Parque Eólico en Unión Hidalgo. Foto: Santiago Navarro F.
Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).
El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.
La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.
"En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú", afirman.
Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.
Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.
En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.
Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.
En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.
En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria
“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.
Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.
“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.
De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.
Foto: @Vulcanicaa
40 años sin justicia
La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.
Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.
Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.
Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.
“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.
Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.
Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.
Foto: David Toro
Violencia contra los cuerpos
En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.
“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.
A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.
Violencia contra el territorio
Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.
Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.
Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.
Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.
“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.
Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.
Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria
Testimonios
En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.
“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.
“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.
Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre
Organizaciones, colectivos y redes adherentes a laSexta Declaración de la Selva Lacandona presentaron un informe para denunciar la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El informe es fruto de la tercera caravana de solidaridad y documentación que las organizaciones emprendieron en los días 8 y 9 de enero.
“Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los ‘40 invasores’ está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a la formas de organización autónoma”, denuncian las organizaciones.
Un día después de concluida la caravana, el grupo de ‘los 40’ retomaron las agresiones, “destruyeron el tuvo de pvc que llevaba el agua al ganado colectivo, destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo”, señalan.
Hostigamiento
La comunidad autónoma Nuevo San Gregorio comprende 155 hectáreas de tierra recuperada. Desde noviembre de 2019 el grupo de los ‘40 invasores’ comenzaron con la intimidación y provocación cercando los trabajaderos y la escuela secundaria autónoma con los árboles frutales y plantas medicinales que ahí se encuentran.
Según las organizaciones, el 27 de febrero del 2020, tanto la comunidad de Nuevo San Gregorio, como la Junta de Buen Gobierno, intentaron establecer un diálogo con los invasores haciéndoles tres propuestas concretas: que la tierra se trabajara de forma colectiva, “ya que para nosotros la tierra se trabaja en común”, afirma un miembro de la comunidad zapatista; o darles una hectárea por persona; o dividir por la mitad las 155 hectáreas.
Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores. Y de ahí en adelante lo único que ha habido por parte de dicho grupo han sido provocaciones, agresiones y amenazas contra las bases zapatistas. “Hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque la necesitan para vivir, si no como negocio, (e ir contra de la organización del EZLN) ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las cuatro comunidades a las que pertenecen”, detallan en el informe.
Durante los años de 2020 y 2021, los invasores comenzaron con el cercamiento del tanque de almacenamiento del agua que distribuye al pueblo, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región, impidiendo su movimiento. El robo de hortalizas, plantas medicinales y frutales; amenazas a las mujeres zapatistas y el hostigamiento a los hombres a quienes circundan los invasores portando palos, machetes, macanas y resorteras. Además de vigilarlos e intimidarlos a distancia, tomando fotos y video en dirección a las personas zapatistas para acosar-asediar a las familias en sus propias tierras.
A la fecha, enero del 2022, de las 155 hectáreas de tierra recuperada, los invasores han reducido el espacio y forma de vida, tránsito y producción de las familias zapatistas a tres hectáreas y media. Quedando el centro de población en media hectárea, dejando tres hectáreas dispersas y fragmentadas.
De acuerdo con las organizaciones, “las familias, actualmente se encuentran cercadas y secuestradas en sus propias tierras. Se han cercado y secuestrado los caminos, bosques, manantiales y ríos. En todo este tiempo, los invasores han saqueado las cosechas y robado animales de los trabajos colectivos; siguen destruyendo los bosques, matan a los animales y ejecutan el uso mercantil de la tierra”.
A pesar de la violencia, integrantes de la comunidad reafirman su permanencia en el territorio. “Nosotras, nosotros aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a seguir”, sostiene un integrante de la comunidad. “No somos dueños de estas tierras, somos guardianes y guardianas. Estas tierras son de miles de zapatistas”.
Los responsables
Las organizaciones denuncian en el informe la negligencia y omisión de los tres niveles de gobierno frente a los hechos criminales. “Mantienen en la impunidad total al grupo delincuencial señalado como “los 40 invasores”, cuyos líderes principales son Nicolás Pérez Pérez (ex regidor del ayuntamiento de Huixtán), sus hijos Roberto Pérez Huet y Alejandro Pérez Huet, Nicolás Mosan Huet, Alonso Bolom Ara y Nicolás Gómez Pérez”, señalan.
“(Existen) denuncias y pruebas contundentes de las acciones criminales encausadas por estas personas. Quedando claro que dichos grupos trabajan con el consentimiento y aprobación del Estado”, afirman.
