Por Jeny Pascacio
En un escenario marcado por guerras, crisis ambientales y disputas por los recursos estratégicos, el EZLN convocó en San Cristóbal de Las Casas el Semillero “Guerra contra la Humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio”, un espacio donde especialistas, comunidades y organizaciones de distintos países analizaron las nuevas formas de violencia que atraviesan territorios y sociedades.
Las actividades, convocadas por la Comisión Sexta zapatista del 20 al 25 de julio en el marco de las jornadas “Resignarse u Organizarse”, reunieron a participantes y ponentes provenientes de distintos países.
El equipo de Avispa Mídia dio seguimiento a los debates y reflexiones del semillero, cuyo contenido presentamos en dos entregas escritas - la primera parte enfocada en la guerra contra la naturaleza y la segunda en la guerra contra la vida humana.
Con un auditorio lleno, el Capitan Insurgente Marcos dijo que este encuentro persigue dos objetivos que definió como "siempre inconclusos". El primero consiste en conocer y analizar las vulnerabilidades del sistema; el segundo, propiciar el encuentro con quienes, desde sus prácticas cotidianas y al margen de los grandes medios de comunicación, construyen otras formas de comprender la realidad y aprender de sus propias luchas.
“Nos convoca un crimen, tenemos un criminal cínico. Están las pruebas, está el juicio cotidiano de la realidad, está una sentencia siempre pendiente. El criminal en cuestión cuenta con abogados de oficio, jueces, policías, ejércitos, bancos, industrias, comercios, redes sociales, medios de comunicación mundiales de fútbol, FIFAs, barras o porras virtuales, tratados comerciales, reuniones clandestinas y abiertas y la actitud designada de millones de víctimas. No se entregará fácilmente”, reconoció.
Marcos definió el semillero como un espacio para cultivar el pensamiento crítico y dotar a las luchas de nuevas herramientas de análisis. Subrayó que su valor no radica únicamente en las ponencias, sino en la apropiación colectiva de las ideas, el debate y las discusiones que continúan fuera del recinto, donde, dijo, las semillas “habrán de florecer, madurar y dar frutos en las luchas por la vida”.
El terrorista por excelencia
El antropólogo Gilberto López y Rivas inauguró el ciclo de ponencias con la conferencia “Terrorismo global de Estado, militarización y recolonización de los territorios”. Antes de desarrollar su exposición, rindió homenaje a Pablo González Casanova, quien fue rector de la UNAM y uno de los intelectuales más influyentes de América Latina, a quien el EZLN nombró comandante Contreras.
Enfocado en su análisis, López y Rivas señaló que las guerras neocoloniales, la militarización, la criminalización de la protesta y el terrorismo de Estado forman parte de una nueva etapa del capitalismo sustentada en la violencia y la represión. Precisó que en el estudio del terrorismo se ha enfatizado el terrorismo individual y el de grupos de todo el espectro político, obviando y dejando a un lado el papel del imperialismo estadounidense y de los Estados capitalistas.
“El terrorismo global de Estado (…) [es] justificado por el marco jurídico internacional y apela a métodos extrajudiciales a la vez extensivos e intensivos para aniquilar a la oposición política y la protesta social a escala planetaria. Recordar las 867 bases militares estadounidenses distribuidas por los cinco continentes, sin tomar en cuenta las bases secretas de Estados Unidos. Como poder hegemónico ha instaurado la barbarie como proceso devastador del género humano y la naturaleza”, precisó.
El antoropólogo sostuvo que el terrorismo global de Estado opera con la complicidad de la ONU y de gobiernos que se presentan como democráticos. Afirmó que ese modelo se sostiene en violaciones sistemáticas y permanentes a los derechos humanos y la justicia social, lo que evidencia la incompatibilidad entre capitalismo y democracia.
“La lucha actual de los pueblos y las naciones se sitúa en el dicotómico posicionamiento por la vida o por la muerte (...) Nos encontramos en las derivas, de lo que los mayas zapatistas han denominado como tormenta, que no es ni metafórica ni simbólica, y que alude no a una visión apocalíptica o de vocaciones proféticas milenaristas, sino a la posibilidad real y fundada científicamente de una catástrofe de escala mundial, en un futuro no muy lejano”, advirtió.
En el caso mexicano, el análisis vinculó la expansión de funciones de las Fuerzas Armadas con el incremento del gasto militar. Para sustentar este punto, López y Rivas citó los reportes del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), que registraron para México un gasto castrense de alrededor de 6 mil 500 millones de dólares en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante la administración de Morena se ha documentado una profundización del proceso de recolonización y de la dictadura mediática.
