Foto de portada por Adriana Esquivel / Raichali
Organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo, en mayo pasado, la Misión Civil de Observación en el estado de Chihuahua para documentar la situación de desplazamiento forzado interno que azota a comunidades del norte de México.
Durante la misión, las organizaciones entrevistaron a alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno provenientes de diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y la Sierrita, en Chihuahua, así como documentó casos de personas desplazadas provenientes de comunidades de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.
En dichas localidades, personas y familias enteras han tenido que abandonar, en los últimos años, sus casas y territorios antes agresiones constantes, asesinatos, desapariciones y el peligro constante del reclutamiento forzado. Aunado a esto, las organizaciones identificaron dos factores institucionales que incentivan el desplazamiento forzado en esta región, estos son la colusión de autoridades estatales con el crimen organizado y la impunidad casi total que impera con respecto a la violencia.
Muchas de estas comunidades se encuentran en la región conocida como el Triángulo Dorado, territorio entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa de vital importancia para las actividades de grupos de narcotráfico desde hace décadas. Además de la producción y circulación de sustancias ilegales, la Misión de Observación documentó que existe un creciente interés de los grupos del crimen organizado por controlar los territorios de las comunidades rarámuri y ódam de esta zona, principalmente con el fin de apoderarse de recursos naturales como el agua y la madera.
El informe de la misión también identificó la presencia actual de una disputa por el control de territorios dentro del Triángulo Dorado como parte de un proceso más amplio de reorganización del crimen organizado en la región y en el país. Dentro de esta disputa, la población civil de esta región se convierte en la principal víctima de la violencia, por lo que comunidades enteras han sido empujadas al desplazamiento ante la inminencia de sufrir ataques directos o integrarse de manera forzada a las organizaciones del crimen organizado.
Las organizaciones participantes también identificaron que el desplazamiento forzado de estas comunidades ha acompañado el inicio de proyectos extractivos en sus territorios, específicamente actividad minera. Algunos de los casos documentados en Chihuahua donde el desplazamiento forzado antecedió la llegada de proyectos mineros son la comunidad de Monteverde, Guazapares, Los Trigos, Guachochi, y San Julián, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Desde el análisis de estos y otros casos en la región, las organizaciones que integraron la Misión Civil de Observación concluyen que existe una relación directa entre la violencia que provoca el desplazamiento forzado y las actividades extractivas: “Existen elementos que sugieren que el crimen organizado habría actuado como facilitador violento del ingreso de empresas mineras a la región, mediante amenazas, desplazamiento y asesinatos selectivos que allanan el camino para la inversión minera”, señalan en el informe.
Entre los casos analizados destaca el de la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. En febrero de este año, integrantes del crimen organizado amenazaron con que reclutarían forzadamente a los jóvenes de esta y otras comunidades de la región. Más tarde, una adolescente de 14 años, Kenya Anayeli V.R., fue secuestrada en su domicilio y días más tarde fue hallada sin vida en una comunidad cercana. Tras estos hechos, así como una serie de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, más de 600 personas de Atascaderos abandonaron sus casas y se desplazaron a la ciudad de Hidalgo del Parral.
En marzo pasado, una tercera parte de las personas desplazadas pudieron retornar a su comunidad siendo acompañadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y otras instituciones estatales. Sin embargo, la Misión Civil de Observación documentó que este retorno no fue llevado a cabo en condiciones de seguridad para las personas en situación de desplazamiento forzado, ya que no se realizó un análisis de riesgo previo y en general no se tomaron medidas de seguridad para su permanencia, protección y reparación del daño sufrido. De acuerdo al informe elaborado por las organizaciones participantes, estas graves omisiones tuvieron como resultado el asesinato de una persona y la desaparición de dos personas más en los siguientes meses. Por otro lado, el resto de las personas desplazadas forzadamente de Atascaderos no ha podido volver a sus hogares.
Es importante mencionar que Guadalupe y Calvo, donde se encuentra la comunidad de Atascaderos, es uno de los municipios con mayor actividad minera en la región. En él se encuentran cuatro proyectos mineros en etapa de exploración y una más ya operando, de acuerdo al informe de la Misión Civil de Observación, estos son propiedad de las empresas Fresnillo, Radius Gold, Mammooth R. y Atacama Cooper, las tres últimas de origen canadiense.
Aumento alarmante y un Estado rebasado
Según los datos consultados por la organizaciones que llevaron a cabo la Misión Civil de Observación, el número de personas desplazadas forzadamente en México entre 2021 y 2025 se ha triplicado. Los estados de Chihuahua, Michoacán y Sinaloa son quienes concentran la mayor parte de los casos, y específicamente en Chihuahua, solo en el año 2025 se registraron cerca de 4,500 personas desplazadas forzadamente, de acuerdo a una investigación publicada por la Universidad Iberoamericana. Por su parte, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua reportó para el mismo periodo haber atendido 5,000 casos.
Dentro de sus hallazgos, la Misión Civil de Observación encontró que las instituciones estatales no han tenido la capacidad de proveer soluciones integrales ni duraderas a la crisis de desplazamiento forzado que se vive en Chihuahua. Por el contrario, las acciones gubernamentales se han enfocado a establecer mecanismos asistencialistas y enfocadas en situaciones de emergencia, situación que se agrava por una sistemática invisibilización del problema y un marcado subregistro de los casos.
Por estas razones las organizaciones participantes hicieron una serie de recomendaciones a las instituciones gubernamentales responsables de atender esta crisis, entre ellas, diseñar un plan integral de atención y protección para las personas en situación de desplazamiento forzado interno, la creación de un registro público de casos, así como el reconocimiento oficial del fenómeno por parte del Estado mexicano.
La misión fue integrada por las organizaciones Alianza Sierra Madre (ASMAC), Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Colectivo Nuevo Amanecer, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y contó con el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz México (PBI) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
