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Neocolonialismo verde, rebeldía negra en Brasil

Fotografía: Santiago Navarro F

Versión en inglés ↳ Green Neocolonialism, Afro-Brazilian Rebellion in Brazil

Papel desechable, tales como papel higiénico y toallas de primera calidad; un producto suave y esencialmente blanco, es el destino principal que tiene la celulosa brasileña extraída de los arboles de eucalipto. Un producto que busca abastecer, principalmente, la demanda del mercado de los países del primer mundo. Aunque este tipo de papel ha generado impactos sociales y ambientales en tierras brasileñas, muchas comunidades jamás han tenido en sus manos un tipo de papel como el que se usa en estos países.

La región conocida como Sape do Norte, que incluye los municipios de São Mateus y Conceição da Barra, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ha sido afectada fuertemente por las plantaciones de eucalipto. En São Mateus por ejemplo, las plantaciones ocupan el 70% del territorio. De Vitoria, la capital de Espírito Santo, a São Mateus, casi 300 km de longitud son ocupados por arboles de eucalipto, en algunos trechos muy accidentados, aun se pueden ver pequeños resquicios de lo que fue el bosque nativo y su biodiversidad, que abarcan algunas hectáreas, que se pueden recorren en escasos minutos en automóvil.

Esta área es también símbolo de la resistencia negra, tierra de Quilombolas. Quilombo viene de la lengua kimbundu, una de las lenguas bantúes más habladas en Angola. Quilombo se le llamo a los lugares donde vivieron los esclavos rebeldes o fugitivos, que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo y de ahí viene la palabra Quilombola, usada en Brasil para referirse al negro rebelde.

Fotografía: Santiago Navarro F

"Quilombo es un tipo específico de ascendecnia africana, que al igual que los otros, fueron traídos de África en la época colonial. Pero se negaron a ser sometidos a la esclavitud y representaron la resistencia negra.Ellos construyeron comunidades a las que también llamaron Quilombos. Huyeron de la escalvitud en Brasil y permanecían en pequeñas comunidades compuestas de 20 a 30 familias donde vivían de forma autónoma. Sus descendientes permanecieron en estos sitios", dijo Marcelo Calazans de la Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educacional (FASE) organización que trabaja desde hace 30 años con los temas relacionados con los impactos del eucalipto en el estado de Espírito Santo.

En São Mateus había un puerto que comercializaba los negros recién llegados de África y muchos de ellos huían de las embarcaciones antes de que los navíos llegaran al muelle. Huían y se refugiaban en los bosques.

La emancipación de los esclavos ocurrió en el año 1888 y no fue acompañada de medidas que permitiesen a las comunidades negras permanecer en las zonas rurales. Sólo un siglo más tarde, se produjo el reconocimiento legal de estas comunidades con la Constitución de 1988, aunque no garantizó efectivamente la preservación del territorio quilombo. El hecho es que, con o sin reconocimiento, una gran parte de estas comunidades sobrevivieron en las zonas rurales. Prueba de eso son las comunidades del Sapé do Norte.

En la década de 1960 con la llegada de la industria de la celulosa extraída del eucalipto, los Quilombolas sufrieron un nuevo impacto y las familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras y algunos se trasladaron a las grandes ciudades en busca de supervivencia, terminaron nutriendo las grandes favelas. Se estima que antes de que llegara la neocolonización del eucalipto, había alrededor de 15.000 familias Quilombolas. Hoy en día se calcula que 1.200 familias se reorganizan en 32 comunidades de la Sapé do Norte. Los descendientes Quilombolas están dispersos en comunidades «aisladas» por plantaciones de eucalipto, sufriendo todo tipo de presiones y efectos provocados por la industria de la celulosa.

«Hubo plantaciones de monocultivos en lugares inverosímiles, en nacimientos y en zonas de recarga hídrica. Se eliminaron los bosques de la ribera, se cortó el curso del agua, las lagunas fueron rellenadas con tierra, se mató la biodiversidad del bosque atlántico con plaguicidas y herbicidas, eso hizo imposible la siembra agrícola, al menos que se usaran agroquímicos», explica para Avispa Midia Simone Batista Ferreira, investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Espírito Santo.

Empresa líder mundial 

La empresa Aracruz Celulosa llegó en tierras de Espírito Santo en la década de los años 1960. Estuvo constituida en un primer momento por accionistas como Souza Cruz (una subsidiaría de British American Tobacco), el Grupo de la familia Lorentzen –ligados a la realeza de Noruega-, y el Grupo Safra, con un 28% de participación de capital cada uno; el Estado brasileño era un socio más con las acciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE) -ahora denominado BNDES-, que se redujo al 12%.

En el año 2009 la empresa Aracruz Celulosa cambió de nombre y nace la empresa Fibria Celulosa, resultado de la incorporación de acciones de Aracruz Celulosa y la de Votorantim Celulose e Papel (VCP). Fibria es considerada en la actualidad como una empresa líder mundial en la producción de celulosa de eucalipto. Es la única empresa del sector forestal del mundo que esta en la lista de empresas del Índice Dow Jones, cotizando en la bolsa  Bolsa de Valores de Nova York.

Fotografía: Santiago Navarro F

Bosques sin vida 

Un bosque sin flores, sin olor, sin animales, ningún ave ronda su vuelo por este lugar. Un bosque escéptico, de un color verde uniforme. Árboles raquíticos, troncos delgados y altos, que parecen columnas cimbradas en la tierra. En Ecuador las plantaciones de eucaliptos son conocidas como el bosque silencioso, porque no hay pájaros. En Chile le llaman, bosque militar porque, además de tener un color verde característico del uniforme militar, los árboles están formados y ordenados de una forma rígida. En Brasil le llaman desiertos verdes, simplemente porque no hay vida en su entorno.

Brasil es el cuarto mayor productor mundial de celulosa, después de Canadá, Estados Unidos y China. De Acuerdo con el informe del año 2014, de la Industria Brasileira Árbol Forestal (IBA por sus siglas en inglés), con datos del año 2013, el área forestal cultivada en Brasil llegó a 7,6 millones de hectáreas en este año 2013. El eucalipto representa el 72% de este total con una área cultivada de 5 millones 474 mil hectáreas. En ese año 2013 se produjeron 15,1 millones de toneladas de celulosa y 10,4 millones toneladas de papel. El objetivo es alcanzar una producción de 22 millones de toneladas de celulosa en Brasil hasta el año 2020.

La celulosa de Brasil tiene como principal destino, el mercado de Europa, que recibe el 41% del volumen de las exportaciones, seguido por Asia y América del Norte, con cerca del 39% y 20%, respectivamente.

Demanda internacional

De acuerdo con el economista Helder Gomes, miembro de la Red de Alerta contra el Desierto Verde, en la década de los años 1960 los mercados internacionales sufrían una presión por la demanda de pulpa y papel, por las dificultades de la ampliación en la producción de madera en los países que tradicionalmente se habían destacado como principales productores mundiales de eucalipto.

"En la década de los años 1960, estudios de la FAO indicaban las dificultades para ampliar dicha producción en los países productores, como la disponibilidad de tierras en los países centrales, el largo período de maduración y las presiones de los movimientos sociales contra el aumento de las emisiones contaminantes y contra la expansión de los monocultivos",

según el economista, esto obligó a que organismos internacionales como la propia FAO comenzaran a subsidiar la expansión de los programas forestales en países como Brasil, donde habían condiciones ecológicas favorables para el rápido crecimiento de los bosques, la disponibilidad de tierra, la abundancia de mano de obra barata y las políticas gubernamentales que beneficiaban y respaldaban a esta industria.

Fotografía: Santiago Navarro F

Destrucción 

La empresa Aracruz Celulosa es responsable inmediata de la destrucción de al menos 43.000 hectáreas de selva tropical en el municipio de Aracruz, solo por poner un ejemplo. Un municipio que, a parte de las plantaciones, alberga tres de las mayores fabricas que procesan la celulosa de los arboles, de la misma empresa.

Una destrucción documentada en el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental realizada para los permisos de la primera expansión de la producción de la compañía – hecha por el Instituto de Tecnología de la Universidad del Estado de Espírito Santo, en año de 1988. Según el informe, «a través del análisis de fotografías aéreas obtenidas en los inicios de la década de 1970, se encontró que al menos el 30% del municipio de la superficie de Aracruz estaba cubierto por bosque nativo, que fue sustituido por bosques homogéneos de arboles de eucalipto».

Aracruz no solo llego devastando el bosque, sino que expulsando comunidades que vivían allí. «De 40 comunidades indígenas que habían durante los primeros años de desarrollo de esta industria, solo quedaron 6», afirmó para Avispa Midia el abogado Sebastiao Ribeiro Filho, miembro de la Red de Alerta contra el Desierto Verde.

Blanqueamiento tóxico 

La cadena de producción da celulosa, además de impactar la vista con el paisaje homogéneo, también impacta el olfato. Caminando por el municipio de Aracruz de pronto llega un tufo con un olor ácido. «¡Es cloro!» avisa Calazans, que cuenta porque huele así. «Para blanquear el papel se requieren millones de litros de químicos, entre ellos el peróxido de hidrógeno y el cloro, que en muchos países están prohibidos. No hay una regulación severa de su uso en Brasil. Después estos desechos van a parar directamente al mar».

De acuerdo con Luiz Alberto Loureiro, ex funcionario de la empresa Aracruz, las plantaciones constantemente son atacados por una serie de plagas o por plantas de otras especies que tienen que ser contenidos con químicos como el Glifosato o el Mirex, un plaguicida prohibido en todas sus formulaciones y usos, por ser dañino para la salud humana y el medio ambiente. «Los trabajadores mueren por envenenamiento y por accidentes y eso no se dice. Los trabajadores no reciben orientación sobre el envenenamiento y muchas veces llevan sus ropas de trabajo a casa y son lavadas con las de sus hijos».