El antropólogo hizo hincapié que para enfrentar las luchas del presente se exige desarrollar el pensamiento crítico: una capacidad de análisis permanente que no se limite a observar la realidad de manera superficial ni pierda de vista las transformaciones, amenazas y conflictos que atraviesan a la humanidad, como lo plantea el razonamiento zapatista.
La segunda tormenta
Aunque Ucrania, Sudán, El Congo y Chiapas responden a contextos históricos y escalas de violencia diferentes, fueron presentados como expresiones de una reconfiguración global del poder, donde las fronteras entre economía, seguridad y fuerza militar se vuelven cada vez más difusas. Bajo este escenario, rutas comerciales, sistemas energéticos y cadenas de suministro son reorganizados bajo criterios de seguridad nacional.
Esta relación entre poder, territorio y naturaleza fue abordada por Carlos Tornel, especialista en política y gestión ambiental, quien, en el marco de la “guerra contra la naturaleza”, planteó una paradoja: el Estado se presenta como protector frente a amenazas que, según su análisis, derivan de las propias dinámicas que ha impulsado. En ese proceso, afirmó, desorganiza la vida común, facilita el despojo y administra sus consecuencias.
Las formas de intervención descritas para el despojo y extracción de recursos naturales combinan mecanismos de fuerza, como el uso de ejércitos, policías, paramilitares y crimen organizado, además del infundir terror a partir de delitos como desaparición de personas y asesinatos.
“La segunda tormenta de la que habla Moises (en el pasado semillero) es el proceso mediante el cual los pueblos, los territorios y las relaciones que sostienen la vida responden a la profundización de la cuarta Guerra Mundial. La segunda tormenta no es la catástrofe que se cierna sobre nosotros, sino la fuerza que se levanta desde abajo”, destacó Tornel.
Los millonarios del agua
El académico en ciencia de datos y tecnologías digitales, Wilfrido A. Gómez Arias, reconstruyó una cronología del despojo y la gestión del agua en México. Situó en 1989, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un punto de inflexión con la creación de la Conagua y vinculó la Ley de Aguas Nacionales de 1992 con las reformas impulsadas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según su análisis, este proceso abrió paso al sistema de concesiones que “propició el despojo y su acaparamiento”.
Para Gómez Arias, este escenario no cambió con las reformas de 2025, pues el gobierno federal incumplió la promesa de garantizar el derecho humano al agua mediante una nueva Ley General de Aguas, ya que el proceso de elaboración fue opaco, excluyó las propuestas de organizaciones sociales, pueblos y comunidades indígenas y mantuvo el régimen de concesiones.
Los primeros estudios de disponibilidad en 2013 mostraron que fueron concesionados 193 acuíferos de los 653 existentes. “Se sacaba más agua de lo que los acuíferos pueden recargar o entran en déficit. En 2023, había 266 acuíferos en déficit. La lectura principal a lo largo de estos años es que ocho de cada 10 acuíferos presenta una disminución”, mientras que las cuencas son 6 de cada 10, explicó Gómez Arias.
El acaparamiento del agua está asociado con usuarios privados —empresas y personas físicas— que la sociedad civil ha denominado “millonarios del agua”, debido al poder económico y político que les atribuye para concentrar el recurso. Explicó que se trata de un total de 3144 usuarios, 1343 empresas y 1786 personas físicas y 11 instituciones privadas.
Las industrias son mineras, acereras, cerveceras, refresqueras, agroindustrias, papeleras, automotrices, inmobiliarias, bancos y personas físicas. Gómez Arias señaló que las concesiones las tienen empresas como Heineken, con 147 hm³ anuales; Coca-Cola y sus filiales, con 72.9 hm³, así como a personas físicas como la familia Tricio, vinculada al Grupo Lala.
En este marco, destacó que la industria cervecera y refresquera extraen agua de alta calidad de acuíferos en condiciones de estrés o déficit, mientras las poblaciones locales enfrentan problemas de abastecimiento, como sucede en San Cristóbal de Las Casas con Coca Cola.
Entre los empresarios mencionados por sus concesiones de agua a través de sus compañías estuvieron Ricardo Salinas Pliego, a quien se atribuyó un volumen de 46 hm³ de agua al año, y Germán Larrea, vinculado también al sector minero, con concesiones por 86 hm³ anuales.
Mientras que del poder político con concesiones para uso agrícola está Vicente Fox Quesada, Marco Cortés, Américo Villarreal Anaya, Olga Sánchez, Cordero, César, Duarte y familia, Ricardo Monreal Avila, Luis Armando Reynoso Femat, el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, solo por mencionar a algunos.
¿Fracking sustentable?
