Los incendios forestales en la Patagonia de Argentina y Chile han afectado más de 200 mil hectáreas de bosques nativos y ocasionado la muerte de decenas de personas. Del lado argentino, el gobierno de Javier Milei redujo en 70% el presupuesto de manejo de fuego para este año y adeudaba fondos del año anterior a los bomberos.
La inacción de la administración nacional sigue a la par de estrategias de privatización de los territorios destruidos. Desde que asumió la presidencia, Milei intentó derogar la Ley de Tierras, con el fin de permitir la compra de terrenos a privados extranjeros sin restricciones y solo limitar, parcialmente, el acceso a Estados y organismos gubernamentales. Asimismo, se pretende modificar la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego.
Los principales focos de los incendios se encuentran en la provincia de Chubut. En el Parque Nacional Los Alerces las llamas se expanden sin control, informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). Los brigadistas denuncian falta de recursos para salvar el sitio, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. En esta área boscosa andina, hogar de árboles de hasta 2.600 años y lagos de origen glaciar, se perdieron más de 30 mil hectáreas.
Tras un mes de iniciarse el desastre ambiental, el 2 de febrero, Milei declaró estado de emergencia en las provincias de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. El modelo agroindustrial de cultivos de una especie inflamable como el pino facilita la propagación del fuego, en una zona donde la sequía y el descenso de lluvias se viene acentuando durante la última década.
Más de 13 millones de hectáreas, alrededor del 5% del territorio nacional, pertenecen a privados o Estados extranjeros, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires presentado en 2025. La Ley de Tierras fija en 15% el tope de posesión de áreas rurales por parte de foráneos, pero este límite se excede en 36 distritos. En Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta) la extranjerización supera el 50%, mientras que en zonas del río Paraná, consideradas estratégicas, la privatización extranjera es alta.
Megaincendios en Chile
En Chile, la región Biobío es la más afectada, con 65,000 hectáreas perdidas, miles de damnificados y 20 personas fallecidas. De acuerdo al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (Senapred), más de 3,700 casas quedaron destruidas y unas 420 personas permanecen en albergues.
Especialistas advierten que el fuego en Biobío avanzó más rápido de lo normal, debido a menor humedad y disponibilidad de combustible muy alta. Las plantaciones extensivas de pino y eucalipto amplifican la propagación de megaincendios.
La Araucanía y Ñuble son las otras dos regiones en emergencia. La Corporación Nacional Forestal refiere que en entre julio de 2025 y este febrero se han quemado alrededor del triple de las 25.000 registradas en el mismo periodo de 2024 a 2025.
Según el Ministerio de Seguridad, hay más de 357 personas detenidas como presuntas responsables de los incendios desde el inicio de la temporada de emergencias.
Autoridades nacionales y provinciales de ambos países acusan a comunidades mapuche de estar detrás de los incendios. La criminalización de los pueblos originarios de Argentina y Chile es una estrategia para cubrir a los responsables de los casos en que el fuego es provocado, como lo son la agroindustria y el capital inmobiliario.
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