En portada: Entre 2012 y 2021, solo en las dos regiones amazónicas peruanas con más vegetación, Loreto y Ucayali, cerca de 13,000 hectáreas fueron deforestadas por empresas que adquirieron las tierras para cultivar palma y cacao. Foto: Thomas Muller.
El Gobierno del Perú aprobó un plan para promover las plantaciones de palma aceitera en la Amazonía durante los próximos 10 años, sin haber dialogado con los pueblos indígenas.
La resolución titulada Instrumento de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú, período 2025-2034, publicada el 22 de marzo, fue elaborada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
La palma aceitera fue declarada cultivo de interés nacional mediante un decreto supremo del año 2000. “Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible y socioeconómico de la región amazónica (….) y contribuir en la recuperación de suelos deforestados por la agricultura migratoria y actividades ilícitas”, cita el documento ministerial.
La superficie cosechada de palma se expandió de 10,000 a 95,000 hectáreas en la Amazonía peruana entre los años 2000 y 2021, de acuerdo a registros del Midagri.
Según este plan, “la cadena de suministro de palma aceitera en el Perú realiza mucho esfuerzo para garantizar la seguridad alimentaria”.
La sostenibilidad es un falso discurso de la industria palmicultora. La deforestación de bosques primarios, el modelo de monocultivo y la contaminación, por el contrario, dificultan las condiciones de la población amazónica para acceder a variedades de alimentos.
El Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica: el 51% de habitantes (17,6 millones) la padeció en 2023, moderada o grave, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Actualmente, la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú se moviliza ante la crisis del sector agrario y la amenaza a la seguridad alimentaria. La organización denuncia el encarecimiento de la canasta básica, desabastecimiento hídrico y abusos de intermediarios.
Tierras convertidas, tala ilegal, concentración
De acuerdo al informe El laberinto verde, publicado por Oxfam este año, en el Perú se perdieron 773,000 hectáreas de bosques por causa de la tala para convertir áreas forestales en tierras agropecuarias de gran extensión.
Entre 2012 y 2021, solo en las dos regiones amazónicas peruanas con más vegetación, Loreto y Ucayali, cerca de 13,000 hectáreas fueron deforestadas por empresas que adquirieron las tierras para cultivar palma y cacao, indica un estudio de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).
Multinacionales como Nestlé, Kellogg’s y Colgate adquieren parte de esta producción, concentrada en pocos grupos de capitales extranjeros. La EIA señala que casi la totalidad de tala en estas regiones entre 2012 y 2018 no contó con permisos legales.
“La palma aceitera es el principal producto de exportación de la región Ucayali. Su crecimiento se relaciona con la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos y conflictos con las comunidades indígenas. El Grupo Melka ha deforestado 9,000 hectáreas de bosque primario en Loreto y solicita concesión sobre otras 45,000”, advierte la organización Pro Purús.
El empresario estadounidense Dennis Melka es el propietario de este grupo, que pretende multiplicar sus operaciones en el Perú. A través de Asian Plantations Limited, construyó un imperio de la palma en Sarawak y Malasia, donde la disponibilidad de las tierras se agotó en los últimos años, por lo que busca incrementar inversiones en América Latina.
En Ucayali, además, el Grupo Ocho Sur, cuyos accionistas son dos empresas de Estados Unidos, produce palma en 12,000 hectáreas, de las cuales 5.000 fueron entregadas por el Gobierno Regional. La legalidad de estas concesiones es cuestionada por la Contraloría General de la Nación.
En estas regiones aumentan los conflictos por tráfico de tierras y violencia de colonos productores de palma contra pueblos originarios.
Estructura empresarial y legal para deforestar
Veinte años atrás se creó la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) con el supuesto objetivo de garantizar la integridad de pueblos indígenas y la conservación de bosques. En la práctica se trata de una fachada para los intereses de la industria.
La mesa, conformada por alrededor de 5,800 miembros en 100 países, evalúa el impacto socioambiental de las empresas y emite certificados. Un informe de GRAIN de 2024 reveló que el 96% tiene vínculos con la cadena agroindustrial, y que 12 de 16 integrantes de la junta directiva provienen de corporaciones palmicultoras.
“Esto refleja la gran dominación de la estructura de la organización por parte de los intereses empresariales”, advierte el informe. Las decisiones de la RSPO alcanzan a todos los gobiernos con territorios codiciados para el extractivismo.
El plan que impulsa este monocultivo en el Perú es parte de un paquete de normas del Ministerio de Agricultura que se complementa con la cuestionada modificación de la Ley Forestal, realizada en 2024 para formalizar la deforestación ilegal.
A estos instrumentos se suma la Constancia de Libre Deforestación, aprobada por el Midagri en septiembre de 2024. Se propuso ampliar la frontera agrícola y la producción de palma aceitera, lo que incentivó incendios forestales masivos. La resolución fue anulada a los pocos días, luego de que el ministro de Agricultura, Ángel Manero, fuera denunciado ante la fiscalía por su autorización, considerada una amenaza para los recursos naturales.
De todos los soportes legales para la agroindustria de monocultivos, el narcotráfico obtiene beneficios, aparte de territorios clandestinos. Hay testimonios de funcionarios de regiones amazónicas que apuntan a cultivos ilegales de coca a la sombra de los árboles de palma, según una investigación del medio alemán Die Ziet.
América Latina es hoy una de las regiones más codiciadas por la industria global. En Sudamérica, Colombia, Brasil y Ecuador son los principales productores de palma. Con alrededor de 500,000 hectáreas de plantaciones, cuyo crecimiento coincide con zonas de presencia paramilitar, Colombia es el primer productor de Latinoamérica.
La expansión del monocultivo en países amazónicos es un objetivo del capital agroindustrial. Para lo cual se vale del desplazamiento de comunidades, la pérdida de cultivos de subsistencia, la desertificación de suelos, la contaminación de fuentes de agua por agroquímicos y la violencia contra defensores ambientales.
