En portada: Manifestación de comunidades indígenas afectadas por contaminación en la operación de la Central Geotérmica Los Azufres, en el oriente de Michoacán. Foto: CSIM.
Mientras comunidades del oriente de Michoacán enfrentan una crisis de enfermedades renales asociadas a la contaminación de fluidos de gas y líquidos tóxicos derivados de la operación de la Central Geotérmica Los Azufres, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal incumplió los acuerdos para atender a las poblaciones afectadas, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) mediante comunicado difundido este martes (2).
Pese a las protestas del CSIM, desde inicios del 2026, y las posteriores promesas del gobierno federal para atender la problemática, la organización indígena asevera que las autoridades no han realizado estudios científicos en los manantiales afectados ubicados en pueblos Otomíes y Mazahua. Acorde a más de 200 análisis geoquímicos previos, argumenta el Consejo, se evidencia la toxicidad de los cuerpos de agua al mostrar presencia de metales pesados, lo cual está relacionado con la crisis de Enfermedad Renal Crónica de Etiología no Determinada (ERCEND) presente entre la población de la región.
Acorde al estudio Enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con las condiciones naturales, impacto ambiental y psicosocial, realizado en la Sierra de San Andrés, el Campo Geotérmico Los Azufres (CGLA) y los municipios Zinapécuaro e Hidalgo, los manantiales analizados presentan abundancia de boro, silicio, aluminio, estroncio y arsénico.
Este último elemento químico, venenoso y cancerígeno, se encontró en por lo menos 12 sitios rebasando las concentraciones permitidas por la NOM-127-SSA1-1994, la cual establece los límites permisibles de calidad y tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, “sugiriendo un efecto potencialmente tóxico de las muestras que debe ser atendido”, cita el estudio realizado por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología (Conahcyt) y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Michoacán.
En dicha investigación se identificó una tasa anómala de enfermos renales en una región de emergencia sanitaria y ambiental que, reconocen los académicos involucrados, no ha sido atendida. “La incidencia de enfermos crónicos renales coincide espacialmente con el entorno del Campo Geotérmico de Los Azufres o Sierra de San Andrés. Existen claros indicios que demuestran pérdidas de emisiones de gas, líquido y manejo de residuos tóxicos provenientes del Campo Geotérmico de los Azufres que podrían estar asociados a un impacto ambiental”, indica el estudio.
Por su parte, mediante comunicado, el CSIM sostiene que comunidades de Zinapécuaro, Hidalgo y Maravatío han enfrentado durante dos décadas casos de jóvenes y adultos que perdieron la función renal, familias con múltiples fallecimientos y pacientes que rechazan la hemodiálisis por el deterioro que observan en otros enfermos.
El CSIM también denuncia que las autoridades ambientales, específicamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha incumplido su labor de inspección ambiental en torno a la operación de la CGLA. También acusa que la CFE viola las leyes ambientales debido a que, en sus propios reportes entregados a la Profepa, informa que, de un total de 33 presas de enfriamiento, 12 de ellas no cuentan con ningún tipo de recubrimiento, lo que el CSIM identifica como la aceptación por parte de la paraestatal de que más de un tercio de sus presas son altamente contaminantes y no cumplen con normas ambientales.
“Aún más, en 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no ha sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie interfiriendo con los acuíferos”, sostiene el CSIM.
Crisis de enfermedades renales
Hace un mes, el 8 de mayo, se realizaron pruebas de detección temprana de insuficiencia renal en niños de entre 10 a 12 años de edad pertenecientes a la comunidad Otomí de San Matías el Grande. Las pruebas de tamizaje fueron realizadas en tres escuelas, donde se recolectaron 61 estudios médicos. Del total de infancias analizadas, 20 demostraron alteraciones y en siete de ellos se deben realizar nuevas muestras, situación que el CSIM califica como de gravedad, ya que más de un tercio de los exámenes dieron positivos al presentar los primeros signos de enfermedad renal entre la población infantil.
