Una anciana mujer Achí camina frente a una manta de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con el mensaje “Justicia para las mujeres Achí”. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, que funciona como abogado del Estado, apeló en contra de la histórica sentencia de los tribunales del país que condenó cinco ex patrulleros por violar a 36 mujeres Maya Achí, durante el conflicto armado interno (1960 y 1996). Los ex patrulleros actuaron bajo las órdenes del Ejército de Guatemala.
El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo confirmó, en enero de 2022, la práctica sistemática de la violencia sexual a mujeres indígenas en sus hogares y en instalaciones militares. Reconoció que la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra para destruir a las comunidades, que fue usada de forma colectiva y pública, y que la esclavitud sexual y doméstica fue parte de ella.
El Tribunal resaltó la valentía de las 36 mujeres Maya Achí que “esperamos justicia por más de 40 años, que rompimos el silencio para denunciar los hechos y que superamos distintos obstáculos para que nuestra verdad fuera conocida”, resaltaron en un comunicado.
A dos meses de emitida la sentencia, la PGN, dirigida por Jorge Luis Donado Vivar, apeló la sentencia argumentando que las medidas de reparación aprobadas por el Tribunal contradicen la Constitución Política de la República, “porque se refieren a obligaciones del Estado respecto de todos los habitantes del país, incluso afirmó que algunas medidas ya fueron cumplidas simplemente por estar reconocidas en los Acuerdos de Paz”, explican las mujeres Maya Achí.
Entre las medidas de reparación determinadas por el Tribunal están: el Ministerio de Salud debe instalar centros de salud en Rabinal, comunidade de las mujeres Achí, y crear un programa de atención integral en salud para las cinco sobrevivientes; el Ministerio de Educación debe incluir en el Currículo Nacional Base la historia de las mujeres Achí e incluir la materia de Enseñanza Básica en Memoria Histórica; el Ministerio de la Defensa debe pedir disculpas públicas en la comunidad de Xococ por haber permitido que estos actos de violencia contra las mujeres sucedieran.
Las mujeres admiten que la apelación y otras cuatro que fueron presentadas por los condenados constituyen un nuevo obstáculo en el camino por la justicia que iniciaron hace más de 10 años.
“No obstante, defenderemos la sentencia y exigiremos su cumplimiento, con la convicción de que nuestra lucha servirá para que las futuras generaciones sepan que las grandes injusticias no pueden quedar impunes”, sostienen.
En su comunicado las mujeres Maya Achí instan a las instituciones públicas que fueron señaladas como responsables de cumplir las medidas de reparación, “que asuman un rol activo e inicien las acciones necesarias para implementar cada medida que se dirige a dignificarnos por los hechos que sufrimos y a garantizarnos una vida libre de violencia”.
Las mujeres Maya Achí deberán presentarse, se espera que sea en los próximos días, frente a un tribunal para escuchar los alegatos de la PGN.
Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.
“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.
En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.
De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.
En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.
Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.
Funcionario de Minosa amanaza abogado el Bufete Estudios para dignidad
En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.
Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.
En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.
En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.
La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.
Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina. La primera entrega aborda la historia completa de la alianza entre el Estado de Guatemala y las mineras rusas asentadas en Izabal y Alta Verapaz.
Texto y fotos: The Store Project
Varios gobiernos de Guatemala han permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal. Esta investigación demuestra que los conglomerados rusos contaron con los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, quienes facilitaron el desmantelamiento institucional y la regresión autoritaria tras la salida de CICIG del país, para crear mecanismos de corrupción, acoso y represión que han servido a la mina para funcionar de forma ilegal, manipular una consulta comunitaria, no dar cuentas por la contaminación ambiental e, incluso, cometer crímenes para garantizar el éxito de su operación.
Esta es la historia de como Solway, la compañía minera asentada en Suiza y creada con capitales rusos, armó alianzas con el poder político de Guatemala para operar de forma ilegal en El Estor, Izabal, y para criminalizar a los indígenas Maya Q’eqchi’ que se les opusieron cuando la mina contaminó sus aguas o quiso desalojarlos de sus tierras.
Es una historia que periodistas guatemaltecos han contado con detalle desde 2017, cuando el pescador Carlos Maaz fue asesinado por miembros de la Policía Nacional Civil en El Estor. A partir de entonces, la minera perfeccionó estrategias de seguimiento a sus opositores y sus mecanismos de impunidad.
La opacidad de la minera no atañe solo al gobierno guatemalteco actual que preside Alejandro Giammattei; ha sido tolerada por sus antecesores, sobre todo por Jimmy Morales. Ambos presidentes no dudaron en decretar estados de sitio en El Estor que la mina de Solway y otras empresas extractivas instaladas en la zona aprovecharon para intentar desalojar a los Q’eqchi’ de sus tierras o para sembrar el terror.
La parte más reveladora de la historia que hoy contamos tiene que ver con los secretos descubiertos tras la publicación en varios medios del mundo de documentos internos de la mina (correos electrónicos, presupuestos, planes de acción, presentaciones digitales), filtrados al consorcio periodístico Forbidden Stories, a 65 periodistas de 20 medios en 16 países.
Por primera vez, Forbidden Stories y los medios colaboradores pudieron levantar la cortina del poderoso conglomerado ruso-suizo propietario de la mina. Los documentos filtrados, que incluyen 470 buzones de correo (2TB de datos) y otros 8 millones de archivos, están llenos de escándalos: daños medioambientales; propuestas para comprar a los líderes de la comunidad, la policía y los jueces; planes detallados para desplazar a las comunidades locales; e imágenes que documentan la vigilancia de los periodistas que investigaron las actividades de la mina.
Pero esta historia también se relaciona con el caso que en Guatemala se conoció como la alfombra mágica o la trama rusa, que involucra un posible soborno de la empresa Mayaníquel, socia de Solwy en El Estor y propiedad de la rusa TelfAg. Directivos rusos de Mayaníquel, según una investigación iniciada en 2021 y enterrada por la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, entregó un soborno al presidente Giammattei.