Daniela Meirelles, integrante de Fase, quien ha dado talleres a grupos de mujeres, trabajadoras de la empresa de celulosa, también afirma que la empresa promueve igualdad de genero dando oportunidades de trabajo a las mujeres. «Fibria, con la intención de integrar a las mujeres a la producción, promovió una política de genero para contratar mujeres Quilombolas. El detalle es que el trabajo consiste en fumigar a los arboles, sin la protección e información necesaria sobre los químicos usados», afirma Meirelles.

Los empleos prometidos

De acuerdo con Sebastião Pinheiro, agrónomo y profesor de la Universidad de Rio Grande do Sul, los llamados desiertos verdes no generan empleos, por el contrario están destruyendo las fuentes de sustento de miles de familias:

Los desiertos verdes no generan trabajo. Para generar un empleo se necesitan 400 hectáreas de eucalipto. En la agricultura familiar o campesina se necesitan diez personas por hectárea. La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y los gobiernos que vienen promoviendo este sistema de cultivo, que beneficia a unas cuantas multinacionales, están provocando un genocidio económico destruyendo la agricultura tradicional y eso significa la destrucción de pueblos y comunidades enteras.

Memoria de la destrucción 

«Tengo el recuerdo del bosque atlántico. Vivíamos de la agricultura en el campo, de la caza. También recuerdo cuando llegó la empresa. La devastación no fue de árbol en árbol, fue con grandes cadenas, de unos 100 metros arrastrados por tractores, devastando todo lo que había a su paso. Cada eslabón de la cadena debía pesar unos 100 kilos. Habían árboles con diámetros enormes que no resistieron a las grandes cadenas», cuenta John Ramos de Souza, Quilombola de la comunidad de Angelim».

«Vi muchas cosas monstruosas que la empresa hizo. Yo vi sin saber, sin conocer las consecuencias y ahora estamos pagando el precio»

agrega Ramos de Souza.

El Ministerio Público de la Federación en noviembre del año 2014, con una medida cautelar suspendió una de las líneas de financiamiento de Fibria, la del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del gobierno federal, referida a la zona Quilombola en el norte del Espírito Santo.

La empresa Fibria está siendo acusada de fraude en la obtención de tierras para sus plantaciones. Según la demanda, a principios de 1970, antiguos funcionarios de la empresa se autonombraron como pequeños agricultores ante el gobierno del estado de Espirito Santo, con el fin de obtener títulos de dominio de terrenos «baldíos». Después, los empleados transfirieron estos títulos de propiedad, de terrenos ubicados entre Conceição da Barra y São Mateus, para Fibria. En la mayoría de los casos, el período en que las áreas permanecían como patrimonio jurídico de los funcionarios de la empresa no duraba ni una semana y ya eran transferidas.

Quilombolas resisten al eucalipto

 ARUE Ticumbi. ARUE Ticumbi.
¿Qué hizo mal este pueblo?
¿Qué hizo este pueblo mal así?

Estas preguntas son parte de una canción cantada por los negros en la época de la esclavitud y que los Quilombolas de la Barra da Conceição mantienen como una tradición en el ritual que ellos llaman Ticumbi. En la canción preguntan a San Benito las causas de tantas pérdidas que han sufrido. La pérdida de su territorio, los bosques, los campos del agua.

Hoy la canción parece haber ganado otra dimensión en la voz de Souza, maestro Ticumbi. Una dimensión de resistencia. La cultura de sus antepasados sirve como una fuerza para resistir a las nuevas formas de esclavitud, esta vez por parte de la neocolonización del eucalipto. «Somos comunidades aisladas por el eucalipto y estamos aquí resistiendo», dice Souza.

El Quilombola cuenta que su padre, entre las décadas de los años 1960 y 1970, fue expulsado dos veces de sus tierras, de donde obtenía la subsistencia para su familia. «Las personas que reclamaban ser los propietarios de estas tierras aparecían y hacían presión para que nosotros saliéramos. En ese momento teníamos miedo y salíamos. Era más difícil de afrontar. Y fue así que estas tierras fueron transferidas a la empresa [Aracruz]».

La resistencia ya no es suficiente, dice Vando Falcão Souza, hijo de Souza, es necesario avanzar: «No tenemos tiempo que perder. Nuestro camino a seguir contra el eucalipto es volver a la tierra que fue de nuestros antepasados y continuar plantando alimentos», sostiene.

Angelim 1 es una recuperación de tierras hecha por las familias Quilombolas. Después del corte de los arboles realizado por la empresa, las familias regresaron a la tierra y comenzaron un proceso de recuperación del suelo. «Después de 40 años de plantar eucaliptos en el mismo lugar, un proceso de transición es necesario. La tierra está muy seca, llueve y el agua desaparece. Muchos decían que no íbamos a ser capaces de plantar nada, pero estamos viendo que con paciencia y mucho trabajo es posible. En unos cinco años creo que podemos hacer que la tierra sea como era antes del eucalipto», dice Falcão.

Ahora ya han comenzado a florecer las nuevas plantas, que ellos llaman la transición al post-eucalipto. Generalmente empiezan la transición con plantas como la sandía, yuca, calabaza y frijol. «El maíz y el café aun no crecen. Nosotros ya estamos cultivando varias especies de frijoles y estamos empezando a comercializar en los pequeños mercados de la comunidad. La intención es formar un tipo de cooperativa aquí», sostiene el Quilombola.

Fotografía: Santiago Navarro F

Saliendo de las Senzalas 

A pocos kilómetros de Angelim 1 existe otra recuperación de tierras, Linharinho. Allí, el esfuerzo de transición es plantar por medio del modelo agroecológico para recuperar la tierra. «Después de limpiar la tierra del eucalipto la técnica es plantar arboles del bosque nativo traídos de otros lugares, y alrededor de estos arboles otros cultivos como el frijol y la calabaza. Así vamos a reconstruir el bosque y la cosecha al mismo tiempo. El proceso es lento, llevará incluso seis o siete años para que los animales silvestres vuelvan de nuevo y se recuperen las aguas», comparte  el Quilombola Antonio Rodrigues de Oliveira.

Rodrigues cuenta que llegó a estas tierras con pocos recursos, apenas con el rostro en alto, sus manos y el coraje necesario. «No podemos esperar nada del gobierno, ni de la empresa, ni de nadie. Tenemos que tomar el azadón, entrar en la tierra, construir una choza, hacer un pozo… sacar agua, incluso empujando con un burro si es necesario. Morir de hambre nunca más…. no, no moriremos. Vamos poco a poco porque no tenemos infraestructura, pero lo haremos », sostiene.

El Quilombola dice que la situación es difícil y recuerda que la empresa llegó a plantar eucaliptos hasta en el mismo cementerio donde estaban enterrados sus abuelos. «No dejaron casi nada, sólo algunos roedores que se adaptaron, cerdos salvajes y armadillos viviendo como vivimos, migrando y buscando lo necesario para subsistir», afirma Rodrigues. Pero él cree que no hay tiempo para quejarse, sino que es tiempo de trabajar duro y reconstruir lo que han destruido.

«Aquí es un Quilombo, lugar de la liberación»

Él no duda en comparar la situación de su comunidad con la de sus antepasados. «Lo que estamos haciendo aquí es lo que hicieron nuestros antepasados. Huyeron de los lugares de la esclavitud, conocidos como Sensala [lugar donde los esclavos estaban presos en las grandes granjas] y crearon condiciones de vida en lugares aislados. Ellos abrieron claros e hicieron producir la tierra. Aquí es un Quilombo, lugar de la liberación», sostiene Rodrigues, quien ha trabajado en varias fincas y experimentó la migración hacia las grandes ciudades.

Cultura de transición 

Dentro del complejo de la industria de la celulosa lo que marca el ritmo y la velocidad es la cantidad de troncos de eucalipto que entran todos los días. La maquinaria necesita de la fibra de celulosa homogénea para operar a la máxima potencia, para esto debe prevalecer la cultura de homogeneización. Terreno plano, árboles largos, delgados y sin ramas. La tierra debe estar libre de impedimentos, aquí la diversidad es un obstáculo.

João Guimarães, otro Quilombola de Angelim 1, dice que es necesario construir una conocimiento que permita convertirse en una cultura de la transición post-eucalipto. «Ya no podemos vivir lamentando la desaparición del río y el manantial de agua que murió y los árboles que desaparecieron, los pájaros que se han ido. El Bosque Atlántico que se fue, ahora lo tenemos que recuperar. Estos 40 años de plantaciones de eucalipto no se olvidan de la noche a la mañana, por lo que tenemos que trabajar duro, experimentar las formas de cómo vamos hacer esta recuperación, con ensayo y error, para construir una transición del conocimiento», afirma Guimarães.

Las tierras retomadas son parte de este proceso:

Estas áreas están sirviendo para nosotros para crear este conocimiento de la transición. Vivimos en una cierta tensión debido a que estas tierras están en disputa y nos pueden desalojar en cualquier momento a petición de la empresa. Pero no tenemos otra opción. En la medida que ellos avanzan con sus máquinas modernas, nuestra forma de insurgencia es plantar alimentos con nuestras hoces y azadones. De forma lenta, pero recuperando la tierra y nuestra independencia.

Esta es la primera generación que está retomando las tierras para la producción de alimentos. «Es la memoria de los más antiguos que está fortaleciendo nuestra lucha», dice Guimarães.

Fotografía: Santiago Navarro F

Lucha por la memoria

Una de las controversias que está en juego es el recuerdo de lo que fue el Bosque Atlántico y la transmisión de esta memoria a las generaciones más jóvenes.

Tal vez en 100 años un Quilombola mirará las plantaciones de eucalipto y dirá que es un bosque, porque no va a tener la referencia de lo que es un bosque nativo», dice Calazans. «La empresa de celulosa sabe que si rompe esta memoria ya no tendrá más problemas de resistencia.

