Representantes de 200 pueblos originarios de Brasil viajaron hasta Brasilia, la capital de este país, para sostener manifestaciones del 4 al 14 de abril, contra la política anti indígena que ha marcado el gobierno de Jair Bolsonaro.
Durante el Acampamento Tierra Libre, como ha sido bautizado este conjunto de acciones, afirmaron que el gobierno de Bolsonaro “no demarcó ni un milímetro de tierra indígena”, lo que significa que durante su mandato no ha reconocido, oficialmente, ningún territorio ancestral. El recurso jurídico con el que se debe reconocer estas áreas es “la demarcación”.
La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) defiende el derecho a sus territorios, apelando que existen mucho antes de la creación de las leyes indígenas, contempladas en la Constitución Federal.
Los pueblos originarios de Brasil saben que hoy, más que nunca, sus territorios cobran vital importancia en un contexto de crisis ambiental y climática.
Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena. “Lamentablemente, el pacto minero y agroindustrial gana aliados en el poder público”, ha señalado la APIB.
Durante las movilizaciones, los pueblos han recibido expresiones de solidaridad en diversas partes del planeta. “¡Defender sus territorios es proteger el futuro de Brasil y de las próximas generaciones!”, ha comentado Amnistía Internacional en sus redes sociales.
Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.
A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.
En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.
Foto por @lazlogram
En esta fecha se recuerda con movilizaciones masivas el (auto) golpe de Estado que allanó la dictadura de Alberto Fujimori (1992). El toque de queda generó malestar incluso en quienes respaldan a Castillo, como el antifujimorismo y sectores populares ya descontentos por el alza del costo de vida.
Esto intentó ser capitalizado por la ultraderecha y aliados, que hasta hoy no reconocen el resultado de las elecciones de 2021 y buscan, desde el Congreso, destituir al mandatario, en un lento pero latente golpe de Estado.
Así, el fujimorismo y otros sectores conservadores pretenden desde un primer momento crear escenarios de desestabilización. Con un discurso paternalista y economicista amplificado por los medios de comunicación limeños, la narrativa que se propone instalar la clase dominante es la de la renuncia de Castillo como condición para salir de la crisis.
Ahora desde estos mismos emisores de intereses económicos-empresariales, que dejaron de recibir la millonaria publicidad estatal bajo este Gobierno, se sugiere la convocatoria a nuevas elecciones para la presidencia. Es decir, proponen votar para tener al sexto presidente en seis años, como signo de estabilidad.
Todo el imaginario racista y clasista se manifiesta en la existencia en el Congreso de una comisión investigadora de un fraude inexistente -Keiko Fujimori desconoció su ajustada derrota ante Castillo pretextando manipulación de votos, lo que azuzó a sus seguidores-, que lleva meses de presunto trabajo y millones de soles invertidos. El motivo del conflicto nunca fue la capacidad de gobernar de Pedro Castillo, la muletilla de sus opositores, sino lo que representa: el campesinado, las provincias, la sierra históricamente racializada, el sindicalismo, a una izquierda y provinciana.
No debería pasar desapercibido el bloqueo parlamentario a la investigación por la matanza de 16 personas en mayo de 2021 atribuida a “Sendero Luminoso” en la zona de valles de la cocaína, a pocos días de la segunda vuelta. Fue la tercera vez, consecutivas todas, que en vísperas de elecciones ocurrió un “ataque terrorista”, así enunciado y denunciado en sus días por quienes hoy eligen ocultar acciones de verdadero interés público. Pues hay testimonios que señalan un montaje paramilitar y el círculo de Keiko Fujimori es cercano a militares, paramilitares y el narco.
Foto por @lazlogram
Lima es una realidad lejana
En Lima y demás ciudades, la distancia respecto al campo y las provincias se expresa en desvaríos como acusar peligros letales, una dictadura comunista, terrorista. En simulacros de solidaridad con protestas que meses atrás calificaban de terrorismo, barbarie. En las caravanas de autos particulares o los cacerolazos desde los barrios privilegiados. En una trabajadora del hogar golpeando la cacerola mientras la jefa la graba con su celular. En la permisividad de la Policía de “una dictadura” ante la violencia con privilegios. En la saturación de la simbología patriótica para discursos excluyentes.
