Pese a la existencia de leyes mexicanas y tratados internacionales que enuncian el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, la omisión en la normatividad del estado de Chiapas - como en todo México- obstaculiza el reconocimiento pleno de las comunidades para regirse por sus sistemas normativos internos, los cuales el Estado coloca en duda a través de la realización de peritajes antropológicos y consultas improvisadas.
Detrás de los planes de las instituciones financieras y ONGs conservacionistas para “combatir” la crisis climática, se encuentra un proyecto que tiene como fin generar ganancias a través de la venta indiscriminada de los bosques. Tal es el caso de las Áreas Protegidas de Guatemala, donde se aplica este modelo para reverdecer el capitalismo a través de políticas locales para el reordenamiento territorial ejecutadas tras la firma de los acuerdos de paz en 1996.
La promulgación del decreto de Ley de Áreas Protegidas ha criminalizado a comunidades que han habitado la Reserva de la Biosfera Maya durante décadas, quienes cuentan con derechos anteriores a la creación de dicha zona. Paralelamente ONGs conversacionistas, en coordinación con el gobierno guatemalteco y naciones unidas han implementados diversos modelos y programas para el combate al cambio climático que refuerzan el discurso para desalojar a los campesinos que habitan las tierras del norte del Petén.
En las tierras del norte del Petén, Guatemala, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales entre ellas The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, Rainforest Alliance y World Wildlife Fund junto a sus socios locales y el soporte financiero de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representan los pilares promotores de la mercantilización de la naturaleza.
El gobierno brasileño junta a numerosas ONG internacionales ya comenzó con un proceso de estudio para la elaboración de un mercado doméstico de carbono, el cual actualmente funciona como mercado voluntario. A pesar de no contar con regulación en el marco jurídico nacional, ni de haber fijado aún los precios de la emergente commodity, los experimentos para implementar proyectos como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) los cuales ya generan bonos de carbono, se cuentan por docenas en todo Brasil, puesto que políticas estatales y privadas trabajan a marchas forzadas para convertir al país sudamericano en el mayor exportador de servicios ambientales del mundo.
El país norteamericano iniciará en el segundo semestre de 2018 la fase piloto para construir un mercado de carbono doméstico, mecanismo financiero mediante el cual se comercializan créditos de carbono o en la práctica, permisos para contaminar que forman parte de las estrategias de mercado para reducir 22% de emisiones de gases de efecto invernadero en México para el año 2030.
