En los últimos años, en América Latina, organizaciones feministas y antipatriarcales han encendido alertas por acciones estatales que amenazan con profundizar la negación de derechos fundamentales para las mujeres y sexodisidencias de la región, mientras observan el crecimiento de grupos de extrema derecha que buscan incidir en la política pública orquestando campañas de desinformación y de desprestigio de las organizaciones feministas.
“[Al lograr la] despenalización en nuestros Estados es cuando empezamos a ver un avance más acelerado del movimiento antiderechos. A partir de una serie de movimientos en todo el país, y en todo el contexto global, estos grupos se han visto fortalecidos”, afirma Angie Contreras, de la organización Vivas y Libres, en México, en entrevista con Avispa Mídia.
Los triunfos electorales de la extrema derecha en la región han acelerado este cercamiento, incorporando a integrantes de movimientos antiderechos en las estructurales estatales, desde donde han posibilitado el cierre de programas y la trasformación ideológica de las instituciones. Esta embestida ha sido particularmente dirigida a desandar los logros de los movimientos por las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres.
En este primera entrega, presentamos un panorama del avance de los movimientos de ultraderecha que hoy amenazan la autonomía corporal de las mujeres y sexodisidencias en la región, así como sus estrategias y redes transnacionales de acción. En un siguiente trabajo, trataremos cómo se tejen las redes de los grupos antiderechos en el norte y centro de México, y en una tercera entrega, nos acercaremos a las colectivas de base que resisten a la embestida de la extrema derecha en la región.
Retrocesos legislativos
La alerta de las colectivas y organizaciones sociales no es infundada. Solo el último año se han presentado distintas iniciativas en el continente que buscan desandar el camino de los movimientos por el derecho a decidir. En Chile, por ejemplo, legisladores de los partidos Nacional Libertario, Republicano y Renovación Nacional presentaron el 7 de julio pasado, una iniciativa de reforma al Código Sanitario que obligaría, en caso de ser aprobada, a que las mujeres que busquen acceder a la interrumpción del embarazo por las tres causales que son legales en el país —es decir, violación, riesgo vital para la madre e inviavilidad fetal— tengan que escuchar el latido fetal como un paso para otorgar el consentimiento para la realización del procedimiento.
Esta iniciativa surge en el marco del primero año de gobierno de José Antonio Kast, quien en el pasado se ha nombrado “defensor de la vida desde la concepción” y desde su campaña anunció su intención de realizar cambios a los programas educativos de Chile, bajo el lema de garantizar una educación “libre de ideologías”.
De igual manera, en Colombia, el 30 de julio, un grupo de legisladores presentó un proyecto de reforma al Artículo 11 de la Constitución, para establecer la protección de la vida “desde la concepción”, como una forma de contrarrestar que en este país el aborto es legal de forma libre hasta la semana 24 de gestación, según fue resuelto por la Corte Constitucional en 2022. Una semana después de la presentación de esta iniciativa, el 7 de julio pasado, asumió el cargo de presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, acompañado de otros mandatarios de extrema derecha de la región como Javier Milei, presidente de Argentina, el mismo José Antonio Kast y Daniel Noboa, presidente del Ecuador.
En México, durante este año, legislaciones locales han propuesto, con éxito, declarar el 25 de marzo —día de la Anunciación en el calendario católico— como el “Día del niño por nacer” o “Día de protección a la vida humana”. Esto surge en estados como Nuevo León donde el aborto no ha sido despenalizado completamente, a pesar de que la penalización del aborto fue declarada inconstitucional en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021. Solo por mencionar algunos ejemplos en la región.
Cambios en las estructuras estatales
Más allá de estas iniciativas legislativas, una tendencia que resulta especialmente preocupante para las organizaciones de la región es del adelgazamiento de las estructuras estatales encargadas de garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Esta tendencia se observa principalmente en países como Argentina donde, de acuerdo al informe El costo de la retirada: Barreas, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina, publicado por Amnistía Internacional en mayo pasado, el gobierno cerró o dejó de financiar más de una docena de programas sobre salud sexual y reproductiva, derechos LGBT+ y prevención de violencia de género, entre ellos el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Esto se suma a la disolución del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, que fue degradado desde el inicio de la administración de Javier Milei y clausurado por completo en junio de 2024. Aunado a esto, legisladores de La Libertad Avanza, partido de Milei, presentaron ese mismo año un proyecto para restablecer la penalización del aborto en Argentina, que fuera legalizado apenas cuatro años antes.
En El Salvador, desde 2022, el gobierno de Nayib Bukel, como parte de su política de recortes al gasto social, redujo drásticamente el presupuesto asignado al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y, para 2025, más de la mitad de los proyectos relativos a violencia de género fueron desfinanciados, de acuerdo al documento Libertades en riesgo: Grupos antiderechos y desigualdades en ALC, publicado por Oxfam en marzo de este año.