Ni Mayaníquel ni Giammattei son los protagonistas más importantes en los documentos de Solway, pero las historias de ambas empresas rusas y los políticos de Guatemala, tanto en los despachos de la capital como en los del poder local en Izabal, están íntimamente relacionadas. Este texto se adentra en ese laberinto de corrupción.
Acto I. Los conglomerados rusos, los mineros de El Estor y el gobierno de Guatemala
Juan Francisco Sandoval está siempre pendiente de Guatemala. Vuelve en forma constante a su país a través de la pantalla de su celular. Es así porque está exiliado en un suburbio de Washington, DC desde la noche de julio de 2021 en que tuvo que huir tras denunciar que investigaba al presidente Alejandro Giammattei.
Cuando se adentra en el tema de su salida de Guatemala, Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI), deja su celular. Se dispone a hablar de la investigación que su oficina inició el 23 de junio de 2021 cuando un testigo presentó indicios de que un grupo de ciudadanos rusos y un kazajo relacionados a la empresa Mayaníquel entregaron un soborno a Giammattei. Al caso se le conoce ahora en Guatemala como la alfombra mágica o la trama rusa.
De acuerdo con el testimonio que recibió FECI, la delegación ruso-kazaja asociada a Mayaníquel llegó a Guatemala el 26 de abril de 2021 en un avión privado procedente de Bruselas, Bélgica, después de hacer escala en Punta Cana, República Dominicana. El dueño del jet es un empresario kazajo-israelí llamado Alexander Maskevich.
Tres días después, según el testigo que habló con los fiscales de FECI, los extranjeros visitaron al presidente Giammattei y le llevaron “una alfombra que estaba envuelta como caja de regalo y tenía un listón color rojo que lo amarraba, al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”.
Los extranjeros que estuvieron en Guatemala también fueron atendidos por Antonio Malouf, el ministro de Economía de Giammattei y expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). En el testimonio que conoció la FECI de Sandoval consta que Malouf acompaño a la delegación de rusos a Petén el 1º de mayo.
Mayaníquel es propiedad del consorcio ruso TelfAg y es dueña de la licencia minera El Sechol, en la frontera entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, un sitio de extracción ubicado cerca de la comunidad Chichipate, a unos 16 kilómetros del Proyecto Fénix, como se llama a la licencia minera que manejan la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico para la otra compañía de capitales rusos, basada en Suiza, que se llama Solway.
Un mes después de aquella supuesta entrega de dinero, el 28 de mayo de 2021, Mayaníquel obtuvo una nueva licencia para explorar la explotación de níquel y otros metales en el sur de Izabal. La empresa había solicitado esa licencia 11 años antes, en 2010, pero el permiso llegó solo después del arribo de la delegación rusa a Guatemala en 2021.
Fue aquel expediente, dice Sandoval en Silver Spring, la ciudad vecina a Washington, DC donde ahora vive, el que motivó en buena medida que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo destituyera del puesto y le quitara todas las protecciones un mes después, el 24 de julio.
La denuncia pública de Sandoval y su exilio son solo la primera parte de la historia que involucra a los rusos y a las mineras en El Estor.
Fotografía aérea de la mina El Estor, Guatemala. Crédito: Google Maps.
Acto II. La consolidación de una alianza criminal
La otra gran actriz de esta trama es Solway. Esta empresa, dueña de la licencia minera Fénix en El Estor, Izabal, tiene una relación comercial con Mayaníquel, cuyos representantes se supone sobornaron al presidente de Guatemala. Aunque Solway ha tratado de minimizar esa relación, decenas de documentos prueban que esta existe y es esencial para el funcionamiento de ambas empresas.
Mayaníquel vende a Solway la mena de níquel extraída de su yacimiento en Sechol, entre Izabal y Alta Verapaz, que es la materia prima que sirve para procesar el ferroníquel, el derivado que se exporta desde Guatemala. Y es Solway la que procesa el material, extrae el níquel y lo envía a Puerto Santo Tomás de Castilla para embarcarlo a mercados europeos a través de puertos en Italia, Holanda, Ucrania, entre otros, desde donde la carga se mueve a cualquiera de los 35 países en los que la empresa rusa hace negocios con el níquel guatemalteco. Por ahora, la única empresa que saca el ferroníquel es Solway, gracias a un contrato que tiene con la Empresa Porturaria Nacional (EMPORNAC) y con la privada Pahame, que maneja el puerto y a la que FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abrieron dos investigaciones por corrupción.
Pronico, una de las empresas de Solway, aceptó, a través de una carta en la que contesta varias preguntas hechas por el consorcio de medios reunido por Forbidden Stories, que hay dos tipos de relaciones con Mayaníquel: contratos por compra de mineral y contrato para la realización de análisis de la muestra de material.
Hay, en efecto, documentos que prueban esas relaciones entre Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico. Pero también hay pruebas de otras relaciones que Pronico niega; por ejemplo, que CGN paga derechos de anclaje, carga y amarre de buques fletados por TelfAg, la empresa madre de Mayaníquel, en Santo Tomás de Castilla. En la carta de Pronico, enviada a Forbidden Stories el 25 de febrero de 2022, dicen que esa “información sobre el pago de los fletes no corresponde a la realidad”. Hay, sin embargo, pruebas de lo contrario.
El 14 de julio de 2017, por ejemplo, dos rusos firmaron un acuerdo para certificar el uso conjunto del puerto. Yuriy Berzoviskiy, uno de los gerentes de TelfAg, y Sergeri Nosachov, ejecutivo de CGN, acordaron que será esta última la que pagará a la primera el flete y uso del puerto de los buques Nautical Hilary y Chipobrok Atlantic.
Firma de acuerdo para el uso conjunto del puerto. Crédito: The Store Project.
Otro documento, una factura de 2020, muestra la relación comercial entre Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico. El 18 de febrero de aquel año, CGN pagó a Transportes Cordón Paz 383,155 quetzales (unos US$51,000) por el transporte de 17,913 toneladas de mena de níquel, el material en bruto del que se saca el níquel, extraído de la mina de Mayaníquel.
Otra factura, fechada el 2 de febrero de 2021, muestra que Mayaníquel le paga a CGN para que esta haga el proceso de toma de muestras previo a la conversión de la mena de níquel en ferroníquel, que es el material que finalmente se exporta a Europa.
