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Comunidad zapoteca exige revocación de sentencia por 46 años contra opositor al Corredor Interocéanico

En portada: Habitantes de Puente Madera, entre ellos David Hernández Salazar, reciben a activistas y organizaciones para denunciar los efectos negativos del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Foto: El Sur Resiste

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera, población zapoteca ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, se posicionó para repudiar la sentencia dictada contra David Hernández Salazar quien participa en la organización comunitaria para rechazar la imposición de un parque industrial, asociado al megaproyecto del Corredor Interoceánico, en tierras de comunales.

El pasado 30 de enero, Hernández, agente comunitario y también integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) fue declarado culpable por ataques a las vías de comunicación y daños por incendio.

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En audiencia este miércoles (7), el Juez de Distrito ratificó la sentencia contra Hernández Salazar por 46 años y 6 meses de prisión, así como una multa por 182 mil pesos y un pago por reparación de daños que rebasa el millón de pesos.

Para las organizaciones indígenas del Istmo que acompañan el caso, “estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.

Tanto la APIIDTT, como la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reclaman que las autoridades ignoraron y desecharon pruebas e información “que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante”.

Por ello, acusan, tanto el ministerio público como el juez decidieron incriminarlo por delitos fundamentados en lo que consideran falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. “Esto deja claro la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”.

Persecución judicial

Las organizaciones indígenas detallan que Hernández ha sido objeto de criminalización desde el año 2017 debido a su lucha por la defensa de las tierras de uso común de Monte Pitayal, donde en aquel momento se pretendía imponer una subestación eléctrica a cargo del ejército mexicano.

También, en 2021, siendo agente comunitario de Puente Madera e integrante de la coordinación general de la APIIDTT, fue judicializado y persegudio por autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas incluyen al municipio de San Blas Atempa, el gobierno del estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, las Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Tras una primera demanda federal, cuya carpeta judicial es 269/2021, no fue vinculado a proceso.

Protestas de la comunidad zapoteca para exigir la liberación de David Hernández Salazar, detenido ilegalmente en enero del 2023.

No obstante, a inicios del año 2022 se gira la Causa Penal 446/2022, con lo cual, el 16 de enero del 2023 acontece su detención ilegal -de la cual fue liberado horas después- y abrió la carpeta de investigación por la cual se le dictó sentencia actualmente.

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Cabe destacar que, en octubre de 2023 se le notificó de una nueva demanda federal cuya audiencia inicial se realizará apenas el próximo 21 de febrero. “En estos tres procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo”, enfatizan las organizaciones indígenas.

Aún con la sentencia reciente en su contra, la condena no es absoluta ni se ejecuta de manera inmediata. Las organizaciones indígenas detallan que esto se debe a que poseen amparos contra las órdenes de aprehensión de Hernández, así como contra otros 17 pobladores de Puente Madera incriminados en la Causa Penal 446/2022.

“Continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda”, declaran la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT.

Arrecia represión

Por otra parte, nueve pobladores de Santa María Mixtequila que fueron aprehendidos el 27 de enero, también en el Istmo oaxaqueño, fueron vinculados a prisión preventiva. Fue el pasado 2 de febrero cuando el juez de control de Tanivet dictó auto de vinculación a procesos contra los integrntes de la Resistencia Civil Mixtequillense.

Los indígenas detenidos han participado en las protestas de la comunidad mixteca contra la imposición de un “polo de desarrollo”, complejo industrial previsto a ocupar 502 hectáreas para albergar empresas agroindustriales, metales y textiles como parte del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

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La Resistencia Civil Mixtequillense señaló que, además de castigar a las personas que integran dicha organización, la actuación de las autoridades “busca acabar con todo tipo de oposición a la imposición del Polo de Desarrollo”, por lo cual han interpuesto un amparo para obtener la libertad de los procesados.

Pueblos indígenas de Brasil denuncian penalmente a paramilitares del agronegocio

En portada: María de Fátima Muniz de Andrade, lideresa espiritual del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe, conocida popularmente como Nega Pataxó, fue asesinada por grupo paramilitar vinculado al agronegocio brasileño.

