Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.
A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.
En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.
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En esta fecha se recuerda con movilizaciones masivas el (auto) golpe de Estado que allanó la dictadura de Alberto Fujimori (1992). El toque de queda generó malestar incluso en quienes respaldan a Castillo, como el antifujimorismo y sectores populares ya descontentos por el alza del costo de vida.
Esto intentó ser capitalizado por la ultraderecha y aliados, que hasta hoy no reconocen el resultado de las elecciones de 2021 y buscan, desde el Congreso, destituir al mandatario, en un lento pero latente golpe de Estado.
Así, el fujimorismo y otros sectores conservadores pretenden desde un primer momento crear escenarios de desestabilización. Con un discurso paternalista y economicista amplificado por los medios de comunicación limeños, la narrativa que se propone instalar la clase dominante es la de la renuncia de Castillo como condición para salir de la crisis.
Ahora desde estos mismos emisores de intereses económicos-empresariales, que dejaron de recibir la millonaria publicidad estatal bajo este Gobierno, se sugiere la convocatoria a nuevas elecciones para la presidencia. Es decir, proponen votar para tener al sexto presidente en seis años, como signo de estabilidad.
Todo el imaginario racista y clasista se manifiesta en la existencia en el Congreso de una comisión investigadora de un fraude inexistente -Keiko Fujimori desconoció su ajustada derrota ante Castillo pretextando manipulación de votos, lo que azuzó a sus seguidores-, que lleva meses de presunto trabajo y millones de soles invertidos. El motivo del conflicto nunca fue la capacidad de gobernar de Pedro Castillo, la muletilla de sus opositores, sino lo que representa: el campesinado, las provincias, la sierra históricamente racializada, el sindicalismo, a una izquierda y provinciana.
No debería pasar desapercibido el bloqueo parlamentario a la investigación por la matanza de 16 personas en mayo de 2021 atribuida a “Sendero Luminoso” en la zona de valles de la cocaína, a pocos días de la segunda vuelta. Fue la tercera vez, consecutivas todas, que en vísperas de elecciones ocurrió un “ataque terrorista”, así enunciado y denunciado en sus días por quienes hoy eligen ocultar acciones de verdadero interés público. Pues hay testimonios que señalan un montaje paramilitar y el círculo de Keiko Fujimori es cercano a militares, paramilitares y el narco.
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Lima es una realidad lejana
En Lima y demás ciudades, la distancia respecto al campo y las provincias se expresa en desvaríos como acusar peligros letales, una dictadura comunista, terrorista. En simulacros de solidaridad con protestas que meses atrás calificaban de terrorismo, barbarie. En las caravanas de autos particulares o los cacerolazos desde los barrios privilegiados. En una trabajadora del hogar golpeando la cacerola mientras la jefa la graba con su celular. En la permisividad de la Policía de “una dictadura” ante la violencia con privilegios. En la saturación de la simbología patriótica para discursos excluyentes.
Estaban claros los marcos y las posibilidades del círculo de Castillo y funcionarios, más allá del sabotaje opositor: corrupción y favorecimientos de licitaciones, del propio presidente, según sus opositores, sin pruebas; hasta el desfile de esa oposición en puestos y asesorías. Por un lado, los límites de un partido de izquierda que se anunciaba radical en materia económica (proceso constituyente, reforma agraria) y conservador en derechos individuales (garantías a las grandes fortunas, rechazo a derechos reproductivos), caudillista, personalizado en líderes que ocuparon cargos públicos con indicios de corrupción, nepotismo, clientelismo, en suma, para capitalizar poder que emana de lo colectivo en beneficios particulares. Movimientos que no distinguen alas políticas, es la misma lógica.
No se trata puntualmente de la figura del presidente del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, satanizado como el maquinista detrás de Pedro Castillo, el ideólogo del terror, de la inestabilidad, proféticamente, desde antes de la guerra en Europa y los precios globales. Es también una izquierda capitalina que develó su extravío al adherirse a la desestimación de las encuestas que señalaban que Castillo les superaría ampliamente en votos. Una práctica de paternalismo, supremacismo cultural, al igual que presentarse como el socialismo preparado, depurado, redimido, experimentado, tecnócrata. Al intentar, en calidad de derrotados, imponer condiciones a la izquierda provinciana. No extraña que representantes y simpatizantes suyos se sumen hoy al pedido de que vayan todos.
La frase fue consigna en 2020 contra el asalto al poder bajo el mecanismo de vacancia presidencial por parte del Congreso, capturado, como el actual, por el interés de conservar o extremar las desigualdades del orden económico.
Fotos por @lazlogram
No es la demanda de gremios y trabajadores. El agotamiento general apunta a la disputa de poderes legislativos y ejecutivos. La de Castillo es una representación en la que se vieron y se reflejan las mayorías: el campo, los andes, las comunidades originarias, lo cholo y el mestizaje, los de abajo. El significado del rechazo a una oligarquía impuesta a sangre se confunde con la anulación de un conjunto de expresiones populares, mayoritarias, que por primera vez ganaron unas elecciones democráticas. ¿Tan fácilmente tuercen los principios de un sistema que dicen defender? ¿Quiénes vendrán cuando se vayan todos? Es la ficción de la democracia representativa -neoliberalizada- como el mejor sistema posible.
En un contexto de pugna de grupos de poder, se prolonga el clima amenazante anunciado en el golpe de Estado de noviembre 2020. Se trata de la disputa de quienes concentran los recursos materiales y simbólicos de la república empresarial, como denomina el sociólogo y economista peruano Francisco Durand, a la forma que tomó el aparato institucional público desde el fujimorismo. Una guerra de capitales, tradicionales y emergentes, que no vacilan en trasladar a las calles, a una población aún dividida por estigmas de la guerra interna y la violencia política recientes.
A seis años del Acuerdo de París, los 60 bancos más grandes del mundo continúan financiando combustibles fósiles con 4,6 billones de dólares, 742.000 millones solo en 2021. Contrario a los compromisos de reducir gradualmente los apoyos, se involucran en expandir más el sector.
El informe Banking on Climate Chaos 2022, elaborado por las organizaciones Indigenous Environmental Network, Rainforest Action Network, BankTrack, Oil Change lnternational, Reclaim Finance, Sierra Club y Urgewald, señala que 44 de los 60 bancos se comprometieron a "cero neto emisiones para 2050”, es decir, reducir los financiamientos de estas empresas y proyectos.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 a finales de 2015 y entró en vigor el siguiente año como un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que busca limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
Pero contrario a las intenciones, las emisiones potenciales de los combustibles fósiles en producción o en construcción llevan al mundo mucho más allá de 2°C de calentamiento global.
Aunque el tema sea crucial para la economía mundial, la financiación de las empresas mineras y del carbón representa un 4% de los préstamos, mientras que el 26% se destinó a empresas generadoras de energía de carbón, empequeñecidas por 67% que obtuvo el petróleo y el gas; el resto, en empresas diversificadas que no están relacionadas con lo anterior.
Expansión
En el 2021, el banco francés La Banque Postale, con 901.700 millones de dólares en activos, anunció la suspensión del apoyo financiero para todas las empresas de petróleo y gas en el 2030, una década considerada crucial por los compromisos adoptados por los países ante el cambio climático. Nordea Bank y Credit Agricole hacen lo mismo con el carbón.
