Rigo del Calvario López es una persona mayor, la vida le ha hecho surcos en la piel, le gusta cantar y hacer fotografía. Una especie de satisfacción le arranca una sonrisa al saberse pobre, “no le debo nada a nadie”, dice mientras recuerda algunas anécdotas de cuando hacía parte de la guerrilla sandinista en los años 1970.

Hablar del sandinismo para este viejo ex-guerrillero en tiempos del presidente Daniel Ortega es un tema de nostalgia y de rabia.

Toma su tiempo, como mirando hacia dentro, y dice, “el ser sandinista era aprender de los principios del general Augusto César Sandino, que entre los años 1926 y 1933 dirigió la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Él no quiso ser ni terrateniente ni presidente. Nosotros en el programa original del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agregamos que no queríamos ser ni empresarios ni millonarios y ni mucho menos presidentes. Sucedió todo lo contrario, se hicieron terratenientes, presidentes, empresarios y millonarios. Sólo utilizan la bandera rojinegra para cobijarse, y eso no es ser sandinista”.

En la Nicaragua de Daniel Ortega del año 2016, el rojinegro, símbolo del sandinismo, pero también de la resistencia en Latinoamérica, ha pasado a teñirse al color magenta o rojo purpúreo intenso, cuya inspiración es la coloración de las flores del arbusto llamado en el mundo de las modas como Fiusha. Un tono que le ha dado un toque a las prendas que se deslizan en los desfiles de moda en Nicaragua, organizados por Camila Ortega, hija del actual presidente de este país. El mismo color con el que Daniel Ortega promovió su reelección.

Simulacro

Días antes de los comicios del 6 de noviembre de este año 2016 en Nicaragua, el equipo de este reportaje intentó ingresar a este país de forma legal, pero no fue permitido. Solo dieron 12  horas para cruzar el país para salir a Costa Rica. En menos de tres semanas habían sido detenidos cinco mexicanos y una investigadora tuvo que abandonar el país a toda prisa, lo que provocó incluso una alerta de la embajada mexicana donde aconsejaba a sus ciudadanos no acercarse a actividades políticas en Nicaragua.

El equipo pasó por un amplio interrogatorio, registros minuciosos del equipaje y la espera sin justificación de más de siete horas en una oficina de migración, frontera entre Honduras y Nicaragua, donde una bandera rojinegra del FSLN acompañaba un cartel con fondo fiusha, parte de la campaña para la reelección de Ortega. Al final no se le dio al equipo de corresponsales el permiso de quedarse en el país, y apenas se le concedió 12 horas para cruzar hacia Costa Rica.

Durante la larga espera en la oficina, el equipo de este reportaje pudo identificar en la sección de aduanas, un periódico mural con un comunicado emitido por la dirección de la oficina dirigido a los funcionarios de migración: “Domingo 6 de noviembre de 2016, después de realizar su voto dar la siguiente información: puesto de trabajo, local de voto y hora de voto”.

Otra orientación era de que los funcionarios no faltaran al trabajo después de votar. Según nos explicó anónimamente un funcionario, el objetivo de los jefes de la oficina era revisar si el dedo de los funcionarios públicos estaban teñidos, ya que todo ciudadano es obligado a dejar sus huellas digitales durante la votación. “O sea, es una forma de obligar a los funcionarios públicos a votar y como son obligados a informar el local y hora de votación a sus jefes, fácilmente les pueden vigilar y hacer una cacería de brujas”, explica el funcionario quien no se quiso identificar por temor a represalias.

A pesar de un abstencionismo generalizado, incluso de algunos miembros del FSLN, el día 7 de noviembre, con el 72.1% de votos, Ortega se proclamó victorioso por cuarta ocasión en su historia, esta vez junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. “¿Cómo es posible que hubo un 70% de los votos? Ninguno de nosotros fuimos a votar, no hubo presencia de los campesinos y de nosotros los pobres. Algunos de los que fueron a votar fue porque les dieron un chancho –un cerdo-, una gallina o el plan techo – programa de insumos básicos para mejorar las viviendas de las familias más pobres-”, dijo Fátima Duarte, de la comarca El Cangrejal, quien fue removida de su cargo como concejal del FSLN por participar en protestas contra las políticas de Ortega.

Color sangre

Calles y puentes destruidos, profundas zanjas abiertas en medio de las carreteras, árboles centenarios derribados obstaculizando las principales vías, fuerzas antimotines desplegadas, retenes de la Policía Nacional. Este era el escenario a menos de un mes de las elecciones. La estrategia del gobierno de Daniel Ortega era impedir que campesinos e indígenas de las comunidades del Tule, Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), zonas rurales remotas, llegaran a la capital del país, Managua, en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. En dichas fechas, movimientos de todo el país se reunirían para protestar contra la construcción del canal interoceánico, concesionado a la empresa china Hong Kong Nicaragua Development (HKND), así como para rechazar el resultado de los comicios en los que el presidente Daniel Ortega obtuvo un tercer mandato sucesivo.