Terratenientes y promotores del agronegocio en Brasil, quienes conforman la agrupación denominada “Invasión Cero”, están siendo investigados por autoridades judiciales tras su participación en el asesinato de María de Fátima Muniz de Andrade, conocida popularmente como Nega Pataxó.

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Luego del ataque armado y el asesinato de la lideresa espiritual ocurrido el pasado 21 de enero, en las tierras recuperadas por la comunidad Pataxó Hã-hã-hãe al sur de Bahía, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), a través de su departamento jurídico, presentó una denuncia penal contra la organización paramilitar.

La denuncia, presentada ante la Procuraduría de la República en el estado de Bahía, enfatiza “la práctica de la organización criminal, ya que, (...) el grupo se asoció a través de una entidad jurídica, de forma estructurada y con división de tareas, valiéndose de la violencia, intimidación, corrupción, fraude u otros medios similares para cometer un delito”.

A través de comunicado, la Apib detalla que la actuación de la policía militar de Bahía no hizo nada para proteger a los indígenas Pataxó Hã-hã-hãe. Al contrario, de acuerdo al testimonio del cacique Nailton, quien recibió un disparo y permanece hospitalizado, los terratenientes llegaron escoltados con cinco vehículos al frente.

“El cacique informa que había policías retirados y vestidos de civil entre el grupo. ‘Le pedí al comandante, porque podía evitar que ocurriera una masacre. Le dije al comandante, sácanos de aquí, llévanos al hospital. Y otro gritó desde lejos: ¡acábalo de matar!’”, resalta la articulación de pueblos indígenas de Brasil.

Según la investigación forense realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía, el disparo que mató a Nega Pataxó provino del arma del hijo de 19 años de un hacendado, arrestado en el momento del ataque. Un oficial de policía que participó en la acción de los terratenientes también fue arrestado.

Paramilitares expanden actividades con apoyo de políticos

Creado por grandes propietarios de tierras, con apoyo de políticos afínes al ex presidente Jair Bolsonaro, diferentes agrupaciones de “Invasión Cero” se han extendido por diversos estados del país sudamericano, articulándose con parlamentarios apoyados por el agronegocio y de extrema derecha.

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Conocidos por desmantelar recuperaciones de tierras reclamadas por campesinos e indígenas, sin respaldo judicial, la agrupación paramilitar mantiene presencia en los estados de Bahía, Goiás, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo y Tocantis.

“Invasión Cero” está constituida como entidad privada y registrada, desde abril del 2023, ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ, por sus siglas en portugés), del estado de Bahía. 

La agrupación afirma articular a 10 mil trabajadores del agronegocio de Bahía y como objetivo plantea la defensa de la propiedad privada y contra las “invasiones” de tierras rurales y urbanas.

El diputado federal Luciano Zucco (izquierda) con Dida Souza (centro) y Luiz Uaquim (derecha), coordinadores de "Invasión Cero".

Según la Apib, los paramilitares están liderados por Renilda Maria Vitoria De Souza y Luiz Henrique Uaquim Da Silva. El grupo obtuvo proyección a nivel nacional durante los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) hacia el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, (MST) - fiscalización desde el Congreso brasileño que, en septiembre del 2023, falló en el intento de criminalizar al movimiento campesino-.

Acorde a la denuncia presentada por la Apib, la actuación de Invasión Cero toma forma de agrupaciones paramilitares para retirar a la fuerza movimientos sociales que están en ocupaciones rurales, tales como las reivindicadas por el MST, o en la recuperación de sus territorios tradicionales, como en el caso del pueblo Pataxó Hã-hã-hãe.

“Entre los terratenientes y fascistas partidarios de los criminales se encuentran el diputado federal Luiz Ovando, el diputado federal Rodolfo Nogueira, el diputado federal Zucco, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado y el ex presidente Jair Bolsonaro, que ya responde ante la Corte Penal Internacional (TPI) por genocidio contra los pueblos indígenas brasileños entre 2018 y 2022”, detalla la Apib.

Protesta de indígenas por el asesinato de la lideresa Nega Pataxó.