Pero, además de La Banque Postale, ninguno de los bancos comprometidos con el cero neto descartó aún la financiación de empresas de petróleo y gas. De hecho, proporcionaron 145.900 millones de dólares a la inversión de 2021 destinada a las 100 empresas que más expanden el petróleo, el gas y el carbón.
Esto incluye 11.600 millones de dólares a Qatar Energy, 13.000 millones a Saudi Aramco y 10.000 millones a ExxonMobil; que planean la mayor expansión del sector del petróleo y el gas, respectivamente, con un total de 42.700 millones de barriles equivalente en desarrollo o evaluación de yacimientos.
EEUU, el financiador principal
A pesar de las aspiraciones de Estados Unidos para ser líder mundial en el cambio climático sus bancos aún representan el peor grupo y principal financiador de combustibles fósiles en el mundo: JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo,Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
Estos seis bancos proporcionaron el 29% de la inversión de los combustibles fósiles identificados en 2021 y 31% de la financiación de combustibles fósiles desde el Acuerdo de París.
Los bancos canadienses no se quedan detrás, “siguen estando sobrerrepresentados en la docena sucia de los principales bancos fósiles” desde el Acuerdo de París, con RBC, Scotiabank y TD. Además el Bank of Montreal y CIBC aumentaron su financiación a los combustibles fósiles de 2020 a 2021.
Japón también tiene bancos entre los catalogados como ‘peores’, con MUFG y Mizuho que incrementaron el apoyo financiero a los combustibles fósiles. Mientras Barclays sigue siendo el peor en el Reino Unido, el número 7 a nivel global; y BNP Paribas en Europa continental, con el puesto 11.
Aproximadamente 2.700 filiales de 1.635 empresas matrices recibieron financiación dirigida por uno de los 60 bancos analizados. Estas empresas participan en la extracción, el transporte, la transmisión, la combustión comercio o almacenamiento de cualquier combustible fósil o electricidad de origen fósil, a nivel mundial, según el estándar de clasificación industrial de Bloomberg.
Impactos en comunidades
La financiación bancaria de los combustibles fósiles a menudo conlleva graves amenazas a las vidas y medios de subsistencia de las comunidades locales en todo el mundo, “perjudicando a los pueblos indígenas, comunidades negras, a los pobres y la clase trabajadora”, menciona el estudio.
Por lo que el informe subraya la urgencia de la resistencia a los combustibles fósiles liderada por las comunidades indígenas y no indígenas que enfrentan los efectos negativos de primera línea y que necesitan de la solidaridad mundial.
“La resistencia indígena se basa en cientos de años de resistencia a la colonización, la preservación de sus derechos soberanos como pueblos, su derecho a la autodeterminación y su derecho a decir ‘no’ a la destrucción y no sólo de sus tierras, sino también de sus culturas, lenguas, soberanía alimentaria y la seguridad, así como su cosmovisión y su vida espiritual”.
Mas de 7 mil indígenas de 200 pueblos de todas las regiones de Brasil se encuentran manifestándose en defensa de la demarcación de sus territorios y contra la agenda anti indígena del gobierno brasileño y el congreso.
Desde el pasado lunes (4), además de las protestas que se han apoderado de las calles de Brasilia, también se han realizado eventos culturales y foros en el marco del denominado Campamento Terra Livre 2022, el cual concluirá hasta el próximo jueves (14).
En el primer día del campamento, Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Apib, declaró durante una conferencia de prensa que los pueblos se preparan para volver en junio a la capital, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue el denominado “marco temporal”, cuya sentencia, en suspenso desde septiembre del 2021, definirá el futuro de las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil.
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La Apib destaca que el argumento del marco temporal restringe el derecho de las comunidades a las tierras que tradicionalmente ocupan y es repudiada por los pueblos indígenas, que la señalan como inconstitucional.
Foto: Marina Oliveira (Cimi)
Las acciones del Campamento, consideradas las mayores movilizaciones indígenas en Brasil, tienen lugar al mismo tiempo que el congreso brasileño vota proyectos que violan los derechos de los pueblos indígenas.
El llamado “Paquete de Destrucción”, por ejemplo, incluye en la agenda, además del marco temporal, la legalización de la minería en los territorios, la flexibilización de las leyes medioambientales y la regularización del acaparamiento de tierras.
Por ello, la primera marcha multitudinaria del pasado miércoles (6) tuvo como destino final el Congreso Nacional, donde se contemplan estas propuestas legislativas que violan los derechos de los pueblos indígenas. Estas son el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, el cual abre el camino para la explotación de las tierras de estos pueblos, así como el PL 490/2007, que hace inviable en la práctica la demarcación de las tierras indígenas.
El día anterior a la marcha, los pueblos participantes del Campamento lanzaron una carta contra el proyecto que libera la minería sin permitir a los pueblos la decisión final sobre el destino de sus propias tierras. En el documento sostienen que “el actual gobierno quiere promover la especulación inmobiliaria en los territorios indígenas y fomentar la invasión del agronegocio” y piden a los congresistas que detengan el proyecto.
Foto: Giulianne Martins
“Es un proceso criminal, y si el Congreso aprueba [el proyecto de ley 191], tendremos que ir a la Corte Suprema, pedirle a la Corte Suprema que detenga este papel que quiere destruir nuestro futuro, nuestro sueño”, declaró el líder Kayapó, Doto Takak Ire, de la tierra indígena Menkragnoti en los estados de Mato Grosso y Pará.
“Este acto de hoy es muy importante para mostrar a la sociedad brasileña que los pueblos no podrán vivir sin la demarcación de nuestros territorios, porque si no se demarca el territorio, se implementará un proyecto de muerte. La muerte no sólo para nosotros [los pueblos indígenas], sino para todos los brasileños, para todo el planeta”, declaró Agnaldo Francisco, dirigente Pataxó Hã-Hã-Hãe durante la movilización denominada “Demarcación ya”.
Desde la aldea de Teles Pires, en la frontera entre Mato Grosso y Pará, Ediene Munduruku llevó su resistencia a Brasilia y prometió seguir luchando contra los "proyectos de muerte" de la base gobernante.
Foto: Regis Guajajara
“Repudiamos al gobierno genocida de Bolsonaro. Los Munduruku dicen ‘NO’ al PL 191 y ‘NO’ al marco temporal. Resistimos con toda la fuerza de nuestra ascendencia. Estamos aquí para defender nuestras costumbres y derechos. Queremos que nuestros territorios, nuestras vidas y nuestro futuro sean libres. No aceptamos la devastación, la destrucción y no aceptamos más amenazas contra las mujeres indígenas. No matarán nuestras voces, porque somos la resistencia de nuestros territorio”, enfatizó Ediene.
Aún si se cumplieran con todas las medidas de reducción de carbono, puestas en marcha hasta finales de la década de 2020, el mundo seguirá calentándose hasta 3,2 grados centígrados al final de este siglo con catastróficas consecuencias.
Así lo alerta la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por científicos de todo el mundo quienes insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
De no lograrlo, haría que nuestro planeta se viera afectado por olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras y escasez de agua generalizada.