Hay otro vaso comunicante claro. El ruso Yuriy Berezovskiy fue alto ejecutivo de Mayaníquel primero y luego fue director general de CGN hasta octubre del año pasado.
En resumen, la documentación prueba que Mayaníquel, de la empresa rusa TelfAg, y CGN/Pronico, de Solway, están emparentadas en la operación minera en El Estor, Izabal, y en municipios aledaños de ese departamento y de Panzós, Alta Verapaz. Mayaníquel extrae, CGN/Pronico transforma, transporta y exporta.
A la postre, la investigación de la posible corrupción atribuida al gobierno de Alejandro Giammattei con relación a Mayaníquel, a la concesión de una nueva licencia minera y un posible negocio para ceder derechos de almacenaje y uso del Puerto Santo Tomás de Castilla, llegaría a los tratos con Solway/CGN/Pronico, que es la que procesa lo extraído por la primera y la que lo saca hacia el mar.
La primera concesión del Estado de Guatemala a Solway, incluso antes de que llegaran los rusos de Mayaníquel en abril de 2021 a la capital guatemalteca, fue permitir la operación de la mina aun cuando la Corte de Constitucionalidad lo había prohibido.
En 2018, un grupo de pescadores y autoridades indígenas demandó al Estado de Guatemala por permitir a la mina de El Estor operar desde 2005 sin haber realizado una consulta previa con las comunidades Q’eqchi’ afectadas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a la consulta previa con las poblaciones originarias antes del inicio de operaciones. En 2019 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) falló en favor de los solicitantes y ordenó el cierre de la mina, resolución que reiteró en 2020. En febrero de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó a CGN que debía dejar de operar. La mina, sin embargo, continuó como si nada.
Bajo las narices del Estado guatemalteco, Solway también ha ejecutado, desde que adquirió los derechos de extracción del Proyecto Fénix en El Estor, un plan para llevar adelante desalojos de comunidades indígenas asentadas en sitios de extracción y sus alrededores, para perfilar a líderes territoriales y nacionales que se oponen al proyecto minero, para hacer pagos a la Policía Nacional Civil con el objetivo de que esta funcione como brazo armado de la empresa si es necesario y para inclinar a su favor la consulta que la CC le ordenó hacer en 2019 como requisito para funcionar legalmente.
A finales de 2021, Solway, con el apoyo armado de la PNC y el ejército de Guatemala, arremetió contra un grupo de líderes Q’eqchi’ reunidos en cuatro consejos ancestrales que dirigieron una protesta pacífica contra la mina. Fue la PNC, a la que Solway/CGN/Pronico ha hecho durante años entregas de dinero catalogado “como apoyo estratégico”, la encargada de ejecutar esta arremetida, que se tornó violenta y concluyó con un estado de sitio sancionado por Giammattei.
Fue durante ese estado de sitio, entre finales de octubre y mediados de diciembre pasados, que Solway/CGN/Pronico concluyó una consulta irregular que culminó con un permiso para funcionar legalmente.
Acto III: Los buenos amigos rusos
El 11 de junio de 2020, en pleno encierro por la pandemia de Covid, el presidente Giammattei recibió una carta de Sergey Nosachev, en la que el empresario ruso pedía “apoyo para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”. Nosachev es el gerente general de CGN-Pronico.
No era días fáciles para la mina. A principios de mayo, unos 70 trabajadores de la planta en El Estor habían detenido la producción de níquel en protesta porque los ejecutivos rusos habían aumentado a 12 horas seguidas los turnos durante el encierro por pandemia, que el gobierno de Alejandro Giammattei había ordenado en marzo, luego de que el primer contagio de Covid-19 se detectó en Guatemala.
Acuerdo para asegurar la libre locomoción. Crédito: The Store Project.Acuerdo para asegurar la libre locomoción. Crédito: The Store Project.
Los trabajadores denunciaron ante el medio guatemalteco Prensa Comunitaria que la mina había enviado guardias armados a disolver la protesta, y que algunos de los líderes de esta fueron luego despedidos. Un mes después de aquello, el ruso Nosachev pidió ayuda al presidente Giammattei.
El tono de la carta de Nosachev es familiar, respetuoso pero determinado en la petición de ayuda. Giammattei tardó poco más de un mes en responder a la solicitud de la minera con la declaratoria de un estado de sitio en El Estor, Livingston y Morales, en el departamento de Izabal y Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz.
“Diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente por instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal”, justificó el presidente de Guatemala su decisión, plasmada en el decreto 13-2020 del Consejo de Ministros y firmada el 19 de julio de 2020.
El gobierno nunca dio más detalles sobre los supuestos grupos criminales ni sobre los “actos de instigación”, pero durante aquel estado de sitio, la PNC y el Ministerio Público hicieron allanamientos y cuestionaron a líderes Q’eqchi’ a los que Solway/CGN/Pronico llevaban años perfilando como “adversarios” del proyecto.
Diez días después de que Giammattei recibió la carta del ruso Nosachev, la Corte de Constitucionalidad confirmó la ilegalidad de la explotación minera del Proyecto Fénix y ordenó el cierre definitivo de la mina en El Estor hasta que la consulta comunitaria con las comunidades Q’eqchi’ se llevara a cabo de una forma libre e informada.
Pero la mina de Solway/CGN/Pronico nunca cerró. La principal prueba de ello son los reportes de ganancia que CGN envió a sus accionistas.
En la memoria de labores de 2020, creada el 17 de febrero de 2021 a las 3:07 p.m. por Marco Aceituno, CGN da cuenta a sus accionistas de que, entre enero y diciembre de 2019, la compañía tuvo una ganancia neta de 81 millones 268,299 quetzales (unos 11 millones de dólares). El documento detalla que las ganancias provienen de la venta de níquel procesado en la planta de El Estor. Es decir, la mina sí estaba funcionando.