La Apib enfatiza que hizo reiteradas denuncias sobre la escalada de la violencia en el sur de Bahía, sin obtener respuestas efectivas de las autoridades. 

“Los pueblos indígenas de Brasil no soportan más muertes. Exigimos la demarcación de las tierras que son nuestras por derecho, la protección de los territorios y la vida y la derogación de la Ley del genocidio (Ley 14.701), factor primordial de incentivo a la matanza de nuestros pueblos en el período más reciente”, reclaman.

Comunidad nahua de Ostula denuncia ataques continuos del crimen organizado

En portada: Miembros de la Guardia Comunal de Ostula durante la celebración por los 14 años de la recuperación de más de 1,500 hectáreas comunales. Foto: Regina López.

Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, denuncian que desde los primeros días de febrero se han perpetrado una serie de ataques contra la población indígena por parte del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante comunicado, relatan que el pasado lunes (5) por la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, sin que se registraran personas lesionadas debido a la respuesta de su Guardia Comunal.

Resaltaron que, durante la agresión, se reconoció el uso de armas de muy alto calibre como lo son rifles de calibre .50. Además, los pobladores detectaron vuelos de drones en la zona de la comunidad donde sucedió la agresión armada.

Cabe destacar que, apenas el 1 de febrero pasado, un comando armado del CJNG compuesto de al menos 50 personas se internó al territorio de la comunidad nahua y atacó el mismo poblado de la Cofadría.

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Durante aquella agresión, los sicarios hirieron a un comunero quien, debido a la pronta atención se reportó estable. Una vez más, debido a la actuación de la Guardia Comunal se consiguió repeler la agresión provocando que el grupo armado abandonara el territorio nahua.

Sicarios del CJNG quemaron una casa durante el ataque a la encargatura de la Cofradía perpetrado el 1 de febrero del 2024.

En aquel momento, las y los pobladores de Ostula señalaron que poseen información suficiente para determinar que los responsables del ataque son personas que traicionaron a la comunidad nahua y se integraron al CJNG. Entre ellas destaca Cemeí Verdía, quien, de acuerdo a los testimonios, es el responsable de dirigir diversos ataques contra la población indígena.

“Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región”, sostuvieron los comuneros de Ostula.

Las y los habitantes de la comunidad nahua señalan que el contexto de violencia, lejos de mejorar, se ha recrudecido mediante la persistencia de los ataques por parte del grupo criminal. Sólo es mediante la presencia y trabajo de la Guardia Comunal que se ha podido mantener a raya al CJNG, mientras que, enfatizan, la Guardia Nacional, civil y la fiscalía del estado de Michoacán “solapan y protegen al CJNG”.

Pese a los intentos de funcionarios estatales para desarmarlos, pobladores de Ostula mantienen su Guardia Comunal para protegerse de los ataques del crimen organizado. Foto: Regina López

Señalan que, en los hechos, el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada para garantizar la justicia en su territorio. “Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”, sostienen en referencia a la pretensión, por parte del Estado, de desarticular y desarmar a su cuerpo de protección comunitario.

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La criminalización de la Guardia Comunal de Ostula se ha mantenido a la par de las agresiones y asesinatos de sus miembros por parte del crimen organizado que mantiene el intento de invadir y controlar los territorios indígenas.

En enero del 2023, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del CJNG.Ante los recientes ataques, las y los habitantes de Ostula exigen la inediata desarticulación del CJNG, así como castigo a los crímenes cometidos en contra de los pobladores indígenas.

En Honduras, movilizaciones para exigir cancelación de minería y proyectos asociados

En portada: El Comité Municipal de Tocoa bloquea la autopista que da acceso a la concesión minera ASP para exigir al gobierno hondureño que no renueve la autorización para la extracción de hierro. Foto: Guapinol resiste

En Tocoa, norte de Honduras, habitantes de la región integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) de dicho municipio, se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que, desde el año 2013, extrae hierro del interior de un área protegida.

Fue el pasado 9 de diciembre del 2023, cuando las autoridades municipales convocaron a un Cabildo Abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.