Estaban claros los marcos y las posibilidades del círculo de Castillo y funcionarios, más allá del sabotaje opositor: corrupción y favorecimientos de licitaciones, del propio presidente, según sus opositores, sin pruebas; hasta el desfile de esa oposición en puestos y asesorías. Por un lado, los límites de un partido de izquierda que se anunciaba radical en materia económica (proceso constituyente, reforma agraria) y conservador en derechos individuales (garantías a las grandes fortunas, rechazo a derechos reproductivos), caudillista, personalizado en líderes que ocuparon cargos públicos con indicios de corrupción, nepotismo, clientelismo, en suma, para capitalizar poder que emana de lo colectivo en beneficios particulares. Movimientos que no distinguen alas políticas, es la misma lógica.
No se trata puntualmente de la figura del presidente del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, satanizado como el maquinista detrás de Pedro Castillo, el ideólogo del terror, de la inestabilidad, proféticamente, desde antes de la guerra en Europa y los precios globales. Es también una izquierda capitalina que develó su extravío al adherirse a la desestimación de las encuestas que señalaban que Castillo les superaría ampliamente en votos. Una práctica de paternalismo, supremacismo cultural, al igual que presentarse como el socialismo preparado, depurado, redimido, experimentado, tecnócrata. Al intentar, en calidad de derrotados, imponer condiciones a la izquierda provinciana. No extraña que representantes y simpatizantes suyos se sumen hoy al pedido de que vayan todos.
La frase fue consigna en 2020 contra el asalto al poder bajo el mecanismo de vacancia presidencial por parte del Congreso, capturado, como el actual, por el interés de conservar o extremar las desigualdades del orden económico.
Fotos por @lazlogram
No es la demanda de gremios y trabajadores. El agotamiento general apunta a la disputa de poderes legislativos y ejecutivos. La de Castillo es una representación en la que se vieron y se reflejan las mayorías: el campo, los andes, las comunidades originarias, lo cholo y el mestizaje, los de abajo. El significado del rechazo a una oligarquía impuesta a sangre se confunde con la anulación de un conjunto de expresiones populares, mayoritarias, que por primera vez ganaron unas elecciones democráticas. ¿Tan fácilmente tuercen los principios de un sistema que dicen defender? ¿Quiénes vendrán cuando se vayan todos? Es la ficción de la democracia representativa -neoliberalizada- como el mejor sistema posible.
En un contexto de pugna de grupos de poder, se prolonga el clima amenazante anunciado en el golpe de Estado de noviembre 2020. Se trata de la disputa de quienes concentran los recursos materiales y simbólicos de la república empresarial, como denomina el sociólogo y economista peruano Francisco Durand, a la forma que tomó el aparato institucional público desde el fujimorismo. Una guerra de capitales, tradicionales y emergentes, que no vacilan en trasladar a las calles, a una población aún dividida por estigmas de la guerra interna y la violencia política recientes.
A seis años del Acuerdo de París, los 60 bancos más grandes del mundo continúan financiando combustibles fósiles con 4,6 billones de dólares, 742.000 millones solo en 2021. Contrario a los compromisos de reducir gradualmente los apoyos, se involucran en expandir más el sector.
El informe Banking on Climate Chaos 2022, elaborado por las organizaciones Indigenous Environmental Network, Rainforest Action Network, BankTrack, Oil Change lnternational, Reclaim Finance, Sierra Club y Urgewald, señala que 44 de los 60 bancos se comprometieron a "cero neto emisiones para 2050”, es decir, reducir los financiamientos de estas empresas y proyectos.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 a finales de 2015 y entró en vigor el siguiente año como un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que busca limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
Pero contrario a las intenciones, las emisiones potenciales de los combustibles fósiles en producción o en construcción llevan al mundo mucho más allá de 2°C de calentamiento global.
Aunque el tema sea crucial para la economía mundial, la financiación de las empresas mineras y del carbón representa un 4% de los préstamos, mientras que el 26% se destinó a empresas generadoras de energía de carbón, empequeñecidas por 67% que obtuvo el petróleo y el gas; el resto, en empresas diversificadas que no están relacionadas con lo anterior.