Pronico insiste en que lo que la Corte de Constitucionalidad le ordenó fue detener la actividad extractiva de la licencia minera Fénix, lo que según la empresa hizo y siguió procesando material que le llegaba desde los sitios de extracción autorizados a Mayaníquel. Sin embargo, lo que dice la resolución de la CC del 18 de junio de 2020 es que las actividades del proyecto de explotación minera Fénix debían de seguir interrumpidas, como se había ordenado en enero de 2019. Es decir, la mina tenía que estar parada desde principios de 2019. No fue así.
Rafael Maldonado, abogado de los amparistas que demandaron a la mina, dice: “Al suspender la licencia se invalida cualquier otro tipo de autorización que haya sido dado en el marco de esa licencia, incluyendo la planta de procesamiento de minerales… La CC fue clara en que se suspendiera cualquier tipo de actividad de la empresa”.
Aun en noviembre de 2021, la mina insistía en que no había estado en funcionamiento, pero hay centenares de documentos que prueban que el Proyecto Fénix, como se llama la licencia minera de El Estor, funcionaba sin obstáculos: órdenes de compra de repuestos para vehículos, órdenes de compra de tierra a Mayaníquel para procesar en la planta de El Estor, pagos de Mayaníquel a Solway/CGN/Pronico para preparar muestras níquel como proceso previo a la transformación, entre otros.
Hay, por ejemplo, series de facturas y órdenes de compra de inicios de 2021 que dan cuenta de todo el proceso de producción que involucra a ambas empresas.
Una factura emitida por Mayaníquel el 2 de febrero de 2021, número 24816323 de la serie FA954B73, prueba que esta empresa pagó US$1,040 a CGN por servicios de preparación, secado a 105º C y pulverización de 13 muestras de mena de níquel, que se hace antes de la transformación de la mena de níquel a ferroníquel.
Un día después, el 3 de febrero, CGN emitió, desde su sede en la zona 10 de la capital guatemalteca, la orden de compra OC0000007722 para justificar la transacción. El documento fue enviado a la planta de procesamiento en El Estor. Después, un reporte escrito sobre las 13 muestras fue enviado al buque MV Polux, contratado por CGN; este documento está firmado por Blagoj Andonov como representante de Mayaníquel y Carlos Pérez por CGN.
En varias visitas a El Estor se pudo comprobar que la planta de Solway/CGN/Pronico funcionó normalmente en 2020 y 2021, cuando se supone que no debía hacerlo. La buena relación de los rusos con el gobierno Giammattei daba frutos.
Tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) inició una primera ronda de persecución desde el Estado de Guatemala. Uno de sus primeros objetivos fue Gloria Porras, magistrada de la CC que falló en contra de la mina.
El 13 de abril de 2021, el Congreso de Guatemala, dominado por aliados del presidente Giammattei, decidió no juramentar a Porras para un tercer periodo como magistrada de la Corte. Ese mismo día, la jueza tuvo que salir de su país ya sin inmunidad. En Washington, DC, donde ahora vive, Porras dijo que le impidieron seguir en el alto tribunal por que fallos relacionados “a la corrupción y la impunidad. Mi voto inclinó la balanza para no favorecer a la corrupción”.
No parece casualidad: la firma de la magistrada Porras es la primera que calza la resolución de la CC de junio de 2020 que dinamitó la pretensión de la mina de seguir funcionando sin consultar, de forma legal, a las comunidades Maya Q’eqchi’ afectadas por el proyecto Fénix.
En paralelo, mientras el Estado permitía el funcionamiento ilegal de la mina de Solway, los rusos de Mayaníquel hacían una oferta al gobierno Giammattei para controlar una salida libre al Puerto Santo Tomás de Castilla. En septiembre de 2020, Andrei Antonov, director de Mayaníquel, ofreció al presidente Giammattei alquilar una parte del puerto para ampliar la operación minera.
Crédito: The Store Project.
Luego, en enero de 2021, la italiana María Pozzi delimitó la oferta de Antonov para arrendar 150 mil metros cuadrados en Santo Tomás de Castilla, en un área conocida como El Arenal, para manipular hasta 5 millones de toneladas de carga. La oferta consistía en pagar US$15 millones por 30 años de arrendamiento. Pozzi es directora de International Metal Supply (IMS), una empresa conectada a TelfAg, la casa matriz de Mayaníquel. Para operar el puerto, IMS constituyó otra empresa en Guatemala, Atlantic Bulk Cargo, S.A. en marzo de 2021, cuya dirección en la capital guatemalteca es la misma que la de Mayaníquel.
Un mes después de todo esto, en abril, los tres rusos y el kazajo Alexander Maskevich, asociados a Mayaníquel, llegaron a Ciudad de Guatemala, donde según el testimonio que recogió la FECI de Sandoval entregaron un soborno al presidente. Finalmente, tras el escándalo político por la salida del exfiscal, el negocio en Santo Tomás de Castilla se cayó, pero nuevas negociaciones siguen su curso.
Acto IV: Un asunto geoestratégico
La minería de níquel y otros metales en el nororiente de Guatemala no es solo un tema relacionado con actos irregulares y tratos bajo la mesa entre empresarios rusos y el gobierno guatemalteco; para el gobierno de Vladimir Putin, en Moscú, es también un asunto de estado.
El 30 de junio de 2018, Gustavo Adolfo López Calderón, el embajador de Guatemala ante la Federación Rusa, se reunió en Moscú con Tatiana Mashkova, una funcionaria de alto nivel en el departamento latinoamericano de la cancillería rusa. El objetivo del encuentro, según una nota publicada por la sede diplomática guatemalteca, era coordinar la logística de una misión empresarial rusa que viajaría a Guatemala a finales de ese año como parte de un proceso para modificar el acuerdo de cooperación de inversiones entre ambos países.
En la misión viajarían empresarios turísticos, exportadores, funcionarios del banco central de Rusia y representantes de corporaciones dedicadas a logística portuaria y ferroviaria, además de una empresa minera: TelfAg/Mayaníquel.
Uno de los principales intereses de Moscú, de acuerdo con el comunicado, era promover un plan al que llamaron Los puertos de Rusia del Mar Negro, de “importancia geopolítica y multilateral”, entre cuyos objetivos están “el establecimiento de un centro de acopio en el Puerto Santo Tomás de Castilla… (para) fortalecer el transporte fluvial e infraestructura y el incremento de exportación de mercancía por ambos lados”.