Seguimiento de observación
El 28 de octubre de 2020, se realizó la Primera Caravana de Solidaridad y Documentación a la comunidad de Nuevo San Gregorio y región Moisés y Gandhi. El 8 de diciembre del 2020, diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos llevaron a cabo una Misión Civil de Observación desde la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (RTDT). El 12 de enero del 2021, se realizó una segunda . Y a partir de marzo del 2021 a la fecha se realizan las Brigadas Civiles de Observación (BRICOS) del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas.
Contrainsurgencia
En sus informes, las organizaciones han insistido que, a partir del levantamiento del EZLN, en 1994 - donde miles de hectáreas de tierras usurpadas por hacendados fueron recuperadas por los pueblos originarios - el gobierno ha ejecutado una guerra para volver a despojar y controlar la tierra y territorio donde los pueblos zapatistas construyen una forma de vida colectiva y autónoma.
“Reiteramos que el camino del EZLN no ha sido fácil. La Guerra de 1994, y su continuidad desde la contrainsurgencia, se empezó a diseñar e implementar por diferentes vías para que la guerra fuera integral y así poder desgastar y desarticular a las familias, comunidades y pueblos zapatistas”, dicen las organizaciones.
Sin embargo, “a partir del ejemplo de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, constatamos que la apuesta política es por la vida y desde las autonomías. Donde las familias se organizan para crear y sostener el trabajo colectivo de la milpa, el frijolar, el trigo, así como los colectivos de alfarería de las mujeres, la cooperativa de artesanías, la tienda colectiva y la carpintería (iniciativas de resistencia). Sosteniendo las áreas de salud y educación autónoma con sus promotores y promotoras. Todo desde su propio sistema de autogobierno”.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, ubicado en el estado de Puebla, otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, el cual declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución en un plazo máximo de cinco días.
“Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de ‘interés público’ y de ‘seguridad nacional’”, sostiene el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado.
La suspensión es resultado de uno de los 17 amparos interpuestos contra el acuerdo, en diciembre de 2021, por pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México y participantes del CNI.
En la mayoría de los amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado o han solicitado diversas aclaraciones “que se vuelven interminables”, de acuerdo con el comunicado.
Para el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala y integrante de la comisión jurídica del CNI, Juan Carlos Flores Solís, es “increíble” que, interponiendo amparos en diez estados, lo que involucra “una diversidad de juzgados federales”, solamente en dos de ellos aceptaron los amparos, siendo que uno de ellos concedió la suspensión provisional.
“Estamos viendo que existe una consigna por parte de los jueces federales de no reconocer la violación de este acuerdo que es completamente evidente. Existe una actitud racista y de falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de estos juzgados”, sostiene el abogado.
“Nuestro Estado mexicano tiene una composición pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas y que esto nos da derecho a autogobierno, a elegir nuestras autoridades, aplicar nuestros propios sistemas normativos, el derecho a la tierra, al territorio y a nuestros recursos naturales, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado”, argumenta Solís.
De acuerdo con Alejandro Torres Chocolatl, del pueblo Náhuatl, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, y uno de los quejosos en el amparo que logró la suspensión, ante las amenazas a los territorios “tenemos que levantar la voz y una forma de hacerlo es con los amparos”.
Respuesta
Para el abogado Jorge Fernández, de la organización Indignación AC, de Yucatán, “este acuerdo que ahora se está impugnando es evidentemente una respuesta al trabajo de defensa de la tierra y el territorio que las distintas comunidades han hecho frente a toda una serie de megaproyectos y que con mucho trabajo han logrado obtener, ya sea a través de la autonomía de facto o de alguna resolución judicial, suspensiones en donde se han evidenciado violaciones a los procedimientos establecidos por la normatividad mexicana”.
Contradicción
En enero del año 2021, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Para el abogado Fernández, es una contradicción que, en el mismo año, el gobierno federal mexicano formule un acuerdo que blinda sus proyectos y ratifique el Acuerdo de Escazú, el cual obliga a los Estados a garantizar la participación de la ciudadanía y los pueblos originarios en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se pueda generar por motivo de cualquier megaproyecto. “El mensaje que da el gobierno mexicano hacia afuera no es el mensaje que está aplicando hacia adentro”, afirma.