Expansión
En el 2021, el banco francés La Banque Postale, con 901.700 millones de dólares en activos, anunció la suspensión del apoyo financiero para todas las empresas de petróleo y gas en el 2030, una década considerada crucial por los compromisos adoptados por los países ante el cambio climático. Nordea Bank y Credit Agricole hacen lo mismo con el carbón.
Pero, además de La Banque Postale, ninguno de los bancos comprometidos con el cero neto descartó aún la financiación de empresas de petróleo y gas. De hecho, proporcionaron 145.900 millones de dólares a la inversión de 2021 destinada a las 100 empresas que más expanden el petróleo, el gas y el carbón.
Esto incluye 11.600 millones de dólares a Qatar Energy, 13.000 millones a Saudi Aramco y 10.000 millones a ExxonMobil; que planean la mayor expansión del sector del petróleo y el gas, respectivamente, con un total de 42.700 millones de barriles equivalente en desarrollo o evaluación de yacimientos.
EEUU, el financiador principal
A pesar de las aspiraciones de Estados Unidos para ser líder mundial en el cambio climático sus bancos aún representan el peor grupo y principal financiador de combustibles fósiles en el mundo: JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo,Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
Estos seis bancos proporcionaron el 29% de la inversión de los combustibles fósiles identificados en 2021 y 31% de la financiación de combustibles fósiles desde el Acuerdo de París.
Los bancos canadienses no se quedan detrás, “siguen estando sobrerrepresentados en la docena sucia de los principales bancos fósiles” desde el Acuerdo de París, con RBC, Scotiabank y TD. Además el Bank of Montreal y CIBC aumentaron su financiación a los combustibles fósiles de 2020 a 2021.
Japón también tiene bancos entre los catalogados como ‘peores’, con MUFG y Mizuho que incrementaron el apoyo financiero a los combustibles fósiles. Mientras Barclays sigue siendo el peor en el Reino Unido, el número 7 a nivel global; y BNP Paribas en Europa continental, con el puesto 11.
Aproximadamente 2.700 filiales de 1.635 empresas matrices recibieron financiación dirigida por uno de los 60 bancos analizados. Estas empresas participan en la extracción, el transporte, la transmisión, la combustión comercio o almacenamiento de cualquier combustible fósil o electricidad de origen fósil, a nivel mundial, según el estándar de clasificación industrial de Bloomberg.
Impactos en comunidades
La financiación bancaria de los combustibles fósiles a menudo conlleva graves amenazas a las vidas y medios de subsistencia de las comunidades locales en todo el mundo, “perjudicando a los pueblos indígenas, comunidades negras, a los pobres y la clase trabajadora”, menciona el estudio.
Por lo que el informe subraya la urgencia de la resistencia a los combustibles fósiles liderada por las comunidades indígenas y no indígenas que enfrentan los efectos negativos de primera línea y que necesitan de la solidaridad mundial.
“La resistencia indígena se basa en cientos de años de resistencia a la colonización, la preservación de sus derechos soberanos como pueblos, su derecho a la autodeterminación y su derecho a decir ‘no’ a la destrucción y no sólo de sus tierras, sino también de sus culturas, lenguas, soberanía alimentaria y la seguridad, así como su cosmovisión y su vida espiritual”.
Mas de 7 mil indígenas de 200 pueblos de todas las regiones de Brasil se encuentran manifestándose en defensa de la demarcación de sus territorios y contra la agenda anti indígena del gobierno brasileño y el congreso.
Desde el pasado lunes (4), además de las protestas que se han apoderado de las calles de Brasilia, también se han realizado eventos culturales y foros en el marco del denominado Campamento Terra Livre 2022, el cual concluirá hasta el próximo jueves (14).
En el primer día del campamento, Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Apib, declaró durante una conferencia de prensa que los pueblos se preparan para volver en junio a la capital, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue el denominado “marco temporal”, cuya sentencia, en suspenso desde septiembre del 2021, definirá el futuro de las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil.
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La Apib destaca que el argumento del marco temporal restringe el derecho de las comunidades a las tierras que tradicionalmente ocupan y es repudiada por los pueblos indígenas, que la señalan como inconstitucional.
Foto: Marina Oliveira (Cimi)
Las acciones del Campamento, consideradas las mayores movilizaciones indígenas en Brasil, tienen lugar al mismo tiempo que el congreso brasileño vota proyectos que violan los derechos de los pueblos indígenas.