Policías asegurando “la libre locomoción” de la minera. Crédito: Nelton Rivera/ Prensa Comunitaria.
TelfAg/Mayaníquel es la empresa que, a través de otra filial creada de forma ad-hoc en Guatemala, intentó hacerse con un importante espacio en Santo Tomás de Castilla luego de que, según las investigaciones de la FECI que dirigió Juan Francisco Sandoval, el presidente Alejandro Giammattei recibió un soborno de representantes de esa compañía.
Rusia no es uno de los principales socios comerciales de Guatemala. De hecho, la Federación Rusa aparece apenas en el lugar 38 en la lista de países a los que el país centroamericano exporta sus productos, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Sin embargo, el intercambio creció un 650% en los últimos años, de acuerdo con declaraciones del ministro Antonio Malouf citadas en el sitio web del ministerio.
En 2018, el sector minas y cantera fue uno de los tres que más inversión extranjera directa de Rusia atrajeron a Guatemala, además de agricultura y petróleo.
Otras cifras oficiales arrojan luz sobre la importancia del sector para la economía guatemalteca. En 2017, de acuerdo con un informe del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el níquel fue uno de los minerales que más toneladas produjo. El níquel, según el MEM, solo se produce en Izabal y Alta Verapaz, donde las licencias mineras pertenecen a los dos conglomerados rusos de los que se habla en este texto: TelfAg/Mayaníquel y Solway/CGN/Pronico.
Además de lo que ya se produce en los recintos mineros de El Estor y alrededores, existe la posibilidad de que los rusos estén interesados en la extracción de uranio. Es, al menos, una sospecha que ha rodeado la actividad minera en Izabal.
Una exfuncionaria guatemalteca que investigó a la actividad de la mina, y quien tuvo que abandonar Guatemala luego de que el Estado inició una persecución contra ella, aseguró que informó a la embajada de Estados Unidos en la capital guatemalteca en 2014 sobre la presencia de uranio en El Estor.
Lo cierto es que, de acuerdo con documentos consultados para este informe, la minera instalada en El Estor ha hecho exploraciones para determinar la presencia de uranio. En 2017, la mina hizo un estudio comparativo de los minerales presentes en las tierras incluidas en la licencia; el análisis determinó que hay uranio en las cantidades máximas permitidas por guías internacionales.
También es cierto que en las aguas de El Estor aledañas a la mina hay uranio en concentraciones importantes. Una muestra de agua recolectada en 2016 muestra que la concentración de uranio es de 6,76 μg/L (microgramos por litro), arriba incluso que la concentración de níquel, cuyo total en la muestra fue de 6,16 μg/L.
No hay pruebas directas de que la mina esté extrayendo uranio, pero sí algunos indicios de que la compañía explotadora está interesada en el asunto.
Y hay también un contexto que habla del lobby ruso, parte del interés geoestratégico, en el tema de energía nuclear, en el que el uranio es importante. El 18 de octubre de 2021, en un evento realizado en Moscú auspiciado en parte por la embajada de la Federación Rusa en Guatemala, el Parlamento Centroamericano firmó un memorándum de entendimiento con la Agencia Estatal Rusa de Energía Nuclear Rosatom.
Aun si la explotación de uranio es solo una posibilidad en la mina de El Estor, el gobierno de Guatemala que dirige Alejandro Giammattei no se ha detenido en sus acercamientos al gigante ruso. En junio de 2021, el ministro Antonio Malouf visitó San Petesburgo para asistir a un foro económico internacional organizado por el gobierno de Putin. En aquella ocasión, dice un comunicado del MINECO, el objetivo era “fortalecer relaciones comerciales con Rusia”.
No era la primera vez que Malouf viajaba a Rusia para reunirse con funcionarios de Vladimir Putin. También visitó Moscú en junio de 2018, cuando el gobierno de Jimmy Morales preparaba la visita de empresarios rusos, incluidos representantes de TelfAg, a Guatemala. Esa vez, Malouf, que fue en su calidad de presidente de AGEXPORT, también se reunió con Tatiana Mashkeva, la diplomática que preparaba la comitiva que viajaría a Ciudad de Guatemala. Malouf y Mashkeva, dice un boletín de AGEXPORT, “suscribieron un acuerdo de colaboración de beneficios bilaterales”.
Cuando Malouf viajó como funcionario del gobierno Giammattei en junio de 2021 habían pasado menos de dos meses desde que el ministro de economía se reunió con los representantes de TelfAg que vinieron a Guatemala entre abril y mayo de ese año. Faltaba poco más de un mes para que Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de FECI, denunciara el supuesto soborno de los rusos a Giammattei. Y faltaban algo más de tres meses para que la Policía Nacional Civil de Guatemala arremetiera en El Estor contra indígenas Maya Q’eqchi’ que se atrevieron a oponerse a la mina de Solway/CGN/Pronico.
El 2 de marzo, Forbidden Stories envió una carta a Malouf solicitando comentarios y respuestas sobre su relación con los ciudadanos rusos que llegaron a Guatemala en abril de 2019 y sobre sus visitas a Rusia. Al cierre de esta nota no había habido respuesta.
Acto V: La red ilegal ruso-guatemalteca se ensaña con las comunidades Maya Q’eqchi’
No hay acaso una imagen más representativa de la colusión entre el gobierno de Alejandro Giammattei que la de camiones contratados por la minera rusa que entran a El Estor escoltados por decenas de policías y militares tras la disolución violenta de una protesta pacífica de comunitarios Maya Q’eqchi’.
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2021, tras 20 días de un plantón en la entrada de El Estor que impidió el paso de camiones cargados de carbón para alimentar a la mina, el gobierno de Giammattei concentró al menos a un millar de agentes de la fuerza pública en El Estor para disolver la protesta. Era un asunto urgente para los rusos.
Los líderes Maya Q’eqchi’ que encabezaron la protesta reclamaban que el gobierno guatemalteco no los había tomado en cuenta en la consulta requerida por la Corte de Constitucionalidad para permitir el funcionamiento legal de la mina. Se mantuvieron durante 20 días en los que, sin el carbón necesario para hacer funcionar las calderas, la mina estuvo al borde del colapso.