La generación de personas en el estado de Espírito Santo que tiene la memoria de la Mata Atlántica morirá en los próximos 30 años. Estas personas han visto y vivido en el bosque. Si ellos mueren y todavía no tenemos la transición del eucalipto para el bosque nativo y de la agricultura tradicional, evalúa Calazans, esto ya no sucederá.

«La memoria asegura la utopía de los territorios. El día que la memoria muera completamente no podremos mas pensar en un post-eucalipto. Tenemos que invertir en la construcción del conocimiento de la transición. Estas tres décadas siguientes son estratégicas para la lucha», concluye.
Fotografía: Santiago Navarro F

Desarrollismo agudiza violencia contra pueblos indígenas en Brasil

El Estado brasileño y las empresas transnacionales buscan ocupar tierras ancestrales para dar paso a una nueva oleada de proyectos de inversión y se dispara la violencia contra las comunidades indígenas en Brasil.

De acuerdo con el informe de Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil, publicado recientemente por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), señala que los asesinatos de indígenas en este país aumentaron en un 42% –en el año 2014 con relación al año 2013– un registro de 138 casos. En su mayoría son asesinatos provocados por pistoleros contratados por quienes tienen interés en sus tierras.

Los estados de Mato Grosso del Sur, Amazonas y Bahía figuran entra las principales estadísticas.

 Un caso emblemático fue el brutal homicidio de la indígena Marinalva Kaiowá, en noviembre del año 2014, en el estado do Mato Grosso del Sur. Ella vivía en tierras recuperadas, un territorio que por más de 40 años los indígenas guaraní han reivindicado como la tierra de sus ancestros. Marinalva fue asesinada con 35 puñaladas dos semanas después de haber acudido con otros líderes indígenas a protestar ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en el Distrito Federal de Brasilia, contra una determinación de la Corte que anuló el proceso de demarcación de la tierra indígena guyraroká.

A esto se suman las aglomeraciones en pequeños territorios a donde han sido empujados a vivir aquellos pueblos desplazados por los proyectos de desarrollo económico, como el caso del estado de Mato Grosso do Sul, donde la mayoría de la población –más de 40 mil personas– vive concentrada en pequeñas reservas. Comunidades que son expuestas a la violencia de asesinos a sueldo, sin educación ni los elementos más básicos y en condiciones deplorables de salud, otro motivo que ha provocado un aumento también en las cifras de mortandad infantil. De acuerdo con los datos oficiales, son 785 muertes de niños de 0 a 5 años.

«Nosotros los Guaraní, principalmente de Mato Grosso del Sur, somos los más masacrados y violentados. Ya han matado a muchos de nuestros jefes indígenas, se ha derramado mucha sangre porque luchamos por el respeto y demarcación de lo que queda de nuestras tierras que el gobierno no ha querido reconocer», afirmó el jefe indígena Araqueraju del pueblo guaraní kaiowá de Mato Grosso del Sur.

El aumento de los índices de violencia está relacionado en gran medida con la política desarrollista del gobierno federal brasileño, denunciado por la misma organización CIMI que trabaja en todo el territorio brasileño con cuestiones indígenas. En otro Informe llamado Emprendimientos que Impactan Tierras Indígenas, lanzado por el CIMI en el año 2014, muestra que por los menos 519 proyectos han impactado 437 tierras ancestrales, afectando directamente a 204 pueblos indígenas.

El sector energético es el que más ha afectado a los pueblos indígenas, ya que de los 519 proyectos documentados, 267 están relacionados con la generación de energía. En segundo lugar está el sector de infraestructura con 196 proyectos. La minería esta en la tercera posición, con 21 proyectos, y en la cuarta posición con 19 proyectos expansivos está la agroindustria. Enseguida esta el ecoturismo con 9 emprendimientos, entre otros más.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«En la región de la Amazonia, región del rio Tapajós, estamos siendo cercados. Está siendo construida la hidrovía Teles Pires-Tapajós y la autopista BR 163 la están ampliando. Todo para transportar granos y minerales de las transnacionales. Vivimos con el ataque constante del agronegocio y de las empresas madereras. Existe un proyecto de construcción de 5 hidroeléctricas en este mismo río. Para colmo, nuestra región esta sufriendo un proceso de prospección para la explotación de minerales, por las empresas Alcoa y Vale do Rio Doce. Sabemos que la energía que va ser producida no es para las regiones locales, será usada para la explotación de minerales», sostuvo João Tapajó, del pueblo arimun, uno de los coordinadores del movimiento indígena de la región Bajo Tapajós, en el estado de Pará.

De la misma forma, el informe producido por el Ministerio Público Federal (MPF), realizado por las antropólogas María Fernanda Paranhos y Deborah Stucchi –a partir de las evaluaciones hechas, por el propio órgano, de procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental junto a los órganos federales y estatales–, demuestra que los procesos de cambios sociales generados por estos proyectos afectan principalmente al medio rural, incluyendo a distintas colectividades relativamente invisibilizadas en la dinámica sociopolítica de Brasil.

«Las evaluaciones realizadas evidencian que los intensos cambios sociales, la posibilidad de desarticulación de circuitos productivos, desaparición de áreas agrícolas, forestales y pesqueras, reducción de empleos, de empobrecimiento y degradación de condiciones materiales e inmateriales de vida (…) han provocando fuertes reacciones y una avalancha de conflictos sociales», consta el documento producido por el MPF.

23 hidroeléctricas en la Amazonia brasileña

El Plan Decenal de Expansión de Energía 2023 del gobierno, que proyecta para el periodo 2014-2023 una expansión de más de 28 mil megawats de capacidad de generación de energía a partir de la entrada de operación de grandes megaproyectos hidroeléctricos, considera que ninguna de las 30 hidroeléctricas proyectadas en este país durante este periodo tiene alguna interferencia directa en territorio indígena.

A partir de los datos del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) en el ámbito de la iniciativa llamada Inversiones y Derechos en la Amazonia, investigación realizada por Ricardo Verdum, doctor en Antropología Social e integrante del Núcleo de Estudios de Poblaciones Indígenas de la Universidad Federal del estado de Santa Catarina, consta que, de las 23 hidroeléctricas que serán construidas en la Amazonia, por lo menos 16 de estos proyectos afectan socioambientalmente a territorio indígena, es decir, que rompen con las condiciones ambientales de las cuales dependen estos pueblos indígenas para vivir y para reproducir su forma de vida.

«Una diferencia en el resultado se debe a la forma en que es constituida conceptual y materialmente la idea de impacto o de interferencia. Según la legislación vigente, interferencia en tierra indígena es considerada cuando una parcela de esta tierra es afectada directamente por el eje o embalse de la central hidroeléctrica. Los criterios territoriales y ambientales no consideran los aspectos humanos y sociales de interferencia (o influencia) del proyecto sobre la población», afirma el investigador Ricardo Verdum.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La lógica de la economía militar

El modelo de desarrollo brasileño sigue la antigua división internacional del trabajo, donde se ha especializado en exportar materias primas o productos básicos a un costo muy bajo en relación a sus importaciones de productos finales, que regresan a Brasil con precios muy elevados. Un lógica que viene desde la colonia, sostiene Clovis Brighenti, profesor de Historia de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. «Es una inserción al mundo globalizado a partir de una intensa explotación del medio ambiente con pocos resultados. Es más, son pocos resultados a un alto costo de inversión con recursos públicos (siendo 1877 mil millones de reales para la agroindustria 2015/2016) con tasas de interés subsidiadas, concentrado en un grupo económico minúsculo. Es un modelo agotado por sí mismo, pero que al agotarse provoca males irreversibles para el medio ambiente y para las personas que más dependen de estos ecosistemas», dice el profesor.

El diseño de este modelo de desarrollo, de acuerdo con el profesor, está relacionado con el mito moderno de que la economía necesita crecer rápida y continuamente para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. «Sin embargo, detrás de este mito, se oculta la esencia del sistema capitalista: la necesidad de garantizar la continuidad de una lógica basada en el consumismo y así garantizar la acumulación y el beneficio de las elites y los sectores privilegiados de la sociedad», explica.

En Brasil el mito de la felicidad material está asociado a la búsqueda de nuevos espacios para la expansión de desarrollo. «En otras palabras, se busca avanzar constantemente a ‘nuevos’ territorios, donde aún existe naturaleza para ser explorada y apropiada. Por tanto, el intereses del capital gira en torno a los territorios indígenas y tradicionales, como espacios idóneos para la ejecución de esos proyectos», agrega Brighenti.

Para el profesor, en Brasil se vive una continuidad de la mentalidad militarista, considerando que este país ha marcado su contexto histórico con la dictadura militar de los años 1964 a 1985, donde hubo la participación de los Estado Unidos de América a través de la Operación Brother Sam.

Fotografía: Santiago Navarro F.

El objetivo era despojar a pequeños campesinos y a los indígenas de sus tierras, para concentrar la tierra en manos de las empresas que actualmente producen soja, caña y eucalipto, entre otras. Las empresas son Monsanto, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Coca-Cola, Nestlé, Ford, entre otras. En ese sentido, los gobiernos actuales no sólo heredaron la estructura militar, sino una plataforma de empresas que dominan la producción y el mercado de materias primas. «La principal similitud entre el gobierno militar con el que ahora vivimos, es la perspectiva de desarrollo, que implica pensar que los recursos naturales son infinitos y que están a disposición. Hacer que el país crezca económicamente aumentado el territorio ocupado por proyectos económicos», dice Brighenti.

Otra similitud es la relación que establecen con las comunidades. «Se puede decir que no hay diálogo. La decisión del gobierno esta determinada y a las comunidades sólo les queda ceder sus territorios para esas iniciativas. Callar a los pueblos indígenas es una acción recurrente en el sentido de que esas poblaciones vistas como barreras para la realización de tales proyectos», afirma el profesor, de la misma forma asegura que, «por tanto, la continuidad de la mentalidad militarista es explicita –proceder con el desarrollismo e impedir las manifestaciones de los afectados».