El llamado “Paquete de Destrucción”, por ejemplo, incluye en la agenda, además del marco temporal, la legalización de la minería en los territorios, la flexibilización de las leyes medioambientales y la regularización del acaparamiento de tierras.
Por ello, la primera marcha multitudinaria del pasado miércoles (6) tuvo como destino final el Congreso Nacional, donde se contemplan estas propuestas legislativas que violan los derechos de los pueblos indígenas. Estas son el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, el cual abre el camino para la explotación de las tierras de estos pueblos, así como el PL 490/2007, que hace inviable en la práctica la demarcación de las tierras indígenas.
El día anterior a la marcha, los pueblos participantes del Campamento lanzaron una carta contra el proyecto que libera la minería sin permitir a los pueblos la decisión final sobre el destino de sus propias tierras. En el documento sostienen que “el actual gobierno quiere promover la especulación inmobiliaria en los territorios indígenas y fomentar la invasión del agronegocio” y piden a los congresistas que detengan el proyecto.
Foto: Giulianne Martins
“Es un proceso criminal, y si el Congreso aprueba [el proyecto de ley 191], tendremos que ir a la Corte Suprema, pedirle a la Corte Suprema que detenga este papel que quiere destruir nuestro futuro, nuestro sueño”, declaró el líder Kayapó, Doto Takak Ire, de la tierra indígena Menkragnoti en los estados de Mato Grosso y Pará.
“Este acto de hoy es muy importante para mostrar a la sociedad brasileña que los pueblos no podrán vivir sin la demarcación de nuestros territorios, porque si no se demarca el territorio, se implementará un proyecto de muerte. La muerte no sólo para nosotros [los pueblos indígenas], sino para todos los brasileños, para todo el planeta”, declaró Agnaldo Francisco, dirigente Pataxó Hã-Hã-Hãe durante la movilización denominada “Demarcación ya”.
Desde la aldea de Teles Pires, en la frontera entre Mato Grosso y Pará, Ediene Munduruku llevó su resistencia a Brasilia y prometió seguir luchando contra los "proyectos de muerte" de la base gobernante.
Foto: Regis Guajajara
“Repudiamos al gobierno genocida de Bolsonaro. Los Munduruku dicen ‘NO’ al PL 191 y ‘NO’ al marco temporal. Resistimos con toda la fuerza de nuestra ascendencia. Estamos aquí para defender nuestras costumbres y derechos. Queremos que nuestros territorios, nuestras vidas y nuestro futuro sean libres. No aceptamos la devastación, la destrucción y no aceptamos más amenazas contra las mujeres indígenas. No matarán nuestras voces, porque somos la resistencia de nuestros territorio”, enfatizó Ediene.
Aún si se cumplieran con todas las medidas de reducción de carbono, puestas en marcha hasta finales de la década de 2020, el mundo seguirá calentándose hasta 3,2 grados centígrados al final de este siglo con catastróficas consecuencias.
Así lo alerta la tercera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), elaborado por científicos de todo el mundo quienes insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
De no lograrlo, haría que nuestro planeta se viera afectado por olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras y escasez de agua generalizada.
Ahora o nunca, es el tono de diversos autores del informe para tomar acción y evitar la catástrofe climática. “Tenemos que alcanzar el máximo de emisiones de GEI antes de 2025 y, después, reducirlas muy rápidamente”, detalló Heleen De Coninck, catedrática de Innovación Socio-Técnica y Cambio Climático en la Universidad Tecnológica de Eindhoven y una de los miles de científicos que elaboraron el informe.
Destaca que la publicación del informe se retrasó porque representantes de distintos gobiernos discutieron temas como la financiación de la reducción de emisiones en el mundo en desarrollo, así como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Los científicos subrayaron que el resumen final fue aceptado por 195 gobiernos.
De acuerdo al reporte, los países que representan más del 80% del Producto Interno Bruto mundial se han comprometido a alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo, es decir, el punto en el que emiten menos GEI a la atmósfera de los que eliminan.
Sin embargo, los gobiernos tienen previsto depender en gran medida de las tecnologías de captura de carbono, aún en desarrollo, o de la plantación de árboles en grandes extensiones de terreno, para compensar las emisiones derivadas del uso continuado de combustibles fósiles durante los próximos años.