Según Fernández, “lo que vemos es un poder Judicial federal sometido al Ejecutivo federal, cosa que cierra las puertas a los pueblos”. Los pueblos y comunidades llaman, en su comunicado, “a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios”.
NSO Group, empresa israelí propietaria del spyware Pegasus
Al menos 35 periodistas y miembros de organizaciones sociales fueron espiados mediante la intervención de sus teléfonos con el programa Pegasus, mientras el gobierno del país centroamericano niega su involucramiento en estos actos.
Acorde a un comunicado de la organización Access Now, quien trabaja para la protección de derechos digitales, los actos de espionaje fueron alertados inicialmente por los medios El Faro y Gato Encerrado, y después confirmados por una investigación conjunta entre organizaciones como Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC.
Por su parte, el medio de investigación El Faro publicó un reportaje el pasado miércoles (12), en el cual reveló que 22 de sus miembros, entre periodistas y administrativos, fueron vigilados con el software de espionaje creado por la empresa israelí NSO Group.
En el caso del medio digital Gato Encerrado se encontró un total de 17 intervenciones confirmadas de Pegasus. Personal de La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, así como dos periodistas independientes, también fueron señalados como blanco de espionaje.
Ataques
En el caso de El Faro, la revelación es resultado de una revisión de tres meses en los teléfonos iPhone del personal del medio. Dicho análisis fue realizado mediante un proceso liderado por Citizen Lab, laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, con la ayuda de Access Now.
“Desde jefaturas editoriales, periodistas, miembros de Junta Directiva y personal administrativo, el equipo permaneció bajo constante vigilancia entre al menos el 29 de junio de 2020 y 23 de noviembre de 2021. En total, ocurrieron 226 intervenciones, incluyendo evidencia de un operador ejecutando Pegasus desde territorio salvadoreño”, refiere el reportaje sobre los resultados del análisis de los dispositivos móviles.
De acuerdo al fundador y director de El Faro, Carlos Dada, casi todo el personal del medio sufrió intervenciones en sus comunicaciones. “Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas. Es completamente inaceptable”, aseveró.
Cabe destacar que los periodos de mayores intervenciones coinciden con aquellos momentos en que El Faro publicó investigaciones con repercusiones importantes para el gobierno salvadoreño, tales como una referente al pacto entre este y las pandillas, así como las negociaciones de los hermanos Bukele para imponer el bitcoin como moneda nacional.
Gobierno y empresa se deslindan
Mientras, la reacción del gobierno nacional, presidido por Nayib Bukele, fue rechazar su involucramiento en el espionaje a periodistas y miembros de organizaciones sociales.
“El gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software”, declaró Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la presidencia.
No obstante, desde diciembre del año 2020, Citizen Labpublicó un informe mediante el cual concluyó que el gobierno salvadoreño tenía en su poder un sistema de vigilancia de la compañía Circles, también afiliada a NSO Group, el cual había sido utilizado desde 2017 y hasta la fecha de publicación del reporte.
“Hay fuerte evidencia de un operador casi exclusivo en El Salvador, llamado Torogoz. Nosotros tenemos evidencia: conectamos a Torogoz, que tiene varias señales de ser una operación doméstica de Pegasus, con este intento de ataque contra Carlos Martínez (periodista de El Faro). Lo que podemos decir es que hay evidencia en este caso que levanta fuertes sospechas sobre el rol del Gobierno salvadoreño”, afirmó Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab.
En nota para Gato Encerrado, el investigador de Citizen Lab explicó que con Pegasus el espía puede hacer lo mismo que el dueño del teléfono, desde leer mensajes y chats encriptados, visualizar fotografías, así como escuchar llamadas.
“Pegasus convierte a tu teléfono en tu propio enemigo y toma todo tu mundo personal que está en el dispositivo y lo pone en la mesa, frente a alguien que quiere hacerte daño, que quiere lastimarte”, detalló Scott-Railton.
Dada, director de El Faro también señaló su malestar con NSO Group, pues tras las revelaciones del Pegasus Project en el año 2020, la cual reveló actos de espionaje en México, Marruecos, Arabia Saudí, Hungría, India y Azerbaiyán, la empresa israelí no verificó que su software no continuara siendo utilizado para perseguir periodistas.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional también condenaron los actos criminales. “El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país. Las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”, señaló Erika Guevara Rosas, directora de dicha organización en las Américas.
