En portada: El defensor Luis Villagrán ha sido exonerado tras acusaciones por delitos que no pudieron ser comprobados por las autoridades migratorias ni federales. Agosto, 2025.
Organizaciones de derechos humanos en México presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del defensor de derechos humanos Luis Rey García Villagrán, ante la criminalización y el uso indebido del derecho penal en su contra, reflejados en 12 expedientes, de los cuales tres fueron judicializados entre 2024 y 2025.
“Ya me investigó la CIA, la DEA, la UIF en México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena, la Marina; ya me investigaron todos y no encontraron nada”, narró Luis Villagrán en entrevista con Avispa Mídia.
De acuerdo con los expedientes en poder del defensor, la persecución en su contra inició en 2009. A la fecha, cuatro jueces federales han ordenado investigarlo y también autorizaron la intervención de todas sus comunicaciones.
Ha recibido amenazas directas, un intento previo contra su vida, además de procesos penales federales que evidencian un patrón de hostigamiento judicial; declaraciones públicas de altas autoridades que lo vinculan con delitos graves; campañas de estigmatización mediática y digital, así como la intervención de sus dispositivos digitales y redes sociales.
Por ello, se presentó con urgencia la solicitud de medidas cautelares el pasado 12 de febrero, por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y el Centro de Dignificación Humana AC.
La solicitud se sustenta en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH e invoca los artículos 4, 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante la existencia de una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable para la vida, integridad personal y libertad del beneficiario.
Las organizaciones mencionadas recordaron que la Comisión ha sostenido reiteradamente que la criminalización y el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras constituyen una violación a la Convención Americana y generan responsabilidad internacional del Estado.
Montaje judicial
Luis Rey García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa de los derechos de personas migrantes y personas privadas de la libertad en Tapachula.
El también abogado documentó durante años hechos de violaciones de derechos humanos y otros delitos cometidos contra la comunidad migrante. Pero su activismo comenzó a ser más incómodo cuando, en 2018, éxodos de personas empezaron a llegar a la frontera sur desde diferentes países.
Acompañó denuncias, principalmente por actos de corrupción de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), así como por abuso de autoridad y condiciones inhumanas en la estación migratoria Siglo 21 en Tapachula, hechos que fueron evidenciados incluso con imágenes y testimonios.
Las amenazas por su labor aumentaron y, en 2019, en el contexto de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, los hechos fueron documentados en un acta que Luis Villagrán interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ese mismo año, comenzó a ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entre 2023 y 2024, dio a conocer que el INM creó perfiles falsos para hostigarlo mediáticamente. “Llegué a contabilizar 430 perfiles falsos, para justificar estas causas penales donde inventaron víctimas, inventaron testigos, todo”, relató el defensor.
Para 2024, surgió la primera causa penal por trata de personas, y tuvo que salir de la región junto a su esposa debido a la orden de detención. Sin embargo, en ese proceso fueron interceptados, secuestrados y amenazados por un grupo armado que se identificó como Cártel de Sinaloa. Tras unos días, los liberaron con la condición de abandonar Tapachula.
A partir de ese episodio traumático, Luis Villagrán permaneció acompañando de manera virtual a la comunidad migrante en Tapachula. Durante el hostigamiento digital, que también continuó, recibió un mensaje que decía: “No te preocupes, pronto te van a saludar ya”. Entonces comprendió que se trataba de otra amenaza de detención.
Paralelamente, las deportaciones masivas en Estados Unidos incrementaron la crisis migratoria en el sur de México, y Luis Villagrán se reunió con la comunidad migrante. El 5 de agosto de 2025, al finalizar una asamblea, fue privado de la libertad por varias horas y puesto a disposición de la FGR por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), comandada por Omar García Harfuch.
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Tras la detención de Luis Villagrán en agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que se dedicara al activismo, mientras que, de manera similar, el exfiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el defensor poseía fortunas incalculables. “Me hizo secuestrable y son daños de irremediable reparación y afectó a mi familia”, lamentó.
Cinco días después, el juez lo absolvió al no encontrar pruebas de las acusaciones por tráfico de personas y delincuencia organizada promovidas por el INM e investigadas por la SSyPC. Sin embargo, el mismo día que salió en libertad, el INM interpuso otra causa penal en su contra por amenazas contra la titular de la oficina del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés. En la denuncia presentada por la actual delegada del INM en Chiapas, se argumentaba violencia por razones de género, lo que tampoco se pudo probar en el proceso penal.
Las tres causas penales contra Villagrán fueron resueltas durante el año en curso (2026), con la exoneración del defensor de todos los delitos. Una de las resoluciones se emitió tras la solicitud presentada a la Comisión Interamericana.
“Me absolvieron los jueces porque nunca se aportó nada que demostrara que pertenecía a la delincuencia organizada o a algún acto ilícito. Nunca se aportó nada. Todo era un plan como me dijeron los del cártel cuando nos secuestraron. El daño está hecho”, dijo Luis Villagrán.
Frente a la persecución contra el defensor, que parece no detenerse, las organizaciones pidieron a la CIDH requerir al Estado mexicano la adopción urgente de medidas efectivas de protección; garantizar el cese del hostigamiento judicial y la estigmatización pública; y salvaguardar la vida, integridad y libertad personal de Luis Villagrán.