Se estima que la construcción de dicho canal va despojar directamente a 350 mil personas de sus tierras, en su mayoría campesinos e indígenas. La empresa china HKND tiene, por ley, la garantía de expropiar tierras donde considere necesario en todo el territorio nicaragüense. El Canal de Nicaragua esta proyectado en 278 kilómetros de largo, de 230 a 520 metros de ancho, y hasta 30 metros de profundidad. Llegaría a ser el proyecto de infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el Canal de Panamá.

La región donde se intensificó la represión se ubica en la zona oriental del país, en la ruta canalera que pretende cruzar el Lago Cocibolca para conectar los océanos atlántico y pacífico. La acción del gobierno fue respaldada por la Ley de Seguridad Soberana que establece como amenaza casi cualquier actividad que el Ejecutivo considere en contra del Estado.

“Estábamos saliendo de los territorios rumbo a Managua, pero el gobierno nos mandó militares para obstruir los caminos, tumbó puentes para que nuestra caravana de camiones no pudiera pasar. No pudimos viajar en buses, porque los militares amenazaban a los chóferes con quitarles sus concesiones, entonces lo que hicimos fue salir con camiones que usamos para cargar ganado o granos básicos que producimos”,

EXPLICA EL CAMPESINO MEDARDO MAIRENA DE LA REGIÓN DE PUNTA GORDA, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS, COSTA ATLÁNTICA DE NICARAGUA.

Desde la noche del 28 de noviembre, oficiales y agentes antimotines de la Policía Nacional mantuvieron militarizada la zona, con al menos cinco retenes desde Managua a Nueva Guinea y tres puestos de mando en las comunidades más estratégicas de la zona.

Aún con la presencia militar, alrededor de 1,000 personas de diferentes comunidades protestaban el 29 de noviembre a un kilómetro del núcleo urbano de Nueva Guinea, en un lugar conocido como Puente El Zapote, donde seguirían hacia Managua.

“Los militares procedieron con violencia, lanzaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Dispararon con armas de fuego, AK-47. Por lo menos diez personas fueron heridas, cuatro de gravedad, una de ellas (Pedro Guzmán López) con una bala en el estómago”, cuenta la campesina Francisca Ramírez, integrante del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, de la comunidad La Fonseca, en Nueva Guinea.

Con el argumento de labores de reparación del puente El Zapote, el gobierno había socavado un día antes, el 28 de diciembre, el único punto de comunicación de las comunidades con la ciudad de Nueva Guinea. No bastándose con la represión, informaron organizadores de la marcha anticanal, que antimotines ingresaron a Nueva Guinea a detener a sus integrantes, cuando regresaban a sus hogares el miércoles 30 de noviembre por la tarde.

El pueblo El Tule fue atacado con bombas de gas lacrimógeno en el centro de la comunidad. Sus habitantes denuncian el uso de armas de fuego por la policía.

Las comunidades La Unión, La Fonseca, Puerto Príncipe, El Tule, San Miguelito, El Castillo, todas ubicadas en la franja de la ruta canalera, sufrieron la represión más intensa, aunque el despliegue policíaco-militar se extendió en por lo menos 13 distritos del país, desde el día 27 de noviembre. Organizadores de la protesta del 1º de diciembre relatan que por lo menos 102 personas que se dirigían con rumbo a Managua fueron detenidas en retenes de carreteras, según ellos, de forma ilegal y arbitraria.

La organización Front Line Defenders relata en un informe, que el 30 de noviembre de 2016, en Nueva Segovia, Ana Patricia Martínez, Directora de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez “Blanca Araúz”, estuvo detenida durante tres horas por la policía. Las autoridades también se apoderaron de su vehículo, el cual pertenecía a su organización. Martínez regresaba de una comunidad rural donde estaba realizando un taller con mujeres sobrevivientes de violencia de género. Cuando se le preguntó por qué estaba detenida, la policía respondió que era porque estaba ayudando a transportar a la gente para que pudieran participar en la marcha.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía denuncia que se sumaron por lo menos 20 heridos, cuatro de gravedad, y 20 desaparecidos, además de un número incontable de detenidos en todo el país.

En la mira

Las manifestaciones coincidieron con la llegada a Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien tuvo la misión de establecer un diálogo con diversos sectores sociales del país por las controvertidas elecciones de este año 2016, cuando se consumó el tercer mandato presidencial consecutivo a Daniel Ortega.

