En América Latina, existen vacíos legales importantes frente a las nuevas expresiones de violencia de género facilitadas por la Inteligencia Artificial (IA), donde los Estados se han enfocado en castigar la acción individual, dejando de lado la responsabilidad de las corporaciones tecnológicas.
Esto quedó en evidencia a principios de este año, cuando de nuevo se encendieron las alertas alrededor de la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) después de que Grok, un chatbot con inteligencia artificial de la plataforma X, generara, a once días de su incorporación, alrededor de tres millones de imágenes sexualizadas, de las cuales más de veinte mil incluían a menores de edad, según datos recabados por la organización estadounidense Centro para Contrarrestar el Odio en Internet (CCDH por sus siglas en inglés).
Este hecho se sumó a la ola creciente de producción de contenido sexual sin consentimiento a través de herramientas de Inteligencia Artificial, que organizaciones y organismos internacionales han denunciado desde hace varios años, pero que ha dado un salto tras la masificación de herramientas de IA.
Los datos son alarmantes. En febrero pasado la Unicef declaró que “al menos 1.2 millones de niños y niñas en 11 países, entre ellos México, reportaron haber sido afectados por manipulaciones de sus imágenes con contenido sexual explícito en el último año”. Mientras que, en noviembre del año pasado, ONU Mujeres advirtió que 90% del material deepfake (ultrafalso) que se genera y circula en internet es contenido sexual explícito de mujeres hecho sin consentimiento.
Ante este panorama, tanto organismos de cooperación internacional como colectivas en la región han sido claras en sus declaraciones al respecto: la producción de estos materiales digitales representa violencia sexual real y son formas de abuso sexual infantil. En este sentido, organismos como la Unicef han insistido en que los abusos cometidos en el espacio digital tienen consecuencias extremadamente graves en la salud mental y emocional de las mujeres y las infancias.
Como explica Angie Contreras integrante de Cultivando Género, A.C: “Si bien todas las personas pueden pasar por violencia, la violencia sexual afecta principalmente a los cuerpos feminizados. Se está utilizando otra vez nuestros cuerpos digitales para hacernos sentir vergüenza, pero también para sacarnos de esos espacios públicos”
En entrevista con Avispa Mídia, esta activista por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por una vida digital libre de violencia también mencionó que, si bien la creación de imágenes sexualmente explícitas sin consentimiento ya existía anteriormente a la IA, la proliferación reciente de este tipo de contenido se relaciona con que ya no es necesario contar con conocimientos técnicos para producirlo, se hace con herramientas que están al alcance de millones de personas.
En este sentido, desde las colectivas que luchan contra la violencia digital se denuncia que las corporaciones tecnológicas no anticiparon que la masificación de las herramientas de IA generativa desembocaría en violencias de tipo sexual. “Durante un montón de años estuvimos hablando de la violencia que se da en entornos digitales, y les dijimos mil veces que la principal era de tipo sexual, ¿en serio no se les ocurrió que este tipo de herramientas iban a ser utilizadas para generar contenido sexual?”, cuestiona Angie Contreras.
Responsabilidades
Cuando se habla de violencia de género facilitada por la tecnología, un debate común es hablar de a quién le corresponde la responsabilidad de evitarla. En América Latina, organizaciones feministas, colectivas y mujeres sobrevivientes han impulsado una serie de cambios en la legislación en los países de la región, apelando a la responsabilidad del Estado sobre prevenir y responder ante la violencia hacia mujeres e infancias.
Como resultado de esta lucha, a la fecha, algunos países han incorporado distintas definiciones de violencia digital en sus leyes generales sobre violencia hacia las mujeres, así como tipificado el delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
De acuerdo al Panorama legal en América Latina y el Caribe para eliminar la violencia contra las mujeres, emitido por ONU Mujeres en noviembre de 2025, este es el caso de México, Argentina, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay.
Otros países han tipificado delitos alrededor de definiciones más amplias de violaciones a la intimidad, como Venezuela, Ecuador y Paraguay. Mientras otros solo cuentan con reformas que castigan el ciberacoso y la violencia política digital, como son Cuba y Brasil.
Prácticamente todos los países de la región cuentan con leyes contra el material de abuso sexual infantil, pero entre ellos solo Guatemala ha incorporado ofensas como el grooming digital y la sextorsión infantil.
A la fecha, solo Argentina y México han incorporado la violencia sexual a través del uso de Inteligencia Artificial generativa en sus leyes y códigos penales. Mientras tanto, otros países, entre ellos Chile, Colombia, Honduras y Puerto Rico, no cuentan aún con cambios legislativos alrededor de la violencia digital contra las mujeres.
En diciembre de 2025 fue presentada la Ley modelo interamericana para combatir la violencia digital basada en género, desarrollada por Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la OEA, ley que busca constituir un marco para los Estados de la OEA para legislar sobre este tema.
Por su parte, el gobierno de México firmó el 11 de marzo pasado un acuerdo de colaboración con TikTok, Meta y Google, para prevenir la violencia hacia las mujeres en estas plataformas. El enfoque de la colaboración con las empresas tecnológicas se centró solamente en la eliminación de contenido y acciones de moderación.
Enfoque penalista
Dentro de las leyes nacionales se puede identificar lo que Angie Contreras, de Tejiendo Género, llama un enfoque penalista, es decir, la tipificación de delitos específicos que castiga la acción individual, donde muchas veces están ausentes otros enfoques como la prevención y el acompañamiento integral de las víctimas de violencia digital.
En el caso de México, la activista también denuncia que la creación de leyes y reformas no ha desembocado aún en la creación de protocolos e instituciones suficientes y pertinentes, por lo que las víctimas encuentran revictimización y dificultades para ser acompañadas.
“No solamente necesitamos la legislación. ¿Cómo hacemos para que se tenga acompañamiento integral? Se sigue pensando que la única opción es la denuncia vía penal. Sabemos que es importante nombrar estos tipos de violencia y que nuestros códigos penales, nuestras leyes, los incluyan, pero nuestro acompañamiento se centra en poner en el centro a la persona: ¿qué quieres tú como proceso de justicia? Que también es una forma de contrastar lo que hace el Estado. Porque realmente, para el Estado la solución es ‘Elimina tus redes. Y si quieres que te dé información, ve a denunciar’, y las policías cibernéticas son revictimizantes y culpabilizan a las víctimas”, sostiene la defensora de derechos digitales Angie Contreras, en entrevista con Avispa Mídia.
En relación a las empresas tecnologías, los marcos legales de la región se limitan a ordenarles que respondan ante los casos denunciados penalmente a través de proporcionar información y la eliminación del contenido. En este sentido, otras colectivas han denunciado que los Estados no cuestionan a las empresas por prácticas como los contratos de uso de las plataformas, que vulneran seriamente la privacidad de las personas y van contra el principio del consentimiento.
“En América Latina, los Estados no solo carecen de capacidad técnica para regular a estas plataformas, sino que muchas veces tampoco ejercen la agencia política necesaria para hacerlo. La mayoría de los marcos jurídicos existentes se concentran en regular la conducta individual de las personas usuarias, mientras que la regulación de la relación entre Estados y empresas privadas sigue siendo una deuda pendiente”, expresó María José Díaz de Luchadoras.