En Ecuador, el Ministerio de la Mujer fue integrado al Ministerio de Gobierno en octubre de 2025, alertando a las organizaciones sobre el futuro funcionamiento y el financiamiento de los programas cubiertos por esta dependencia.
Entramados de la ultraderecha
De acuerdo a algunas organizaciones de derechos humanos como Oxfam y la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, la avanzada de este tipo de políticas surge en el contexto de un avance generalizado de grupos antiderechos en la región, que aunque tienen un origen anterior, tomaron mayor fuerza en todo el mundo a partir del inicio de la década de 2010, cuando empezó a instalarse la narrativa de la lucha contra la “ideología de género” —como se le ha llamado desde los grupos de extrema derecha a la lucha de los movimientos feministas y de las sexodisidencias. Desde entonces, la ultraderecha ha avanzado en la región a través de alianzas de poder en distintas escalas y conquistando espacios en los Estados.
Las organizaciones identifican que el entramado de movimientos de extrema derecha en la región está conformado por una diversidad de actores como gremios empresariales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, estructuras religiosas y medios de comunicación. Destaca la creación de redes internacionales que proveen estructura y financiamiento a organizaciones nacionales y locales que trabajan por construir base social afín a los valores que promueve. Actúan principalmente incidiendo a través de actores específicos en la promoción de su agenda dentro de los Estados.
Este es el caso de la Red Política por los Valores (Political Network for Values - PnfV), plataforma transnacional de políticos ultraconservadores que establecen vínculos a través de cumbres y seminarios, mientras desarrollan programas de liderazgos juveniles. De acuerdo a la información pública de su página web, el consejo asesor de PnfV se compone de miembros del Parlamento Europeo, así como de secretarios de Estado y políticos de alto nivel principalmente de Europa, África y América Latina. Su comité de expertos, por otra parte, está integrado por dirigentes de organizaciones de ultraderecha tanto de estas regiones como de los Estados Unidos, resaltando organizaciones como el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (Center for Family and Human Rights) y The Heritage Fundation. La acción de esta red está dirigida fuertemente a actores de organizaciones nacionales y políticos de países latinoaméricanos, principalmente México, Chile y Colombia, de acuerdo a una investigación sobre esta red publicada por las organización estadounidenses Ipas y Empower en 2023.
De acuerdo a Sonia Corrêa y Juan Elman, analistas de este proceso, la capacidad política de los grupos antiderechos radica en su capacidad de movilizarse políticamente en distintos niveles, desde la academia, la incidencia, la sociedad civil, hasta las organizaciones de base popular. “Determinados actores insertan argumentos antigénero en lenguajes jurídicos y culturales locales; tejen alianzas con élites políticas, mediáticas y religiosas; y explotan la arquitectura digital para difundir desinformación, activar pánicos morales y encauzar la conversación pública. Aquí residen algunas de las claves de su éxito”, afirman en la investigación De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos, publicado por la organización catalana Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos en octubre de 2025.
La intromisión directa de grupos religiosos y de extrema derecha en los Estados de América Latina se ha hecho visible en los últimos años. Un ejemplo de ello es de nuevo Argentina, donde personas provenientes de iglesias evángelicas y grupos conservadores y antiderechos ocupan cargos públicos en la administración de Javier Milei. “Esos grupos aquí están gobernando desde el 10 de diciembre de 2023, o sea, son justo esos grupos, pastores evangélicos. Creo que se siguen organizando por fuera del Estado, sin ninguna duda, pero realmente son el poder del Estado. Hoy eso está sucediendo”, afirma Ayelén Correa Ruau, comunicadora de Latinoamérica Rompe el Cerco, en entrevista con Avispa Midia.
Además de su incorporación directa en la estructura estatal, otras estrategias utilizadas por los grupos de extrema derecha en la región son el uso de mecanismos asistencialistas para generar clientelas políticas, la creación de plataformas desde la sociedad civil como organizaciones y fundaciones, así como la creación de partidos políticos y la generación de alianzas con legisladores.
Oxfam y la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos también identificaron la creación de estructuras opacas de financiamiento proveniente del Norte global. Por ejemplo, la Red Política por los Valores es financiada principalmente por organizaciones copatrocinadoras, que a su vez son beneficiarias de fundaciones privadas cristianas y ultraconservadoras de EEUU y Europa, de acuerdo a la información recabada por Ipas y Empower en el informe The Political Network for Values: extrema derecha global en las Naciones Unidas.
Las Cumbres Transatlánticas organizadas por la Red Política por los Valores han contado con patrocinios de organizaciones de ultraderecha estadounidenses como Family Watch International, Center for Family and Human Rights, Alliance Defending Freedom y la International Organization for the Family, red encargada de organizar el Congreso Mundial de Familias, otro de los eventos que aglutina organizaciones de ultraderecha de todo el mundo.