Comunidades indígenas fueron atacadas por la policía con bombas lacrimógenas durante el estado de sitio de octubre 2021. Crédito: Nelton Rivera/ Prensa Comunitaria.
A la disolución de la protesta siguió, de inmediato, la imposición de un estado de sitio a través de un decreto firmado por Giammattei y aprobado por un Congreso afín a él. Tanquetas, jeeps artillados donados por Estados Unidos, camiones militares y patrullas llegadas de al menos 5 departamentos del país acompañaron a centenares de agentes policiales, militares, personal de inteligencia y miembros del Ministerio Público que allanaron casas de los líderes Q’eqchi’ que encabezaron la protesta pacífica y de periodistas comunitarios que cubrieron aquellos sucesos.
Decenas de testimonios recogidos en El Estor y comunidades vecinas entre octubre y diciembre, lo que duró el estado de sitio, dan cuenta de la imposición de un estado de terror y vigilancia similar al que los vecinos de esta región han sufrido desde los tiempos del conflicto interno e incluso antes, cuando el Estado de Guatemala acompañó a otras compañías mineras y a hacendados extranjeros y guatemaltecos en sus ataques contra los Maya Q’eqchi’ y su reclamo por estas tierras.
Lo de finales de 2021 no es nuevo, pero en esta ocasión la colusión encontró un nuevo caldo de cultivo: la regresión institucional que Guatemala vive desde la salida de la CICIG. El desmantelamiento de la arquitectura anticorrupción permitió, entre otras cosas, anular a la Corte de Constitucionalidad que falló en contra de la mina en 2019 y 2020 y expulsar a Sandoval, el fiscal que empezó a investigar la trama rusa.
El Estor, el pueblo lacustre que es epicentro de esta trama, está a 319 kilómetros de Ciudad de Guatemala y a 10,686 kilómetros de Moscú, dos ciudades clave para la red de intereses políticos y empresariales que han determinado la vida alrededor de la mina. Es ahí, en El Estor, donde el maridaje entre las mineras rusas y el Estado de Guatemala muestra sus rostros más macabros.
La Policía Nacional ha sido uno de esos rostros que, como se hizo evidente a finales de 2021, ha servido como garante de los planes de Solway/CGN/Pronico para operar a sus anchas y para acosar a las comunidades Q’eqchi’ que han defendido su territorio ante la mina.
Entre 2014 y 2017 CGN-Pronico entregó a los puestos de la PNC en El Estor y Río Dulce 35 galones mensuales de gasolina, además de fondos extra para alimentación del personal policial, pago de renta de locales y otros gastos como reparación de vehículos y llantas. En total, la PNC recibió de las empresas rusas 1,443,940.36 quetzales (unos US$193,000).
Gastos en apoyo a PNC. Crédito: The Store Project.
Los aportes de las compañías rusas aumentaban en ocasiones de crisis, como en casos de desalojos de comunidades de tierras que CGN-Pronico reclamaba como propias.
En febrero de 2018, la compañía emprendió una ofensiva para desalojar a comunitarios Q’eqchi’ establecidos en una finca conocida como Setal, en las inmediaciones de la mina. Para garantizar el éxito del desalojo, CGN-Pronico presupuestó fondos de “apoyo” a la PNC destacada en El Estor y el vecino Río Dulce.
CGN-Pronico calculó que necesitaría una inversión de 650,856 quetzales (unos US$90,000) durante ocho días en caso de que la intervención de la PNC fuera necesaria. Ejecutivos de la empresa se reunieron con el jefe de la comisaría policial en El Estor para determinar la cantidad de dinero, que quedó sujeta a cambios si en una reunión posterior con “altos mandos de la PNC” se definía que los costos serían superiores.
Pagos de viáticos para 2000 agentes policíacos. Crédito: The Store Project.
El plan de gastos incluía pagos por alimentación y alojamiento para 2,000 agentes policiales y para la movilización de 300 patrullas que llegarían desde “diferentes lugares del país”, según un cuadro elaborado por la gerencia de seguridad general de Pronico el 25 de febrero de 2018, enviado a los directores generales de CGN y Pronico.
Además del cuadro de gastos proyectados, la gerencia de seguridad general elaboró aquel día un análisis de escenarios si el desalojo se tornaba violento. Uno de los escenarios “negativos” contemplaba “heridos, retenidos, secuestrados y muertos”.
Al final, después de una negociación con los representantes de la mina y del gobierno, los comunitarios de Setal decidieron desalojar pacíficamente. Como sea, la PNC estaba lista para intervenir y CGN-Pronico lista para sufragar los gastos de la Policía.
Gastos de la policía para desalojo en El Estor, Izabal. Crédito: The Store Project.
Pero el acoso no paró aun después del desalojo. Un mes después, en mayo, Carlos Coc, residente de la zona denunció que miembros de la PNC quisieron arrestarlo. Coc, además, reiteró que las instituciones del Estado presentes en El Estor actuaban bajo la dirección de la minera.
“La compañía es la que está creando el conflicto. Yo le pido al Estado que investigue a los fiscales que trabajan en Izabal y al juez de primera instancia penal de Puerto Barrios… Están en conjunto con la empresa minera CGN-Pronico”, denunció Coc al medio guatemalteco Prensa Comunitaria.
El consorcio Forbidden Stories consulto a dos abogados guatemaltecos con amplia experiencia en investigación criminal, ambos exfiscales del Ministerio Público, si es legal que la PNC reciba donaciones privadas. Explicaron que lo es siempre que las donaciones se hagan en cumplimiento del manual de registros de donaciones aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en 2014.
En este documento se establece que las dependencias del Órgano Ejecutivo deben de recibir las donaciones a través de la tesorería nacional después de un proceso de inscripción de las instancias donantes.
Consultada al respecto, Solway/CGN/Pronico respondió, a través de la carta enviada por Pronico a finales de febrero, que su relación con la Policía Nacional Civil es únicamente por la Comisión Municipal de Prevención de Violencia en El Estor (COMUPRE), dentro de la cual “da cobertura” al programa “Fortaleciendo a mi Comunidad”.