Según la organización indígena, las pruebas fueron realizadas por médicos especializados coordinados por el Consejo de Gobierno Comunal de San Matías el Grande, “toda vez que el Gobierno de Michoacán no pudo cumplir con el acuerdo minutado desde el 13 de abril, donde se comprometían a realizar pruebas de tamizaje en las comunidades cercanas a la geotermoeléctrica en un plazo no mayor a 15 días”. No obstante, denuncian, tras el paso de más de dos meses, las autoridades manifiestan incapacidad para realizar los estudios médicos “pese a todo el presupuesto y recursos que manejan”.
En este contexto, el Consejo realiza un llamado a pueblos y comunidades del oriente de Michoacán para realizar estudios e investigaciones para atender la crisis de salud y medio ambiente existente en los municipios cercanos a la geotermoeléctrica. “No es normal que el 35% de todos los enfermos renales se concentren en el oriente, no es normal que sus hijos de 10 y 12 años inicien con problemas renales a una edad tan temprana. Esta crisis, sostenemos que tiene un responsable: CFE”, denuncia.
Acorde a una entrevista con medios locales, el doctor Pedro Corona Chávez del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y coordinador del estudio académico, comparte que fue a partir del 2021 cuando comenzó la investigación sobre la crisis de las enfermedades renales crónicas tras escuchar los relatos de la población que vinculaban la aparición de los malestares posterior al inicio de operaciones de la CGLA en el año 1982.
Según sus registros, las poblaciones en las inmediaciones de la central comenzaron a enfermarse a finales de la década de los años 90. Incluso, destaca Corona, existen iniciativas legislativas desde por lo menos el año 2005 que buscaban promover la atención al problema, las cuales nunca fueron atendidas por las autoridades.
Corona, quien integró un equipo de más de 40 académicos y 70 estudiantes colaboradores durante tres años, también destaca la omisión por parte de la CFE, al argumentar que nunca habían contaminado y negarse a compartir datos que ayudaran a enriquecer la verificación de la investigación.
El investigador detalla que la paraestatal formó parte del colectivo de investigación e incidencia, lo cual les obligaba a realizar muestreos, cada seis meses, del agua y aire en la región para conocer los impactos. No obstante “ellos se negaron absolutamente, nunca hubo un dato. Siempre hubo una negativa permanente, se les solicitó por oficio, se les pidió en el colectivo de investigación e incidencia y ellos nunca lo quisieron hacer. Claro que hay algo que esconde”, señala el doctor Corona.
Sin resultados
Mediante rueda de prensa el pasado 6 de mayo, el vocero del CSIM, Pável Ulianov Guzmán señaló que no hay ningún avance sustancial a las peticiones de las comunidades a partir de las mesas de trabajo con el gobierno mexicano. “A pesar de aceptar y realizar un diálogo que lleva a la solución de la problemática de salud pública de enfermedad renal crónica en el oriente de Michoacán, en realidad, de parte a las autoridades institucionales, solo ha llevado a cabo un manejo político con clara estrategia de retraso y evasión a las peticiones que les hemos hecho”, denunció.
Tras los señalamientos, el 27 de mayo, representantes de cuatro comunidades afectadas sostuvieron una reunión con el Secretario de Salud federal, David Kershenobich en la cual se acordó la realización de una campaña de detección de enfermedad renal crónica en los municipios de Hidalgo, Querétaro, Zinapécuaro, Tuxpan, Irimbo, Senguio y Maravatío.
Además, el CSIM realizó la petición para que se instale un hospital especializado para atender la enfermedad renal crónica en San Matías El Grande o en otra comunidad indígena del oriente michoacano, donde se presenta la crisis de salud. A pesar de ello, los avances siguen siendo mínimos por lo que el Consejo, mediante el comunicado de este martes (2) exige tanto al gobierno federal como estatal la atención a sus demandas, “de lo contrario, emprenderemos una Jornada Nacional en Defensa de la Salud, la Vida y el Medio Ambiente y tomaremos de manera permanente las instalaciones de la geotermoeléctrica”, sostienen.