Aspecto de la contaminación por la operación de la mina en el parque nacional Carlos Escaleras. Noviembre 2016. Foto:Aldo Santiago

Mediante Asamblea Popular, y con representación de autoridades locales, miles de personas se pronunciaron por un rotundo “NO” al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa Ecoteck/Emco. Con esta decisión, la población de Tocoa ratificó la declaración, del 29 de noviembre del 2019, como municipio libre de minería.

Miles de pobladores de Tocoa decidieron un "NO" a la minería y proyectos asociados.

El referido proyecto energético pretende operar una planta termoeléctrica alimentada con coque de petróleo, material que contiene alto contenido de azufre y metales pesados, lo que ha consternado a la población ante el posible incremento de contaminación que, sumado a la extracción minera, coloca en riesgo las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro.

La termoeléctrica de Ecoteck es uno de los siete componentes asociados al megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro, promovidos por el consorcio Emco Holdings, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez. El objetivo de la central es suministrar energía para la operación de una planta de peletización de hierro del mismo consorcio. 

Autoridades promocionan minería

Las comunidades de Guapinol y San Pedro, ubicadas en el departamento de Colón, integran el CMDBCPT, desde donde han denunciado ilegalidades, violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada al megaproyecto minero de Ecoteck/Emco.

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Tras la Asamblea Popular realizada en diciembre pasado, el CMDBCPT presentó, ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el acta notarial que constata el rechazo al proyecto de coque para la extracción minera.

No obstante, el pasado 22 de enero, la alcaldía de Tocoa, encabezada por Adán Fúnez emitió una nueva convocatoria para la “socialización y aprobación” del proyecto energético. 

Una semana después, el 29 de enero, ocho organizaciones jurídicas y de derechos humanos, tanto hondureñas como internacionales que han dado seguimiento al conflicto socioambiental, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa.

Mediante el recurso, instaron a las autoridades judiciales a fallar a favor de la concesión de un amparo colectivo interpuesto por la comunidad de Tocoa para defender la decisión de las comunidades a un medio ambiente sano, al acceso a la información, y a la participación política.

“Los hechos revelan que las decisiones clave relacionadas con el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK se han tomado sin una consulta efectiva y representativa con las comunidades afectadas. A pesar de la clara oposición expresada por los habitantes de Tocoa, Colón, en múltiples asambleas y cabildos abiertos, donde se manifestó un rechazo unánime a los proyectos de ECOTEK y las operaciones mineras asociadas, estas expresiones de voluntad popular han sido aparentemente ignoradas”, puntualiza el Amicus Curiae

Un día después, el juzgado otorgó resolución favorable al recurso legal, lo que obligó al alcalde de Tocoa a suspender el Cabildo Abierto programado para el último día de enero.

Inversiones

En enero de 2014 se otorgó la concesión minera ASP, que abarca un área de 100 hectáreas dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, a la empresa Emco Mining, actualmente denominada Inversiones Los Pinares.

Casi una década después, en octubre del 2023, las comunidades de Colón se informaron sobre la pretensión de la empresa minera para renovar el contrato de concesión, que expiró el pasado 28 de enero del 2024, por hasta 30 años más.

Ante ello, el CMDBCPT se ha movilizado para exigir al gobierno nacional, encabezado por Xiomara Castro, para que rechaze la solicitud de renovación al contrato minero firmado entre Lenir Pérez de Inversiones Los Pinares y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Acorde a las Brigadas Internacionales por la Paz (PBI, por sus siglas en inglés), diferentes medios hondureños e internacionales han demostrado que la empresa siderúrgica Nucor, con sede en los Estados Unidos, estaba asociada con Inversiones Los Pinares.

Según lo publicado, la relación comercial entre Nucor y Pérez comenzó en marzo de 2015 y la empresa norteamericana abandonó el proyecto en octubre del año 2019, debido a la movilización social en contra de la actividad extractiva.