Un punto esencial que distingue los periodos de la dictadura con los gobiernos progresistas es la fuente de financiamiento para los proyectos. «Hoy las obras son financiadas con recursos públicos, siendo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, siglas en portugués) el principal financiador de los megaproyectos, mientras que con los gobiernos militares las obras eran financiadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», explica.

Militarización 

En el año 2013, el gobierno de Brasil publicó un decreto que permite la intervención de las Fuerzas Armadas siempre que haya alguna manifestación contra los proyectos de desarrollo. En este mismo año la policía militar en el sur de Brasil dio muerte a un indígena de la etnia terena e hirió a otros más en cumplimiento de una orden para retomar las tierras que los terena habían retomado como parte de su territorio ancestral, reclamado por Ricardo Bacha, ex diputado del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), afirmando que estas tierras le pertenecen a su familia desde el año 1927.

Otro ejemplo es con el ex gobernador de Bahía Jaques Wagner y actual ministro de la defensa de Brasil. A petición de él, la presidenta Dilma Rousseff en el año 2014 firmó una autorización del gobierno federal para que enviara cerca de 500 militares al territorio tupinambá, alegando como objetivo «garantizar la ley y el orden» y «pacificar» la región. Hasta el día de hoy la región tupinambá se encuentra militarizada.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Violencia institucional 

Los asesinos son simplemente la punta del iceberg. Entre los diversos proyectos de enmienda constitucional que se debaten en el congresos de Brasil, esta la PEC-215 que transfiere el poder para decidir sobre la demarcación de tierras indígenas al poder legislativo, que hasta el momento esta en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff. El proyecto deja a los pueblos indígenas en las manos de los diputados y senadores brasileños que, en su mayoría, son familiares de empresarios o los denominados hacendados –dueños de grandes extensiones de tierra.

«Estos proyectos de enmiendas constitucionales favorece a los latitudinarios del país, un grupo de 264 parlamentarios en el congreso brasileño, quienes han recibido financiamiento para sus campañas electorales de las multinacionales, como la Monsanto, Cargils, Bungue, Singenta. La PEC-215 favorece la expansión agrícola, usando el discurso de la producción de alimentos, pero los alimentos de Brasil son producidos por los pequeños agricultores», dijo Lindomar del Pueblo terena.

Los conflictos podrían ser evitados 

La principal causa de los conflictos, defiende CIMI, es la negación por parte del gobierno brasileño de reconocer y demarcar los territorios indígenas. En el año 2014, de las casi 600 tierras indígenas reivindicadas actualmente por los pueblos, apenas dos tierras fueron reconocidas (Xeta Herarekã, en el estado de Paraná, y Xakriabá, en el estado de Minas Gerais) y una fue aprobada (Paquiçamba, del estado de Pará). El actual gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), dirigido por Dilma Rousseff, es el que menos ha demarcado las tierras indígenas desde el fin de la dictadura militar en Brasil.

En el estado de Mato Grosso del Sul, el estado más violento contra los pueblos indígenas, por ejemplo, las comunidades viven a orilla de las carreteras, en condiciones de vida realmente precarias. El reconocimiento de los territorios indígenas estaba previsto mediante un acuerdo firmado en el año 2007 por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), un órgano de gobierno, quien rompió el acuerdo. Si la demarcación se hubiera hecho efectiva, los indígenas ocuparían solo 2% de este estado, una de las regiones de Brasil con mayor cantidad de población indígena.

Resistencia al viejo modelo de desarrollo 

Los indígenas, desde el comienzo de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), indicaron al gobierno que querían aportar sus conocimientos y prácticas para un nuevo gobierno, evalúa el profesor Brighenti. «Pero el gobierno los ignoró, y peor aún, Lula se manifestó en el sentido de que Brasil necesitaba superar tres grandes dificultades para permitir el desarrollo, entre ellos a los pueblos indígenas, la legislación ambiental y el Ministerio Público Federal. Por tanto, desde un inicio dejó claro para el movimiento indígena y a sus aliados que el gobierno eligió otro modelo y se alió con otros sectores infelizmente los principales enemigos de los pueblos indígenas, el modelo de la agroindustria», afirma.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Los pueblos indígenas se dieron cuenta que necesitaban unirse con fuerza para no perder sus derechos. «En la articulación indígena, pocos movimientos sociales y sindicales los apoyaron. Cada movimiento social definió su relación con el gobierno y los pueblos indígenas muchas veces fueron criticados por su radicalidad», sustenta el profesor.

Las tierras indígenas en Brasil, reconocidas por el gobierno federal, son bienes del gobierno. Los indígenas cuentan con la posesión y usufructo, excepto del subsuelo y de los recursos hídricos. «Es necesario avanzar en el sentido de construir comunidades autónomas, lo que no significa independizarse, pero si libres para decidir sus rumbos», evalúa Brighenti.

Aún con la demarcación del territorio indígena no hay seguridad de no intervención en las tierras de los pueblos indígenas, ya que es un concepto jurídico que permite en cualquier momento la intervención del gobierno federal, porque son tierras consideradas propiedad del gobierno.

«Todos los proyectos del gobierno nos están amenazando y a toda la Amazonia. No aceptamos ninguna negociación con el gobierno, porque no podemos negociar nuestra madre y porque no aceptamos ninguno de estos proyectos que nos van afectar. Nosotros siempre estuvimos aquí, están son las tierras de nuestros antepasados y hoy continuamos luchando para que respeten nuestra forma de vida, porque los gobiernos nunca han respetado nuestra forma de vida, hoy están devastando lo que queda de nuestras tierras para continuar con sus proyectos», sostuvo María Leus, indígena munduruku.

 Publicado en Subversiones

Un grafiti puede ser considerado un acto terrorista en Brasil

Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi

El gobierno de Brasil avanza a marcha forzada para que el país entré en el rol de las naciones que han reestructurado su marco jurídico en el tema de las leyes antiterroristas, aunque Brasil no ha vivido históricamente ningún ataque terrorista. La cámara de diputados aprobó el día 13 de agosto -sin haber tenido un debate- el proyecto de ley enviado por la presidenta Dilma Rousseff al Congreso Nacional. Incendio, sabotaje del transporte o de cualquier bien publico, así como sistemas de informática o el funcionamiento de medios de comunicación están incluidos en el delito de terrorismo, con penas de hasta 30 años en prisión.

La mayoría de los países europeos ya han aprobado leyes similares a esta. Derivada de la Patriotic Act (Ley Patriótica) de los Estados Unidos, la ley antiterrorista que impuso George W. Bush a los países en su área de influencia después del ataque del 11 de septiembre. Y Brasil es uno de estos países”, asevera para el Programa de las Américas Esther Solano, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo y autora del libro “La verdadera historia de los adeptos de la táctica Black Bloc”.

Para la profesora, uno de los problemas del texto que fue aprobado es el carácter genérico de la definición del termino terrorismo. “Quien daña el patrimonio público o privado puede ser considerado un terrorista. Pero ¿qué significa dañar o atacar un patrimonio? ¿Graffitear, o tirar un piedra quizá? Esto puede ser enmarcado como terrorismo”, agrega la profesora. “Brasil tiene altos índices de violencia institucional, policial y jurídica. ¿Realmente está preparado para una ley de este tipo? No lo sé”.

Movimientos sociales y organizaciones ya se han expresado públicamente sobre los peligros de intensificar la criminalización de la lucha social en Brasil. “La principal falla de este proyecto es que no tiene ningún limite al tipificar de forma general actos terroristas. Internacionalmente se reconoce la dificultad de la tipificación de la conducta terrorista, sin caer en la criminalización de la protesta social y desde las sanciones más inofensivas y relativización del procedimiento democrático”, dice en un comunicado la red de justicia penal, formada por la Asociación para la Reforma Penitenciaria (ARP) y un conjunto de organizaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA), por ejemplo, condenó al Estado Chileno que, al tipificar de manera vaga el delito de terrorismo, terminó por criminalizar a los movimientos sociales y censurar su actividad contestataria.

A pesar de que los diputados brasileños han incluido en el proyecto de ley que dichas sanciones no se aplican a los movimientos sociales y manifestaciones políticas, la profesora insiste en la indefinición jurídica del termino terrorismo. “No tenemos un consenso internacional. ¿Que significa atacar el patrimonio o crear miedo? Mientras no existan definiciones claras, y considerando que se tiene una política claramente conservadora en Brasil que históricamente ha criminalizado la lucha de los movimientos sociales más combativos, leyes como esta siempre son un riesgo “.

La experiencia brasileña reciente incluye casos de mal uso de las tipificaciones penales modificadas, por ejemplo, por la Ley de Organizaciones Criminales, con motivo de las manifestaciones de junio del año 2013. Dicha ley fue instrumentada en la “criminalización de los movimientos, intimidación de líderes políticos y la violación de los derechos humanos, tales como la libertad de expresión y asociación”, sostiene en la nota la red de justicia penal.

Previo a los eventos de la Copa 2014, por los menos 22 Policías Militares (PM) y Policías federales (PF) fueron entrenados por la empresa estadounidense Academi -antigua Blackwater- para contener acciones “terroristas”. Haciendo alusión al concepto de seguridad que rige a la doctrina militar estadounidense en el marco de la guerra contra el “terrorismo”, se intenta ubicar a un enemigo interno que se encuantra entre la población común, al que hay que atacar con todos los medios posibles, según el manual de contrainsurgencia de los Estado Unidos (FM-3-24, MCWP-3-33.5). “Los conceptos de enemigo y terrorismo son base de una seguridad pensada con un alto componente ideológico, de acuerdo a la doctrina militar estadounidense. Es una lógica de comercialización, de privatización y tercerización de la seguridad y por tanto, de la violencia”, señaló la investigadora Solano Gallego.