Ahora o nunca, es el tono de diversos autores del informe para tomar acción y evitar la catástrofe climática. “Tenemos que alcanzar el máximo de emisiones de GEI antes de 2025 y, después, reducirlas muy rápidamente”, detalló Heleen De Coninck, catedrática de Innovación Socio-Técnica y Cambio Climático en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y una de los miles de científicos que elaboraron el informe.
Destaca que la publicación del informe se retrasó porque representantes de distintos gobiernos discutieron temas como la financiación de la reducción de emisiones en el mundo en desarrollo, así como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los científicos subrayaron que el resumen final fue aceptado por 195 gobiernos.
De acuerdo al reporte, los países que representan más del 80% del Producto Interno Bruto mundial se han comprometido a alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo, es decir, el punto en el que emiten menos GEI a la atmósfera de los que eliminan.
Sin embargo, los gobiernos tienen previsto depender en gran medida de las tecnologías de captura de carbono, aún en desarrollo, o de la plantación de árboles en grandes extensiones de terreno, para compensar las emisiones derivadas del uso continuado de combustibles fósiles durante los próximos años.
Las cuestiones relativas a la confianza de los gobiernos en estas soluciones frente a la necesidad de políticas de eliminación progresiva de los combustibles fósiles fueron un punto de fricción clave en las negociaciones que retrasaron la publicación del informe.
Para 2050, el uso mundial de carbón, petróleo y gas tendría que ser, respectivamente, un 95%, un 60% y un 45% menor que el registrado en 2019. Ese imperativo de eliminar el petróleo y el gas ha resultado difícil de aceptar para los países cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de esos combustibles.
“Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. Sencillamente, están mintiendo. Y los resultados serán catastróficos”, reclamó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres
Carbono y tecnologías inexistentes
Para combatir el aumento en la temperatura, el IPCC ha destacado opciones que depositan sus esperanzas en tecnologías de captura del dióxido de carbono, pues argumenta que no será posible mantener las temperaturas bajas sin alguna forma de eliminación, ya sea mediante árboles o máquinas de filtrado de aire.
No obstante, el mismo IPCC recomienda que estas tecnologías no deben considerarse un sustituto de la reducción del uso de combustibles fósiles debido a “las barreras tecnológicas, económicas, institucionales, ecológicas y medioambientales y socioculturales” que impiden su uso a gran escala.
Actualmente las plantas de captura de carbono existentes en el mundo son capaces de eliminar y almacenar sólo unos pocos miles de toneladas métricas de CO2 al año, lo que está muy lejos de la escala necesaria. “Además, las soluciones que implican la plantación masiva de árboles para el almacenamiento de carbono o la producción de bioenergía, mientras tanto, pueden desencadenar conflictos por la tierra y otras consecuencias para las comunidades”, advierte el IPCC.
En el mismo tenor, sectores ecologistas acusaron al IPCC de ceder ante los países productores de combustibles fósiles al recomendar el uso de tecnologías aún no probadas para contrarrestar el aumento en la temperatura.
“Hubiera esperado que el informe presentara el tipo más fiable de vías seguras hacia los 1,5 grados centígrados sin sobrepasar los límites y sin depender de tecnologías que no sabemos si funcionarán”, declaró Linda Schneider, de la Fundación Heinrich Böll de Berlín.
Según arroja el informe del IPCC, las soluciones recaen también en otras tecnologías como aquellas encaminadas a la producción energética a través de fuentes renovables como la solar o eólica.
Por esto, asegura que todos los sectores de la economía mundial, desde la energía y el transporte hasta los edificios y los alimentos, deben cambiar drástica y rápidamente, haciendo uso de nuevas tecnologías como el combustible de hidrógeno y la captura y el almacenamiento de carbono.
Algunos participantes en el proceso del IPCC son muy escépticos en cuanto a que estos enfoques funcionen. “La idea de una rápida reducción de las emisiones y de grandes tecnologías de emisiones negativas es preocupante”, dijo el profesor Arthur Petersen, de la UCL, que participó como observador en la sesión de aprobación y para quien “hay muchas ilusiones en este informe”.
Cabe destacar que, desde la década de 1990, se ha emitido la mitad del total de las emisiones contaminantes de toda la historia. Además, el informe del IPCC afirma que las emisiones totales de GEI han mantenido su incremento entre 2010 y 2019, aunque el ritmo de crecimiento en ese periodo de tiempo fue inferior al de la década anterior. El informe más reciente es la tercera parte de la última revisión exhaustiva de la ciencia del clima del IPCC, basada en el trabajo de miles de científicos. Los informes del IPCC tardan alrededor de siete años en elaborarse, por lo que éste puede ser el último aviso antes de que el mundo se encamine irremediablemente hacia el colapso climático.
La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.
En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.
La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.
“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.
Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.
En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.
Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.
Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
Despojo
El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.
“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.
Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.
Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.
A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.
El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.
“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.
Discriminación
La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.
Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.
“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.
En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.
Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.
Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.
A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.
Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.
En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.
En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.
En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.
“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.
Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.
Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB
Leyes
En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.
En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.
“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.
Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.
Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.
El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.
El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.
En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.
En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.
A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.
El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.
Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.
“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.
Protección
La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.
Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.
Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.
Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).
“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.
Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.
Texto y fotos: The Store Project
El Estor es un municipio indígena ubicado a unos 320 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, donde opera la licencia minera Fénix. En una filtración de documentos internos de las empresas que operan la mina, Solway -ruso-suiza- y su subsidiaria la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), al alcalde actual se le describe como una persona cuya motivación es el dinero, con un discurso a favor del desarrollo, la inversión privada y neutral en el tema minero.
Los datos de la filtración incluyen 8 millones de documentos confidenciales y 470 buzones de correos electrónicos de directivos de la minera Fénix. Durante seis meses fueron examinados por 65 periodistas de 20 medios del mundo, de los cuales El País, Prensa Comunitaria y El Faro tienen presencia en Latinoamérica. #MiningSecrets, como se ha llamado a la investigación, estuvo bajo la dirección de Forbidden Stories en Francia, a quienes un equipo de hackers les entregó la filtración.
Algunas de las revelaciones muestran cómo CGN y Solway ejercen tanta injerencia en lo local que el gobierno municipal está de su lado, así como la Policía Nacional Civil, el ejército, los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), operadores de justicia y otras instituciones estatales.
La filtración también muestra cómo, sin ningún problema, la compañía minera hace negocios con uno de los carteles del narcotráfico más importantes de Guatemala, con otras empresas señaladas de corrupción dentro del estado guatemalteco y con operadores de justica para garantizar la mayor tranquilidad de sus operaciones.
José Joel Lorenzo Flores es un chiquimulteco que ganó unas elecciones locales en 2019 navegando en el barco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido político señalado de financiamiento electoral ilícito. Este es su segundo período como alcalde municipal.
A mediados del mes de enero de 2020, Lorenzo Flores asumió como alcalde en El Estor. A una semana en el cargo, una de sus primeras acciones fue dar su respaldo a la compañía. Lorenzo firmó y presentó uno de los memoriales Amicus Curiae a favor de la licencia minera Fénix y lo entregó en la máxima corte constitucional de Guatemala. El alcalde no tuvo que viajar durante 7 horas sobre la carretera del Atlántico hasta la capital; la compañía se encargó de entregarlo por él. El suyo fue uno de 120 memoriales promovidos por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico. El alcalde dejó de ser neutral y se convirtió en uno de los actores clave para aplicar la estrategia de la minera.
