jueves, septiembre 24, 2020
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La guerra del agua: acaparamiento y contaminación por industrias

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Según Manuel Perló, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM), son entre 12.5 y 15 millones de personas las que sufren de falta de agua hoy en México.

El problema se da principalmente en áreas rurales y zonas marginadas de las grandes ciudades. Además, de las personas que sí tienen acceso al agua, alrededor del 30 por ciento no la obtiene con la cantidad ni la calidad suficiente. “Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. Tenemos una deuda con ellos”, señala el académico.

No es que el agua se este acabando: la escasez del vital liquido se debe a la presencia de empresas nacionales y multinacionales de sectores como la minería o la agroindustria las cuales ocupan millones de litros de agua para sus operaciones. Mientras la crisis se va profundizando para sectores enteros de la población, las reservas del país están siendo sobreexplotadas por centenas de empresas.

Así, de los 653 acuíferos en México, 105 están sobreexplotados.

En Sonora, acaparamiento de agua por minería

En su libro “El Agua o la Vida”, el periodista J. Jesús Lemus cuenta como en el municipio de Caborca, Sonora, la mina El Chanate operada por Alamos Gold Inc. a través de la firma Minas de Oro Nacional, utiliza más del 20 por ciento del agua disponible para la población urbana.

Con una superficie de 4 mil 618 hectáreas de suelo concesionadas por el gobierno federal para la extracción de oro, la mina ocupa más de un millón 550 mil 369 metros cúbicos de agua al año según datos de CartoCrítica en el informe Concesiones de Agua para la Mineras publicado en 2016.

“Este volumen sería suficiente para atender las necesidades de la población que no tiene agua en Caborca durante 10 años, si se consideran 100 litros de agua al día por persona, como lo establece el racionamiento mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud”, precisa el periodista.

Otras dos minas de oro, La Herradura y Noche Buena operadas por la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, acaparan cada año más de 9 millones de metros cúbicos de agua en el mismo municipio.

Durango y la planta agroindustrial SuKarne

En el municipio de Tlahualilo, Durango, la falta de agua está relacionada con las actividades de la planta agroindustrial SuKarne. “Esta empresa obtuvo la concesión de la mayor parte del uso del agua de esa zona para el sostenimiento de más de 300 mil vacas, de las que al menos 244 mil se venden cada año como productos cárnicos en el mercado nacional, en Estados Unidos, Japón y Centroamérica”, relata Lemus.

El gobierno le otorgó el derecho de usar un millón 610 mil m3 de agua al año, a través de seis concesiones. En cambio, el gobierno municipal de Tlahualilo sólo cuenta con 312 mil 852 metros cúbicos de agua para abastecer a más de 22 mil 600 personas al año.

Además, la población ya empezó a sufrir de graves problemas de salud. “La contaminación ocasionada por el pastoreo de miles de reses en los establos que se extienden a lo largo de 474 hectáreas ha disparado afecciones respiratorias, oculares y de la piel. También ha habido decesos por rickettsias, un género de bacterias que se encuentra en las reses”.

Contaminación del agua en pozos profundos

En muchas localidades del país, la escasez de agua lleva a la población a perforar pozos profundos, lo que aumenta la probabilidad de contaminación natural del agua por arsénico. Tomar agua con altos niveles de arsénico durante un largo periodo – de cinco a 20 años – expone a riesgos para la salud.

Según Pablo Ubaldo Caballero, maestro en ciencia especializado en la protección del agua en ecosistemas, “las consecuencias en la salud incluyen cambios en la pigmentación de la piel, enfermedades vasculares como problemas de los vasos sanguíneos en los pies y las piernas, gangrena de las piernas, cáncer de la piel, del hígado, riñón y pulmones. Otros síntomas posibles son diabetes, alta presión sanguínea y problemas reproductivos”.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha determinado cuál es el nivel de profundidad donde empieza el riesgo de contaminación del agua y los niveles varían según los Estados del país: mientras en Chihuahua, Durango o Sinaloa un pozo es considerado profundo a partir de los 170 metros de profundidad, en  Oaxaca, Michoacán o Chiapas el límite es de 100 metros.

Para el periodista Lemus, “esta disparidad en las medidas de extracción hace imposible un reglamento en la perforación de pozos para evitar que la población consuma agua contaminada.”

Contaminación de los mantos acuíferos

Otro grave problema ligado a la presencia de industrias (en particular mineras) es la contaminación de los mantos acuíferos que provocan sus actividades.

En Caborca, Sonora, la minera Merril Crowe, filial de la trasnacional Penmont, derramó más 70 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro en mayo del 2015, causando la contaminación de los mantos freáticos de toda la zona.

Mina de Caborca.

En ese entonces, la empresa declaró que no existía riesgos para la población y nunca fue condenada por su negligencia. Sin embargo, años después los pobladores empezaron a desarrollar diferentes problemas de salud tales como infecciones intestinales y urinarias, úlceras, gastritis, gingivitis y conjuntivitis. En su informe de 2016 la Secretaría de Salud de Sonora reconoció que los padecimientos relacionados con la mala calidad del agua eran la principal causa de morbilidad en la región.