Brasil y los Estados Unidos (EEUU) estrecharon y reafirmaron sus acuerdos militares a finales del año 2021 con un ejercicio conjunto, realizado en el estado de Sao Paulo desde el 6 de diciembre. De la misma manera, en los primeros días del año 2022, EEUU realizó diversas acciones en Centroamérica con su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” en contextos de “crisis naturales”.
El ejercicio militar, ejecutado junto a las fuerzas armadas de Brasil en diciembre del 2021, es llamado “Southern Vanguard 22”. Este ejercicio fue dirigido y patrocinado por el Comando Sur de EEUU, una unidad compuesta por más de 1,200 militares y civiles encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.
El ejercicio tuvo un alcance a nivel operativo y táctico diseñado para aumentar la interoperabilidad entre el país norteamericano y las fuerzas armadas del cono sur. “Nuestro objetivo es continuar este ejercicio al menos hasta el año 2028”, dijo el General William Thigpen, comandante general del Ejército Sur.
El general destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo, “es importante que ejecutemos esta misión porque en caso de una crisis humanitaria o un desastre natural, ya tendremos la experiencia de trabajar junto a las fuerzas brasileñas, y tenemos esa confianza y respeto establecidos”.
Aunque esta no es la única acción que ha realizado el Comando Sur en Sudamérica. Uno de los ejercicios más controvertidos fue realizado en septiembre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil, realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. También sirvió para probar su artillería, con los proyectiles conocidos como ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes: SS80, SS60, SS40 y SS30.
Para el ejercicio “Southern Vanguard 22”, que duró 10 días, participaron más de de mil militares, incluidas las fuerzas del 5.º Batallón de la 12.ª Brigada de Infantería de Brasil; militares del Comando Sur; y la 101 División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para realizar entrenamiento táctico conjunto.
En los ejercicios del “Southern Vanguard 22”, también participan países socios de Centroamérica y Sudamérica. La primera ejecución de “Southern Vanguard” tuvo lugar en Chile, en agosto de 2021.
Los EEUU remarcan las relaciones que tiene con Brasil, sobre todo, desde la 2ª Guerra Mundial, una relación que se reafirma con el ejercicio “Southern Vanguard 22”.
“Este ejercicio se ha estado gestando desde octubre de 2020, y solo podría suceder con la planificación del personal combinado del Ejército Sur y nuestros homólogos brasileños”, dijo el mayor Milton Maddox, oficial principal de planificación del Ejercicio Southern Vanguard 22 del Comando Sur.
Los altos mando del Comando Sur sostienen que con estos ejercicios se “fortalecen la seguridad regional porque nuestras fuerzas aprenden a operar como una sola”.
Nuevo año 2022
El Comando Sur y su extensión establecida en Honduras, llamado Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo), también se encuentran realizando un conjunto de ejercicio de “respuesta a desastres naturales” en Belice del 7 al 21 de enero.
JTF-Bravo, es una unidad del Comando Sur establecida en la base en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. Desde este complejo han desplegado diversas acciones en América Latina y en contextos de guerra como las de Afganistán e Irak.
En ejercicio para “asistencia humanitaria” y el socorro en casos de desastre, realizado en Belice, se impartió capacitación para el uso de helicópteros CH-47 y UH-60, con el objetivo de “responder rápidamente con sus capacidades únicas de transporte aéreo y para salvar vidas y mitigar el sufrimiento inmediatamente después de los desastres naturales”, destacan los mando del Comando Sur. Desde que se declaró oficialmente la pandemia de la Covid-19, EEUU no ha distribuido vacunas para el coronavirus.
En estos ejercicios se impartió la capacitación para la supervivencia en la selva, “un ejercicio de asistencia humanitaria y de socorro en caso de desastres, diseñado para poner a prueba la capacidad de la FTC-Bravo de brindar asistencia a sus socios centroamericanos y validar sus capacidades”, afirma el Comando Sur.
Estrategia del Teatro es llamada la ruta que sigue los Estados Unidos en Latinoamérica, una estrategia lanzada en 2017 y proyectada hasta 2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala el documento de la estrategia que en su momento fue presentado por el ex comandante, Kurt Walter Tidd.
Esta es la misma estrategia que sigue actualmente la comandante Laura Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur a finales del año 2021. Bajo esta estrategia, también, en Guatemala, el pasado 11 de diciembre de 2021 la FTC- Bravo, desplegó aproximadamente 30 miembros para brindar atención médica y veterinaria a las poblaciones guatemaltecas.