La fractura hidráulica, conocida como fracking, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas de baja permeabilidad mediante la inyección de grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos a alta presión. Aunque ha sido promovida como una alternativa para ampliar la producción de hidrocarburos, sus impactos sobre el agua, el ambiente y la salud han sido ampliamente debatidos, particularmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor evidencia documentada sobre sus efectos.
El etnólogo integrante del colectivo Corason (Coordinadora Regional de Acción Solidaria por la Defensa del Territorio de la Huasteca-Totonacapan), Mauricio González González, sostuvo que la información sobre proyectos de fracking en México sigue siendo de difícil acceso. Aun así, con base en el trabajo de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de colectivos locales, señaló que han identificado 20 pozos de hidrocarburos no convencionales en el sur de Nuevo León, cuatro en la cuenca Tampico-Misantla, además de dos sitios documentados por Corason y dos exploraciones experimentales realizadas por el Instituto Mexicano del Petróleo durante el sexenio anterior.
Esto a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que prohibiría la fractura hidráulica, dejó concluidos estudios de exploración que, según su planteamiento, podrían facilitar el desarrollo de iniciativas bajo el concepto de un “fracking sustentable” durante la actual administración.
En este marco de impulsar un “fracking sustentable”como parte de la estrategia de “soberanía energética”, Mauricio González advirtió que las prioridades para la explotación de hidrocarburos no convencionales parecen haberse reorientado hacia nuevas cuencas petroleras. Explicó que, mientras un documento de 2022 de la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos ubicaba a Tampico-Misantla como la principal zona de interés, declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum apuntan a las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos.
Frente a ese escenario, destacó que investigaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking y CartoCrítica buscan dimensionar las posibles afectaciones sociales, ambientales y demográficas en esos territorios. En los estudios, la eventual expansión del fracking en México podría afectar a cerca de seis millones de personas, de las cuales 4.4 millones habitan en zonas directamente impactadas por la extracción de hidrocarburos no convencionales y 877 mil pertenecen a pueblos hablantes de lenguas indígenas, según datos de CartoCrítica.
También advierte que la actividad alcanzaría 7.7 millones de hectáreas, incluidas 2.4 millones de propiedad ejidal y comunal, con riesgos particulares para 591 mil 534 niñas y niños menores de cinco años y 1 millón 537 mil 539 mujeres en edad reproductiva.
Los testimonios recopilados por el colectivo Corason muestran que los efectos de la actividad petrolera no se reducen a la modificación del paisaje, sino que atraviesan los sistemas de vida comunitarios: desde la calidad del agua y del aire hasta la aparición de microsismos, la producción agrícola y las prácticas culturales de los pueblos.
Para Mauricio González, a pesar de la acumulación de impactos que ocurren en un escenario donde el declive de los hidrocarburos convencionales, sigue la búsqueda de nuevas reservas mediante técnicas extractivas más intensivas, profundizando la presión sobre territorios donde existen ecosistemas y formas de vida construidas durante generaciones.
“Hay que exigir la diversificación energética, hay que exigir el ahorro de eficiencia de transparencia en el uso de energéticos. Pero nosotras, nosotros, nosotroas proponemos la transformación socio energética, ¡no transición energética! (...) Nuestra lucha es por la vida”, enfatizó Mauricio González González.
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Cambio climático, la expresión más profunda de la crisis
El ambientalista y comunicador Pablo Montaño agregó al contexto narrado que la crisis climática está relacionada con un modelo económico sustentado en la extracción intensiva de recursos y el uso prolongado de combustibles fósiles, cuyos impactos fueron advertidos desde hace décadas por la propia industria petrolera. Mientras las grandes corporaciones promovían narrativas para minimizar sus efectos, las consecuencias ambientales y sociales se trasladaban hacia territorios concretos.
En México, en comunidades como Topolobampo, Sinaloa, y Paraíso, Tabasco, esa disputa adquiere dimensiones locales: proyectos industriales y energéticos han generado conflictos por la defensa del territorio, el agua, la salud y los ecosistemas. Para Montaño, estos casos muestran cómo la crisis climática global se materializa en afectaciones cotidianas y forma parte de una guerra contra la naturaleza y las condiciones que sostienen la vida.
La guerra contra la naturaleza fue planteada como una consecuencia del modelo extractivo sustentado en los combustibles fósiles. Pablo Montaño señaló que el cambio climático representa la expresión más profunda de esta crisis, con impactos visibles en sequías, incendios, fenómenos extremos y pérdida acelerada de biodiversidad.
Como respuesta a esta crisis, coincidió que las alternativas surgen desde los pueblos y comunidades que defienden sus territorios. La organización colectiva, la memoria y el vínculo con los ecosistemas se convierten en herramientas para enfrentar un modelo que amenaza las condiciones materiales y culturales que sostienen la vida.
Fotos por Jeny Pascasio
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