Además, el cianuro tiene impactos sobre la vegetación y los animales. “Los derrames de cianuro exterminan la vegetación al interrumpir la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de su piel, así como ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro son letales para especies acuáticas sensibles”, explica Lemus.

Fallas comunes

Cabe señalar que las fallas técnicas en proyectos mineros no son excepcionales sino que son muy comunes.

Por ejemplo, en el informe “Minas de Oro en los EEUU: Informe de Derrames y Fracasos” (el cual proporciona datos de 27 minas de oro en operación en los Estados Unidos que representaban el 93% de la extracción de oro de los Estados Unidos en 2013), Bonnie Gestring (Earthworks) y John Hadder (Great Basin Resource Watch) han mostrado que de las 27 minas estudiadas el 100 por ciento experimentaron al menos una falla, con la mayoría de las minas experimentando fallas múltiples.

También determinaron que el 74 por ciento de las operaciones mineras provocaron impactos durables sobre la  calidad del agua en las aguas superficiales y / o subterráneas, “incluyendo impactos en el suministro de agua potable para residencias y negocios, pérdida de hábitat de peces y vida silvestre y muerte de peces”.

Los autores también precisan que las fallas no son el único problema: las minas en sí siempre dejan residuos tóxicos permanentes. “ Debido a que prácticamente todo lo que se extrae de una mina se convierte en desperdicio, y que estos desperdicios mineros están conservados dentro de la instalación minera, los materiales tóxicos contenidos en el desperdicio también son permanentes”.La raíz del saqueo, el TLC

En México, a pesar de que el agua es un recurso público, de acuerdo con expertos consultados por la agencia Efe, desde 1992 un siete por ciento de grandes empresas controlan el 70 por ciento de las concesiones del agua.

Para entender esa realidad es necesario remontarse a la firma en 1992 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual establecía que el acceso al agua es un componente importante para las inversiones. La Ley de Aguas Nacionales (LAN) fue promulgada por Carlos Salinas de Gortari el mismo año como precondición para la entrada al TLCAN.

Para Elena Burns, coordinadora de Planeación del Centro Para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) de la Universidad Autónoma de México, el objetivo de esta ley fue “crear un mercado del agua. Las concesiones fueron objetos de compra y venta con la idea de que el agua quedara en manos de los que podrían hacer un uso más productivo y rentable de ella”, explica Burns.

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Como lo detalla la Coordinadora Nacional de Agua para todxs, agua para la vida, “bajo el principio de que el agua es de quien primero la solicita, y en violación de vedas y de derechos indígenas y de núcleos agrarios, la Conagua otorgó 330 mil concesiones en los primeros diez años. Ahora hay 500 mil concesiones, y sus dinámicas de compra-venta son facilitadas por ‘Bancos del Agua’ que operan en las zonas de mayor demanda”.

En 2012 se incluyó en el articulo 4 de la Constitución Mexican el derecho humano al agua, determinando que “El Estado garantizará el derecho al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para cumplir con el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”. En ese marco, se les otorgó a los legisladores un año para publicar una Ley General de Aguas, algo que nunca sucedió. Mientras, el saqueo continúa.

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Corrupción de Conagua

La lógica impuesta por la LAN y el TLCAN viene acompañada por la corrupción de la institución responsable de la gestión del agua, la Comisión Nacional del Agua. Así, Lemus señala en su investigación que sobran los casos en los que la institución, después de negar durante años solicitudes de concesión hechas por municipios, otorga permisos para empresas en los mismos territorios en apenas tres meses.

Resalta el caso del municipio de Gómez Palacio, Durango, y de la empresa industrializadora de huevo Bachoco. “Entre 2003 y 2006 el sistema local de agua potable de Gómez Palacio presentó solicitudes a la Conagua para extraer de tres pozos 8 mil metros cúbicos de agua al año, pero las rechazaron con el argumento de que los mantos no tenían ese volumen de extracción. Sin embargo, la Conagua otorgó a Bachoco 12 permisos de perforación para extraer 589,561 metros cúbicos de agua en los mismos sitios donde había argumentado al gobierno local los escasos niveles de los mantos freáticos”, explica el periodista.

Conflictos y papel del crimen organizado

El despojo del agua está generando cada vez más conflictos sociales. María Luisa Torregrosa y Armentia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala que en las últimas tres décadas se han registrado 1,542 conflictos por el agua en el país. Lemus, en su investigación, señala que hoy  están en curso 916 batallas por el agua en México.

Samir Flores, asesinado por su oposición al Proyecto Integral Morelos.

El periodista también denuncia el papel que juego hoy el narcotráfico en esos conflictos, como en Morelos, donde el cartel local reconoce trabajar para la CFE con la consigna de “mantener a raya a los manifestantes”.

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“El crimen organizado se convirtió en instrumento disuasivo de la movilización social. Gobierno, empresas y delincuentes se han movilizado contra las poblaciones y los activistas en busca de su bien más preciado. Ya hay miles y miles de víctimas, y el cambio climático las multiplicará”, señala el periodista.

Más información sobre el libro “El Agua o la Vida” de J. Jesús Lemus

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