Para los personeros de la minera el papel del alcalde siguió dando frutos. Uno de los más relevantes fue su apoyo para agenciarse el resultado de una “consulta libre previa e informada” con las poblaciones locales Maya Q’eqchi’, hecha a la medida de la empresa. La consulta fue una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2019. Tras confirmar que Solway está operando de manera ilegal el proyecto minero Fénix, la corte resolvió que la compañía debía suspender todas las operaciones de Fénix, paso previo para hacer la consulta y finalmente investigar el daño medioambiental ocasionado por la mina.
Una consulta que no fue libre ni informada
Para los gerentes rusos y guatemaltecos comenzó, entonces, el periplo para evitar que Fénix se detuviera. Este es uno de los proyectos de minería de níquel a cielo abierto más grandes de la región y el más importante para Solway; su proyecto insignia. Nada de lo ordenado por la corte se cumplió.
Además del alcalde, fueron instrumentales en el plan los Cocodes, instancias estatales que operan en los territorios del país.
En la estrategia que la mina echó a andar desde junio del 2021, la municipalidad validó a quienes serían los únicos con derecho a participar en el proceso de “consulta”, la mayoría con el visto bueno y financiados por la minera. Desde los Cocodes fueron convocados algunos para participar en la consulta que organizaba, desde Ciudad de Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas (MEM). El denominador común es que estas autoridades no informaron a sus comunidades a qué iban convocados. Lo mismo pasó con personas de dos de los consejos de comunidades Q’eqchi dirigidos por una ONG llamada Asociación Nacional para el Desarrollo Mutual (ANADE), a la que la compañía financia constantemente, como se comprueba en una serie de documentos analizados.
Entre municipalidad, Cocodes y ANADE hay varios operadores de la mina, según los documentos.
Fachada de la Municipalidad de El Estor, Izabal. Crédito: The Store Project
Adelso Romel Reyes Reyes, desde la municipalidad, es una pieza clave para la minera. También Alfredo Cacao Ical, quien representa públicamente a la ANADE, define con dinero de la mina el quehacer de dos de los consejos indígenas que participan dentro de esta asociación. Maximiliano Súchite, hombre cercano de Alfredo Cacao, participa en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR -otra instancia del Estado-. Desde esa posición, en marzo elaboró una carta dirigida al viceministro del energía y minas, Óscar Pérez Ramírez, afirmando que la única representación legítima del pueblo indígena Q’eqchi es el consejo al que él representa. El tablero de juego estaba puesto.
La primera de las convocatorias “oficiales” del MEM se hace a mediados de julio. El alcalde Lorenzo, junto a otros integrantes de la municipalidad, participaron de todas las reuniones organizadas por Oscar Pérez. Solway y sus personeros no faltaron en cada actividad desde el inicio. La mayoría de las reuniones se realizaron en hoteles de lujo o restaurantes fuera del municipio, a puertas cerradas y sin la presencia de la prensa.
Las acciones de la municipalidad fueron un paso más allá: desde enero rechazó la inscripción de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ -abiertamente opuestos a la minera-, que buscaban participar de la preconsulta para garantizar la transparencia del proceso. Preocupados, los Consejos Ancestrales veían cómo la sentencia de la corte se estaba violentando. Romel Reyes, quien tiene a su cargo la Dirección de Comunidades en Desarrollo de la municipalidad, rechazó desde esta oficina el trámite legal de los Cuatro Consejos -Qawa’ San Baals, Qana’ Tomasa, Qawa’ Oxlaju Aj y Qawa’ Siyab’- representados por 97 autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’, a quienes sus respectivas asambleas comunitarias los eligieron con el mandato de representarles en la consulta.
Reyes tiene una plaza en la municipalidad, con un salario de 7 mil quetzales mensuales (unos mil dólares). Al mismo tiempo dirige una ONG local, la Asociación Sa’Komonil, con la que busca que la minera le dé 1 millón 617 mil quetzales para financiarse. Su proyecto “busca contrarrestar o anular la incidencia de la Defensoría Q’eqchi’ en cinco municipios: dos de Izabal y tres de Alta Verapaz.” En correos internos de Pronico, Iryna Litviniuk, ejecutiva de la empresa, pide en enero de 2021, a Marvin Méndez y a Humberto Matheus que revisen la propuesta de Reyes.
Un año antes, en septiembre de 2020, la compañía elaboró un plan para la consulta. Deciden que las ONG de Romel Reyes -Saqomonil- y Alfredo Cacao -ANADE fortalezcan la imagen del CCMQ (Consejo de Comunidades Maya Q’eqchi’) y del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi de Panzós (CCIMQ) con gente “que sean afines al negocio”. La minera, en ese momento, ya les aportaba US$ 5,800 mensuales y, luego de medir el riesgo de la desacreditación de este consejo, deciden invertir otros US$ 25,000 cada mes hasta que tengan el resultado de la consulta.
Solway ha tenido poca capacidad mediática, para mejorar su imagen en los medios de comunicación corporativos diseño otro plan, este incluyó varias publicaciones en el medio Prensa Libre por US$ 10,000 y en Nuestro Diario por US$ 2 mil, ambos medios propiedad de Mario Antonio Sandoval y María Mercedes Girón de Blank. La minera invirtió recursos de pauta en la televisión por otros US$ 4,000 al mes. La actual presidenta de Prensa Libre, está vinculada con los Panama Paper, documentos internos de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca que revelaron como empresarios en todo el mundo crean empresas de cartón para beneficiarse de paraísos fiscales, revelados en 2016.
El plan incluye entregar US$ 5,000 mensuales al CCMQ en proyectos para comunidades de influencia de Fénix y otros US$ 4,000 para difusión en radios locales y redes sociales. En otros documentos de la filtración se comprueba que los pagos a ambas ONG continuaron en 2021.
La ruta del dinero de Fénix
CGN y Pronico constantemente inyectan dinero a la Fundación Raxché, creada por la compañía desde 2005. Ambas empresas transfieren el dinero a la cuenta de la fundación y de esta se traslada a la municipalidad, ONG, o cuentas personales. Por ejemplo, a la Cuenta Única del Tesoro Municipal, El Estor Izabal,hay traslados por conceptos como “pago a trabajadores temporales y construcción de obra pública”, además de pagos para la Policía Nacional Civil (PNC). Estos son algunos de los traslados de dinero que aparecen en la filtración.
Fotografía de la mina Fénix, en El Estor, Izabal. Crédito: Forbidden Stories.
Siguiendo la línea de tres de esas transferencias, los documentos confirman solicitudes, órdenes y traslado de los fondos por estos conceptos, valorados por Q1.70 millones (US$ 139,000).
Sobre la consulta comunitaria existe una operación similar. Las dos compañías mineras transfieren el dinero a las cuentas de la Fundación Raxché, que a su vez pasa los fondos a ANADE, administrada por Alfredo Cacao Ical. Ese dinero, según los documentos filtrados, lo recibieron los integrantes del CCMQ de El Estor y el Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi de Panzós (CCIMQ). Esos dos grupos sí participaron en la consulta por el proyecto minero. El dinero se usó para impulsar la estrategia de incidencia de la empresa a favor de Fénix y para neutralizar a la oposición a la mina.