Entre los abusos que se le atribuyen al mandatario esta el estrangulamiento de lo que acostumbran llamar “pluralismo democrático”, ya que en junio la Corte Suprema despojo al líder opositor Eduardo Montealegre, de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) de tendencia derecha-liberal, con lo cual Daniel Ortega fue el único candidato importante en la disputa. Aunado a ello se eliminó la figura de observación electoral, mediante la prohibición de la presencia de observadores internacionales.

El 16 de octubre, la OEA lanzó un comunicado sobre el proceso electoral en Nicaragua donde anuncia que el secretario general de dicha organización envió un informe al gobierno de Nicaragua ponderando los hechos. El informe no es público.

El gobierno de Nicaragua “recibió el informe con disposición a trabajar en una Mesa de conversación e intercambio constructivo con la Secretaría General de la OEA para analizar en forma conjunta los temas relacionados”, dice el comunicado. En función de lo anterior, “el Secretario General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua implementaron un mecanismo de conversación e intercambio a tales efectos”, continua el comunicado. Esta fue la primera visita del secretario después de establecer lo que llaman diplomáticamente de “mecanismo de conversación”, pero que en realidad pone a Nicaragua en la mira de la OEA.

En este contexto, uno de los objetivos de la Caravana Campesina era llegar a Managua y tener una cita con el secretario Almagro. La Caravana, por toda la adversidad, no llegó, pero envió a Francisca Ramírez a la capital, donde pudo hacer las denuncias ante el secretario general de la OEA, quien simplemente escuchó. “Planteamos todo lo que estamos viviendo. El secretario todavía no se ha pronunciado. Esperamos entonces que se pronuncie para saber si él tomó en serio nuestra situación”, sostiene Mairena.

Al final, en una conferencia de prensa dada por Francisca, un periodista lanzó la pregunta de “¿Cuáles son las fuerzas políticas que financian a los campesinos?”. Francisca soltó una carcajada y le contestó: “Nadie, nosotros con mucho poco nos financiamos. Estamos aquí porque queremos que el mundo sepa que no están permitiendo en este país que expresemos nuestras discordancias con este gobierno que quiere despojarnos de nuestro territorio”.

Política sin colores

Hay un esfuerzo, o mejor, un vicio de las viejas practicas políticas, y eso incluye una tendencia de la derecha y también de la llamada izquierda institucionalizada o partidaria, por intentar reducir experiencias de movimientos sociales y populares a colores partidarios. Muchos movimientos acaban por sucumbir a esta lógica, pero lo que se ve a lo largo y ancho de Latinoamérica es que la lucha anticapitalista avanza sobre todo con los pueblos indígenas y campesinos generalmente alejados de los centros urbanos, sin colores partidarios y sin viejas insignias rojas de otrora. Defender su modo de vida es en si mismo anticapitalista. Lo que les urge es proteger sus territorios, lo que significa defender no apenas su modo de vida, pero también la vida de la tierra donde todos habitan. Y esta visión no es romantizada. Les ha costado la tranquilidad necesaria para vivir y producir, donde la muerte siempre esta al acecho.

El contexto de Nicaragua es complejo, pero tiene la misma lógica. En el gobierno esta el FSNL, que reivindica un pasado de lucha popular y socialista, pero que ha agotado la posibilidad de un rumbo diferente. En el presente, con Ortega a la cabeza, va por su cuarto mandato en el poder con tintes dictatoriales denunciados tanto por la derecha partidaria como por movimientos campesinos.

En lo que se llama oposición está una derecha liberal fracturada en diversos frentes, con un pasado turbio por los vínculos con los Estados Unidos para desarrollar la contrainsurgencia contra la guerrilla sandinista. En cuanto a la lucha contra el canal y contra los megaproyectos que deben venir acoplados a él, como los complejos turísticos y zonas de libre comercio, se están aglutinando campesinos en todo el país quienes se reivindican sin colores partidarios. Así como Francisca que se define “ni liberal ni sandinista”, también el campesino Medardo Mairena de la región de Punta Gorda, municipio de Bluefields, costa atlántica de Nicaragua, afirma que los campesinos se han organizado sin colores partidarios.

“Somos autónomos. La verdad es que no estamos acostumbrados a estar en este tipo de lucha. Nosotros tenemos la prioridad de labrar la tierra, esta es nuestra costumbre, nuestra tradición. Ahí aprendemos a trabajar con nuestros ancestros y es donde obviamente también estamos enseñando a nuestros hijos. Pero ahora es distinto, nos vimos obligados a organizarnos porque nadie estaba al frente de esta situación para apoyarnos. Somos los verdaderos campesinos que estamos organizados”, sostiene Mairena que es vice coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, una organización campesina autónoma.