Desde Europa, las Cumbres Transatlánticas también han sido financiadas por organizaciones como Foundation for a Civic Hungary y Center for Fundamental Rights. Esta última, también basada en Hungría, es la principal promotora de la Conferencia Política de Acción Conservadora en Europa, de acuerdo a información recabada por Ipas y Empower.
En meses pasados, PNfV fue señalada por investigaciones periodísticas en medios chilenos por haber recibido fondos provenientes de la Unión Europea a través de desvíos realizados por el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien actualmente se encuentra bajo investigación por posibles actos de corrupción en su gobierno.
Redes transnacionales
Existen al menos cinco organizaciones de origen español incidiendo en los grupos antiderechos que actualmente crecen en América Latina, de acuerdo a la investigación De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos, realizada por la organización catalana Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. La primera de ellas es el Opus Dei, antigua red de extrema derecha católica que actualmente tiene presencia en 74 países, princialmente de Europa y América Latina, y que cuenta con cerca de cien mil miembros registrados.
Otra de ellas es Hazte Oír, organización fundada en 2001 con influencia en países principalmente de habla hispana. Por su parte, CitizenGo es una red de peticiones digitales que articula las demandas de grupos antiderechos en al menos 50 países, siendo esta una de las estrategias más comunes de incidencia de estos movimientos.
Además, la organización catalana señala al partido español Vox como uno de los actores que fortalecen grupos de extrema derecha en Latinoamérica y abandera el discurso de la lucha contra el comunismo en la región, principalmente a través del Foro Madrid, alianza de partidos de ultraderecha de España y Latinoamérica fundada en 2020.
También se encuentra la Red Política por los Valores, red creada en 2014 por Jaime Mayor Oreja, político ultraconservador miembro del Partido Popular en España. Es importante mencionar que el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, es un miembro activo de la red PnfV, de la cual fue presidente entre 2022 y 2024, mientras presidia también la organización chilena Acción Republicana (AR).
Recientemente, entre el 19 y el 26 de julio, Political Network for Values organizó un foro político en el marco del encuentro de su Programa Juvenil 2026, donde participaron más de 60 representantes de organizaciones de ultraderecha de países de habla hispana. El encuentro tuvo participación del gobierno de Argentina y se llevó a cabo en instalaciones de este, incluyendo la sede de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una reacción neoliberal
Adriana Patlán, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., organización que trabaja alrededor de los derechos de las mujeres en México, por su parte afirma que los embates actuales a los movimientos feministas surgen como una respuesta a la enorme capacidad de transformación de las sociedades que esos movimientos han tenido en el último siglo.
“No es menor que vayan contra los ministerios de equidad, porque el movimiento más fuerte en los últimos 100 años, que ha dado la batalla para los cambios sociales importantes, es el feminismo, sin que haya violencia de por medio. Entonces, claro que lo que les ha asustado es que nosotras nos hemos podido organizar para poder avanzar en los derechos, no solo de las mujeres. Hemos hecho muchos cambios en los movimientos sociales para mejorar las condiciones de vida de las personas. Yo creo que eso es muy importante”, afirma en entrevista con Avispa Mídia.
Por su parte, Ayelén Correa Ruau afirma que los esfuerzos de los movimientos de ultraderecha que buscan controlar el cuerpo de las mujeres, responde a la lógica expansiva del Capital sobre la región.
“Lo que sucedió el tres de enero en Venezuela para mí es un parteaguas de este ciclo que se va consolidando, ¿qué es más explícito sobre apropiarse de un cuerpo-territorio que lo que hicieron el 3 de enero?, pero no porque se hayan llevado a Maduro y a Silvia Flores, sino en el sentido de lo que significa que el poder sionista global tenga este tipo de intervención. Creo que es eso, de verdad están caminando sobre nuestros cuerpos. Eso está sucediendo y, ¿qué cuerpos son los que más padece un terremoto o una invasión militar? Somos nosotres”, comparte Ayelén.
De acuerdo al análisis elaborado por Oxfam, los grupos antiderechos han utilizado como estrategias para crecer en la región el cierre del espacio cívico, la crisis del sistema internacional de derechos humanos y el ataque sistemático a organizaciones que forman parte de este, especialmente organizaciones de corte feminista y en defensa de los derechos de las poblaciones sexodiversas. “Existe un estrecho vínculo entre los intereses de las élites económicas, las derechas radicales y los grupos fundamentalistas, que convergen en torno a la defensa de la libertad del mercado, la reducción de lo público, el rechazo a los procesos emancipadores y el desmantelamiento de políticas de igualdad y protección de derechos”, afirma el documento de análisis.
Para Daniela Arteaga, autora de Libertades en Riesgo, el ascenso de las derechas radicalizadas y la irrupción de organizaciones políticas a la vida política de los países de la región forman parte de una reacción neoliberal impulsada por élites económicas globales que buscan contener los avances de los movimientos que luchan contra la explotación de personas y territorios.
