Interoceánico: En los últimos tres años se registran 226 agresiones contra defensores del territorio

En portada: Comunidades indígenas han realizado protestas por la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, entre Oaxaca y Veracruz.

Defensoras y defensores de la naturaleza y del territorio del Istmo de Tehuantepec han sufrido al menos 226 agresiones en los últimos tres años en el marco del megaproyecto Corredor Interoceánico, llevado a cabo por la administración de Andrés Manuel López Obrador, en los estados de Oaxaca y Veracruz. La documentación fue realizada por 23 organizaciones sociales de Derechos Humanos reunidas en una misión civil de observación.

Dentro del periodo de documentación, entre mayo del 2021 a mayo de 2024, se registraron 72 ataques en los que se cometieron las 226 agresiones, entre ellas intimidación, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, daños a propiedad, difamación, detención arbitraria, estigmatización, desplazamiento forzado, homicidio, desalojo forzoso, uso indebido de la fuerza, allanamiento, despojo, robo y desaparición.

“Está la criminalización, la amenaza de ser encarcelado, de quizá llegar a desaparecernos o asesinarnos. Eso siempre ha estado presente en nosotros. [...] el estar esperando qué va a pasar, qué nos van a hacer”, relata un defensor indígena binnizá con identidad resguardada, de San Blas Atempa, Oaxaca.

Las víctimas son mayoritariamente integrantes de algún pueblo o comunidad indígena. Las organizaciones registraron que 66 de los 72 ataques documentados fueron perpetrados contra los pueblos indígenas Mixe (Ayuuk) y Zapoteco (Binnizá).

Carlos Beas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), organización que hace parte de la misión, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en la mañana del jueves (27) que hubo un incremento de las agresiones en el último año y medio. 

Para él hay dos elementos que coinciden con este aumento. “Por un lado, está la transferencia del mando sobre el Corredor Interoceánico de elementos civiles [hasta septiembre de 2023 estuvo a cargo Rafael Marín Mollinedo] para la [Secretaría de] Marina”, sostiene. 

Según Beas, el cambio de mando ha dado lugar a una serie de problemas. Un ejemplo, cita, es que “muchas comunidades que permitieron los trabajos relacionados al corredor a cambio de algunos programas de desarrollo o de vivienda, el gobierno, y en particular la Secretaría de Marina [Semar], no ha querido reconocer estos acuerdos”. 

Por otro lado, junto con el ingreso de la Marina como la responsable del desarrollo de las obras del corredor, en diciembre de 2022 tomó posesión Salomón Jara (del partido Morena) como gobernador del estado de Oaxaca. “El número de agresiones más fuertes se da a partir de enero de 2023 y adquiere mucha fuerza principalmente a partir de enero 2024”, sostiene.

Luz Coral Hernández, integrante de Territorios Diversos para la Vida, otra de las organizaciones que hacen parte de la misión, advirtió durante la conferencia de prensa que los datos presentados por las organizaciones son en realidad una referencia en el marco de la magnitud de violencia a la que se enfrenta las personas y comunidades defensoras en la región. “Es solamente un piso mínimo de las verdaderas cifras de las agresiones que se perpetran contra las personas y comunidades”, dice.

Los responsables por ejecutar las violaciones de derechos humanos son en su mayoría agentes pertenecientes al Estado, quienes participan en el 66% de las agresiones. Siguen agentes privados, 30%. No se identificó 4% de ellos. “En 26 de los 72 ataques hubo participación de uno o varios elementos de las fuerzas de seguridad pública de tinte militar”, señala Coral Hernández.

Organizaciones sociales contabilizan 226 agresiones contra defensores del territorio en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico

Las organizaciones destacan agresiones por parte de órganos de gobierno responsables por la protección de los núcleos agrarios, como son el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

Además, agresiones por parte de autoridades encargadas de la investigación de las agresiones y procuración de justicia tanto del orden federal como local -Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Poder Judicial Federal y Poder Judicial del Estado de Oaxaca-.

Hoy existen 12 carpetas de investigación abiertas, tanto en orden federal como estatal, relacionadas con 55 personas defensoras del territorio. Se han registrado, además, 20 detenciones de defensores; mientras, 19 fueron liberados.

“Nos preocupa mucho el uso del sistema de justicia para obstaculizar la labor de defensores de los derechos humanos. Esta es una tendencia que se mantiene de manera recurrente y sistemática”, alerta Nataniel Hernández, de la Red TDT. 

En al menos 28 ataques documentados, los impactos de la violencia trascendieron a infancias, esposas, madres y padres de las personas defensoras víctimas en el momento específico del evento.

Se identificó violencia de género en contra de mujeres defensoras mixes. “Mediante agresiones físicas y de intimidación, al ser atacadas por presuntos elementos de la Semar, cuestionando también sobre su labor de defensa en el marco de estereotipos de género respecto de labores de cuidado y hogar”, dice el informa de las organizaciones. 


Lo que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec, aseguran las organizaciones, es un proceso acelerado e impuesto, con un clima de intimidación y securitización militar generalizado, con despojos de tierras y territorios, con la imposición de formas de vida, así como el saqueo de elementos naturales; “todo eso ha significado para comunidades y organizaciones istmeñas una realidad inaceptable”. 

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