El movimiento no tiene fondos económicos, afirma Mairena. “Nosotros campesinos nos movemos por nuestra propia cuenta. Hemos movilizado gran cantidad de gente. Un campesino que vende una gallina, o un kilo de frijol, de esta forma vamos recaudando fonditos para poder movilizarnos. Ahí está nuestra autonomía. Así nos movemos, no tenemos respaldo económico de ninguna organización nacional o internacional”.

Cuestionando al campesino si hay oportunistas que intentan apropiarse del movimiento, afirma que sí, siempre los hay, pero que “ya no queremos seguir siendo utilizados, estamos cansados de tanta mentira, traición, gente que dice que nos representa y nos ha dejado solos, no creemos mas en estos líderes, creemos en nosotros”.

En relación a la traición, “me refiero a las organizaciones partidarias que en su momento estuvieron en el poder, creímos que las cosas serian diferentes, que Daniel Ortega nunca crearía condiciones para marginar a este pueblo, pero desgraciadamente no sucedió así”. Y añade que “no reconocemos al gobierno, nosotros no lo vamos a reconocer, no fue electo por el pueblo, hubo un abstencionismo generalizado, apenas 15% de los nicaragüenses votaron, el resto no votamos”.

El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía ha pagado un precio caro por su posición crítica. “Tenemos gente encarcelada, gente hospitalizada solo por el hecho de protestar en contra de los impactos que causará este megaproyecto”.

Incongruencia

Para López, el partido del FSLN y algunos gobiernos autodenominados progresistas o de izquierda en Latinoamérica han dejado de ser cuestionados por sus orígenes, “y esto es un peligro, porque detrás de sus programas político-económicos están las mismas políticas neoliberales, la continuación de los proyectos de extractivismo que deben permitir al capitalismo mantenerse de pie. Es falso que debamos practicar más extractivismo para salir del extractivismo”, dice López.

Efectivamente, los gobiernos progresistas o llamados de izquierda han adoptado el mismo paquete de políticas económicas que ha dictado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para los partidos de derecha y ultraderecha como una condición para poder sostener dichos gobiernos.

Posterior al conflicto armado en Nicaragua, en los años 90 el FMI se concentró en imponer drásticos programas “estándar” de estabilización y ajuste. Tras la derrota electoral del FSLN, en 1990, el FMI establecía en septiembre de 1991 su primer acuerdo, bajo la forma de un Programa “Stand By” de 18 meses. Posterior a este se implementaron tres programas más. El quinto Programa trianual fue acordado con el FMI ya en el periodo de gobierno de Daniel Ortega 2006-2010.

Entre otras condiciones del FMI durante estos programas estuvieron: Evitar toda recapitalización de los bancos estatales; Reglamentar la Ley de Privatización; Terminar de privatizar las empresas mineras; Aplicar medidas de “recuperación de costos” (cobros) en la educación secundaria; Aprobar una Ley que dividiera la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica (ENEL) en entes separados que ejecutaran la generación y distribución de energía eléctrica y que permitiera la privatización de dichos servicios; Aprobar la Ley del Sector de Hidrocarburos para permitir a privados la exploración y la explotación: Ofrecer al sector privado 38 empresas remanentes de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP).

“Nosotros vamos a seguir trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”,

SOSTENÍA ORTEGA EN SU PRECAMPAÑA DEL AÑO 2006.

A pesar de que el Orteguismo ha asumido dichas políticas, antes de su reciente reelección, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la iniciativa de ley conocida como Nicaraguan Investment Conditionality, o llamada coloquialmente Nica Act. El objetivo principal de dicha ley es que los representantes de Estados Unidos se opondrán a las solicitudes de crédito del gobierno de Ortega en las instituciones financieras multilaterales como FMI, BM y el BID.

Aún falta que la ley se apruebe por el Senado y el presidente Barack Obama, de no ser así, regresaría al congreso y tendría que ser aprobada por Donald Trump. En el plazo de 120 días después de ser aprobada la Nica Act, ente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y con el apoyo de los organismos de inteligencia de este país, deberán presentar ante el congreso estadounidense un informe de los altos funcionarios del régimen nicaragüense involucrados en actos de corrupción, incluyendo el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

“Al mismo tiempo en que el gobierno de Ortega esta políticamente en la mira de la OEA y de los Estados Unidos, justamente por ser reconocido internacionalmente como sandinista, internamente enfrenta una derecha que se alía a los Estados Unidos para boicotear su gobierno, mientras tanto, el Estado mantiene proyectos de desarrollo y políticas económicas, orientadas por organismos internacionales que lastiman y destruyen su país y la vida de su pueblo, además de usar métodos dictatoriales”, sostiene López.