Las fuerzas de paz no están sujetas a la jurisdicción del país anfitrión, y las víctimas no tendrán acceso a la justicia en sus países de origen, incluso en delitos graves.
La proliferación de estas armas sin regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.
A pesar de las denuncias frente al proceso de consulta indígena realizado en el sureste mexicano, el gobierno federal presumió su ejecución como un “éxito”.
