En portada: Thelma Peña, viuda de Juan López, junto a Bertha Zúniga Cáceres, hija de la líder ambientalista lenca, Berta Cáceres, unidas en una lucha por justicia ambiental integral. Foto: Emy Padilla.
Al cumplirse dos años del asesinato de Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se ha identificado y procesado a seis personas, aunque a la fecha no existe una sentencia por el homicidio acontecido la noche del 14 de septiembre de 2024.
Juan López fue asesinado cuando salía de una iglesia en Tocoa. En ese momento se desempeñaba como regidor municipal, además de coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), cuyas comunidades que le integran mantienen la defensa activa del agua, el territorio y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras frente a la operación de proyectos mineros.
En el proceso penal, tres hombres, detenidos en octubre del 2024, son señalados como presuntos autores materiales: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. Sin embargo, su juicio oral ha sido aplazado y está previsto a suceder hasta enero del 2027.
Por otra parte, el 12 de mayo del 2026 fueron detenidos el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, acusados por el Ministerio Público como presuntos autores intelectuales del asesinato, además del cargo de asociación para delinquir, por lo que se les dictó prisión preventiva.
No obstante, el 31 de julio pasado, la jueza Rosario Díaz Cruz sustituyó la prisión preventiva de Fúnez por arresto domiciliario. Para el 13 de agosto ordenó la misma medida para Juan Ángel Ramos Gallegos, por lo que las víctimas han interpuesto recursos de apelación, aún pendientes de resolución.
El Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras cuestionó las decisiones al señalar que, de acuerdo con las propias resoluciones judiciales, no habían desaparecido los presupuestos que habían motivado originalmente la prisión preventiva contra los acusados. Tanto la Federación Internacional por los Derechos Humanos, como la Organización Mundial contra la Tortura advirtieron de la gravedad de la decisión judicial debido al riesgo que representa para familiares de Juan López, así como para las y los defensores de Tocoa, debido a que Ramón Gallegos cumple el arresto domiciliario en la misma zona donde vive la familia del defensor asesinado.
La audiencia preliminar de los tres acusados fue reprogramada para el próximo 1 de octubre del 2026, a solicitud del Ministerio Público, que pidió tiempo adicional argumentando la necesidad de profundizar en la extracción de información de los dispositivos electrónicos asegurados durante la investigación penal.
Alertas ignoradas
Durante más de una década, Juan López y miembros del CMDBCPT denunciaron irregularidades tras la instalación de un proyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras. Ante esta situación, el Comité, coordinado por López durante años, presentó al menos 25 denuncias ante el Ministerio Público, sin que la dependencia estatal actuara para fiscalizar.
Cabe recordar que López también fue víctima de criminalización debido a su labor de defensa del territorio. Entre los años 2018 y 2019, 32 personas, él incluido, fueron procesadas bajo el delito de usurpación de tierras.
Días antes de su asesinato, Juan López había exigido públicamente la renuncia del entonces alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, debido a las acusaciones, derivadas de una investigación periodística, en la que se le vinculaba con actividades de narcotráfico. Durante su captura en mayo del 2026, Fúnez ha negado las acusaciones y se declaró inocente.
Juan López y otros miembros del CMDBCPT contaban con medidas cautelares, además de que organismos de Honduras e internacionales habían advertido sobre el riesgo de las personas defensoras del territorio en Tocoa.
En este escenario, al cumplirse dos años del aún impune asesinato de López, miembros del CMDBCPT han alzado la voz para homenajear la vida del defensor asesinado, y al mismo tiempo denunciar la inacción del MP y el Poder Judicial de Honduras. “Condenamos al Estado por no abordar los problemas estructurales que condujeron al asesinato de Juan López”, sentencian en un comunicado difundido el lunes (14).
La defensa continúa
Mientras el CMDBCPT realiza actividades culturales, espirituales, así como debates y foros públicos para rendir homenaje a Juan López, también ha realizado el llamado a la comunidad hondureña e internacional para estar atentos de la audiencia inicial contra el empresario Lenir Pérez.
Este jueves (17), el Tribunal de Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa prevía realizar la audiencia contra el presidente de la compañía EMCO, vinculada a Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek por delitos ambientales relacionados con la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Las acusaciones contra Pérez y tres ejecutivos de sus empresas son por el delito de explotación ilegal de recursos naturales (mineros y forestales), así como por daños agravados. “No se puede subestimar la importancia de esta audiencia, ya que es la primera vez que un empresario de este nivel es llevado ante la justicia por delitos ambientales, comprobados mediante una investigación y documentación exhaustivas”, enfatiza el CMDBCPT.
Para el Comité, la audiencia debe dar lugar a un auto de formal procesamiento, por lo que “Lenir Perez y todos los responsables deben pagar las consecuencias. Es importante recordar que este proceso legal lo iniciaron Juan López y el CMDBCPT. Seguiremos honrando el legado de Juan López a través de este caso y de otros procesos por los que él luchó para que se hiciera justicia”.
No obstante, la audiencia fue suspendida bajo el argumento de que, tanto el Ministerio Público, los acusadores privados y la Procuraduría General de la República ofrecieron una extensa carga probatoria. La nueva fecha para la audiencia se programó para el próximo jueves 1 de octubre.
