En portada: En la mesa de diálogo “A tres años del Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez”, organizaciones reiteraron que las autoridades no han garantizado la reparación integral del daño a las víctimas y víctimas secundarias.
“Hasta hoy, el Estado mexicano no nos ha dado la cara ni nos ha dicho qué pasó”, denuncia Claudia Varela, hermana de Daniel de Jesús, uno de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023. “Necesitamos un juicio donde se escuchen nuestras opiniones y no nos sean impuestas”, exigió.
A principios de 2023, Daniel de Jesús Varela Ramírez, de 44 años, salió de San Salvador, El Salvador, en busca de mejores oportunidades para su familia. “Él era electricista, dijo que iba por unos días y no mencionó a dónde, pero se despidió de todos”, relata Claudia en entrevista con Avispa Mídia.
Unos días después, Daniel de Jesús informó a su familia que estaba en México y continuó enviando mensajes para mantenerse en contacto. Claudia recuerda que, un viernes de marzo de 2023, él notificó que había sido detenido por agentes del INM. Pasaron solo un par de días cuando se enteraron de la noticia del incendio en la estación migratoria, que se viralizó más allá de las fronteras. La familia no daba crédito; era inconcebible que Daniel de Jesús perdiera la vida bajo custodia de agentes migratorios.
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Claudia viajó a México para reconocer a su hermano. Fue un recorrido violento y cruel. Recuerda que, de manera abrupta e irresponsable, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le mostró fotos del cuerpo sin vida. “Yo podía reconocerlo si solo me enseñaran su cara o su espalda; eso bastaba. Es duro que vengan y te enseñen esas fotografías”.
Conversó con otras familias de víctimas, madres, esposas e hijas adolescentes que esperaban información. “Una niña de 12 años me dijo que quería irse con su papá. ¿Y, en ese momento, las autoridades nos preguntaron si necesitábamos apoyo psicológico? Claro que se necesita. Eso no se pregunta, se proporciona, pero no se nos proporcionó”, insiste.
Para Claudia y su familia, los argumentos que han dado las autoridades mexicanas no son suficientes y distan mucho de la versión que han escuchado directamente de los sobrevivientes. “A ellos les quitaban todo: el teléfono, toda la comunicación, todas sus pertenencias. Sólo tenían la ropa que llevaban puesta. Los custodios… ¿por qué hasta este momento no nos han dado la cara? ¿Qué pasó ese día?”, cuestiona.
De acuerdo a las organizaciones acompañantes, las autoridades no realizaron análisis individualizados de los casos, tampoco hubo un análisis multidisciplinario como lo pide la Ley General de Víctimas, pues no hubo entrevistas psicológicas, de trabajo social, jurídicas o médicas. Los peritajes médicos especializados, como psicológicos y valoraciones de trabajo social, fueron costeados por las organizaciones que además participaron para elaborar propuestas de reparación integral del daño individualizados que fueron presentadas de manera formal.
Fraude procesal
A tres años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 82 víctimas, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el gobierno de México protegió la libertad de Francisco Garduño y que el Instituto Nacional de Migración (INM) burló al sistema judicial al evitar castigar a los altos mandos.
El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023, cuando la desesperación por las condiciones inhumanas de detención e incomunicación provocó una protesta en el área de hombres. Los migrantes prendieron fuego a una colchoneta, pero no se les permitió salir. El personal del INM tuvo la oportunidad de abrirles la puerta, pero las imágenes públicas muestran que decidieron no hacerlo.
“Podemos decir de manera abierta que los dejaron encerrados. Esa tragedia pudo haberse evitado”, enfatizó Marcos Zavala, abogado integrante de Fundación para la Justicia en entrevista con Avispa Mídia.
La celda donde se encontraban 15 mujeres sí fue abierta, y sus ocupantes presenciaron los gritos de socorro de quienes eran consumidos por las llamas. Cuando los medios de comunicación llegaron, ni las autoridades tenían certeza del número de personas privadas de libertad en el espacio controlado por el INM. Días después se contabilizaron 82 víctimas: 40 migrantes fallecidos y 42 sobrevivientes.
En ese momento, la presión de distintas cancillerías que exigieron respuestas al gobierno de México obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una investigación en la que se vinculó a Francisco Garduño, entonces comisionado del INM.
El 30 de junio de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 111UVG/2023, en la que reconoció “graves violaciones a los derechos humanos: al trato digno, a la vida, a la integridad y a la seguridad” por actos y omisiones del personal del INM, en agravio de apenas 67 personas. Esto significa que las 15 mujeres que presenciaron los hechos quedaron excluidas del reconocimiento oficial.
En ese mismo mes, la Fundación para la Justicia, la Clínica Jurídica para Refugiados, DHIA y el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) iniciaron el acompañamiento de nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas y de ocho sobrevivientes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala.