Las cuestiones relativas a la confianza de los gobiernos en estas soluciones frente a la necesidad de políticas de eliminación progresiva de los combustibles fósiles fueron un punto de fricción clave en las negociaciones que retrasaron la publicación del informe.
Para 2050, el uso mundial de carbón, petróleo y gas tendría que ser, respectivamente, un 95%, un 60% y un 45% menor que el registrado en 2019. Ese imperativo de eliminar el petróleo y el gas ha resultado difícil de aceptar para los países cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de esos combustibles.
“Algunos líderes gubernamentales y empresariales dicen una cosa, pero hacen otra. Sencillamente, están mintiendo. Y los resultados serán catastróficos”, reclamó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres
Carbono y tecnologías inexistentes
Para combatir el aumento en la temperatura, el IPCC ha destacado opciones que depositan sus esperanzas en tecnologías de captura del dióxido de carbono, pues argumenta que no será posible mantener las temperaturas bajas sin alguna forma de eliminación, ya sea mediante árboles o máquinas de filtrado de aire.
No obstante, el mismo IPCC recomienda que estas tecnologías no deben considerarse un sustituto de la reducción del uso de combustibles fósiles debido a “las barreras tecnológicas, económicas, institucionales, ecológicas y medioambientales y socioculturales” que impiden su uso a gran escala.
Actualmente las plantas de captura de carbono existentes en el mundo son capaces de eliminar y almacenar sólo unos pocos miles de toneladas métricas de CO2 al año, lo que está muy lejos de la escala necesaria. “Además, las soluciones que implican la plantación masiva de árboles para el almacenamiento de carbono o la producción de bioenergía, mientras tanto, pueden desencadenar conflictos por la tierra y otras consecuencias para las comunidades”, advierte el IPCC.
En el mismo tenor, sectores ecologistas acusaron al IPCC de ceder ante los países productores de combustibles fósiles al recomendar el uso de tecnologías aún no probadas para contrarrestar el aumento en la temperatura.
“Hubiera esperado que el informe presentara el tipo más fiable de vías seguras hacia los 1,5 grados centígrados sin sobrepasar los límites y sin depender de tecnologías que no sabemos si funcionarán”, declaró Linda Schneider, de la Fundación Heinrich Böll de Berlín.
Según arroja el informe del IPCC, las soluciones recaen también en otras tecnologías como aquellas encaminadas a la producción energética a través de fuentes renovables como la solar o eólica.
Por esto, asegura que todos los sectores de la economía mundial, desde la energía y el transporte hasta los edificios y los alimentos, deben cambiar drástica y rápidamente, haciendo uso de nuevas tecnologías como el combustible de hidrógeno y la captura y el almacenamiento de carbono.
Algunos participantes en el proceso del IPCC son muy escépticos en cuanto a que estos enfoques funcionen. “La idea de una rápida reducción de las emisiones y de grandes tecnologías de emisiones negativas es preocupante”, dijo el profesor Arthur Petersen, de la UCL, que participó como observador en la sesión de aprobación y para quien “hay muchas ilusiones en este informe”.
Cabe destacar que, desde la década de 1990, se ha emitido la mitad del total de las emisiones contaminantes de toda la historia. Además, el informe del IPCC afirma que las emisiones totales de GEI han mantenido su incremento entre 2010 y 2019, aunque el ritmo de crecimiento en ese periodo de tiempo fue inferior al de la década anterior. El informe más reciente es la tercera parte de la última revisión exhaustiva de la ciencia del clima del IPCC, basada en el trabajo de miles de científicos. Los informes del IPCC tardan alrededor de siete años en elaborarse, por lo que éste puede ser el último aviso antes de que el mundo se encamine irremediablemente hacia el colapso climático.
La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.
El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.
En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.
La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.
“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.
Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.
En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.
Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.
Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
Despojo
El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.
“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.
Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.
Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.
A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.
El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.
“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.
Discriminación
La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.
Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.
“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.
En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.
Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.
Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.
A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.
Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.
En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.
En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.
En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.
“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.
Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.
Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB
Leyes
En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.
En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.
“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.
Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.
Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.
El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.
El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.
En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.
En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.
A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.
El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.
Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.
“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.
Protección
La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.
Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.
El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.
Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.
Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).
“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.