“Esto sugeriría que Nucor estuvo involucrado en la concesión minera el 27 de octubre de 2018, cuando más de 1,500 oficiales de policía y personal militar comenzaron la expulsión forzosa de un campo de protesta opuesto a la mina de Los Pinares”, relata la organización de derechos humanos.

Camapmento de resistencia en la defensa del río Guapinol.

Entre otras agresiones se encuentra el arresto y detención de 13 defensores del territorio. Siete de ellos fueron acusados de cargos relacionados con sus acciones para defender los ríos Guapinol y San Pedro.

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“Los inversores recientes en Nucor incluyen la Caisse de depot et placement du Quebec (73 millones de dólares), el Royal Bank of Canada (61 millones de dólares), el Bank Of Montreal (40 millones de dólares) y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (36 millones de dólares)”, contextualiza PBI.

Afectaciones

Según testimonios de los pobladores, la extracción minera durante una década ha tenido un efecto devastador para el Parque “Carlos Escaleras” y las comunidades circundantes. Además, señalan que han sido vícitimas de la corrupción estatal y la violencia ejercida por la minera.

A través del sitio web Guapinol resiste, el pasado 31 de enero exigieron que el Ministerio Público proteja el medio ambiente y emita requerimientos fiscales contra los representantes de la empresa por delitos ambientales, así como contra “funcionarios públicos locales y nacionales  que conforman la red de corrupción para beneficiar a Pinares/Ecotek”.

Así mismo demandaron el respeto a la vida de los defensores del territorio y campesinos en la región de valle del Bajo Aguán. Un día antes se reportó el secuestro del campesino José Abel López, integrante de la cooperativa Remolino, organización que suma su labor a distintas agrupaciones de la Plataforma Agraria del Aguán para reivindicar la recuperación de tierras despojadas por empresarios de la palma aceitera.

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También denunciaron la intensificación de campañas de odio contra la defensora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, así como contra integrantes del CMDBCPT.

De izquierda a derecha: Esly Banegas (COPA), Yoni Rivas y Wendy Castro (Plataforma Agraria). Foto: Aldo Santiago

 “Responsabilizamos al gobierno de Xiomara Castro por cualquier daño a la integridad física de las defensoras y defensores en lucha por la defensa de los bienes comunes en este valle del Aguán”, aseveran en comunicado.

Semanas antes, más de 100 organizaciones de Honduras y de todo el mundo se sumaron a la exigencia al gobierno de Castro para que respete la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza la actividad minera en sus territorios.

Además, demandaron una investigación independiente para enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelecutales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez, acontecidos durante el año pasado. “La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclaman.

Comunidades autónomas bajo fuego: reportan 28 zapatistas desplazados

En portada: Sede del Caracol 10, Patria Nueva, región donde se registran ataques paramilitares contra bases de apoyo del EZLN. Foto: Aldo Santiago

El pasado 19 de enero del 2024 se suscitó el desplazamiento forzado de 28 personas, Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), debido a agresiones por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao).

Acorde a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), las BAEZLN desplazadas son integrantes de la comunidad La Resistencia, de la región Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. 

El resultado de la agresión, por parte de un grupo de 44 integrantes de la Orcao, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos, fue la destrucción de la Escuela Primaria Autónoma; 15 de casa de lámina y madera, además de la quema de libros de promotores de educación y el robo de una tienda.

“La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar”, relata el comunicado de la Red TDT.

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Mediante una denuncia de la Asamblea de Colectivo de Gobierno Autónomo Zapatista (ACGAZ), perteneciente al Caracol 10, Patria Nueva, señalan que, desde el 17 de enero, la comunidad autónoma recibió amenazas por parte de paramilitares de la Orcao para abandonar sus viviendas en un lapso de dos días.

Según la denuncia de la ACGAZ, entre quienes lideraron la agresión de los paramilitares del Orcao se encuentran: Francisco Santiz López, Jorge López Santiz, Abraham López Santiz, Mario López Santiz, Sebastián Santiz López, Marcos Santiz López, David López Santiz y Agustín Gómez López

“Nuestros compañeros y compañeras, están en un lugar con sus familias, porque hay mal gobierno que los manda a desalojar, la culpa por ser Zapatistas. Con eso avanza la 4T”, denuncia la ACGAZ.