La pregunta específica sobre la relación entre la minera y la PNC se formuló así: ¿Cuál es la naturaleza de la relación de Solway con la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC)? ¿Solway ha donado alguna vez dinero a la PNC? ¿Ha hecho Solway alguna vez donaciones en especie a la PNC pagando por comida, alojamiento, equipo, combustible u otros servicios? En caso afirmativo, ¿cuáles son los montos y las intenciones de esas donaciones? La empresa evade responder en detalle.
Y, al ser consultada de nuevo si ha hecho donaciones a la Policía en el marco de desalojos de comunidades afectadas por la mina o si ha coordinado con autoridades policiales en esos casos, la respuesta es dos veces no. Eso no es así, como lo prueba el caos de El Sechol citado arriba.
Muchas de las donaciones a la PNC se realizan a través de la Fundación Raxché, una organización sin fines de lucro financiada casi exclusivamente con dineros de la empresa y sus subsidiarias. Uno de los abogados consultados, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, dijo: “La triangulación de fondos es la forma de eludir el cuestionamiento sobre el conflicto de interés o la falta de ética, porque aducirán que la donación la hizo una persona jurídica distinta”.
Lo de Setal en 2018, cuando la compañía minera coordinó con altos mandos policiales una posible intervención violenta para desalojar a los comunitarios, fue un antecedente de lo que ocurrió tres años y medio después, cuando la PNC sirvió de gendarme a los camiones contratados por CGN-Pronico que ingresaron a la fuerza a El Estor el 23 de octubre de 2021 tras la dispersión de un bloqueo pacífico de carretera protagonizado por miembros de los consejos ancestrales Q’eqchi’ que llevaban 20 días protestando por el funcionamiento ilegal de la mina.
Los sucesos de 2021 en El Estor, Izabal, en los que la PNC sirvió como guardián de los camiones de la mina, fueron una escalada en una historia que escribe hace años el Estado de Guatemala para favorecer a industrias extractivas que operan en el país, en ocasiones, en los márgenes de la ley. Y son, acaso, el desenlace lógico en el capítulo ruso del Proyecto Fénix, como se llama a la mina de El Estor: fue con la llegada de Alejandro Giammattei al poder que las compañías Maya Níquel/TelfAg y Solway/CGN/Pronico pudieron consolidar aún más sus operaciones en El Estor.
En el camino se creó una alianza entre el Estado de Guatemala y un nuevo poder foráneo, el de empresas montadas con capitales rusos, al que se le permitió perfilar a los comunitarios Q’eqchi’ y criminalizarlos, usar a la fuerza pública guatemalteca como una especie de guardia privada y montar una consulta comunitaria en medio de un estado de sitio. Esta red creció en momentos en que la Guatemala oficial de Alejandro Giammattei vive una de sus peores regresiones institucionales desde la salida de CICIG y el desmantelamiento de las instituciones contraloras del Estado.
La trama que había empezado a investigar Juan Francisco Sandoval, el exfiscal exiliado en Estados Unidos, es compleja y enrevesada, como intentan probar este y los otros textos y audiovisuales publicado en The Store Project, un proyecto de periodistas guatemaltecos basada en una larga investigación en El Estor, Puerto Barrios y Ciudad de Guatemala y apoyada en los documentos y las investigaciones de decenas de colegas que son parte del proyecto de Forbidden Stories.
A nivel global, los países se encuentran en situaciones económicas complejas, exacerbadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, principales exportadores de commodities, que impulsarán graves consecuencias alimentarias sobre todo en los lugares con mayor nivel de pobreza.
Quienes pagan los platos rotos son los consumidores, señaló Jorge López Arévalo, economista y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.
El conflicto bélico impacta en el precio de materias primas con afectaciones y presiones inflacionarias que a su vez tienen efectos de desabasto en las cadenas de suministros, un problema que se arrastra desde antes de la pandemia del covid-19, dijo López Arévalo.
En el caso específico de los hidrocarburos, antes de la contingencia sanitaria —a finales de 2018— se tuvo la máxima producción mundial de petróleo que después bajó ligeramente. En 2020, con la pandemia, disminuyó por la falta de demanda; y volvió a subir, pero no recuperó su producción.
Combustibles fósiles, al alza
Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencia de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que se debe a una tendencia global porque cada vez es más difícil obtener petróleo y gas.
Y en el contexto de la guerra, “la demanda de petróleo no había alcanzado todavía el nivel de antes de la pandemia”. En primera instancia, por la explotación de los pozos pequeños, lejanos, profundos, o en aguas costa afuera o profundas, que incrementan los costos, “particularmente en las últimas décadas”.
En la pandemia, el precio del petróleo bajó por la demanda y las compañías dejaron de invertir en la exploración y producción; pero cuando repunta la demanda después de la pandemia, “no hay suficiente petróleo y gas, y los precios empiezan a subir otra vez”, explicó Ferrari.
Luego llega la invasión rusa y se agudiza la tendencia: por un lado, por el riesgo de que se interrumpan los flujos de gas y petróleo por las penas que aplicó Estados Unidos y, en parte Europa, al prohibir la importación de petróleo y gas de Rusia, uno de los tres principales productores de petróleo y gas del mundo.
Rusia tiene el 10 por ciento de la producción mundial, además de ser el mayor proveedor de gas de Europa, suministrando alrededor del 43 por ciento total.
“Entonces al imponer esas sanciones donde no se quiere utilizar el petróleo ruso, hay una escasez adicional en el mercado petrolero mundial y eso ha hecho que el petróleo suba a 120 dólares el barril”, dijo Ferrari.
En el 2020, con la pandemia, el barril se mantuvo entre 30 y 40 dólares, pero el año pasado (2021) subió y hasta el 25 de marzo se encontraba en 115 dólares el barril,
“Son cosas que afectan profundamente porque el petróleo no es solamente la gasolina, diesel o combustibles, es también un insumo para toda la petroquímica. El gas en particular es un insumo para los fertilizantes”, explicó el investigador Luca Ferrari.
En general si suben los precios de la gasolina, también todos los productos, incluso los minerales. Con las consecuencias en la inflación, los expertos coincidieron que será evidente e inevitable una nueva recesión económica por efecto de los aumentos en los precios del petróleo y el gas.