Una de las propuestas de modificación al texto del proyecto permitiría que agentes del Estado que causaran terror al ciudadano o grupo de ciudadanos, o violentaran legítimas manifestaciones políticas, también fueran juzgadas como actos terroristas con penas que van de 12 a 30 años. No obstante, la propuesta fue rechazada por los diputados.

Brasil convulsionado

El proyecto de ley está en tramites en el Congreso brasileño justamente en un contexto de crisis política y económica. A menos de un año para que arranquen los Juegos Olímpicos- donde se espera que las manifestaciones sean más nutridas que las de la Copa 2014 contra los impactos sociales que van dejando detrás de sí estos mega-eventos – está en pauta la aprobación de la llamada Agenda Brasil, que afecta a derechos económicos y sociales de los trabajadores.

Entre los puntos que aborda dicha agenda están: ajuste fiscal, revisión de las leyes de legislación para las licencias de las inversiones en la zona costera, áreas naturales protegidas y ciudades históricas, como una manera de estimular nuevas inversiones productivas; revisión de los marcos jurídicos que rigen las zonas indígenas, como una forma de coincidir con las actividades productivas.

Con el argumento de buscar maneras para salir de las crisis económica y política en el país, el gobierno federal actualmente está negociando con el Senado un paquete de medidas legislativas que profundiza los retrocesos en cuestiones sociales y medioambientales, vulnerando los derechos territoriales indígenas y la regulación ambiental y poniendo al país en el lado equivocado de las respuestas que exige la crisis climática”, afirman las entidades y movimientos sociales en el manifiesto público.

A esto se suma el manual que publicó el Ministerio de Defensa de Brasil en el año 2013, titulado «Cómo garantizar la ley y el orden». Un manual que alienta el uso de la acción militar para garantizar la «seguridad pública». También enumera las formas en que se cataloga a los enemigos, que van desde individuos, grupos, organizaciones y movimientos sociales considerados «fuerzas opuestas», destacando aquellos cuyas acciones violan «el orden público o la seguridad pública».

La articulación de los pueblos indígenas de Brasil, en una nota pública, también se manifestaron contra la Agenda Brasil. “Para nosotros, las medidas propuestas en Agenda Brasil sólo agravarán la crisis climática y la política del agua. Es decir, además de las catástrofes ambientales, implicará el aumento de los conflictos y la violencia contra hacia nuestros pueblos, porque no permitiremos mas invasiones, el robo y la destrucción de nuestro territorio”.

Los pueblos indígenas aseguran que continuarán defendiendo sus tierras. “Somos hijos de la tierra, alimentados por la fuerza espiritual de nuestros antepasados y es por ella y por toda la naturaleza y por todo nuestro ser que elevamos nuestros canto y clamor, nuestros puños y arcos para luchar en defensa de la vida y los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

De acuerdo con el economista Sammer Siman, del movimiento social Brigadas Populares, es claro que el objetivo del proyecto Antiterror son las movilizaciones sociales que, para él, tienden a incrementarse, considerando que la dirección que está tomando el país llevará a que el descontento se generalice. “La escalada de la crisis está llevando a un aumento de los conflictos sociales, mientras que la factura de la crisis ya se está cobrando a la gente, especialmente a la gente pobre, negra y trabajadora. En respuesta a la austeridad selectiva que seguirá favoreciendo a las elites económicas, fatalmente los conflictos se extenderán una vez más a las calles de Brasil, será el escenario de fuertes disputas”, dice el economista para el Programa de las Américas.

Aunque el partido de los trabajadores (PT), de Dilma Rousseff y del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene sus orígenes en movimientos sociales, hoy en día ha pactado con el modelo económico conservador, que conserva la condición de dependencia de Brasil en el sistema capitalista mundial, evalúa Sammer. “Por lo tanto, es coherente que el PT tenga como única respuesta, más represión, para conservar sus acuerdos, porque sólo así se puede garantizar una economía controlada por las multinacionales”.

Replay de la Copa

Para la abogada y socióloga de la Universidad Federal de Espírito Santo, Thayla Fernandez, quien realizó una investigación sobre los cambios en los marcos jurídicos en el contexto de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil desde el 2013, existe una urgencia en el escenario político de los grandes eventos para la aprobación de la ley Antiterror. El efecto esperado es que los juegos olímpicos acontecerán en un ambiente seguro y ejemplar a los ojos de la comunidad internacional. “Salimos de una Copa del Mundo que construyó aparatos inmensos de seguridad pública–el legado más grande que dejó la Copa para el país”, dijo al Programa de las Américas Fernandez.

La legislatura garantizó, según la investigación Fernandez, más de 20 proyectos de seguridad para contener a los manifestantes contra la Copa. “Como era período electoral, la situación era problemática electoralmente, algunos de estos proyectos fueron quedando atrás y ahora hay tiempo y más posibilidades para ser revisados y aprobados para crear las condiciones de los Juegos Olímpicos,” evalúa la investigadora.

Mientras tanto, el proyecto de ley antiterrorista se encuentra en su segunda etapa para ser aprobado en el senado.

Militarizan Oaxaca con fondos de Iniciativa Mérida para imponer modelo educativo

Por Santiago Navarro F y Renata Bessi

El estado de Oaxaca, al sur de México, amaneció militarizado el martes 21 de julio de este año 2015, un hecho que hizo recordar el año 2006, cuando el gobierno intentó reprimir una de las manifestaciones de los profesores de este estado, hecho al cual respondieron mas de un millón de personas que salieron a las calles para exigir la destitución del gobernador de ese momento, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de abuso de poder y de desvió de recursos públicos. El saldo de este proceso, que se extendió durante seis meses, fue una brutal represión que dejó por lo menos 27 muertos, entre ellos un periodista estadounidense, Brad Will, así como cientos de detenidos y torturados.

Nueve años después, miles de efectivos de las fuerzas federales y estatales se desplegaron en Oaxaca para resguardar edificios estratégicos, como la planta de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), los aeropuertos del estado, así como puntos turísticos en la costa del pacifico en Puerto Escondido y Huatulco. Mientras tanto 9 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban en la ciudad de Oaxaca, resguardando centros comerciales, gasolineras y las radiodifusoras para que no fueran tomadas por el sindicato de profesores como una forma de presión ante el gobierno, tal como sucedió en el año 2006.

La intensificación del proceso de militarización, iniciado desde los acontecimientos de las elecciones estatales realizadas el 7 de junio de 2015, fue estratégico para que el gobernador en turno, Gabino Cue Monteagudo, con respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, pudiera tomar el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que hasta antes del día 21 de julio estaba en manos de los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto implicó la cancelación de las cuantas bancarias de la CNTE y el bloqueo de la señal de su radiodifusora, al mismo tiempo se liberaron 32 ordenes de aprehensión para los lideres sindicales de Oaxaca.

Entre los cerca de 10 mil policías que custodian la capital de este estado figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron con fondos de la Iniciativa Mérida. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando mas de 1,600 millones de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la reforma judicial y penal.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«La embajada de los Estados Unidos se honra en asociarse con el gobierno de México para el desarrollo de la capacidad de sus fuerzas de seguridad», dijo Anthony Wayne, embajador de este país, en agosto del año 2014 ante la presentación oficial de la denominada Gendarmería Nacional de la policía federal mexicana. Así mismo sostuvo, «a través de la Iniciativa Mérida, varias agencias estadounidenses ofrecen capacitación y comparten mejores prácticas para aumentar el liderazgo y profesionalismo dentro de las agencias mexicanas de procuración de justicia».

«Desde que empezaron a implementar la políticas neoliberales y desde el Consenso de Washington, comenzó un proceso de eliminación de personas como mecanismo de control social. Y por su puesto que la gente comenzó a defenderse y fue cuando comenzaron a crear ejércitos y policías. En ese sentido el gobierno no defiende al pueblo, se defiende de él, en este caso, para que puedan avanzar las inversiones transnacionales en la educación, la energía, el petróleo, la minería y otros sectores», comentó el obispo Raúl Vera, nominado al premio Nobel de la Paz en el año de 2012.

Reforma educativa militarizada

Pese a las acusaciones hechas por el gobierno a la forma de administración del IEEPO por la Sección 22, la militarización es una acción estratégica para dar continuidad a la denominada reforma educativa por la vía de la imposición, tal como fue aprobada en el año 2013 por el congreso federal y que se esta llevando acabo en todos los estados de México. A excepción de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde los profesores han resistido a la implementación de dicha reforma argumentando que su principal objetivo es la privatización de la educación.

Con la presencia de los policías federales existe una tensión latente por una posible represión parecida a la del año 2006. «El narcotráfico aún es mas potente y México esta militarizado. Este contingente militar que esta aquí en Oaxaca es para controlar a unos insurrectos, ¿y cuál es la insurrección?, simplemente pedir justicia, pedirle al Estado mexicano que cese con esa reforma educativa que no es otra cosa que la eliminación de la educación publica. Porque van a eliminar a los profesores, después sigue la salud pública, y así con el sindicato de Petróleos Mexicanos», afirmó Raúl Vera.

Los profesores de la sección 22, desde un primer momento, han rechazado dicho modelo educativo, ya que es un modelo homogéneo para todo el país, sin considerar las condiciones de los estados que cuentan con pueblos indígenas o condiciones de extrema pobreza, como es el caso de Oaxaca, donde hay lugares que no cuentan ni con materiales de trabajo y a veces ni con aulas.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

De acuerdo con Dolores Villalobos, profesora del sindicato de la Sección 22, es un modelo que busca tercerizar la educación remplazando los espacios con nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta que se torne un servicio privado. «Esta no es una reforma educativa sino laboral, lo que pretenden es que el Estado deje de proporcionar la educación pública y gratuita. Antes el Estado tenía la obligación de brindar la educación pública. Como parte de la reforma eso esta cambiando. Cambia el concepto a sólo «garantizar» la educación, esto significa que no habrá condiciones y se tornará privada. En el fondo quieren reducir el numero de trabajadores de la educación. Ahora con la reforma funcionará el sistema de contratos por uno o dos años, sin ningún beneficio», afirma Dolores Villalobos.

