Incrementan ataques a abogado de pueblos contra Proyecto Integral Morelos

El pasado 17 de octubre, el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), Juan Carlos Flores Solís, al acudir a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas, las cuales aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse.

Flores viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico, denuncia el Frente en un comunicado.

Este no es un hecho aislado. El pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos junto al Congreso Nacional Indígena (CNI).

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El 4 de octubre, movimientos sospechosos de vigilancia, hostigamiento y espionaje se llevaron acabo en su vivienda por dos automóviles, modelo Chevy rojo y Renault azul, junto a una patrulla del municipio de Juan C. Bonilla. El comunicado detalla que la vigilancia se realizó debido a fallas en el sistema de cámaras que instaló el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Pese a los problemas técnicos, Flores consiguió hacer un respaldo de las imágenes en la computadora que funciona como servidor local. Sin embargo, dichas grabaciones fueron sustraídas, sin la notificación previa y autorización del abogado, por la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección, argumentando que el software del servidor no se encontraba actualizado y que, debido a eso, dejó de funcionar una de las cámaras. Al solicitar las grabaciones al Mecanismo, éste negó el retiro del dispositivo.

Protestas contra el PIM en Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.

Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, personal de la empresa informó al abogado que las grabaciones habían sido borradas pues el servidor que sustrajeron fue formateado. Además, el nuevo personal de la empresa señaló que el software no requiere actualizarse para el reconocimiento de las cámaras y que eso no era un motivo por el cual dejara de funcionar una de ellas, contradiciendo la justificación de días antes.

El Frente concluye que la cámara que da a la entrada trasera de su casa fue saboteada y que dicho acto fue encubierto por el personal de la empresa. Además, sustrajeron las imágenes que podía tener el abogado sobre los posibles perpetradores, los cuales podrían estar vinculados a los tres allanamientos y amenazas de muerte que sufrió en su domicilio en el mes de abril de este año.

“Es inadmisible que un Mecanismo que se creo para dar protección a las personas defensoras y periodistas realice este tipo de actos de encubrimiento, sustracción de información privada y destrucción de pruebas que pudieran ayudar a esclarecer a sujetos perpetradores de los ataques”, asevera el Frente en su comunicado.

Otros hechos

El 19 de octubre, un agente ministerial de la Fiscalía Estatal de Puebla acudió a casa del abogado argumentando que había sido comisionado para investigar los allanamientos y amenazas. Al llegar, el agente solo se limitó a tomar fotos al exterior de su domicilio y a solicitar ingreso a la casa para continuar con el registro. Ante ello, Flores le señaló que primero le quería compartir las fotos que había tomado de cómo había sido el allanamiento para que las integrara a su investigación y le explicara cómo fueron las incursiones.

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El agente ministerial se negó a recibir las imágenes y argumentó que su labor era solo tomar fotografías. Después se retiró del lugar diciendo que reportaría que Flores se opuso a los actos de investigación.

“Consideramos que la sustracción de videos y destrucción de los mismos por parte de la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y el actuar del agente ministerial del Estado de Puebla para intentar ingresar a su domicilio son pruebas del encubrimiento y complicidad de las autoridades en los actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados contra nuestro compañero. Por lo que responsabilizamos al Estado Mexicano de su integridad física, emocional y psicológica”, dice el comunicado.

PIM

El Proyecto Integral Morelos (PIM) amenaza a más de 100 comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala con un gasoducto que atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo. A ello se suma el consumo de agua y generación de lluvia ácida que implican las dos centrales termoeléctricas que incluyen el proyecto, así como el propósito de generar un proceso de industrialización que pretende acabar con los terrenos de cultivo de los pueblos originarios.

En 2012, el FPDTA-MPT comenzó un proceso de información de las comunidades para dar a conocer las consecuencias del proyecto y buscar la unidad de los pueblos afectados. “Lo que me valió la persecución, la difamación en medios de comunicación y redes sociales, la tortura del compañero Jaime Domínguez Pérez, y mi encarcelamiento el 7 de abril de 2014, hacinado durante 10 meses en una celda de 6 metros cuadrados en donde habitaban 20 personas, acusado de los delitos de motín, extorsión, despojo y ataque a obra hidráulica”, señala Flores.

El abogado cuenta que se desataron más de una docena de ordenes de aprehensión, enfrentamientos entre policías y pobladores de Amilcingo, Morelos, donde “compañeros fueron heridos de bala por parte de la policía estatal, así como el cierre de dos de nuestras radios comunitarias por elementos de la policía federal en Santa María Zacapetec y San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla”.

El proceso de represión, asesinatos, criminalización, estigmatización, campañas de miedo y división que se ha vivido en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos no es exclusivo del FPDTA-MPT. En la presente administración ha existido un incremento en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comenzando con Samir Flores a solo tres meses de haber asumido el gobierno Andrés Manuel López Obrador.

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Esta situación se enlaza y contrasta con el incremento de la presencia del crimen organizado en las comunidades que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos.

Los actos de intimidación, espionaje y atentados contra Flores se suman a los procesos de judicialización que se mantienen contra Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl en Santa María Zacatepec, por la defensa del Río Metlapanapa y su territorio.

“No esperaremos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compañeras o compañeros de lucha y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestros compañer@s no están solos y que la lucha continuará hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucción capitalista que gobierna nuestro país y el mundo”, sostiene el Frente en el comunicado.

Persecución

El abogado es fundador del FPDTA-MPT, en el año 2008. Tras el asesinato en 2019 del activista medioambiental Samir Flores, su nivel de riesgo aumentó al ser señalado como la siguiente persona con más relevancia en la organización.  

Samir Flores, asesinado por su oposición al Proyecto Integral Morelos.

A lo largo del último mes, Juan Carlos ha recibido diversos ataques en su domicilio a través de los siguientes allanamientos:  

5 de abril de 2022: Encontró su domicilio allanado en el pueblo de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. La reja de su terreno y el candado de la puerta de entrada de la casa fueron cortados con cizalla, su habitación fue completamente registrada, sus documentos revisados y tirados en el suelo, y varios objetos de valor fueron sustraídos. Juan Carlos manifiesta que la irrupción violenta en su domicilio, la extracción de objetos personales de su vivienda y los mensajes implícitos dejados por el o los victimarios, como un cuchillo en su cama y la manipulación de una foto suya y de su familia, constituyen una amenaza directa contra su vida y la de su familia. 

10 de abril de 2022: a pesar de haber alertado a las autoridades mexicanas sobre los hechos violentos ocurridos el 5 de abril, al volver a su domicilio, Juan Carlos se percata de que éste ha sido nuevamente allanado y afirma que la/s persona/s que ingresan rompen el cristal de una ventana e irrumpen a través de ésta. Asegura que sus pertenencias han vuelto a ser removidas y el cuchillo que había sido dejado encima de su cama, y que nunca manipuló con la intención de preservar las pruebas del delito ocurrido, ha desaparecido. 

14 de abril de 2022: En un nuevo allanamiento, los desconocidos se llevaron papeles de una estantería de una habitación, una mochila con varias pertenencias y distintivos de actos políticos. Después abandonaron la casa dejándola en desorden.  

Cabe señalar que Juan Carlos Flores Solís y su esposa Miryam Vargas Teutle informan que la policía no respondió a tiempo a la solicitud del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que sugirió que una patrulla vigilaría la casa después del primer allanamiento ocurrido el 5 de abril de 2022. 

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