El director de la REBIEN señala que la RSPO no elimina el riesgo de que haya un “mercado negro” de aceite de palma, pues solo se conseguiría cierto control en el suministro a las procesadoras y ello no asegura que continúe la comercialización que incumpla la norma.
Aunque Matilde Rincón considera que esta certificación puede ser una oportunidad para convencer a los productores a que implementen “buenas prácticas” que les ayuden a certificar y vender su producto, también coincide en el peligro de lo que denomina el “lavado de fruta”. Explica que esto ocurriría si un productor con cultivos de palma en zonas núcleo, que estuviera imposibilitado de comercializarla, vendiera su producción a otro productor que sí cumpliera con las normas RSPO. Según ella, para que esto no ocurra es necesario un trabajo de verificación “parcela por parcela”, una labor que aún no se realiza “y que todavía hay que hacer”.
Según el informe de comunicación anual de los avances RSPO del año 2020 de Oleopalma, esta empresa obtiene el 90% de la fruta que procesa por parte de pequeños productores independientes, lo que dificulta la supervisión del origen de la producción de palma. Por ello, desde 2018, Oleopalma y Oleofinos, con el respaldo de PepsiCo, lanzaron el Programa del Fondo de Apoyo para Pequeños Productores de la Mesa Redonda de Palma de Aceite Sustentable. Su objetivo era capacitar a 157 pequeños productores, quienes servirían como modelo de desarrollo sostenible para la industria de la palma de aceite en México, en aras de impactar a 52 mil hectáreas de plantaciones.
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Mujeres de la costa en rebeldía y la organización Agua y Vida durante recorrido por plantaciones de palma aceitera en Pijijiapan. Las mujeres denuncian afectaciones ambientales causadas por los monocultivos. Foto: Aldo Santiago.
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Chiapas registra mas de 51 mil hectáreas de palma aceitera. En la región costa, los habitantes comienzan a reclamar las afectaciones a las tierras. Foto: Aldo Santiago.
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Según el director de La Encrucijada, la palma tiene un alto potencial invasivo, debido a que se siembra junto a canales de agua, lo que facilita su migración hasta zonas de manglar. Foto: Santiago Navarro F.
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La procesadora de aceite Zitihualt, ubicada en Villa Comaltitlán, operó durante cinco años sin contar con autorización de impacto ambiental. Según la Paech, estas instalaciones tampoco tenían los permisos para el manejo de residuos y emisiones contaminantes. Foto: Santiago Navarro F.
Oleopalma también anuncia que cuenta con mecanismos especiales para el trato de sus contaminantes, incluyendo los químicos usados en los cultivos de palma. A su vez, “las cenizas se pueden utilizar como abono orgánico o para hacer composta, disminuyendo los residuos y el uso de agroquímicos”, argumenta en su informe de sostenibilidad 2020.
Sin embargo, Gabriela Madariaga, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, realizó estudios en municipios del área de influencia de La Encrucijada durante 2018 e identificó que el 80% de los productores usaban fertilizantes químicos sin protección alguna y, únicamente, 20% aplicaba productos orgánicos. Los químicos que más se usaban eran el Triple 17 y el herbicida Paraquat, este último considerado mutagénico y altamente tóxico para los humanos si es ingerido. Su uso fue prohibido en 2017 por los tribunales de la Unión Europea.
En 2021, aún se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria, incluso en las plantaciones propiedad de Industrias Oleopalma. Así lo constata un reporte elaborado por IBD Certificaciones, que en marzo de ese año realizó una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”. No obstante, la certificadora consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la REBIEN.
Sumado a lo anterior, La Encrucijada se ve impactada por los residuos de las procesadoras. “Por un lado están las afectaciones al medioambiente por los agroquímicos, pero también está la contaminación por las emisiones y residuos de las procesadoras que llegan hasta los manglares”, subraya la investigadora Claudia Ramos Guillén.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es responsable de fiscalizar las denuncias por contaminación provocadas por el monocultivo de palma aceitera. No obstante, ha estado promoviendo su propia certificación de las plantaciones a través del Programa Nacional de Auditoria Ambiental (PNAA). Dicho programa es resultado de un convenio con la Asociación de Industriales de Aceite y Mantecas Comestibles (ANIAME), principal organismo promotor de la norma RSPO en México.
A través del PNAA, la Profepa pretende que las empresas de la palma se sometan “de manera voluntaria para conseguir alguno de los certificados ambientales que expide la Procuraduría”, detalló en 2016 el entonces subprocurador de Recursos Naturales, Ignacio Millán, durante un recorrido por plantaciones de palma aceitera en Acapetahua, costa de Chiapas.
Avispa Midia solicitó a la Profepa, vía acceso a la información, los registros de inspecciones derivadas de denuncias por la afectación del monocultivo de palma en la región de la costa y la zona de La Encrucijada. Hasta el cierre esta investigación periodística no entregó ningún documento.