Así, el mayor obstáculo para que el gobierno pueda hacer efectiva la reforma al 100% ha sido la CNTE. Aunque esta coordinadora cuenta sólo con alrededor de una fracción de 200 mil profesores de un total de 900 mil trabajadores de la educación en todo México. De estos 200 mil, 60 por ciento están en el estado Oaxaca.

«El gobierno sabe que la mayor resistencia contra la Reforma está aquí en Oaxaca. Porque si esta reforma procede aquí, en este estado, no habrá mas resistencia y se implementará en todos lo demás estados», dijo Villalobos.

Mientras tanto el 22 de julio de este año 2015, en Toluca, Estado de México, por lo menos diez gobernadores de diversos estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal se reunieron para detallar su próximo encuentro para el mes de octubre de 2015 con gobernadores de los Estados Unidos y Canadá. Una reunión que aprovecharon para discutir las medidas que tomarían en caso de posibles movilizaciones del CNTE como respuesta a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Modelo educativo para América Latina

En el año 2013, tras un tumulto de protestas y un fuerte operativo policiaco-militar, fue aprobada la reforma educativa, sugerida por OCDE en el año 2008 al presidente Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México. En el documento, la OCDE se posiciona a la «vanguardia de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder sobre los cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los retos que genera el envejecimiento de la población».

Una de las sugerencias de la OCDE fue abrir espacios al sector privado en el área de educación.«La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación de una ‘coalición orientadora’ que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad civil», consta en el documento.

El órgano hizo básicamente 15 recomendaciones proponiendo «una estrategia de acción que busca dar más apoyo a las escuelas, directores y docentes para mejorar los resultados de las escuelas y los estudiantes», en busca de «escuelas eficientes». Uno de los componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. «Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México, conformado por expertos internacionales», explica el documento.

«No estamos en contra de la evaluación. El problema es cómo son realizadas y las consecuencias que trae detrás de estas evaluaciones. Por el contrario nosotros hemos construido un modelo alternativo que ya presentamos ante el congreso y no se ha respetado», afirma la profesora Villalobos.

Un referente de este modelo de educación en Latinoamérica es Brasil, así como en México, la política educacional tiene una orientación de organismos internacionales, intensificada a partir de la década de los años 90. Fueron implantadas políticas de evaluación por competencias y habilidades, un sistema de avaluación en larga escala, donde se estableció una participación público-privada, y la concepción de la educación giró en torno a las políticas desarrollistas y neoliberales, es decir, para el mercado, inclusive respaldándose en conceptos de economía, de competencias y habilidades, explica la investigadora Alayde Digiovanni, del Programa de Estudios de América Latina, de la Universidad de São Paulo (PROLAM/USP).

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

«Los sistemas de evaluación en como son implementados no ayudan en casi nada. En algunos lugares ya tenemos este modelo que incentiva la competitividad, sistema de bonos para aquellos que presenten más rendimiento conforme la evaluación. El resultado es competición y desigualdad entre las escuelas. El sistema comúnmente desconsidera el contexto socio-económico de donde se encuentran las escuelas», sostiene la investigadora Alayde Digiovanni.

De acuerdo con Digiovanni, los acuerdos con los órganos internacionales no se restringen sólo a Brasil y México. Son políticas determinadas por organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implementadas para toda América Latina y el Caribe. «Se identifica la educación como un factor primordial para el desarrollo económico, implicado en una serie de indicaciones internacionales para las políticas públicas en temas de educación de América Latina y el Caribe. Tales recomendaciones siguen el modelo orientado por las políticas neoliberales», sostiene Digiovanni.

Justificación mediática

Junto a la estrategia militar, el gobierno ha trazado una estrategia mediática. Desde el día 21 de julio de 2015, todos los medios comerciales se han sincronizado, desde los periódicos hasta los canales de televisión que no han dejado de emitir mensajes a favor de la determinación del gobernador y de los beneficios de la reforma educativa. Detrás de la cuenta de Twitter del gobierno hay todo un equipo que mantiene un bombardeo de mensajes que terminan apagando los mensajes en contra, por ejemplo: «En ‪#Oaxaca inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo estatal» o «La ‪#ReformaEducativa en ‪#Oaxaca avanza y no se detendrá». El gobierno federal también figura con sus mensajes de apoyo: «El ‪@GobRep respalda al Gobierno de ‪#Oaxaca y al Gobernador ‪@GabinoCue». Aliados del gobierno desde los partidos de izquierda como los de derecha también aplauden en las redes sociales los cambios para aplicar a reforma educativa en Oaxaca.

 Alerta de las organizaciones civiles

Por otra parte, una red de más de 100 organizadores de derechos humanos publicaron una nota conjunta en la que externan su preocupación por la utilización de la policía federal y las fuerzas armadas contra el magisterio oaxaqueño y la ciudadanía en general. «En este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en el año 2006, varios de ellos investigados actualmente en la Fiscalía de Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS)», afirma la nota. Así mismo exigen la salida inmediata la policía federal y la gendarmería de Oaxaca. «(…) y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de los hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive Oaxaca», finaliza la nota.

Fotografía: Santiago Navarro F.

Fotografía: Santiago Navarro F.

La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que ha registrado y denunciado violaciones a los derechos humanos durante la militarización del año 2006, también se pronunció al respecto. «La presencia de la gendarmería, lejos de salvaguardar los derechos humanos, está propiciando un clima intimidatorio en diversos sectores de la población. Para muchos sectores aun esta fresca la memoria de los años 2006 y 2007 en Oaxaca, en los que efectivos de la Policía Federal Preventiva incurrieron en faltas graves y cometieron violaciones a los derechos humanos, hechos que esta Comisión actualmente investiga», destaca la Comisión.

Ante el contexto de militarización y de la reestructuración del IEEPO por parte del Estado, la Sección 22 ratificó que la demanda central de los estados miembros de la CNTE es la abrogación de la reforma educativa. El rechazo a la evaluación y el desconocimiento al decreto de desaparición del IEEPO, sosteniendo que de no obtener una respuesta favorable continuarán con el proceso organizativo de una huelga nacional. Mientras tanto, el lunes 27 de julio del año 2015, fue convocada la primera mega manifestación de los profesores en la ciudad de Oaxaca. Así mismo, el resto de los agremiados en la CNTE en otros estados ya han comenzado a realizar acciones de protesta en solidaridad con sus compañeros de Oaxaca y contra la reforma educativa.

Brasil: indígenas ocupan congreso contra proyecto que vulnera derechos sobre sus territorios

Foto por Santiago Navarro F

Jefes indígenas de las cinco regiones de Brasil viajaron durante varios días para poder llegar al campamento convocado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que se llevó acabo del 13 al 16 de abril de 2015, en el Distrito Federal en Brasilia, centro geográfico y del poder brasileño, sede de los tres poderes de esta nación. Más de 1,500 indígenas llenaron de colores, de música y de rituales uno de los jardines frente al Congreso Nacional donde pernoctaron por tres noches. Su principal objetivo fue presionar a los tres poderes de esta nación para que no aprueben el proyecto de enmienda constitucional numero 215 –mejor conocida como la PEC 215/2000. Este proyecto, entre otros puntos, transfiere al poder legislativo de Brasil, la facultad de decidir sobre la demarcación de los territorios indígenas, una determinación jurídica-política que hasta el momento está en manos del poder ejecutivo, es decir, de la presidenta Dilma Rousseff.

En el congreso de Brasil existe una fracción conocida como «bancada ruralista», un conjunto de legisladores que han transferido los intereses privados de las empresas multinacionales hacia el poder legislativo. De los 50 diputados que figuran en la Comisión Especial para revisar la propuesta de enmienda constitucional PEC 215/2000, por lo menos 20 de ellos financiaron sus campañas electorales con apoyo de las empresas agropecuarias, de la minería, de energía, del sector forestal y por los bancos. Entre los miembros de la bancada ruralista figura la empresaria y actual ministra de Agricultura, Katia Abreu, férrea defensora de las empresas del agronegocio. Otro personaje es Luis Carlos Heinze, uno de los principales dirigentes de esta fracción parlamentaria, también es presidente del grupo Frente Parlamentario Agropecuario (FPA). En el año 2014 fue objeto de una denuncia penal por las organizaciones indígenas porque alentó a los agricultores industriales a utilizar guardias armados para desalojar las tierras indígenas.

Los indígenas vestían sus atuendos de jefes o sabios de la comunidad, pintaban sus rostros con pinturas vegetales, de colores fuertes como el rojo, el amarillo o el negro. Algunos fumaban su tabaco, otros preparaban sus arcos y sus flechas, era el momento de salir a las calles para entregar una carta firmada por todos los pueblos presentes en el campamento, dirigida a Dilma Rousseff para que ratifique y firme el caso de más de 20 tierras indígenas que aún están bajo su jurisdicción. Y para recordarle el compromiso que firmó en la carta dirigida a los pueblos indígenas durante su campaña presidencial, difundida en octubre del año 2014, donde se comprometía a no cambiar la constitución y a demarcar las tierras indígenas.

«Ella (Dilma Rousseff) se comprometió en su campaña para la presidencia a que iba a demarcar el territorio indígena de Brasil y hoy vemos que los pueblos indígenas estamos encaminados hacia la desaparición. Si ella misma no respeta sus palabras y la constitución, lo último que nos queda es la autodemarcación y la defensa de nuestras tierras ancestrales, porque sino hacemos algo, estaremos en manos de las empresas multinacionales con esa ley», dijo Francisco da Silva, jefe indígena kapinawá del estado de Pernambuco.

Indígenas del pueblo xingú presentes contra el proyecto de enmienda constitucional 215. Fotografía: Santiago Navarro F.

Indígenas del pueblo xingú presentes contra el proyecto de enmienda constitucional 215. Fotografía: Santiago Navarro F.

