen derechos de las personas privadas de la libertad relacionados con la reinserción social y el contacto con sus familiares. Por ello, una suspensión general de visitas debe analizarse a partir de su fundamento legal, duración, alcance y circunstancias.
En el ámbito internacional, instrumentos como los Principios y Buenas Prácticas de la OEA y las Reglas Nelson Mandela contemplan el contacto de las personas privadas de la libertad con el exterior. En consecuencia, cualquier restricción debe examinarse conforme a esos estándares y a las condiciones específicas que motivaron la medida.