Según los hallazgos, CGN desembolsó Q1.4 millones (unos US$ 183,000) a los responsables del CCMQ y pagos por Q231,000 al CCIMQ. Estos fondos son para acciones de cara a la consulta minera en 2021.
Existen registros de 2018 y otros años que muestran que Pronico invirtió para “actores claves”. Uno de ellos es “líder” del Barrio La Unión en el centro del municipio. Otros actores clave son los Cocodes, comunicadores locales, funcionarios públicos, operadores de justicia, incluso el presidente. Por ejemplo, en el libro diario del mes de febrero de 2020 de la Fundación Raxché, se registró desembolsos para ANADE -actor clave- por Q591,120 (US$ 77,000 dólares) en transferencias bancarias.
Decenas de pruebas muestran la estrategia, planes, pagos y probables escenarios que la empresa preveía para lograr culminar con la consulta en tiempo exprés y otras operaciones de riesgo. Se pudo constatar que existen planes operativos diseñados por Pronico que incluían invertir millones de dólares dirigidos a la compra de voluntades, pago de colaboradores comunitarios, de espías infiltrados, abogados, apoyo de las fuerzas de seguridad pública. Buena parte de eso se manejó bajo el concepto de “proyectos de desarrollo o inversión social en las comunidades”. Los planes fueron realizados internamente, cada uno autorizado en la cadena de mando de las compañías socias de Solway y aprobados o demandados por los gerentes rusos en el mando gerencial superior. Finalmente, con la ayuda del alcalde, intermediarios locales, desde lo más alto de la dirección del Ministerio de Energía y Minas y otros funcionarios de gobierno, lograron imponer a finales de 2021 el resultado de una “consulta” que dejó por fuera a 97 autoridades ancestrales, cientos de comunidades afectadas por el proyecto minero Fénix y a unas 83,000 gentes que habitan este municipio en el Caribe guatemalteco.
Raxché hizo aportaciones a Anade para, entre otras cosas, fortalecer a los consejos indígenas que estaban del lado de la mina. Crédito: The Store Project.
La expansión rusa de la mina
Para echar a andar una nueva fase de la extracción minera en Izabal, los principales accionistas de CGN -los Berger, Ayau y Soto, son un grupo de familias de la oligarquía local y grupos económicos conservadores- que se asociaron desde 2011 con Solway. Para extraer el níquel, procesarlo o exportarlo, lograron tener permisos y ampliaciones de licencias mineras como la de Fénix, que opera ilegalmente desde 2005. Una gigantesca operación extractiva que ha funcionado durante 17 años ante la mirada de todos, sin licencia, sin estudio de impacto ambiental (IEA) y sin consultarle al pueblo indígena que habita El Estor.
Policía acude al llamado de la minera de CGN-Pronico para seguir operando. Crédito: Prensa Comunitaria.
Otro de los beneficios llegó cuando el negocio de CGN con los rusos se amarró. Con Erick Archila Dehesa como ministro del MEM logran una nueva ampliación del área de extracción para Fénix.
Aun cuando la ley de minería guatemalteca cita que el máximo de cualquier licencia no debe de sobrepasar los 20 kilómetros cuadrados, Fénix, con el ministro Archila y el presidente Otto Pérez Molina en el gobierno, recibe 249 kilómetros cuadrados adicionales. El exministro es, desde el 2016, prófugo de la justicia guatemalteca y sobre él pesa una orden internacional de captura por de la Interpol. Pérez Molina continúa detenido en una base militar VIP por dirigir redes criminales de corrupción.
Licencias de explotación vigentes en 2016. Crédito: MEM.
Solway/CGN/Pronico goza de privilegios para operar y para lograrlo ha contado con una red de influencia que se organiza desde lo local hasta lo transnacional.
En junio de 2021, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) confirmó la trama rusa revelada por medios de comunicación en Guatemala: la sospecha de que Mayaníquel, filial de la minera rusa TelfAg y relacionada directamente con Solway, sobornó al presidente Alejando Giammattei- para obtener varios negocios que tienen que ver con concesiones, licencias extractivas, níquel, tierras raras, y el control del puerto Santo Tomás de Castilla, de interés de ambos grupos mineros.
La filtración de los documentos permite confirmar que CGN, Solway y Mayaníquel operan de manera conjunta en este puerto. Es una trama que involucra a altos directivos de Mayaníquel, empresarios extranjeros vinculados al níquel, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- y el gobierno con el presidente Alejandro Giammattei Falla y uno de sus principales ministros, Roberto Antonio Malouf Morales, ministro de Economía.
Carta entre directivos de CGN-Pronico y Telf AG. Crédito: The Store Project.Documento de la filtración muestra comunicación de Pahame, la empresa que administra Empornac, con CGN-Pronico. Crédito: The Store Project.
El ahora ex ministro Antonio Malouf, siendo presidente del CACIF, fue uno de los empresarios guatemaltecos con más viajes a San Petersburgo, una ciudad portuaria de las más antiguas del imperio ruso del Zar Pedro El Grande, luego la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y finalmente la Federación Rusa. Malouf renunció por “proyectos personales” tres días después de las primeras revelaciones de Mining Secrets.
Esta ciudad es sede de las oficinas centrales de la minera TelfAG. Malouf ha estado muy de cerca desde 2018 de las negociaciones entre empresarios y estados de ambos países. Malouf conoce y se ha reunido con directivos de Mayaníquel y TelfAG como Stanislav Kondrashov, incluso en 2021 el ministro coincidió en Rusia en foros empresariales en los que el presidente de ese país, Vladímir Putin, tuvo participación.
Pie de la foto: Mayaníquel y Telf AG participaron en actividad en donde el Presidente de Rusia estuvo presente. Crédito: Minex
En junio de 2021, Malouf participó del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Roscongress, un mes antes que Juan Francisco Sandoval revelara la trama rusa y saliera al exilio a los Estados Unidos. En la relación del ahora exministro con los rusos siempre ha estado el tema de la extracción minera en Izabal y Alta Verapaz, con la empresa TelfAG y Mayaníquel, la responsable según el testigo A, de entregar el dinero a la casa de presidente de Guatemala.
El presidente ruso, Vladímir Putin, en uno de los actos virtuales organizados por el Foro de San Petersburgo. SERGEI ILYIN (AP)
A través de Forbidden Stories se contactó a Malouf para solicitar comentarios previos a la publicación de estos textos, pero no hubo respuesta.
En Guatemala, ese tipo de redes fueron señaladas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida en su etapa final por el colombiano Iván Velásquez Gómez. Para CICIG, esas redes, creadas inicialmente por los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), en la actualidad actúan como Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI), y fueron las que se encargaron de cooptar al estado de Guatemala. Partiendo de ese análisis, esos cuerpos y redes ilícitas tienen una raíz local, que en el caso de la compañía minera en Izabal le permite cooptar la institucionalidad local en función de sus propias operaciones.