Mientras se realizaba el campamento en Brasilia, la presidenta Rousseff en una conferencia de prensa realizada día 15 de abril para varios medios, fue cuestionada sobre los indígenas concentrados en el campamento. Su respuesta fue en sentido de descalificar este movimiento indígena nacional concentrado en el campamento. Afirmó que la discusión sobre los indígenas en su gobierno «es sistemática», que «no existe un movimiento indígena unificado, que la cuestión indígena no es solamente una, es diversa».

«Al declarar eso [Rousseff] comete un error grave en su discurso porque estamos aquí con representantes de las cinco regiones del país, con más de 200 pueblos indígenas diferentes», dijo la indígena Sonia Guajajara del estado de Maranhão en el nordeste de Brasil.

Las mujeres jefas indígenas también estuvieron presentes en la toma del congreso para denunciar la violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Las mujeres jefas indígenas también estuvieron presentes en la toma del congreso para denunciar la violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

El diálogo se agota

El jefe indígena Babau Tupinambá, de una de las etnias más organizadas de Brasil y con un alto nivel de autosuficiencia, no dudó en afirmar que los pueblos indígenas se tienen que preparar para una lucha más radical e incluso violenta. «Yo dije en el congreso que hemos regresado al tiempo de la colonización. Y nosotros como tupinambá, el primer pueblo en enfrentar a los colonizadores en el año 1500, hoy llamamos a todos los pueblos para prepararnos para una confrontación. Y si es necesario hasta una guerrilla formaremos sin no reculan con esa ley», dijo el jefe indígena tupinambá.

Babau sabe que sus palabras son fuertes y de extrema responsabilidad, no obstante, los tupinambá son reconocidos por ser grandes guerreros, en el arte de la guerra tupinambá. Babau dice que lo que esta en riesgo es la vida de los indígenas que están siendo asesinados por los dueños de los cultivos y la ganadería industrial. «Nosotros los pueblos indígenas somos pacíficos, no tenemos deseos de ninguna confrontación, solo queremos nuestras tierras. Pero con estas decisiones nos están llevando a un punto para rebelarnos. Si no tenemos otro camino y ellos continúan, porque tienen 102 propuestas en el congreso nacional contra los pueblos indígenas, nosotros vamos a formar una guerrilla, porque no vamos a permitir que nos despojen de nuestras tierras ancestrales, no vamos a salir. Porque un indígena sin tierra, no es indígena».

La PEC-215/2000 es sólo una de tantas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. «No hay comunidad en este momento que no sufra impactos por algún proyecto capitalista, detrás de esta ley existen intereses de Monsanto, Nestlé, Syngenta, Cargill y otras empresas que quieren apropiarse de nuestros territorios. Son los mismos que promueven el asesinato de indígenas», sostuvo la indígena Rootsi Tsitna del estado de Mato Grosso do Sul.

Todos los pueblos han sufrido violación de sus derechos humanos, «existen cientos de proyectos en comunidades indígenas y en ninguno se consultó a los pueblos. Están violentando la constitución de 1988 que ya costó mucha sangre y el convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa de los pueblos. No deberíamos de negociar nada, porque son nuestras tierras y es nuestro derecho», afirmó el indígena Francisco da Silva del estado de Pernambuco.

Los indígenas xucuru de estado de Pernambuco son uno de los pueblos más organizados de Brasil y sostienen que su lucha es por todos los pueblos de Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

Los indígenas xucuru de estado de Pernambuco son uno de los pueblos más organizados de Brasil y sostienen que su lucha es por todos los pueblos de Brasil. Fotografía: Santiago Navarro F.

¿Aliados?

La PEC-215/2000 preocupa no sólo a los pueblos indígenas. Las organizaciones como WWF muestran su preocupación, ya que esta enmienda también decidirá sobre las áreas naturales protegidas de este país. No obstante, contrasta con la posición de varios pueblos que han sido afectados por sus políticas. Sólo por poner un ejemplo, en el año 2011 el Grupo Maggi ha hecho su primera venta de «soja responsable» (una cantidad de 85 mil toneladas), con la «etiqueta verde» otorgada por la WWF, a través de un programa de «certificación ambiental», en colaboración con Bunge, Cargill, Monsanto, Nestlé, Shell, Syngenta, Unilever, entre otras empresas que han despojado a los pueblos indígenas de sus tierras en Brasil y varios países del mundo.

Algunos personajes políticos se presentaron en el campamento de los pueblos indígenas como supuestos aliados, como la ex candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, miembro honorario de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y defensora de políticas de conservación promovidas por WWF entre otras ONG que promueven Parques Nacionales, Áreas Naturales Protegías, Parques para la Paz, Parques Transfronterizos, Santuarios, políticas de mercado verde o bonos de carbono.

Los indígenas xucuru del estado de Pernambuco mostraban su coraje por un Estado que no respeta a los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Los indígenas xucuru del estado de Pernambuco mostraban su coraje por un Estado que no respeta a los pueblos indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

«Hay muchos políticos que se han acercado a nosotros, sobre todo en tiempo de elecciones, pero nosotros lo único que queremos es la demarcación de nuestras tierras», dijo el indígena Cayapo del pueblo Xingu de Mato Grosso do Sul, quien sostuvo que los bonos de carbono son otra forma de despojo de su territorio, «nosotros hemos visto las experiencias del pueblo Suruí, que aceptaron el mercado de bonos de carbono de REDD+ y los proyectos de conservación, pero ya no pueden cazar, cultivar ni tener los materiales para la fiesta para los rituales. Nosotros sabemos cuidar la naturaleza porque es nuestra madre y no queremos tener ningún pacto con los créditos de carbono, porque son otra forma de despojarnos de nuestras tierras sagradas».

¿Día del Indio?

Durante la realización del campamento, los jefes indígenas hicieron acto de presencia en la cámara de diputados y de senadores, en diversos momentos donde no sólo llevaron la carta firmada por ellos, sino su descontento y su rabia, la respuesta fue que la PEC-215/2000 no será votada pero tampoco archivada, lo cual no les dio confianza a los inconformes.   

El ultimo día del campamento, el 16 de abril, se abrieron las puertas del congreso y la tribuna a los representantes de los pueblos indígenas en honor al «Día del Indio». Tras una revisión extrema con personal de seguridad –que no fue aceptada por todos los indígenas– sólo pudieron entrar 500 de 700 que estaban previstos. Fue un evento donde no asistió el alcalde.

El jefe indígena Marcos Xucuru se muestra enojado y dice que no se puede esperar mucho del gobierno y de los partidos políticos, lo que queda es tomar sus tierras asumiendo las responsabilidades, «nuestra lucha va persistir y vamos a autodemarcar y si es necesario lucharemos como los tupinambá quienes han enfrentado a la policía federal y al ejército y los vamos sacar de nuestro territorio. Como jefes indígenas estamos dispuestos a entregar nuestra vida para nuestros encantados –ancestros- y a la naturaleza», agregó Marcos Xucuru del estado de Pernambuco.

El indígena Babau afirma que el gobierno será el único responsable de que el genocidio continúe en este país, «nosotros llamamos a las comunidades indígenas de otros pueblos del mundo, que son los únicos que nos entienden, a estar atentos de lo que va acontecer. Porque el gobierno ha tenido la posibilidad de negociar con nosotros, pero el diálogo se esta agotando. Nosotros ofrendaremos nuestras vidas si es necesario pero no vamos a dejar que nos quiten nuestras tierras».

 
La policía militar en todo momento estuvo protegiendo las sedes de los tres poderes de la nación brasileña contra los indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

La policía militar en todo momento estuvo protegiendo las sedes de los tres poderes de la nación brasileña contra los indígenas. Fotografía: Santiago Navarro F.

Privatización penitenciaria en Brasil sigue la ruta del modelo de Estados Unidos

Entre los años de 1992 y 2013, la población de reclusos en Brasil aumentó en más de 400% en comparación con un 36% del crecimiento de la población según los datos del Ministerio de Justicia (MJ) de este país. Son 711,463 presos, más de medio millón de seres humanos que son considerados como una mercancía dentro del proceso de especulación que comienza a levantarse en este país con lo que se conoce como industria penitenciaria, un modelo que cosifica y mercantiliza los cuerpos.

«Yo estaba visitando una unidad femenina privatizada, en Espirito Santo, entré a la sala de medicamentos y la directora con orgullo me dijo que todas las presas estaban medicadas con psicotrópicos al 100% durante 3 meses. Eso es control de población. Este fue uno de los casos mas extremos de cosificación de los presos que hasta el momento he encontrado ahí», dijo Jesus Filho, ex miembro de Pastoral Carcelaria Nacional de Brasil.

Casi todos los delitos están relacionados con crímenes patrimoniales y el tráfico de drogas. «La población en su mayoría es negra, gente pobre que no tuvo ninguna oportunidad en la vida, ni educación, salud, ni una vivienda digna, gente que termina en la delincuencia como ultima opción», comentó la abogada Fernanda Vieira del colectivo Margarida Alves, que ofrece asesoría jurídica popular en el estado de Minas Gerais.

De acuerdo con el 8º Anuario Brasilero de Seguridad Pública, de las 53,646 víctimas de homicidio, 36,479 son negras; de los 574,207 presos, 307,715 son negros. «Por lo menos un 40% de los presos aún no tienen una condena, están a la espera de que alguien les diga si son culpables o no. La mayoría son jóvenes», dice la abogada Vieira. De la misma forma los datos del Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN) de este país, ha documentado que el número de mujeres presas aumentó de 10,112 en el año 2000 a 35,039 en el año 2012. Esto significa un aumento de 246% en el período. La mayoría de las mujeres cumplen condena por prostitución y por trafico de drogas.

