En portada: Mujeres del pueblo Otomí mantienen acciones de protesta contra la privatización del agua y la defensa de su territorio en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Foto: Santiago Navarro F.
El pasado miércoles (4) en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, siete personas fueron arbitrariamente arrestadas y torturadas por la policía municipal queretana.
Los hechos se derivaron luego de que la Policía Estatal de Querétaro (POES), realizara, en diferentes barrios de la comunidad, una redada ilegal en la que detuvo a seis personas –jóvenes la mayoría— sin haber cometido delito alguno.
Habitantes de la zona que atestiguaron y grabaron las detenciones, solicitaron a Estela Hernández el acompañamiento a los detenidos. Estela es delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), integrante de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI), así como del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán.
Ella junto a su esposo Sergio Chávez, se trasladaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la localidad para conocer la situación física y legal de los 6 detenidos. En ese momento su esposo fue aprehendido sin motivo alguno, por lo cual, Estela se opuso y en respuesta comenzó a recibir golpes por un grupo de al menos 10 policías, informa para Avispa Mídia, Sara Hernández, defensora del agua y el territorio que, al igual que Estela conforma el CNI y la CONAVI.
Momentos después, desde las afueras del DIF, Sara junto a compañeras y compañeros de lucha, comenzaron a alertar al resto de habitantes. La gente comenzó a reunirse y realizaron una manifestación para exigir la libertad de sus compañeros. Pronto la multitud se vio rodeada por elementos del ejército pero aun así no se retiraron.
“La policía se refería a Estela y a los demás detenidos como ‘“indios”’. A Estela en particular le dijeron ‘que ya los tiene hartos’. Recibió tocamientos en sus partes íntimas, jalones de cabello y golpes en todo el cuerpo”, menciona Sara en entrevista.
A nivel nacional la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas tampoco se hizo esperar. Debido a la ola de indignación Estela y el resto de detenidos fueron liberados casi cinco horas después reafirmando una de las aseveraciones de Sara: “la presión social es la única herramienta a través de la cual hemos liberado presos políticos”.
Represión, respuesta a la defensa del agua
La detención de la delegada y el resto de sus compañeros no fue casualidad. “El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha sido reprimido y agredido sistemáticamente por evitar la privatización del agua en Querétaro, por frenar la devastación de su territorio y por no someterse a los proyectos coloniales de muerte” expresó el CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un comunicado conjunto.
Abonando a lo anterior, Sara comparte que en Santiago han sufrido varios momentos de represión y hostigamiento, por ejemplo: en pandemia, cuando se opusieron a cerrar su histórico tianguis para que las y los comerciantes no perdieran su sustento económico, tres tianguistas fueron detenidos bajo amenazas de desaparición.
También registra otros hechos. En 2021, cuando personal de la Comisión Estatal del Agua emboscó a tres integrantes de la Asamblea Comunitaria luego de que estos rechazaran un soborno. La represión, de en junio de 2022, que habitantes de ese pueblo Otomí sufrieron a manos de elementos de la Guardia Nacional.
Así como que el tema de las detenciones arbitrarias a jóvenes, como de tianguistas y artesanas –sobre todo que no hablan bien el castellano— ya se haya vuelto costumbre para la policía municipal, con el objetivo de enriquecerse a partir de las fianzas, relata Sara mediante la entrevista.
Así mismo, la entrevistada comparte que en esos episodios represivos, uno de los actores principales ha sido Rosendo Anaya, ex alcalde de ese municipio y actual servidor en la secretaria agropecuaria, quien además fue responsable de negar el recurso solicitado por la comunidad para la reparación de su templo y en cambio, participó en la gestión del permiso para construir una obra turística que terminó dañando aún más el inmueble, del que las y los habitantes sólo pudieron reparar una parte con sus propios recursos.
Anaya también entregó concesiones en el Cerro de San Pablo, en una zona perteneciente a Mexquititlán y a San Idelfonso, generando conflictos en el lugar. Sara menciona que dicho funcionario actualmente “tiene vínculos estrechos con el plan hídrico de Claudia Sheinbaum, proyecto que ejecutarán para el despojo de todos los cuerpos de agua”.
Entre las disputas que envuelven a Mexquititlán, el saqueo a sus pozos acuíferos es el tema principal donde “la responsabilidad viene de los tres niveles de gobierno que manipulan a varias instituciones que deberían ser autónomas”.
Sara quien ha habitado toda su vida en Mexquititlán, en los últimos años ha atestiguado que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuenta con comisiones estatales que en lugar de hacer una buena gestión del vital líquido, lo privatizan. En Querétaro, esta instancia se haya coludida con operadores privados como inmobiliarias, constructoras y agroindustriales que “están intensificando la escasez de agua a través del saqueo que se realiza con pipas de agua, mediante tuberías conectadas a los pozos de las comunidades”, explicó Sara.
“Hasta que la dignidad se haga costumbre” es una frase que desde hace seis años se le atañe a Estela Hernández, palabras que no conjuró en vano, pues con la dignidad por delante su comunidad la respaldó hasta verla en libertad horas después de su detención. Con esa misma dignidad como hábito, Sara y la resistencia de Santiago Mexquititlán no han claudicado en su lucha por defender su agua, su cerro, su templo y su tianguis. Y con esa bonita costumbre, abrirán sus puertas este 14 de junio para celebrar su Asamblea comunitaria en defensa del agua, y seguir propagando el significado de vivir dignamente.
