El gobierno brasileño junta a numerosas ONG internacionales ya comenzó con un proceso de estudio para la elaboración de un mercado doméstico de carbono, el cual actualmente funciona como mercado voluntario. A pesar de no contar con regulación en el marco jurídico nacional, ni de haber fijado aún los precios de la emergente commodity, los experimentos para implementar proyectos como el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) los cuales ya generan bonos de carbono, se cuentan por docenas en todo Brasil, puesto que políticas estatales y privadas trabajan a marchas forzadas para convertir al país sudamericano en el mayor exportador de servicios ambientales del mundo.
El país norteamericano iniciará en el segundo semestre de 2018 la fase piloto para construir un mercado de carbono doméstico, mecanismo financiero mediante el cual se comercializan créditos de carbono o en la práctica, permisos para contaminar que forman parte de las estrategias de mercado para reducir 22% de emisiones de gases de efecto invernadero en México para el año 2030.
La existencia de abundantes afluentes de agua para el riego de extensas tierras fértiles, junto a la explotación de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud y la expoliación de las tierras indígenas y campesinas por parte de las corporaciones, representan los pilares sobre los que se cierne la brutal expansión de la industria palmera que afecta toda forma de vida en la Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala, región de mayor conflicto agrario de este país, frontera con México.
Además de que la industria de la palma aceitera ha expandido su presencia en las tierras del norte de Guatemala mediante estrategias de dudosa legalidad, los análisis de los flujos económicos que se relacionan con las empresas dominantes y sus capitales arrojan evidencias de un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas en lo que concierne a inyectar al mercado, el dinero “sucio” resultado de sus actividades.
La industria de la palma aceitera ha reordenado a su gusto las tierras de la región norte de Guatemala y con ello ha deteriorado la vida de sus comunidades al forzar su conversión de campesinas a trabajadoras agrícolas, totalmente dependientes de la oferta laboral de las empresas que se aprovechan de la pobreza económica para explotar mano de obra barata en sus monocultivos.
La existencia de abundantes afluentes de agua para el riego de extensas tierras fértiles, junto a la explotación de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud y la expoliación de las tierras indígenas y campesinas por parte de las corporaciones, representan los pilares sobre los que se cierne la brutal expansión de la industria palmera que afecta toda forma de vida en la Franja Transversal del Norte (FTN) de Guatemala, región de mayor conflicto agrario de este país, frontera con México.
