En portada: Miembros de las familias desplazadas del ejido Jotolá, al norte de Chiapas. Foto: CDH Frayba.
El pasado 12 de febrero, ocho familias tzeltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron violentamente desalojadas del ejido Jotolá, municipio de Chilón, en un operativo en el que participaron ejidatarios armados con palos y herramientas, junto con fuerzas de seguridad. Los agresores, en compañía de miembros de la Guardia Nacional (GN), policía municipal, así como personal del Tribunal Unitario Agrario y del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI), retiraron por la fuerza a un total de 30 personas, entre ellas, 17 infancias, una mujer embarazada y personas adultas mayores.
No conformes con el desplazamiento forzado, las autoridades detuvieron a dos personas, quienes después fueron acusadas por el delito de despojo agravado. Acorde a documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) que acompaña el caso, los defensores denuncian que, al desalojo violento y desplazamiento forzado, también se añade un proceso de criminalización en contra de las familias desplazadas.
Según los testimonios recogidos por el CDH Frayba, las agresiones comenzaron aquel día alrededor de las 8am, cuando policías municipales detuvieron a Francisco Moreno Hernández, quien forma parte de las familias desalojadas y que, en esa mañana, se dirigía rumbo a su trabajo. Alrededor de las 11am, un grupo de alrededor de 100 personas irrumpieron en el predio donde se ubicaban las viviendas de las ocho familias tzeltates.
Acorde al relato reconstruido por el Frayba, durante la agresión fueron destruidas cinco viviendas, además de registrarse el robo y quema de sus pertenencias, además del asesinato de animales domésticos. Miembros de las familias violentadas denunciaron haber sido golpeados para entorpecer la documentación de las agresiones y, fue en ese momento, que ocurrió la detención de María de Jesús Sánchez Gómez. Sin embargo, la violencia no terminó ahí, debido a que, a más de dos meses, las familias permanecen en condiciones de precariedad y sin la posibilidad de retornar a sus viviendas.
Entre las problemáticas que viven las familias tzeltales, se reporta la presencia de dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores, debido al hacinamiento en los espacios donde se refugian, así como por falta de atención médica. Entre la documentación del Frayba, también se indican afectaciones psicosociales, entre ellas, condiciones como ansiedad, insomnio, miedo y estrés entre las personas desplazadas.
“Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre”, relata el CDH Frayba en un comunicado.
Tortura y criminalización
El día del desalojo, Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez Gómez fueron presentados ante el Juzgado de Control en el municipio vecino de Yajalón, ambos acusados del delito de despojo agravado. Para el 17 de febrero, el juez determinó su vinculación a proceso penal.
A Moreno se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No.12, localizado en el municipio de Yajalón. Por su parte, a Sánchez se le permitió llevar su caso en libertad, con la condición de asistir semanalmente para otorgar su firma.
Las familias de Jotolá advierten que, al menos, existen ocho órdenes de aprehensión contra otras de las personas desplazadas, por lo cual alertan sobre el riesgo de también ser detenidos y vinculados a proceso penal. El CDH Frayba sostiene que la existencia de estos procesos penales “buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad”.
Además, el centro de derechos humanos documentó la comisión de tortura y otros tratos crueles durante el operativo de desalojo, así como durante la detención de las dos personas de Jotolá. María de Jesús Sánchez Gómez, registra el CDH Frayba, denunció tortura por parte de personal de la Fiscalía Indígena, además de haber sido amenazada con la posibilidad de ser desaparecida.
Ante ello, la organización de derechos humanos, así como el CNI, señalan la responsabilidad de los agresores a quienes vinculan directa e indirectamente con instituciones del Estado, lo que agrava la actuación de los funcionarios, en sus distintos niveles. “El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años”, sostiene el centro de derechos humanos.
Juicios pendientes
Pese a que la audiencia inicial por el delito de despojo agravado en la causa penal 41/2025 estaba programada para el pasado jueves (16), el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón modificó la fecha para su realización, con lo que prevé efectuarla hasta el próximo 30 de abril. Destaca que, en dicha causa penal, también se incluyen a otras personas desplazadas, se trata de Antonia Hernández López y Victorio Moreno.
Frente al desarrollo del caso, el CDH Frayba sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y el territorio y se niegan a privatizarla. También señala la grave violación a los derechos humanos por la participación de autoridades locales.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos, así como la familia de Moreno Hernández aseguran que él ha trabajado, desde el año 1994, cinco hectáreas dentro del ejido Jotolá, tierras que forman parte de una recuperación realizada durante el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Desde entonces, sostienen, la familia ha habitado y trabajado el territorio de manera pacífica durante más de tres décadas. En este contexto, el CDH Frayba y el CNI exigen la libertad inmediata de las personas detenidas, así como la cancelación de órdenes de aprehensión, la restitución de las tierras y viviendas, así como la investigación y sanción de los responsables por el desalojo y los hechos de tortura.