A continuación se detalla como las operaciones mineras están vinculadas a empresas y funcionarios públicos señalados de corrupción e impunidad, investigadas por FECI y CICIG, cuyos personeros y gerentes enfrentan juicios en la actualidad o cumplen una condena. Muchos de ellos vinculados con redes dirigidas por gobiernos como los del expresidente Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y el ahora presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Redes en las que se incluye a militares de la contrainsurgencia y carteles del narcotráfico en Guatemala.
Toda esta trama pudo ser reconstruida a partir de la filtración que obtuvo Forbidden Stories, miles de documentos internos de la compañía que reflejan como la empresa en lo nacional y su socio Solway pueden operar con impunidad. A tal extremo que pudieron hacer caso omiso de la sentencia de la máxima corte constitucional del país.
El alcalde Joel Lorenzo y la sombra de la corrupción municipal
Una de las primeras imágenes que usa el gerente de relaciones comunitarias de la compañía, Maynor Alvarado Mai, un oficial retirado del ejército, para explicar la dimensión de la operación minera es: “En El Estor no existe el Estado, nosotros somos el Estado”, según dijo durante un evento en pro de la mina.
Esta frase explica perfectamente bien cómo la compañía tiene el control de todo en El Estor. Ningún funcionario puede decir o hacer, sin la vigilancia, control o asesoría de la compañía.
En el documento “Informe de análisis de candidatos a la alcaldía de El Estor, período 2020-2024”, elaborado por la oficina de Relaciones Comunitarias de Pronico, se registra que el exalcalde Rony Méndez Caal acusó de corrupción durante las elecciones al ahora acalde Joel Lorenzo. Los señalamientos tenían que ver con el caso de corrupción en el que estuvo implicada Nidia Lizet Milla Orellana, tesorera municipal cuando Lorenzo era alcalde.
Milla Orellana fue investigada por el Ministerio Público en el 2015 por el desfalco de Q4 millones 211 mil 170 (unos US$ 520 mil dólares). La fiscalía guatemalteca la acusó de peculado y uso de documentos falsificados.
A pesar de los señalamientos y del proceso penal, la extesorera fue recontratada en 2020 por Lorenzo Flores, en el mismo puesto, como encargada de la Tesorería municipal. Durante la acusación, Nidia Milla fue el juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, quien inmediatamente conoció el caso. Tras la resolución del controversial juez de Izabal, la extesorera no fue a prisión y en la actualidad sigue viendo las finanzas internas de la municipalidad.
Lorenzo Flores, como alcalde, gana un salario mensual de Q49 mil 900 (unos US$ 6,500 dólares), esto entre sueldo base, gastos de representación y dietas. Los datos fueron publicados por la Municipalidad de El Estor en el documento de remuneraciones de marzo de 2021. Es decir que el alcalde podría estar ganando al año unos US$ 78,000, equivalentes a Q599,000.
En la actualidad, el dinero sigue fluyendo por la municipalidad de El Estor, y en algunos casos de forma irregular. Solo de 2020 a 2022, la municipalidad licitó 55 eventos de contratos públicos. El último fue en noviembre del 2021 cuando se dio la compra sobrevalorada de maquinaria pesada por Q3 millones 130 mil a la empresa Class Equipos y Construcciones de Guatemala SA., según información publicada en el sitio de Guatecompras. Con lo que gastó en comprar tres máquinas, la municipalidad pudo haber comprado cuatro si se comparan los precios pagados con los de mercado en otros países.
En 2019, Marco Antonio Recinos Sandoval, padre de los dos propietarios de Class Equipos, fue enviado a juicio por financiar ilícitamente al Partido Patriota a través de la empresa Altracsa. El caso se conoció como Cooptación del Estado y fue investigado por la FECI y por CICIG. Tres años después sigue siendo contratista del estado y de la municipalidad de El Estor.
En otro caso relacionado a fondos y construcción de obra pública, los documentos filtrados de la compañía revelan que el 4 de agosto de 2020 el director administrativo de Pronico, Humberto Matheus Carpio, dirigió una carta al alcalde municipal, comprometiéndose a una única donación por US$110 mil, destinados a la ampliación de la carretera en la aldea Chichipate.
Al revisar el sitio de Guatecompras, la Municipalidad de El Estor en los eventos de ese año, únicamente fue registrado uno con fecha del 5 de agosto, un día después del donativo. La municipalidad durante el año solicitó un solo evento para la construcción de una carretera en el lugar citado por el donativo, valorada en Q3 millones 3 mil quinientos, para el mejoramiento de la calle principal de dicha aldea. El empresario Samayoa Ruano Peter Domingo fue quien recibió el contrato y fue el único ofertante.
No se logró confirmar si el donativo formó parte del pago total a Samayoa Ruano, o el total de la inversión salió de los fondos públicos de la municipalidad. Los cierto es que los donativos directos de CGN-Pronico a la municipalidad continuaron.
Crédito: The Store Project
Constructoras señaladas de corrupción por la FECI y CICIG
La trama rusa denunciada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval el año pasado apunta a una serie de actividades de empresarios rusos que levantaron la sospecha de la FECI de que empresarios rusos de Mayaníquel buscaban obtener favores presidenciales a cambio de un soborno. Mayaníquel, la empresa implicada en esta investigación, buscaba ampliar operaciones en Santo Tomás de Castilla, donde comparte intereses con Solway, según muestran documentos de la filtración.
La relación comercial de Solway con otras empresas guatemaltecas señaladas de corrupción se puede comprobar a largo de tres gobiernos, el de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y ahora el de Giammattei, tal como puede identificarse en la filtración de los archivos de la compañía. Empresas que fueron investigadas por la propia CICIG y la FECI e hicieron tratos con la mina forman parte de un frente que se encargó de expulsar a la CICIG, y a una docena de funcionarios, entre fiscales del MP, entre ellos varios de los de la FECI, juezas y otros operadores de justicia.
Una de las principales investigaciones de CICIG en 2016 fue el caso llamado “Construcción y corrupción fase II: otras modalidades de pago”. Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro y empresario prófugo de la justicia desde el año 2015, acumuló varias órdenes de detención, incluyendo la internacional emitida por Interpol. Además, participó en el caso Odebrecht y La Coperacha, investigadas por Juan Francisco Sandoval, según afirmó el sitio Ojoconmipisto en 2019. Sinibaldi permanece detenido en una prisión militar VIP en Guatemala.
Siendo ministro, Sinibaldi estuvo vinculado con la Constructora CODICO. La empresa tiene su base de operaciones en Puerto Barrios, Izabal, y según Guatecompras Erick Francisco García Casasola y William Renato Godínez Santizo son sus representantes legales. En la filtración de los documentos de la compañía minera fueron hallados contratos de Solway con CODICO; la relación es previa a los rusos: CODICO es proveedora de servicios para CGN desde el año 2005 a la actualidad.
Esta constructora obtuvo millones del Estado de Guatemala. Tras su vinculación con el Partido Patriota y Sinibaldi, la empresa incrementó sus contratos con el Estado, lo mismo con Jimmy Morales y Giammattei. Contratos con el Ministerio de Defensa de 2019 a 2021 llegan a unos Q28 millones 723 mil 3.9. También hay contratos con la municipalidad de Puerto Barrios, Comunicaciones y el Puerto Santo Tomás de Castilla.
