Mejor conocido por sus compañeras como el “Sheveck”, Arturo Lugo Macías fue detenido el pasado 8 de enero pues se le imputan daños cometidos a propiedad ajena en el año 2020, mientras era parte de la comunidad estudiantil en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES). Colectivos y redes de apoyo denuncian que esto es una persecución política selectiva y exigen su libertad inmediata.
En plena madrugada del 8 de enero de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra Arturo Lugo Macías, destacado activista anarquista. Tras ser detenido fue trasladado a un penal del Estado de México, acusado de “daños a la propiedad ajena con agravante de pandilla”, delitos vinculados a un incendio ocurrido hace casi seis años —el 5 de abril de 2020— en las instalaciones de la FES Acatlán, perteneciente a la Universidad Naional Autonóma de México (UNAM).
No obstante, la historia detrás de estos cargos revela un entramado de violencia institucional, agresiones de un grupo paramilitar y una campaña de persecución política que, según organizaciones estudiantiles y defensores de derechos humanos, busca criminalizar la protesta social y ocultar las responsabilidades de autoridades universitarias.
En aquel momento en que se le vincula a Lugo Macías, se sucitaba un escenario de denuncias de violencia de género en un contexto estructural que implica a diversas instancias de la UNAM, con denuncias recurrentes contra profesores y funcionarios señalados por acoso sexual, y una respuesta institucional caracterizada por la omisión y el encubrimiento.
Según diversas colectividades, mediante un comunicado emitido este domingo (12) señalan que en aquel momento el colectivo feminista Argüenderas y Revoltosas, exigió protocolos de seguridad y acciones concretas frente a este contexto de acoso. “Sin embargo, sus demandas no fueron escuchadas ni hubo disposición al diálogo por parte de la institución”, destacan en el comunicado titulado “Libertad para Arturo Lugo Macías “Sheveck””.
Los colectivos detallan que el 10 de marzo de 2020, a manera de protesta, ocuparon un cubículo en el edificio 6, un espacio que años antes había sido utilizado como respuesta a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El objetivo, dice esta red de solidaridad con el detenido, era “brindar un refugio seguro para aquellas personas violentadas física, sexual y psicológicamente, además de propiciar la organización estudiantil de corte feminista”.
Con el inicio de la pandemia, las estudiantes mantuvieron la ocupación. A ellas se sumaron, en solidaridad, integrantes del espacio anarquista Kubo 906, entre ellos el hoy detenido, Arturo Lugo.
Durante ese momento, con el espacio ocupado por estas colectividades, denuncia la red de solidaridad, el 5 de abril del 2020, entre las 2:00 y 3:00 horas, un grupo de entre 7 y 10 hombres —vestidos con equipo táctico, pasamontañas, chalecos antibalas y armados con tubos, palos, un pico, armas de fuego y galones de gasolina— irrumpió en la facultad. Primero atacaron el Kubo 906, donde “golpearon, humillaron y torturaron a dos estudiantes. Al compañero que se encontraba dentro del espacio lo golpearon a tal grado de romperle la mandíbula y dejarle varias heridas abiertas en la cabeza, mientras a la compañera que se encontraba con él, la violentaron sexual y físicamente”, señala el comunicado que va hilando el contexto de donde surgen las acusaciones.
Minutos después, el mismo grupo paramilitar se dirigió al edificio 6. Rociaron gasolina en la puerta del cubículo ocupado y le prendieron fuego para intentarlo abrir. “Una vez adentro, cercaron y golpearon con fuerza a los estudiantes, principalmente a Arturo Lugo, quién ya había recibido varias quemaduras al intentar apagar el fuego que entraba por debajo de la puerta. En medio de esta agresión, varias compañeras fueron agredidas sexualmente”, denuncia la red de solidaridad.
En medio de los ataque del grupo paramilitar surgió el nombre de Erasmo González Castro, entonces jefe de vigilancia de la FES Acatlán, quien es señalado por estudiantes como responsable de los actos represivos. “…los agresores pronunciaron frases como: "por eso las violan y las matan, por vergueras" y "Esto es un mensaje de Erasmo”, en alusión al funcionario, rememoran compañeras del hoy detenido.
De la negligencia a la criminalización
A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades universitarias y estatales no actuaron de inmediato. Solo horas después, cuando se reportó un incendio en el edificio de la facultad —del que la UNAM responsabiliza a Arturo y otros estudiantes—, llegaron bomberos y ambulancias. “La atención médica valoró de gravedad a dos de los compañeros que presentaban golpes, heridas y quemaduras, incluido el mismo Arturo”, señalan los compañeros del detenido en el comunicado.
En el escenario registraron al menos 6 patrullas y en una de ellas descendió “el propio Erasmo González Castro”, remarcan en el documento. Días siguientes la UNAM se pronunció solo señalando el daño material y no se hizo ninguna referencia en torno al ataque paramilitar ni a las agresiones sexuales. Para las organizaciones estudiantiles, esto fue una estrategia para deslegitimar la protesta y proteger a funcionarios señalados.
La detención
Inició entonces una campaña de persecución política: tres estudiantes fueron identificados como responsables del incendio. Al menos uno sufrió un intento de secuestro en su domicilio.
“La detención de Arturo Lugo este 8 de enero parece ser el capítulo más reciente de esta criminalización” detallan los activistas, señalando por otra parte que, “los agresores paramilitares —y sus posibles cómplices dentro de la universidad— permanecen en la impunidad, la FGR actúa con base en una acusación por daños a la propiedad, ignorando el contexto de violencia y tortura que vivieron los estudiantes”.
Para la red de solidaridad esta detención no es más que un montaje, asegurando que a su compañero lo quieren encarcelar por haber sobrevivido a un ataque que debió investigarse como tentativa de homicidio y tortura. Por ello exigen en su comunicado que la UNAM “se haga responsable por los hechos cometidos a manos del grupo paramilitar, determinar actores intelectuales de los hechos y retirar los cargos judiciales en contra de Arturo”, además de exigir la libertad inmediata de Lugo.
