En portada: Participación del EZLN en las mesas de los Acuerdos de San Andrés durante 1996.
El pasado febrero se cumplieron 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y diversas instancias del Estado mexicano, documentos históricos en los cuales el Estado asumió el compromiso de reconocer los derechos y la cultura de los pueblos indígenas en la Constitución y en la estructura del sistema político mexicano.
“Sin duda alguna son de una relevancia significativa”, se refiere el abogado especialista en derecho agrario y miembro-fundador del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, “porque encarnan un proceso histórico que es el levantamiento zapatista [1994] y el proceso que lograron generar junto con organizaciones, comunidades, académicos, al momento de discutirse y redactar los acuerdos”.
El abogado, que participó del Foro Acuerdos de San Andrés, en el contexto de la Jornada Nacional e Internacional Justicia para Samir y Autodeterminación para los Pueblos, subraya tres elementos que considera significativos de los Acuerdos. El reconocimiento de los derechos territoriales, el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, con funciones de gobierno, y la capacidad para ejercer presupuesto fiscal en el marco de la estructura del Estado mexicano.
Significativo también es, sin embargo, “el incumplimiento que se dio a estos acuerdos”, sostiene. Fueron firmados en 1996. A partir de entonces se elaboró una propuesta, una redacción legal, para incorporarlos a la Constitución, algo que “no ocurrió”, en reformas constitucionales posteriores.
En la reforma constitucional de 2001, explica, no se reconoció el primer cuerpo de derechos, es decir, los derechos territoriales, ni el segundo cuerpo de derechos políticos, que permitiría a los pueblos el ejercicio de la autonomía. “Fue una verdadera traición a los Acuerdos de San Andrés”, resume. Esta traición llevó a que “nuestros pueblos profundizaran el ejercicio de la autonomía sin buscar el reconocimiento constitucional o el reconocimiento legal por parte del Estado mexicano”, dice.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) promovió la reforma constitucional de 2024 y, según su propaganda y de sus aliados, se incorporan por fin los Acuerdos de San Andrés a la Constitución. “La verdad es que no lo hizo de manera cabal. Esta reforma tiene más peso por lo que no reconoce por lo que reconoce”, analiza el abogado González.
Si, por un lado, reconoce a las comunidades como entidades de derecho público, por otro, vuelve a omitir el reconocimiento de los derechos territoriales. El concepto de territorio “como un concepto jurídico con contenido claro y preciso, como prevé en el derecho internacional, convenios y tratados internacionales, queda fuera de la redacción de la reforma constitucional. Mientras no se reconozca los derechos territorios de los pueblos indígenas es muy difícil hablar de un ejercicio pleno, de la autonomía”.
Además, el abogado hace énfasis en el hecho de que el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos era distinto, tanto de la realidad del país como de la estructura constitucional. “Si nosotros miramos la constitución de este país antes de los acuerdos y en los días de hoy son cosas totalmente distintas”.
Después de los acuerdos se generó una serie de transformaciones en el marco legal para adecuarlo a las “necesidades de despojo y explotación de las grandes empresas”, comenta. Se vino todo un ciclo de reformas neoliberales que se inició con la reforma al Artículo 27, en 1992, en materia agraria y de aguas, y con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, de 1994. “Las reformas se van a seguir dando con la Ley Minera, Reformas a la Ley de Aguas, a la Ley de Bioseguridad, Reformas a la Ley Forestal, y un cúmulo de modificaciones en la esfera administrativa, para facilitar el despojo, privatización del agua, de los recursos naturales”.
Con el actual andamiaje jurídico pensar que, con los Acuerdos de San Andrés incorporados a la Constitución y “de manera mocha, como se hizo en 2024, nuestros pueblos van a tener el reconocimiento cabal de su autonomía y de sus derechos, es una ficción para nosotros”, sostiene.
Lo importante
Más allá de los acuerdos firmados, para Gilberto López y Rivas, quien asesoró a los zapatistas en ese entonces, la importancia de este momento de la historia mexicana fue el proceso de diálogo de San Andrés – que ocurrió entre noviembre de 1995 y febrero de 1996, antecediendo la firma -, en el cual coincidieron al menos 2 mil personas. “Fue un congreso constituyente desde la perspectiva del México de abajo y de los pueblos indígenas, en donde sectores de toda la sociedad civil mexicana tuvieron la oportunidad de sensibilizarse, de conocer, de profundizar lo que son los derechos colectivos de los pueblos, particularmente el derecho colectivo al territorio y a la autonomía y a la defensa de sus códigos y normas de vida que estos pueblos sustentan”, dice.
Además, este proceso permitió la presencia de cerca de 40 pueblos indígenas que algunos meses después, en octubre de 1996, integraron el CNI. “Creo que lo más importante en términos organizativos y políticos de lo que fue el proceso de San Andrés, ya no los Acuerdos de San Andrés, fue la formación del Congreso Nacional Indígena y posteriormente del Concejo Indígena de Gobierno. En este sentido la formación del CNI fue uno de los resultados más trascendentes”.