De la carpeta de investigación 310/2023 se derivaron siete procesos penales que involucraron a nueve personas, siendo la causa penal 237/2023 la del excomisionado Francisco Garduño Yáñez. Aunque en apariencia el proceso avanzaba con normalidad, Marcos Zavala, explicó que el excomisionado fue vinculado por un delito de menor gravedad y se llevó a cabo “un proceso exprés”, en el que los grandes ausentes fueron las víctimas y sus familias, quienes tampoco fueron informadas sobre la recomendación de la CNDH.
“A diferencia de los otros nueve procesados, al excomisionado únicamente se le imputó el delito de ejercicio ilícito del servicio público. A los de más alto rango, no se les vinculó por homicidios ni lesiones”. El abogado dijo que esto le permitió a Garduño, dentro de su proceso penal, solicitar un beneficio conocido como suspensión condicional para congelar el proceso durante un año y medio.
El otro funcionario de alto rango que no fue vinculado por homicidio ni lesiones es Antonio Molina Díaz, exdirector de Control y Verificación Migratoria del INM, quien se dio a la fuga, ya que, además, forma parte de un grupo de funcionarios contra los que existen órdenes de aprehensión en el marco de investigaciones vinculadas con la red de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.
Ahora bien, en el caso de la reparación del daño, Francisco Garduño deberá cumplir siete condiciones en un periodo de año y medio, de 2024 a julio de 2026. Entre ellas se incluyen la realización de cursos en derechos humanos, la presentación de una disculpa pública y el pago de indemnizaciones monetarias.
El 26 de septiembre de 2025, Francisco Garduño se reunió con las familias de las víctimas. Claudia Varela asistió al acto protocolario y, para ella, ese día el gobierno de México asignó un valor económico a su hermano, como si se tratara de mercancía. Relata que “Francisco Garduño leyó palabras sacadas de algún libro de literatura, un texto construido. Nosotros no aceptamos una disculpa pública en la que no fuimos tomados en cuenta”.
El gobierno compensó económicamente a algunas víctimas con recursos del INM, con la intención de acreditar, ante la carpeta de investigación de Francisco Garduño, el cumplimiento de sus obligaciones y respaldar la solicitud de suspensión condicional del proceso, señaló Lorena Cano, del IMUMI
“Pensar que reparar es igual a pagar por una violación a derechos humanos es erróneo y totalmente equivocado. Me parece que eso es lo que piensan las autoridades”, dijo la asesora jurídica. Marcos Zavala, quien agregó que cualquier violación a derechos humanos o delito cometido pueda ser compensado con recursos del erario público envía un mensaje de impunidad.
Se han percatado que la única intención del Estado mexicano fue proteger al excomisionado del INM y liberarlo del procedimiento penal. Para Zavala, estos tres años han estado marcados por la construcción de un fraude procesal y la aplicación de una justicia selectiva.
En la actualidad, todos los procesos penales están abiertos y se encuentran en la primera etapa: la audiencia inicial. Los asesores jurídicos solicitaron la acumulación de los procesos pero, “aún no se resuelve, en lo sustantivo, si se han respetado o no los derechos de las víctimas”, explicaron. Mientras que la audiencia de revisión de la suspensión provisional está programada para el 1 de septiembre de 2026.
No fue un hecho aislado
Luis Xavier Carranca, de la Clínica Jurídica, recordó que las graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante no se reducen al incendio. “No es Ciudad Juárez, no es la estancia migratoria; es la política del Instituto Nacional de Migración de manera generalizada. No fue un hecho aislado; era prevenible y previsible”.
Carranca volvió a poner sobre la mesa la política migratoria en México, denunciada por basarse en la violación de derechos humanos, incluso para ser efectiva. “¿Qué mecanismos tenemos a disposición para identificar, sancionar y reparar estas violaciones que sistemáticamente se materializan?”, cuestionó.
Desde las organizaciones identificaron el recurso de responsabilidad patrimonial del Estado, que presentaron en primera instancia ante la autoridad que afectó los derechos, en este caso el INM; sin embargo, la dependencia federal respondió que no tiene tal obligación, ya que el incendio fue cometido por terceros. Ante esta respuesta, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se encuentra en etapa de nulidad.
“Está analizando la Sala Superior si atrae el caso para pronunciarse; sin embargo, no hay una sentencia judicial de primera instancia y se ha bloqueado la participación o el reclamo de las víctimas que no se encuentran en el país”, destacó Carranca.
Las violaciones a los derechos humanos mencionadas por las organizaciones también se derivaron de los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos. En la estación migratoria de Ciudad Juárez fueron detenidas personas deportadas desde ese país bajo el Título 42.
En un comunicado en conjunto, exigen verdad completa sobre lo ocurrido, justicia pronta e imparcial para todas las víctimas, reparación integral con enfoque diferenciado y de derechos humanos, reconocimiento de todas las personas afectadas como víctimas, y medidas estructurales para garantizar la no repetición, incluyendo el fin de la detención migratoria como política de control.