Puerto Santo Tomás de Castilla. Crédito: The Store Project.
De la relación comercial con Solway se sabe de cotizaciones, facturas, órdenes de pago y contratos aprobados por Sergei Nosachev, gerente general de Pronico. En 2017, arrendaron un rodo vibro compactador. CODICO fue contratada por Q159 mil 5 (unos US$ 20 mil 650). El contrato fue firmando entre Erick García Casasola -CODICO- y Roel López Sandoval por Pronico. Según una nota adicional, el director general de Pronico Sergei Nosachev y el subdirector de producción de energía de la empresa, S. Sherstobitov, son quienes finalmente autorizan la firma del contrato.
Una de las cotizaciones más recientes de 2021 tiene que ver con la elaboración de los pasamanos del ingreso peatonal a la planta y otro con la pavimentación de las calles en el interior de la planta procesadora. Pronico recibió varios planos de diseño acompañados de una cotización. Así lo prueba, por ejemplo, el documento con número CP-2021-004 del 2 de marzo del año pasado, que muestra que Aleksander Griaznov cotizó por Q 5 millones 89 mil 366 (US$ 661.000) para la pavimentación de varias calles en el área de escoria, plataforma y la bodega de carbón.
Frente a la participación de empresas como CODICO dentro de redes de corrupción del Estado, la jueza Ericka Aifán, presidenta del juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió en 2019 enviar a juicio a Omar Augusto Guerra Villeda, gerente de CODICO, como también lo hizo con Sinibaldi, por financiamiento ilícito por el caso Construcción y Corrupción. La jueza en Guatemala actualmente se encuentra bajo el asedio constante de Sinibaldi desde la prisión en el cuartel Mariscal Zavala. Por otro lado, la fiscal general Consuelo Porras insiste en solicitar que se le retire el derecho de antejuicio a la jueza, quien también es acosada por ataques permanentes desde netcenters, según afirmó Aifán en una entrevista en ese país al medio Prensa Comunitaria. Todo este lobby anti Aifán proviene de la familia Espina, vinculada al expresidente Espina Salguero a quienes se les investiga por lavado de dinero por USD 1 millón 500 mil como publicó el 7 de marzo de 2020 El Periódico.
Los contratos y negocios de Solway y CGN tampoco son ajenos a empresas como Productos del Aire. Documentos internos de la compañía lo demuestran. Su representante, Martín Ignacio Minondo Ayau, aparece en varios de los contratos. Esta empresa, además, se adhirió como tercero interesado en el amparo en contra del MEM en apoyo al proyecto minero Fénix en 2018. Minondo Ayau incluso aparece como representante legal de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Según un informe especial de El Observador, el representante de Productos del Aire y sus hermanos están vinculados a grupos como la Liga ProPatria que promovieron la expulsión de la CICIG del país y que en la actualidad atacan a operadores de justicia independientes. Los Ayau tienen participación en CGN y otras empresas como Hidrosalá, la Universidad Francisco Marroquín UFM y el extinto partido MLN vinculado a los escuadrones de la muerte. Esto está documentado en un documento elaborado por la Fundación Myrna Mack en el 2011.
Un juez que juega en el equipo de la impunidad
Hay otro funcionario que ha sido esencial en estas tramas que ligan a la mina con la corrupción en todos los niveles del Estado de Guatemala. Se trata de Edgar Aníbal Arteaga López.
Arteaga pasa los 50 años y se graduó de abogado en 1988. En la hoja de vida que presentó en el proceso para ser magistrado en la corte de apelaciones de Guatemala afirma tener un Magíster en derechos humanos. Sin embargo, quedó fuera del proceso y su sueño de ser magistrado se esfumó.
Los rusos llegaron casi al mismo tiempo que Arteaga a Izabal. El juez arriba en el momento en el que los empresarios guatemaltecos con CGN amarran un negocio multimillonario con Solway en 2014. Desde entonces, Arteaga está íntimamente ligado al destino y a la historia reciente de El Estor y a la mina.
Por el juzgado que preside el juez Arteaga han pasado muchas demandas que lleva la compañía, en otros casos las demandas son contra la minera. Sus decisiones y resoluciones han sido polémicas; entorpeció, por ejemplo, el proceso penal en contra de la empresa y un biólogo por la muerte de tres estudiantes universitarios en el interior de las instalaciones de la minera en 2012.
Cuatro años después, permitió que varios ciudadanos rusos señalados por la explosión de una de las calderas de la planta procesadora y la muerte de seis trabajadores quedaran en libertad. Ha ordenado la detención de líderes comunitarios como Abelino Chub Caal, preso durante cinco años en el Preventivo para hombres de la zona 18 de Guatemala y quien actualmente forma parte de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi. Arteaga también ordenó la detención de los principales directivos de la Gremial de Pescadores de El Estor, por mencionar algunos casos.
Arteaga llegó en mayo de 2014 a los tribunales de Puerto Barrios y desde entonces es el juez de primera instancia penal. Solo tres años después, su nombre llegó a todos los medios de comunicación del país cuando ordenó la prisión de un periodista, un barbero y dos directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, y de ordenar también la captura de once Q’eqchi’ de ese municipio; esta lista incluía a otro periodista y seis pescadores más.
Detrás de la acusación penal está CGN-Pronico, a través del abogado Iván Camey Aguilar, quien ejerce en representación legal de ambas empresas en este caso y otros casos en tribunales, como se establece en los documentos filtrados por Forbidden Stories.
En los documentos filtrados se encuentra un listado de nombres de personas de El Estor, elaborado en 2017. Es un documento manejado por el abogado Iván Camey Aguilar de CGN-Pronico, en el que se señala a 30 personas, en su mayoría Q’eqchi. Estos nombres están relacionados con dos casos que la minera llevó a lo judicial: la acusación de 2017 en contra de directivos de la Gremial de Pescadores Artesanales y dos periodistas y una denuncia penal en contra de las familias que ocuparon la finca Setal. En este documento se describe el tipo de delito por el cual se denunció a cada persona, si tienen orden de captura, si fueron citados al juzgado o si se encuentra bajo investigación. Luego, el juez Arteaga recibió y falló de acuerdo con los intereses de la mina.
Esta fue la respuesta de la empresa por las denuncias y publicaciones que se hicieron desde Guatemala sobre la contaminación y la mancha roja que había teñido el lago de Izabal. La represión a la gremial de pescadores alcanzó su punto máximo con el asesinato del pescador Carlos Maaz en 2017.
En la reducida sala del juzgado en Puerto Barrios, Arteaga ha conocido casos de alto impacto, como la muerte sospechosa de tres estudiantes universitarios de la carrera de biología de la Universidad del Valle de Guatemala UVG dentro de las instalaciones de la minera en 2012. Las familias de Nahomy Lara, Juan Carlos Vásquez y Ángel De León aseguran que Arteaga entorpeció el proceso penal en contra de CGN y Lemuel Valle, biólogo de la empresa. En un correo interno de Pronico de 2019, Antón Shevko le comenta a Dmitri Kudriakov que el juez Arteaga logró obstruir el proceso por 7 años.