Parece ser que la tendencia de los presos en Brasil va en aumento cada día y no hay señales que muestren una posible reducción de esta población carcelaria. De cierta forma tiene que ver con la brecha de desigualdad social. En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la brecha entre pobres y ricos estaba aumentando en muchos países de América Latina, la región más desigual y urbanizada del planeta, donde un 80% de la población vive en las ciudades y más de un cuarto de la población vive en condiciones infrahumanas. El 20% de la población más rica tiene en promedio un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. Los países más desiguales en base a la distribución de la renta son, en este orden, México, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, República Dominicana y Bolivia.

Privatización justificada

Las condiciones del sistema penitenciario en Brasil son comparadas con lo que el imaginario colectivo ha descrito como el «infierno». En el año 2012 el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en respuesta a su posición sobre la adopción de la pena de muerte, dijo, «si fuera a cumplir muchos años en una prisión en algunas de nuestras prisiones, preferiría morir».

Actualmente Brasil se ubica como el cuarto país con mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos con (2,2 millones), China (1,6 millones) y Rusia (740,000). Brasil cuenta con capacidad de espacios para un poco más de la mitad de sus presos. El Sistema de Información Nacional Penitenciario (InfoPen) señala que existe un déficit en el sistema penitenciario de 358 mil espacios adecuados para los reclusos, lo que implica que en cada celda haya más del doble de su capacidad. Este es el principal argumento que se ha utilizado para el proceso de privatización de las prisiones. «El discurso de la privatización en Brasil solo ha ganando credibilidad porque las prisiones estatales son pésimas, la salud y la educación son catastróficas», dijo Marta Machado, profesora de la Escuela de Derecho de São Paulo de la fundación Getulio Vargas.

De prisiones a empresas redituables

Prisioneros en masa son un incentivo que han despertado el interés de los inversionistas del mercado de la seguridad privada. En el año 2009 la sociedad anónima llamada Gestores Presiónales Asociados (GPA) ganó la concesión con la modalidad público-privada (PPP, de acuerdo con las sigla en portugués y en inglés) para la administración del primer complejo compuesto por cinco unidades presionales, en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, Brasil, con la firma de un contrato de 27 años, que podrá ser renovado por otros cinco años. GPA es un grupo formado por cinco empresas, la mayoría constructoras: CCI Construções S.A, Construtora Augusto Velloso S.A., Empresa Tejofran de Saneamento y Serviços, N.F. Motta Construções e Comércio y el Instituto Nacional de Administração Prisional – INAP.

De conformidad con el artículo 1,134 del Código Civil brasileño, una compañía extranjera necesita una autorización del gobierno federal para operar en Brasil a través de una sucursal, por tanto, difícilmente se puede identificar el capital transnacional. «Aún no tenemos claro si hay capital transnacional en estos complejos. Pero podemos darnos cuenta que los personajes que formaron la empresa en Minas Gerais son los mismos que antes eran directores de las prisiones públicas, la corrupción es muy clara», dijo la abogada Fernanda Vieira, quien también acompaña los casos de algunos presos en este complejo penitenciario de Ribeirão das Neves.

En el año 2013 se inauguró este primer complejo penitenciario en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais, de la misma forma también el Centro Integrado de Resocialización de Itaquitinga con la misma modalidad, en el estado de Pernambuco. Según la investigación llamada El Primer Complejo Penitenciario de Asociación Público-Privada do Brasil, realizada en el año 2014, esta modalidad de PPP representa una forma innovadora de cooperación entre el gobierno y el sector privado, mediante contratos de concesión por una periodo determinado, donde se comparte la gestión y el riesgo. Por lo tanto, el Estado paga por su demanda de servicio penitenciario al consorcio del capital privado, mientras que el operador tiene la oportunidad de utilizar la infraestructura y/o servicio en la búsqueda de la rentabilidad.

Influencia estadounidense

De acuerdo con el profesor Laurindo Dias Minhoto, profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo, la privatización de las prisiones es un modelo brasileño con ciertos elementos de las prisiones privadas de los Estado Unidos y del modelo británico que permite usar capital privado para pagar por infraestructura pública. «El proyecto neoliberal sobre todo en la vertiente norteamericana, busca convertir todas las esferas de la vida social en una empresa, incluyendo al propio Estado, pautada por una racionalidad económica emprendedora», dijo Dias Minhoto en el debate «Asociación Público-Privada en las prisiones brasileñas: implicaciones jurídicas, políticas y éticas» realizado en el mes de marzo de 2015.

Massoneto comparte que el modelo de las PPP sigue la lógica de las políticas neoliberales en el sentido de la acumulación y reproducción ampliada del capital. «La lógica neoliberal en el mundo ha sido la multiplicación de las oportunidades de acumulación de capital combinada con un aumento de la racionalidad represiva del Estado y del control social. Desregulación financiera de un lado, ‘ley y orden’ por el otro».

En el documento llamado Las lecciones aprendidas y oportunidades, el gerente ejecutivo de la Unidad Central PPP, en Minas Gerais, Marcos Siqueira Moraes, sostiene, entre otros puntos, que el complejo busca aumentar la eficiencia de las operaciones en la infraestructura. Contratos de largo plazo, compartición de riesgos de demanda, gerenciales y financieros, así como la garantía de rentabilidad de capital.

El documento titulado «Compartición de las ganancias de las PPP» presentado en el IV Congreso de Gestión Pública (CONSAD), realizada en el año 2011, donde participó Siqueira Moraes, entre otro puntos, afirma que, para que el sector privado pueda participar en la construcción de estos proyectos, se requiere de una ingeniería financiera que permita a los inversionistas captar recursos de forma más barata. Los riesgos del mercado y de la demanda están total o parcialmente a cargo del Estado. Este proceso dio lugar a lo que hoy se denomina la nueva gestión pública, que representa el escenario en el que el Estado transfiere la ejecución de ciertas políticas al capital privado, dejando previamente en sus manos la infraestructura correspondiente.

Prisión en modalidad de empresa

Jesus Filho no duda que los espacios en los complejos privados son más limpios y que la comida es mucho mejor que las unidades públicas, pero se muestra sorprendido con los flujos de capital que esto implica. «La privatización cuesta mucho. Son, mínimo, 3000 reales (U$940) por preso al mes, si eso se multiplica por 600 mil presos. ¿De cuántos millones estamos hablando por mes que Brasil va a gastar? Cuesta mucho», dijo Filho en el debate en el que también participó Dias Minhoto.

Mientras tanto, el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) en su documento del año 2011, llamado Financing Infrastructure in Brazil: prospects and challenges, enmarca dentro de su financiamiento de largo plazo a las PPP. «No hay pérdida alguna porque este complejo de PPP esta siendo cubierto por el Banco de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES) y no hay problema de cubrir la demanda de presos en este tipo de prisiones, sólo en un fin de semana en Minas Gerais, en una festividad se detuvieron a cientos de presos», sostuvo la abogada Fernanda Vieira.

La principal fuente de ingreso que obtendrán estos complejos vienen del Estado, un costo superior al de las prisiones públicas, un promedio de 900 dólares por mes por cada preso. No obstante, el consorcio GPA asegura tener resultados concretos en el desarrollo de los prisioneros, con indicadores de calidad que serán verificados por la empresa multinacional Accenture, una firma con presencia en mas de 56 países, prestando servicios de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing. De acuerdo con la investigación El primer complejo penitenciario de Asociación Público-Privada de Brasil, el compromiso es evaluar los indicadores de desempeño, los pagos hechos por el Estado para el consorcio y para ayudar en la resolución de los posibles conflictos.

«El gran mercado de hoy es de la creación de tecnologías de seguridad, logística e infraestructura, la industria del control del crimen», afirma Dias Minhoto.

Salarios por debajo del mínimo

En la guerra de los cotos de procesos de producción, el principal problema que enfrentan los países ricos y las empresas son los salarios que no se pueden reducir más, por el contrario, las luchas laborales son por el aumento de dicho salario y mejores condiciones de trabajo. Un problema que se desdibuja con la privatización de las prisiones, donde parece que, a mayor número de presos, mayor mano de obra barata. «Es un proceso de mercantilización porque los presos no tendrán la facilidad de defender sus derechos laborales», agregó la abogada Fernanda Vieira.

Aunque este modelo de prisión privada, llamado por la investigadora estadounidense y activista de los años sesenta, Ángela Davis, «complejo industrial carcelario», tiene como uno de sus principales objetivos el abaratamiento de los costos de producción de mercancías, en Brasil aún es un proceso que está en construcción. «Por el momento el único flujo de capital es a través del Estado y las empresas tercerizadas de tecnología y de servicios. No podemos dejar de notar que el lobby empresarial no se limita a la expansión de la política de encarcelamiento. Existe una presión empresarial cada vez mayor para el uso de nuevas tecnologías de control social y de vigilancia», agrega Fernando Massoneto.

Violación de los derechos humanos

Los nuevos complejos privados no ofrecen condiciones de rehabilitación porque tienen un sentido de deshumanizar a los presos. «Es todo muy frío y aislado. Las visitas son igual de degradantes que en la prisión pública. A partir del momento en que una persona se va a un complejo privado donde su vida vale 3000 mil reales por mes, deja de ser un ser humano y se convierte en una mercancía y eso es una violación a los derechos humanos. Hasta el momento no tienen educación, salud ni trabajo y se supone que el pago del Estado cubre esto».

Es absolutamente evidente el «capital carcelario», dice el profesor Massoneto, cuantificado en las hojas de cálculo de los administradores y garantizado por el Estado para reducir los riesgos del negocio. «El control de los cuerpos estuvo presente en la producción del excedente social de las formas antiguas de esclavitud hasta la explotación mercantil de la fuerza de trabajo. La violencia sobre el cuerpo fue modificada gradualmente, yendo desde la decisión de la vida o la muerte del esclavo hasta las más modernas técnicas de subordinación del trabajo al capital. Lo que el capitalismo contemporáneo expone de modo cínico es el control de los cuerpos como insumo fundamental para la reproducción del capital carcelario», dijo el profesor Massoneto.