El mismo día, el 19 de enero, 54 personas de la Oraco del pueblo Sacrificio llegaron a quemar tres hectáreas de un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, destruyendo las fuentes de alimento de los animales de pastoreo de la comunidad autónoma.

“Los líderes de Sacrificio son: Armando Santiz Gómez, Fernando Santiz Gómez, Alfredo Santiz Gómez, Nestor Santiz Santiz, Ramón Velazquez Mendez, son lo meros lideres que manipulan a la gente de sacrificio”, sostiene la ACGAZ de Patria Nueva.

“Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá”, sostiene por su parte la Red TDT.

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“Mientras estaba la inauguración estaban los paramilitares de 7 de Febrero en guardia”, señala la denuncia de la ACGAZ. “Veníamos diciendo años atrás, que está financiados por los 3 niveles de malos gobiernos de 4T, están presentando a la luz pública ahora, como se decía antes narco políticos. Narco de todo ahora”, sostienen las comunidades autónomas tras los ataques de integrantes de la Orcao de las comunidades Progreso, Sacrificio, Providencia, 7 de Febrero y San Antonio.

La red de organizaciones de derechos humanos señala que las agresiones de la Orcao en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional han sido una constante en la región de Moisés y Gandhi. La violencia en contra de las comunidades zapatistas “ha ocasionado desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio”, enfatizan.

Entre las agresiones que enuncia la Red TDT se encuentra el desplazamiento forzado de la comunidad La Resistencia, sucedida en un ataque similar el 5 de mayo de 2022. También denuncian la agresión armada que sufrió Jorge López Sántiz, BAEZLN el 23 de mayo de 2023, la cual puso en grave riesgo su vida.

Migrante haitiana muere en estación migratoria; organizaciones acusan condiciones inhumanas

En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

Acorde al colectivo, son reiteradas las denuncias sobre las condiciones inhumanas y torturantes de las Estaciones Migratorias por lo cual rechazan el uso de eufemismos por parte del gobierno mexicano, quien las cataloga como “albergues” para las personas en movilidad. 

“Estos espacios de detención tienen un componente de racismo estructural, puesto que afecta de manera desproporcionada a personas racializadas, principalmente negras y/o caribeñas”, enfatizan. 

Además, argumentan que al nombrarlas como “estancias de alojamiento”, el Estado mexicano pretende ocultar e incluso negar, la realidad de estos centros de detención arbitrarios e ilegales, “que violan el derecho a la libertad personal, el principio de no devolución, el derecho a solicitar y recibir asilo, y el derecho a la vida”. 

Muertes bajo custodia

La versión oficial, proporcionada por el Instituto Nacional de Migración (INM), establece que Jean “N” murió por una broncoaspiración, después que los agentes migratorios se percataron que no respondía a los llamados, por lo que solicitaron la intervención de un médico. “Sin embargo, esta explicación no es suficiente ni convincente para aclarar las circunstancias y las causas del deceso”, sostiene el colectivo Frontera Sur.

Las organizaciones recuerdan que, en noviembre del 2023, una persona de nacionalidad cubana murió mientras era trasladada de la misma estación migratoria, en Tapachula, hacia un hospital privado “sin que hasta ahora se hayan esclarecido las causas de su muerte, y mucho menos se hayan deslindado las responsabilidades correspondientes”.

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Cabe recordar que, en 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al INM por la muerte de una persona haitiana y una ghanesa bajo custodia de la misma estación migratoria Siglo XXI, acontecidas en junio y octubre de 2019, respectivamente.

“Desde diversos espacios de la sociedad civil hemos documentado casos de motines, protestas, autolesiones y suicidios en las estaciones migratorias, lo que evidencia el grado de desesperación y sufrimiento que viven las personas en detención migratoria”, subrayan las organizaciones de derechos humanos. 

Es en este contexto que el colectivo, que integra centros de derechos humanos nacionales e internacionales, demandan el cierre inmediato y definitivo de las estaciones migratorias, “y el fin de la política de detención migratoria en México, que atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.