Un año después, el juez benefició con medidas sustitutivas a Nidia Lizet Milla Orellana de Paredes, la trabajadora de la municipalidad de El Estor, acusada por el desfalco de 4 millones 211 mil 170 quetzales durante la administración del alcalde Joel Lorenzo en 2012. El caso finalmente se cerró y Milla Orellana volvió en 2020 a ocupar el mismo cargo municipal en un segundo período con el mismo alcalde.
Un abogado con acceso a información sobre Arteaga afirma que en 2014 el Organismo Judicial decidió sancionar a este juez por haber beneficiado a una persona señalada por narcotráfico en el municipio de Villa Nueva en el departamento de Guatemala. La sanción llegó y fue removido al juzgado de Puerto Barrios. “Más que un castigo fue un premio” expresó la fuente.
En 2017, la secretaria del juzgado de Arteaga, Claudia Rebeca Madrid Cerritos, fue detenida por el delito de lavado de dinero u otros activos, además de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Con un salario de Q6 mil en el juzgado, poseía una camioneta agrícola con un valor de al menos unos Q250 mil, una residencia de lujo por Q1.2 millones, viajes y armas de diversos calibres.
Dos años después, Arteaga apareció envuelto en otro incidente legal. Dejó en libertad a cuatro narcotraficantes mexicanos, detenidos con US$1.2 millones en efectivo a bordo de un hidroplano. Era la cuarta resolución del juez ese año beneficiando a narcotraficantes. El mismo año dejó en libertad a un “mecánico” que transportaba 60 kilos de cocaína en una camioneta propia sobre la carretera de Morales, Izabal.
CGN-Pronico también ha obtenido de Arteaga sentencias favorables. En documentos internos de la empresa se encontró que, en 2015, el juez ordenó la supresión de información de una finca en el portal del Registro de Información Catastral (RIC). La falta de certeza jurídica en la información pública, según análisis de los abogados de la empresa, era usada por las personas que “usurpaban” en ese momento la finca. Con este cambio en el RIC, el juez dio luz verde al desalojo de varias familias Q’eqchi que habitan la finca Cahaboncito a petición de Dimitry Kudriakov a través de un memorial dirigido al juez el 12 de septiembre de 2017. En ese momento el ruso aparece como Representante Legal de la empresa Bocanueva, propietaria de las fincas de CGN en Izabal, también es presidente de Pronico y ostenta igual cargo en CGN.
Crédito: The Store Project.
La relativa calma dentro de la planta procesadora de níquel se borró en cuestión de segundos en agosto de 2016. La caldera número 3 de la planta explotó a escasos 5 kilómetros de la población de El Estor. Por el testimonio de un extrabajador de esa área se sabe que Sergey Rudyuk, de nacionalidad rusa y con el cargo de supervisor, fue informado de los daños de la caldera, lo cual se confirma en los documentos internos de la propia investigación de la compañía. La vida de siete trabajadores fue el costo humano de esta explosión. Este caso también llegó de inmediato a al juzgado de primera instancia de Puerto Barrios, siento Arteaga López el juez de dicho juzgado.
Rudyuk, ante el aviso de uno de los supervisores de que algo iba mal en la caldera, respondió “normal trabaja”. En un tono molesto desoyó la insistencia de evitar un accidente y el riesgo de una explosión en cualquier de los turnos que hacen los equipos de trabajadores. En la filtración hay fotografías con las que los trabajadores documentaron el inicio de la grieta de la caldera y de cómo esta fue avanzando. Las fotos muestran cómo se derrama material fundido de la caldera. El video de una de las cámaras de seguridad de la compañía registró el momento de la explosión.
Fotos del daño de la caldera 3 previo a su explosión. Documento interno de CGN-PronicoEn un correo de la filtración, trabajadores de la mina discuten cómo ocultar la explosión de una caldera en 2016, que dejó a seis muertos. Crédito: The Store Project.
Un año después, el MP inició una acusación formal en contra de los gerentes mineros, todos rusos. Aunque muchos quedaron ligados a proceso con medidas sustitutivas por las muertes que provocó la explosión, el juez Arteaga facilitaba la salida del país de varios de ellos: Kudriakov, Alexander Sherstobitov y Sergey Rudyuk.
Crédito: The Store Project.
En la filtración existen varios documentos y comunicaciones internas de correo de la empresa, en los que se afirma que se hizo firmar a las familias de las víctimas un contrato de silencio y de renuncia a cualquier otro tipo de petición a la misma.
El juez Arteaga cerró el caso en contra de los gerentes de la minera, también de Iván Sofronov y Vasyl Krasnoramensky, ambos jefes de turno de la termoeléctrica y señalados por el delito de homicidio. La mayoría de los documentos del expediente judicial están dentro de los documentos filtrados de la compañía.
En los documentos filtrados por Forbidden Stories se pudo tener acceso a esta investigación. Una una de las conclusiones es que se acepta que existió negligencia de la empresa, pero hicieron todo lo posible para ocultarlo.
Un año después de la explosión de la caldera 3, Fredy Pimentel, supervisor de seguridad industrial de Pronico, reportó la falla de la caldera 1 y nuevas fugas. Los trabajadores se negaron a dar sus nombres por miedo a represalias de los jefes. Este correo fue dirigido a Rodolfo Gutiérrez y Jacobo Chaclan. “Considero importante realizar las investigaciones pertinentes para así poder ser un apoyo en las labores de reparación y evitar accidentes por negligencia que al final le salen más caros a la empresa…” comentó Pimentel.
Crédito: The Store Project.
Arteaga ha permanecido inmóvil en ese juzgado desde el año 2014. Y CGN y Solway no han sido las únicas empresas beneficiadas con sus resoluciones. Otras empresas como Naturaceites, dedicada al monocultivo de la palma de aceite en Guatemala, ha obtenido del juez Arteaga varias órdenes de desalojo en fincas habitadas por comunidades Maya Q’eqchi’ en el sur de El Estor.
En la mañana del 19 de noviembre de 2021, el MP realizó una serie de detenciones y allanamientos en Izabal, La fiscalía a cargo de la acción de ese día la nombró Operación Ónix. Con la operación, la fiscalía buscaba desmantelar parte de la red de soporte de Los Lemus, una de las estructuras de narcotráfico en ese departamento. Ese día fueron detenidos siete trabajadores públicos, cuatro agentes de la PNC y tres trabajadores del Organismo Judicial. Uno de los implicados es el juez Edgar Aníbal Arteaga, quien enfrenta una petición para perder su inmunidad como por los delitos de asociación ilícita, prevaricato y cohecho pasivo.
En febrero de 2022, Forbidden Stories y los medios de comunicación que forman parte de la investigación #MiningSecrets enviaron una carta dirigida al juez Edgar Aníbal Arteaga López. En una breve respuestas, el 25 de febrero, Arteaga negó que haya recibido algún tipo de obsequio por parte de la compañía minera. Negó que sus decisiones sean influenciadas por las empresas CGN o Pronico.
El papel de la justicia impartida a beneficio de la mina es solo una pieza en el inmenso tablero de corrupción e irregularidades montado por la minera y el Estado de Guatemala. Lo que los documentos obtenidos por Forbidden Stories revelan es cómo opera una empresa que convive de una red criminal que le permite operar violando todo tipo de leyes, produciendo contaminación medioambiental y atropellando a todas aquellas personas que se declaren en oposición.