Al límite
El investigador Luca Ferrari explicó que las afectaciones para países en América Latina y Europa son distintas y similares, al mismo tiempo.
Europa depende críticamente de la importación —entre el 75 y 80 por ciento— de petróleo y gas del extranjero, una buena parte de Rusia. En el caso de América Latina depende de otros países.
Aunque Brasil y Venezuela son países petroleros, la situación es bastante crítica en su economía —principalmente en Venezuela— , añadió Luca Ferrari, “otros países de América Latina que son importadores de hidrocarburos, como en Europa, van a estar muy afectados, porque suben los precios de manera importante”.
El aumento de los costos del fertilizante que proceden del gas natural elevará el precio de la comida. En general, es una situación global, agregó Luca Ferrari, aunque, destacó que se debe considerar que América Latina tiene el mayor porcentaje de población que vive en pobreza, que están “al límite”.
“Entonces cualquier incremento de los precios de los alimentos, sobre todo, impactará más a los países que tienen los mayores índices de pobreza”; y el decrecimiento por el encarecimiento de las energías y demás, “en general, eso va a provocar conflictos sobre todos los territorios”, agregó el investigador.
El economista, López Arévalo dijo que urge una solución pacífica a la controversia, “en lugar de dar armas a los ucranianos para que la guerra civil de alguna manera se prolongue y para que la industria armamentística o el complejo industrial-militar tenga enormes utilidades”, pues, dijo que esa industria busca recuperarse de un año malo, en referencia al 2020.
Impactos en México
López Arévalo destacó que el comercio de México y Rusia es más importante que el que tiene con Ucrania. En el 2021, los lazos económicos con Rusia representaron 2,680 millones de dólares, mientras con Ucrania fue de apenas 232 millones.
Por ello, tras el alza en los precios del crudo a raíz del ataque de Rusia en Ucrania, y por la importación de gasolina y diésel de Estados Unidos, México aplicó una medida para evitar alzas en el crudo, pero López Arévalo, consideró que no podrá hacerlo por mucho tiempo. A un mes de la guerra, el litro de gasolina Magna sigue con un descuento a su cuota del impuesto IEPS ( Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) de 100%.
Para Luca Ferrari, aunque existen medidas paliativas a corto plazo, la situación requiere pensar a largo plazo. Por ejemplo, analizó que México debe orientar el gasto público hacia cosas más útiles para la población, “independientemente de la guerra, estábamos ya en una situación de energía cara”, que traerá como consecuencia una disminución del turismo internacional y de los intercambios comerciales.
Ferrari, explicó que es equivocado apostar en megaproyectos, en lugar de proyectos rentables, manejados de una manera descentralizada, con cooperativas y comunidades. “La solución no está en seguir con estos grandes proyectos controlados por el Estado”.
El investigador de la UNAM, ejemplificó como megaproyectos el aeropuerto en Texcoco, al igual que en Santa Lucía y el Tren Maya, porque en este contexto, incluso el tráfico aéreo disminuirá y, en consecuencia, el turismo. “Igual el Corredor Transístmico, que está basado otra vez en una idea de aumento de los intercambios internacionales, de bienes, etcétera”.
Luca Ferrari está convencido de que la solución está en una desglobalización, “que ya está ocurriendo, pero tendríamos que pensar en ser más independiente como país, incluso desarrollar economías regionales, producir y consumir localmente”, porque implica menor uso de energía, contaminación e impacto ambiental.
Hambre
En este tenor, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), reconoció que los conflictos son uno de los principales impulsores del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo.
En un comunicado de prensa informó que en actualidad son 283 millones personas “empujadas hacia el hambre” y 45 millones “tocando a la puerta de la hambruna”. “La cuenca del Mar Negro es una de las áreas más importantes del mundo para la producción agrícola y de cereales, y es probable que el impacto del conflicto en la seguridad alimentaria se sienta más allá de la frontera de Ucrania, especialmente en los más pobres entre los pobres”.
Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se dijo profundamente preocupada por la situación de la seguridad alimentaria; también precisó que los costos base de los fertilizantes a nivel global aumentarán hasta 13 por ciento, “afectaría a los costos de producción en la temporada 2022/23″.
La semana pasada ministros de Agricultura de las Américas, de 34 países, pidieron coordinación y unidad regional ante el impacto de la guerra sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
A su participación, el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, expresó preocupación ante el peligro el abastecimiento de insumos, los riesgos en los canales al comercio y aunado a los efectos de La Niña.
Los representantes de Guatemala propusieron reducir el uso de fertilizantes para tener una menor dependencia, “es tiempo de que el mundo reconozca el rol de los agricultores en la estabilidad mundial”, dijo el ministro José Ángel López en la citada reunión convocada por Brasil.
El pasado 24 de marzo, a un mes exacto del inicio del conflicto bélico, Amnistía Internacional consideró que la magnitud y el impacto de esta guerra en Europa no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.
Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.
“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.
Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México
Entrega de firmas y conferencia de prensa
Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.
Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.
Suspensión, en vilo
Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún
contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.
“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.
Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.
La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.
Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.
“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.
Infancia en defensa del ambiente
Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.
Manifestación de niñez de Homún para exigir el cierre de las fábricas de cerdos.
“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.
A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.
Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales: también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.
El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.
“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.
El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.
Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.
De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).
Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.
Los pinos y eucaliptos consumen entre 20 a 40 litros diarios de agua. Cada vez que las plantaciones de las forestales se acercan a zonas habitadas acaban con el agua produciendo sequía. Fotografía: Santiago Navarro F
“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.
En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.
“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.
20 años después del primer estudio
El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.
En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.
Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.
En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.
“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.
“Más verdes” que el petróleo
“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.
Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.
“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.
El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.
Fiscalización autónoma de la Tierra Indígena Munduruku para detener la deforestación por la industria minera. Foto: Equipo de comunicación Munduruku
Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.
“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.
Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.
Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.
El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.
“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.
Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.
Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.
A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.
Décadas de negaciones
Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.
Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.
En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.
En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.
De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.
Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera
El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.
Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.
En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.
“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.
