INM incumple en la protección de la niñez y adolescencia migrante

En portada: Los migrantes atrapados en el limbo en el sur de México deben enfrentarse a las pésimas condiciones de vida, a la precariedad de su situación y a la falta de información oficial sobre su destino. Foto: Santiago Navarro F.

Durante el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) y las entidades encargadas de la protección de la niñez y adolescencia optaron por implementar de forma arbitraria la armonización de la Ley de Migración para continuar con la detención de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

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De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria el número de menores de edad presentados ante el INM de enero a septiembre de 2021, incrementó a 39, 076, comparado con los 11, 262 registrados en el 2020.

La estadística pública, no actualizada, tiene el registro de 14, 400 niños, niñas y adolescentes quienes viajaban solos. Del total, 22, 546 son hombres y 16, 530 mujeres; mientras 12,131 son de Guatemala, 17,106 de Honduras, 3, 776 son de El Salvador y 6,063 de otros países.

Hace un año entró en vigor el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, que prohíbe la privación de la libertad de menores por motivos migratorios, además del principio de la no devolución que garantiza el derecho a la unidad familiar.

Pero las violaciones a la propia armonización no cesaron. De manera reiterada, organizaciones de la sociedad civil denunciaron las faltas al interés superior de la niñez derivadas de las políticas de contención y la militarización de las fronteras.

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Incluso los espacios creados para los fines de la armonización de la Ley y las estaciones migratorias del INM no cumplieron con lo establecido por la propia Ley, ni con los acuerdos internacionales.

Apenas hace unos días, por las condiciones inadecuadas en las que se encontraban menores migrantes en la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 14/2022 al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez y a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Chiapas (DIF-Chiapas), Deliamaría González Flandez.

Familia de migrantes haitianos esperan un transporte para encontrar la ruta de salida de Tapachula, al sur de México. Foto: Santiago Navarro F.

En el contexto planteó que, en marzo de 2021, menores de edad fueron trasladados de la estación migratoria a albergues temporales en Tapachula y Arriaga; a pesar de que su protección es obligación del INM y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF-Chiapas. En este, como en muchos casos que no han sido atendidos por la CNDH, pasaron por alto la emisión de las medidas para salvaguardar su integridad, vulnerando con ello los derechos humanos a la seguridad jurídica, al principio del interés superior de la niñez y el relativo a la unidad familiar.

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La Comisión llamó a la directora del DIF a capacitar a su personal y en específico a quienes trabajan con menores migrantes para evitar la repetición de hechos, así como para salvaguardar la integridad de la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana.

La cantidad de personas migrantes en las ciudades de Chiapas, México, rebasa incluso a los albergues de la sociedad civil y las procuradurías se vuelven lentas para desarrollar planes de protección de derechos y los menores son regresados antes de que se pueda evaluar el interés superior de la niñez, destacó en entrevista Diana Martínez, oficial del Programa para Coalición Internacional contra la Detención. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, observa que no hay claridad en la operatividad de la ley, pues sigue la detención de menores de edad y sus familias.

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