Antes, durante y después de los Acuerdos
De igual manera, Carlos Beas, coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), que también asesoró el EZLN en este proceso, pone el foco del análisis en los diálogos de San Andrés y, además, en el contexto mexicano antes y después de la firma de los acuerdos.
De acuerdo con Beas, los pueblos indígenas siempre estuvieron presentes en las principales luchas sociales en México, pero no eran reconocidos como indígenas. Las luchas de democratización de México en las décadas de 1950 y 1960, el movimiento magisterial y médico de esta época, por ejemplo, “fueron encabezados por dirigentes indígenas, se reconoce como dirigentes sindicales, pero no como indígenas”. O entonces en la década de 1970, “un gran movimiento independiente de lucha que va a construir una iniciativa de movilización, de toma de tierras, había muchas organizaciones indígenas que no se llamaban organizaciones indígenas, eran campesinos”.
Fue en la década de 1980, según él, cuando empieza a haber cambios. Surge en Oaxaca, por ejemplo, una propuesta de autodeterminación, de autonomía, en la Sierra Norte. “Es importante focalizar los acuerdos en los diálogos que se hizo dentro de la misma sociedad. En esta ocasión organizaciones indígenas ya se plantean abiertamente la demanda de los derechos indígenas”.
Resalta que, en la primera declaración de la Selva Lacandona, en los diez puntos pronunciados por EZLN, “no había uno solo que reivindicara los derechos indígenas. Reivindicaba vivienda, salud, agua, justicia. Pero no nos habla de derechos específicos de los pueblos indígenas”.
Va a ser en la discusión que se da en el ámbito de los acuerdos de San Andrés, “que el EZLN reconoce y retoma este reclamo; esta es la importancia de los acuerdos, más que el diálogo con el Estado, más que el reconocimiento legal del Estado, fue el diálogo entre la sociedad y los pueblos indígenas para colocar como primer punto de la agenda nacional los derechos indígenas”, sostiene.
Señala que es “falsa la idea de que haya existido un ambiente pleno de armonía entre los asesores del EZLN. Hubo debates fuertes internos, fue una lucha para imponer la visión de darle prioridad a los derechos de los pueblos indígenas”.
El coordinador de Ucizoni remarca que los diálogos de San Andrés “parieron varios reflexiones, parieron varias procesos”. Después de 1996, resalta, empiezan a fungir, principalmente, tres grandes corrientes independientes del movimiento indígena en México. Por un lado, la corriente indígena que se adhiere al PRD (que hoy migró a Morena). Por otro lado, los que “llamamos los ‘legalistas’ (terminaron en el gobierno de López Obrador), principalmente compañeros de Oaxaca que plantean el reconocimiento constitucional”.
Y una tercera corriente, “que se mantiene viva hasta ahora de manera independiente que es la que estaba planteando la defensa de los territorios, la defensa de los derechos de nuestros pueblos, pero de una perspectiva autónoma sin ningún tutelaje del Estado, porque sabemos que el Estado nunca va a reconocer los derechos de nuestros pueblos y mucho menos derechos autonómicos”, sostiene Beas.
Para él, hay que “quitarnos la ilusión de Estado como gran benefactor”, que va a reconocer los derechos de nuestros pueblos. “Hemos estado pagando caro por esta forma de enfocar, desviar los objetivos al reconocimiento legal. Eso lo único que sirvió es para que unoscabrones sean los dueños de la Suprema Corte de Justicia, sean los dueños del INPI [Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas], así de claro. Pensamos que es muy clara la ruta. La ruta que tiene que mantener la lucha de los pueblos es una lucha independiente de partidos y de los Estados, una lucha autónoma realmente”.
Los acuerdos
El municipio tzotzil en la región de Los Altos de Chiapas, México, San Andrés Larráinzar, rebautizado como San Andrés Sakamch’en de los Pobres por el ejército zapatista, fue escenario entre 1995 y 1996 del proceso de diálogo que involucró al EZLN, Estado, movimientos indígenas y distintos sectores de la sociedad mexicana. Tanto los delegados gubernamentales como los zapatistas, se hicieron acompañar de asesores y expertos para cada uno de los temas de cuatro mesas: Derechos y Cultura Indígenas, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Derechos de la Mujer en Chiapas.
Resultado de la primera mesa, Derechos y Cultura Indígenas, se firmaron los Acuerdos de San Andrés. A partir de la firma siguió un periodo de avance en la segunda mesa, Democracia y Justicia, que se prolongó hasta el 2 de septiembre de 1996, cuando el EZLN suspendió la negociación, argumentando que el gobierno no estaba cumpliendo con su compromiso de legislar. Las dos últimas tenían que realizarse entre finales de 1996 y principios de 1997; finalmente, no ocurrieron.
